Daniel Sierra Santana

Expediente 53/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
53/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Daniel Sierra Santana
  • Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia En Michoacan

Actuaciones

  1. Principal

    IV-Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa recibo del oficio 1938, derivado del proveído de trece de febrero del año en curso, e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Roberto Padilla González y Daniel Sierra Santana, la que fue registrada en aquél órgano jurisdiccional con el consecutivo 181/2019. Ahora, al no existir promoción pendiente por acordar, archívese el presente cuaderno como asunto concluido. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo (así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012"), se estima que el presente cuaderno, es de aquéllos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses, contados a partir de la presente determinación, pues no contiene información reservada ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    IV-RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por JOSÉ ROBERTO PADILLA GONZÁLEZ Y DANIEL SIERRA SANTANA, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 53/2019-IV; se comisiona al Secretario la revisión de integración del expediente. INCOMPETENCIA Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, así como el escrito de cuenta, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por las razones jurídicas que a continuación se exponen. Se sostiene lo anterior, porque el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo párrafo, refiere que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y la tercera, determina que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de garantías, cuando ésta no requiera ejecución material. Así, de la demanda de garantías se advierte que, los promoventes designan como autoridades responsables a las siguientes: ORDENADORA Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en Morelia EJECUTORAS Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, Michoacán. Director del Centro de Readaptación Social "David Franco Rodríguez" en el Municipio de Charo, Michoacán. De quienes reclama: La resolución de diecisiete de enero de dos mil diecinueve dictada dentro del toca penal XI-1/2019, formado con motivo del recurso de apelación hecha valer por los quejosos en contra del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, Michoacán, dentro de la causa penal 109/2018. Por lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia legal por territorio se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, ya que, es en su jurisdicción donde se dictó y en donde tiene su residencia la autoridad ejecutora. Máxime que los quejosos bajo protesta de decir verdad aducen que se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social "David Franco Rodríguez", del Municipio de Charo. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente: Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004166 1 de 1 Primera Sala Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Pag. 383 Jurisprudencia(Común) "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por los quejosos José Roberto Padilla González y Daniel Sierra Santana; por lo que, con apoyo en el artículo 48 de la legislación en cita, se ordena remitir el presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno; solicitándole de la manera más atenta, que dentro del plazo que señala dicho numeral, informe si acepta o no la competencia que se le plantea. Circunstancia que deberá hacerse por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'. Por lo que es inconcuso que la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito en donde pertenecen las autoridades responsables, donde se ejecutó y va a tener ejecución el acto reclamado. Atento a lo anterior y con apego al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y además con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, estima que es legalmente competente para conocer y resolver la demanda de garantías, promovida por JOSÉ ROBERTO PADILLA GONZÁLEZ Y DANIEL SIERRA SANTANA, el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno; razón por la cual y a efecto de que dicho Juzgador esté en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Materia, remítasele la demanda de garantías, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada. Con copia certificada de la demanda, fórmese cuaderno de antecedentes. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en calle Paseo de la Cima Local 1, esquina con calle Jardín, colonia Lomas del Valle Norte, en esta ciudad; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Angel Cabrera Vega, Jorge Enrique Pasallo Morales, Sigfredo Fernández Sandoval y Víctor Hugo Mendoza Villaseñor, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas las cédulas profesionales que los acredita como licenciada en derecho, bajo los números de orden 42735, 130850, 88760 y 182661. No así a Sughey Karina Cabrera Equihua, a quien se le autoriza de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento, toda vez que no cumple con dicho requisito. Cobra aplicación a lo anterior: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionles del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. Notifíquese; personalmente.

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