Daniel Santacruz Gaxiola
Expediente 697/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Daniel Santacruz Gaxiola
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunica que el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ese juzgado reasumió competencia para continuar con el trámite del juicio de amparo. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que, en auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado no aceptó la competencia planteada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de febrero de dos mi veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, no ha informado sí aceptó o no continuar conociendo de la demanda de amparo que remitió por incompetencia y que fuera devuelta por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, solicítese que de no tener inconveniente comunique el acuerdo que haya dictado al respecto.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, quince de noviembre de dos mil veintidós. Recepción. Por recibido el oficio 31566/2022, remitido por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al que anexó los autos del juicio de amparo 16/2022 de su índice, mediante el cual, por los motivos y fundamentos que expone se declara incompetente para conocer de la demanda intentada por Daniel Santacruz Gaxiola. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 697/2022-2B; y al efecto se provee: No se acepta competencia. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no la competencia legal para conocer de la demanda de derechos fundamentales, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. El suscrito Juzgado considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, de ahí que, no se acepta la competencia planteada. Para dilucidar el tema es necesario señalar que de los antecedentes relatados por el Juzgado Federal declinante, y se derivan las siguientes premisas fácticas del asunto que nos ocupa: Lo que reclama el quejoso en su carácter de jubilado y pensionado, en esencia, son las retenciones o descuentos que aparecen en sus recibos de nómina, lo que atribuye a las responsables Titular de la División de Prestaciones al Personal, División de Previsión y Control del Gasto, Recursos Humanos y, División de Trámite de Erogaciones, todos del Instituto Mexicano del Segundo Social, con sede en la Ciudad de México, esto es, que coordinen y ejecuten las gestiones para el registro y aplicación oportuna de descuentos a su persona, los cuales, expresa, son mayores a los permitidos en la Constitución Federal y en la ley Laboral, para la recuperación de supuestos créditos, de igual forma señala a todas las autoridades como ordenadoras y ejecutoras. En este contexto, el órgano jurisdiccional declinante considera que quien debe conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con residencia en Los Mochis, en virtud de que (refiere( que la retención o descuento en la pensión o jubilación del quejoso se ejecuta en Guasave, Sinaloa. Ahora bien, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "... "VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Como se observa, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto promovido contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, de lo cual se advierte la voluntad del revisor de la Constitución de atribuir competencia al Juez del lugar en donde haya de ejecutarse o se ejecute el acto reclamado. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, al disponer: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Así, en el precepto antes reproducido se establecen tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito para conocer del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito o Magistrado Unitario que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito o Magistrado ante el que se presente la demanda; y, 3. Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En la nueva regulación de la Ley de Amparo subyacen de manera clara e indiscutible los principios de expeditez y oportunidad que con las reglas de competencia antes referidas quisieron privilegiar el Constituyente y el legislador: con la primera de ellas, facilitar al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto y, con las dos restantes (que implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada(, el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil, brindando cierta facultad de decisión al quejoso, pues los restantes supuestos dan margen a la elección del Juzgado de Distrito. Lo anterior no debe entenderse como la renuncia del legislador de amparo a regular un presupuesto procesal, como lo es la competencia que, desde luego, se constituye como una cuestión procesal, en principio, no disponible y de orden público. Sin embargo, analizado en ese contexto tal presupuesto (desde el punto de vista del orden público( y ponderado en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expeditez en la actuación de los juzgadores de amparo, se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas. Así, en principio, para aplicar alguna regla de competencia debe ponderarse si con ello se provocaría al quejoso un perjuicio mayor con la promoción del juicio de amparo, que el que le genera el propio acto reclamado, al tener que tramitar aquél ante un juzgado federal situado fuera del lugar en donde éste se ejecutó o pretende ejecutarse, lo que dificultaría o retardaría el trámite y las comunicaciones generadas durante el juicio y el incidente de suspensión. Y si el acto es de tracto sucesivo o carece de ejecución material, al fincar competencia al Juez ante quien se presente la demanda, entonces claramente se está privilegiando que el quejoso siga el juicio en el lugar que más resulte conveniente a sus intereses y le facilite el seguimiento del trámite. De lo anterior se colige que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes regidos por la anterior Ley de Amparo, había externado su preocupación constante en torno al hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su libre arbitrio o a su discrecional elección, determinaran la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; sin embargo, se insiste, ello se estableció ante la consideración de no contrariar la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que fijó en la Ley de Amparo de vigencia anterior. Sin embargo, aunque la ley vigente establece reglas imperativas y no disponibles en todo caso por los quejosos, las mismas son más flexibles y privilegian en mayor medida el principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. El contexto legal es diferente ante lo expresamente establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyos lineamientos son claros y se resumen finalmente en dos reglas básicas: la primera que atribuye competencia al Juez de Distrito o Magistrado Unitario que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado y, la segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el caso a estudio, como se dijo, se reclaman los descuentos o retenciones en la pensión por jubilación, en favor de las entidades a que se hizo referencia, y este juzgador estima que es el primer supuesto antes referido el que fija la competencia del Juez de Distrito para conocer del asunto que se atiende. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, estableció que la competencia por territorio para conocer del juicio en el que se señale como acto reclamado la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso; criterio que este juzgador estima aplicable al caso concreto por las propias razones que expuso el Máximo Tribunal en el aludido precedente. Lo anterior es así, merced a que el artículo 137 bis de la Ley del Seguro Social, liga el pago de la pensión al domicilio del pensionado por ser el lugar en el que cobra y disfruta su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo, sino a su domicilio particular (no domicilio fiscal) en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. Por tanto, es claro que el descuento que realiza el instituto responsable a la pensión de la parte quejosa, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas pensionadas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad, es decir, en su domicilio. En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil para el Estado de Sinaloa establece lo siguiente: ''ART. 29. El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. ART. 30. Se presume el propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarará dentro del término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de terceros. ART. 31. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. ART. 32. Se reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; IV. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior; V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido.''. De los artículos 29 y 30 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él, presumiéndose dicho propósito, por disposición de la ley, cuando se reside en un lugar por más de seis meses, sin declarar el interesado ante las autoridades municipales correspondientes que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo; a falta de lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y en ausencia de estos dos, el lugar donde se halle la persona. Los artículos 31 y 32 definen, el primero, lo que debe entenderse por domicilio legal y, el segundo, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que no tengan esa calidad, caso en el cual, por razón lógica, se aplicará lo establecido en el aludido artículo 29, es decir, su domicilio convencional. En relación con el domicilio de las personas jurídicas individuales, se advierte que los artículos 29 y 30 del Código Civil para el Estado de Sinaloa establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde éstas residen habitualmente, presumiéndose que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquella en que se tiene como domicilio aquel en el que se encontrare la persona. Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente, salvo prueba en contrario; lo anterior significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa como legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto, el descuento de la pensión, que aquí sustancialmente constituye el reclamo, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, por representar un pago disminuido, puede afirmarse entonces que esas consecuencias materiales repercuten en el pago de la pensión, que se vincula al domicilio del pensionado, por ser éste el lugar en el que cobra y disfruta su pensión y, en consecuencia, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en el lugar de su domicilio. Por tanto, considerando que la voluntad del legislador, como quedó visto, al atribuir competencia a los Jueces de amparo atiende en primer lugar a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al órgano jurisdiccional del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar de manera expedita sobre la violación a sus derechos fundamentales, debe estimarse competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ubica el domicilio del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica e identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la contradicción de tesis 176/2009, antes referida, de los rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.-Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.". El homólogo declinante, se basó en su determinación de incompetencia al traducirse el reclamo en reducciones al salario que percibe la parte quejosa; y no advertirse que señalara bajo protesta de decir verdad el lugar donde tiene su domicilio, esto, sin pasar desapercibido que en el apartado de la demanda de amparo intitulado como: ''NOMBRE Y DOMICILIO DE LA QUEJOSA.-DANIEL SANTACRUZ GAXIOLA", este plasmara como su domicilio el señalado en la parte superior de esa demanda de amparo indirecto, ubicado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el cual consideró como el procesal, lo que --dijo la declinante-- incluso se advertía de las diversas demandas de amparo tramitadas en aquél órgano jurisdiccional "en las que se cita como domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo que se precisa". En efecto, el juez declinante sostiene que el domicilio del quejoso se ubica en la Ciudad de Guasave, pues indica que así se desprendía del recibo de pago que acompañó a su demanda de amparo; lo que hizo concluir al Juzgador declinante "que el domicilio particular y lugar de pago del aquí quejoso se encuentra en Guasave, Sinaloa", actualizándose el primer párrafo de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que en términos de la Jurisprudencia 2a./115212009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos efectos se materializaban, en ese lugar, que corresponde a esta jurisdicción. Sin embargo, lo así argumentado, a juicio de este Juzgador no determina que se actualice el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y que, por tanto, la competencia para conocer del asunto se surta en favor de un Juez de Distrito con residencia en esta ciudad. Es así, en principio, porque, se subraya, al haber señalado la quejosa en su escrito inicial, bajo protesta de decir verdad, que su domicilio es el que señaló en la demanda -en la parte superior precedente, esto es, en Calle Mariano Escobedo 361 oriente colonia centro, planta alta-- el cual se ubica en la ciudad de Culiacán, lugar que corresponde a la jurisdicción del Juez declinante, es claro que es quien debe conocer del presente asunto; pues ese hecho (como los demás que se manifiestan por la parte quejosa en la demanda de amparo( debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena del mismo, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y acorde a lo que se establece en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Invocándose asimismo, como sustento de la anterior consideración, por analogía, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.". Razones que conducen a este juzgador a concluir que no se surte la competencia a su favor para conocer del asunto, no obstante lo que el órgano declinante refiere, en el sentido de que de las constancias del juicio de amparo 16/2022 de su índice, en especial el recibo de nómina folio 6368 a nombre del quejoso de mérito, éste tenía su domicilio y lugar de pago en Guasave, Sinaloa, puesto que --se insiste-- el peticionario del amparo, manifestó bajo protesta de decir verdad, en el apartado de ''nombre y domicilio del quejoso'' que se ubica en la Ciudad de Culiacán. Además, ese es el único dato objetivo respecto al domicilio que según correspondía al quejoso en el momento de presentación de su demanda de derechos fundamentales, empero, ese dato se estima insuficiente, dado que del mismo no se obtiene la certeza de que al presentar la demanda, el peticionario de amparo haya tenido su domicilio dentro de la jurisdicción de los juzgados de distrito residentes en esta ciudad y no en lo que se localizan en la Ciudad de Culiacán, ya que cabe la posibilidad de que hubiese cambiado de residencia o domicilio en cualquier momento, es decir, ello no justifica que en realidad habite o viva en la ciudad que se precisa en el citado recibo de pago. En todo caso, no debe perderse de vista que al momento de presentarse la demanda de amparo, el quejosa manifestó que su domicilio se encontraba Culiacán, lo que se traduce en la actualización de la hipótesis prevista en el segundo párrafo del numeral 37, pues aun considerando que el quejoso también tuvo su domicilio en la población de Guasave, perteneciente al municipio de Guasave, Sinaloa, derivado de las constancias a que alude el homólogo, primero --conforme al contenido de la demanda-- el acto reclamado se ejecutó en un lugar (Culiacán) y --en todo caso-- con posterioridad se ejecutó o ejecutará en otro diverso (Guasave), lo que evidentemente, no es motivo de actualización del supuesto invocado por dicho Juez Federal declinante. En abundamiento, no se observa que el quejoso haya informado que en algún momento posterior a la presentación de la demanda su domicilio se encontraba dentro de la jurisdicción de este Juzgador, entonces verdaderamente se actualizaría la hipótesis invocada por el declinante, situación que en la especie no aconteció, lo que robustece el criterio adoptado por quien resuelve. En las relatadas condiciones, como se adelantó, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juez. Todo lo cual orienta al suscrito juzgador para rechazar la competencia que se declina y devolver los autos, por ser en la Ciudad de Culiacán, donde tiene el promovente de amparo su domicilio actual o, al menos, al presentar su demanda; y en el caso concreto se trata de un descuento a la pensión que recibe Daniel Santacruz Gaxiola, realizado por las responsables Titular de la División de Prestaciones al Personal, División de Previsión y Control del Gasto, Recursos Humanos y, División de Trámite de Erogaciones, todos del Instituto Mexicano del Segundo Social, con sede en la Ciudad de México, dado que la regla de competencia aplicable al caso en que se reclame el descuento a una pensión, por parte de autoridades administrativas, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pues, como se evidenció, el referido acto impugnado sólo tiene ejecución en el distrito en el que se ubica el domicilio del promovente declarado en su demanda constitucional, ya que es en el lugar en el que se concretan las consecuencias materiales de dicho acto. Consideraciones que se estiman congruentes con la voluntad del Constituyente Permanente y del legislador ordinario federal, en la medida de que, como se expuso, la intención de éstos fue privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento de dicho principio, toda vez que, al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir al órgano jurisdiccional a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37 primer párrafo de le Ley de Amparo, este Juzgado Federal, no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por Daniel Santacruz Gaxiola, por propio derecho, por las razones vertidas en párrafos precedentes, por lo que se ordena devolver de manera inmediata el expediente originado por la demanda de amparo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán. En consecuencia, fórmese con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Daniel Rodriguez Cardeño456/2018
- Daniel Rodriguez Cardeño533/2018
- Daniel Rodriguez Cardeño21/2021
- Daniel Romero Ruiz155/2018
- Daniel Romero Ruiz381/2018
- Daniel Santacruz Gaxiola675/2021
- Daniel Soto Bojórquez538/2021
- Daniel Umberto Gastelun Gastelun136/2023
- Daniel Vejar Valdez781/2023
- Daniela Adriana Jimenez Benitez315/2019
- Daniela Alcantar Bravo523/2022
- Daniela Fregoso Flores54/2022