Daniel Suárez Aquino
Expediente 712/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Daniel Suárez Aquino
Actuaciones
- Principal
Causa estado, archivo y destruible...
- Principal
Notifíquese Personalmente...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso B de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de 17 de MAYO de 2019, que a la letra dice: Villahermosa, Tabasco, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Daniel Suárez Aquino, por conducto de Gerardo Arturo Guzmán García, en su carácter de apoderado legal, personalidad que acredita y se le reconoce en este acto para todos los efectos legales conducentes a los que haya lugar en términos de la carta poder de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, que al efecto adjuntó a su demanda y, de conformidad el artículo 6 y 10 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se tiene al impetrante de amparo, instando el juicio de derechos humanos contra actos de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el índice 712/2019-IV-7, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de Justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo que hoy nos ocupa, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destaca como acto reclamado el siguiente: La omisión de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, de dictar laudo en el expediente 1439/2016. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Quien esto resuelve, de oficio advierte que respecto de la omisión de dictar el laudo por la Junta responsable que constituye el acto reclamado en este asunto se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se vaya presentando en el procedimiento natural y que se estime perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese supuesto ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior, se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo -, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. En efecto, del relato de antecedentes que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa, al que se asigna el valor probatorio de una confesión expresa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se obtiene que el once de febrero de dos mil diecinueve, la junta responsable cerró instrucción en el juicio laboral 1439/2016, sin que a la fecha haya dictado el laudo en dicho expediente laboral. De manera que esa abstención no puede considerarse como de ejecución irreparable, porque no se trata de una "omisión autónoma" al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, lo que revela el carácter adjetivo de la violación alegada. En efecto, del contenido de la demanda de amparo no se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento, ni su paralización total, por lo que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, precisamente porque no se afectan derechos sustantivos de la parte promovente, sino que la violación reprochada sólo implica la afectación de derechos adjetivos o procesales, susceptibles de repararse en caso de que obtenga una resolución favorable. Así, se desprende que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el con el numeral 217 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." (Énfasis añadido). En efecto, del numeral primeramente citado se obtiene que la causa de improcedencia del juicio de amparo establecida en la fracción XXIII, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Ley de Amparo o de la Constitución; así, conforme al artículo 217 de la propia Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria y constituye la disposición legal a que alude dicha fracción. Ahora, conforme al mencionado criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se está en presencia de actos contrarios a la prosecución en tiempo del trámite, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. En ese tenor, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Precisado lo anterior, respecto de los plazos que la ley laboral establece para el dictado del laudo dispone lo siguiente: - Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo (artículo 885 primer párrafo). - Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad (artículo 886, párrafo segundo). - La Junta, con citación de las partes, señalará en su caso, día y hora para el desahogo dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas (artículo 886, último párrafo). - Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta o, en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas (artículo 887). - Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta (artículo 889). De lo reseñado se obtiene, que para el dictado de laudo se cuenta con un primer plazo de diez días para formular por escrito un proyecto de resolución, un vez concluido ese plazo y recibido el proyecto, los miembros de la junta tienen un plazo de cinco días hábiles en el que pueden solicitar que se practiquen ciertas diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de los hechos y, de ser así señalara día y hora para su desahogo dentro de un término de ocho días y transcurrido ese plazo, se citará a los miembros de la Junta para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes, en el que si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por la Junta. De lo anterior, podemos concluir que una vez cerrada la instrucción en la controversia laboral, la Junta del trabajo debe dictar el laudo dentro del plazo de treinta y tres días hábiles siguientes; por lo que, si la quejosa manifestó en su escrito de demanda que el once de febrero de dos mil diecinueve, la Junta responsable declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral 1439/2016, el plazo antes mencionado venció el dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Lo anterior es así pues entre la fecha en que la Junta responsable cerró instrucción y en la que venció el plazo legal para dictar laudo, mediaron los siguientes días inhábiles: DÍAS INHABILES MOTIVO INFORMADO MEDIANTE OFICIO 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2019. (CONATO INCENDIO) AFECTANDO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA JUNTA RESPONSABLE Y CAMBIO DE DOMICILIO. 10 Y 22 DE DIECINUEVE Y VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO ACTUAL. 4 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. FALLAS EN LA ENERGÍA ELECTRICA. 899 DE QUINCE DE ABRIL DEL AÑO ACTUAL. Por tanto, en este asunto, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales que establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) transcrita en retro líneas a partir de la fecha en la que concluyó el plazo para el dictado del laudo en el juicio laboral 1439/2016, dado que transcurre del diecisiete de abril al treinta y uno de mayo del año actual; por tanto, si la parte quejosa acude al amparo el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (según la constancia de registro que emite la Oficina de Correspondencia Común), es válido jurídicamente establecer que la autoridad responsable no ha incurrido en una dilación abierta del procedimiento o paralización total del mismo. En ese contexto, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento, ni su paralización total, en virtud de que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales a que hace mención el numeral 772 de la Ley Federal del Trabajo, de lo que se deduce que la Junta responsable no ha incurrido en una dilación excesiva en el dictado del laudo en el expediente 1439/2016, por ende, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, precisamente porque no se afectan derechos sustantivos de la parte promovente, sino que la violación reprochada sólo implica la afectación de derechos adjetivos o procesales, susceptibles de repararse en caso de que obtenga una resolución favorable. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo...
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