Daniel Sepulveda Palomares

Expediente 1279/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1279/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Daniel Sepulveda Palomares
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinte de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y actuario de su adscripción, mediante el cual se da cumplimiento al requerimiento efectuado el siete de octubre del presente año, respecto de las constancias solicitadas por este órgano jurisdiccional por ser necesarias para resolver el presente juicio. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que remiten las autoridades responsables de mérito. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, por las consideraciones siguientes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó sustancialmente lo siguiente: Como se observa, reclamó la omisión de emitir el acuerdo de admisión de pruebas y ordenar su desahogo, dentro del juicio laboral burocrático 2945/2019-1B. Ahora, de las constancias que obran en autos, allegadas por la autoridad señalada como responsable, se desprende que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós (posterior a la presentación de la demanda de amparo) la autoridad responsable proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes, y en específico, respecto de las pruebas ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa, admitió las siguientes: Confesional a cargo de la parte demandada, ordenando su desahogo para las nueve horas de veintinueve de noviembre del año en curso. Testimonial a cargo a cargo de Octavio Cruz Medina y Ramón Viveros García, señalando las diez horas de veintinueve de noviembre del año en curso para su desahogo. Inspección de listas de asistencia, tarjetas checadoras y demás controles de asistencia donde aparezca el actor, así como listas de raya, nóminas de pago, recibos de pago y demás controles de pago, señaló las trece horas y trece treinta horas del veintidós de noviembre del año en curso para su desahogo. Documentales privadas, consistente en exhibición de tarjetas checadoras y/o controles y/o listas de asistencia, así como nóminas de pago de salarios y/o listado de raya, checadoras y/o controles y/o listas de asistencia, requirió a la parte demandada para que los exhibiera. Documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, si la parte gestora del amparo se dolió en este juicio de amparo de la omisión de acordar sobre la admisión de pruebas y ordenar su desahogo dentro del juicio laboral de origen, por lo que solicitó el amparo para efecto de que no continuara la responsable con su actuar omisivo y, contrario a ello, la responsable cesó en la inactividad que se le reclamó y dictó el acuerdo respectivo en el cual se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por las partes, y en lo que interesa, admitió las ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa, señalando fecha para su desahogo, lo que sin duda demuestra que cesó su actuar omisivo; consecuentemente, estamos ante la presencia de una situación que destruyó los efectos del acto negativo que motivó el amparo, y con ello se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla omisión, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, Máxime que el acto reclamado -de manera destacada- debe tomarse en función de la etapa procedimental en la que se sitúa dentro del expediente de origen. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con diez minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2021, en virtud de la licencia autorizada a Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, titular de este Juzgado Federal, del diecinueve al veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal comunicado mediante oficio 5362/2022, de diecisiete de octubre del año en curso, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no se cuenta con las constancias requeridas en proveído de siete de septiembre del presente año a la autoridad responsable Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; asimismo, no obra en autos el acuse de recibo del oficio 29058 mediante el cual le fueron requeridas. Se reexpide oficio. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones innecesarias, reexpídase el mencionado oficio, para los efectos legales correspondientes. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las catorce horas con diez minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no obran en autos las constancias necesarias a efecto de estar en aptitud de resolver el expediente en que se actúa; lo anterior, pues la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar notificada según se advierte del acuse obrante en autos. Requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que, dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado las constancias que sustentan el acto reclamado, toda vez que se estiman necesarias para la debida resolución del presente asunto. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se les impondrá una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procédase a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas del siete de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por su propio derecho a (1) Daniel Sepúlveda Palomares, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; admítase la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1279/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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