Daniel Sánchez Mora
Expediente 845/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daniel Sánchez Mora
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 15104, y anexo firmado por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le realizara por auto de once de septiembre de la presente anualidad, remite las constancias solicitadas; al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable oficiante las documentales anexas al oficio de cuenta, consistentes en copia constatada del proceso penal 329/2021, de su índice, así como el disco versátil digital con número de folio C22092023, el cual se deja a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con el que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. ... En otro tenor, tomando en consideración que mediante proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, se reservó proveer respecto al emplazamiento de los terceros interesados; por tanto, debido a que conforme al artículo 5, fracción, III, inciso c) y e), de la Ley de Amparo, recae el carácter de autoridades terceras interesadas en este asunto a la representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, así como a la licenciada ********************, Fiscal Decimonovena de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en esta ciudad, respectivamente. Para lo cual, con apoyo en los artículos 26, fracción II, inciso b) y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, gírese oficio a las citadas autoridades terceras interesadas, a los que deberá adjuntarse copia simple de la demanda de amparo, del auto de admisorio y del presente proveído, con el fin de que sean debidamente emplazadas al presente juicio. Finalmente, hágase del conocimiento de las autoridades terceras interesadas, que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades terceras interesadas.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando primero, atento a las consideraciones vertidas en el diverso segundo de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de septiembre de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por******************** en su carácter de defensor particular del directo quejoso ********************, contra actos que reclama del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 845/2023/II-B. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de amparo. TRAMÍTESE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN al existir solicitud expresa de la parte quejosa, como lo establece la fracción I, del artículo 128 de la ley en cita. Asimismo, se precisa que no será necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión, dado que conforme a lo previsto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante diverso Acuerdo General del citado Consejo en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, el expediente electrónico hará las veces de aquel. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a las autoridades señaladas como responsables, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir del día hábil siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se les reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se les imponga a cada una, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, el informe solicitado, podrá ser remitido a este juzgado vía ordinaria, al correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, por medio de cuenta de correo o vía telegráfica; sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, las autoridades responsables deberán abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A las autoridades responsables, para que al rendir su informe justificado: a) Proporcionen un correo electrónico en el cual se les puedan realizar las subsecuentes notificaciones, así como número de teléfono móvil para su confirmación. b) Comuniquen el cambio de situación jurídica y, en su caso, si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se les impondrá indistintamente, una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Remitan copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibidas que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. e) Con relación a las autoridades jurisdiccionales responsables que conforman el sistema penal acusatorio, deberán acompañar al informe justificado un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes, de conformidad al artículo 117 de la Ley de Amparo. f) Por otro lado, y toda vez que el promovente se ostentó con el carácter de defensor particular del directo quejoso ********************; en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, solicítese al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, para que remita la certificación correspondiente que permita constatar fehacientemente la personalidad con que se ostenta la referida persona. Lo anterior dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo; y 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. A la parte quejosa: a) Proporcionar un correo electrónico y un número de teléfono móvil para mantener contacto con este juzgado en futuras ocasiones. b) Que para el caso que alguna de las autoridades señaladas como responsables sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de ésta, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LOS TERCEROS INTERESADOS a que se refiere la fracción III del artículo 5, de la Ley de Amparo, se reserva acordar lo conducente hasta que obren en autos los informes justificados requeridos a las autoridades responsables y las constancias que en su caso acompañen a los mismos, de las cuales, en el supuesto de ser ciertos los actos reclamados, se podrá deducir a quiénes les surge tal carácter. COMO AUTORIZADOS en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene a ******************** y ********************, por así haberlo solicitado expresamente el promovente de amparo. Por lo que respecta al diverso profesionista******************** no ha lugar, acordar favorable su petición de tenerlo como autorizado ya que el presente juicio de amparo lo promovió dicho profesionista en su carácter de defensor particular del directo quejoso, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo, y no puede tener ambos caracteres en un mismo asunto. CONSULTA Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA. En atención a la solicitud del promovente, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico y la realización de las notificaciones personales vía electrónica, atendiendo a que proporciona como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como "********************", se instruye al Oficial Judicial A para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario antes referido a fin de que el promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico y ser notificado por esa vía; de igual forma, atendiendo a lo antes referido se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen las habilitaciones correspondientes para que la parte quejosa esté en condiciones de notificarse de los presentes autos electrónicamente, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. DATOS DE CONTACTO Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala el ocursante, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye a la persona actuaria para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, conforme a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como para realizar una labor judicial eficiente, se ordena al Secretario que corresponda, únicamente certificar y agregar a los autos aquéllas promociones de las que resulte intrascendente dictar acuerdo. Lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: Promociones ya acordadas en autos; Duplicación de informes y comunicaciones recibidas; Piezas postales devueltas que hayan sido proveídas con anterioridad, resulte innecesario su acuerdo o, el expediente esté archivado como concluido; Acuses de recibo; y, Solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas en este auto). EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, indíquese a las partes que la expedición de copias será únicamente respecto a un tanto de las constancias solicitadas; sin embargo, en caso de que se solicite más de un juego, deberán exponer las razones que justifiquen tal solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 308, Tomo I, Mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO". Además, hágase saber a las partes que pueden obtener copia de las constancias que obren en el expediente electrónico, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente" HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona a las personas secretarias, así como a las y los oficiales judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a las personas actuarias judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el punto Cuarto, artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos, por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y a las autoridades responsables.
- Incidental
Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de septiembre de dos mil veintitrés.********************SE ABRE POR SEPARADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN como se ordenó en el cuaderno principal del juicio de amparo 845/2023/II-B, promovido por Nicolás López Luis, en su carácter de defensor particular del directo quejoso ******************** contra actos que reclama del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, y otra autoridad.****************************************SE SOLICITA INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 128, 130, 131, 138, 139, 141, 142 y 146 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que queden legalmente notificadas de este proveído, enviándoles para el efecto copia simple de la demanda.********************Lo anterior, sin perjuicio que en caso de omitir la rendición del informe previo solicitado se les aplicará una multa de cien unidades de medida y actualización, a cada una, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo.********************Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables para que rindan los informes previos que se les solicita:********************1.- Al correo electrónico 15jdo7cto-correo.cjf.gob.mx o,********************2.- Vía telegráfica.********************Sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, las autoridades responsables deberán abstenerse de remitir sus informes por más de uno de los mencionados medios; lo anterior, para evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. ********************PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.********************Por tanto, se requiere a las partes a fin de que proporcionen un correo electrónico y un número de teléfono móvil para mantener contacto con este juzgado en futuras ocasiones o la eventual celebración de la audiencia por medio de videoconferencia.********************Dichos datos pueden ser enviados al correo electrónico institucional 15jdo7cto-correo.cjf.gob.mx, asentando los siguientes datos de identificación: número de juicio y parte que promueve.********************ACTOS RECLAMADOS.********************Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama:********************- La resolución emitida en audiencia de seis de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada dentro del proceso penal ******************** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, en la parte que resuelve la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada contra el directo quejoso y determina improcedente sustituir la referida medida cautelar; y su ejecución.****************************************ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos:********************a) Que la solicite el agraviado; y,********************b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.********************En el caso, por cuanto hace a la primera de las exigencias, prevista por la fracción I del dispositivo normativo invocado, se considera que ésta se encuentra satisfecha en sus extremos, debido a que es el propio demandante de la protección federal a través de su defensor particular, quien solicita el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado.********************En otro orden, por cuanto hace a lo dispuesto por la fracción II del invocado ordinal 128, tendente a ponderar que, con la medida cautelar no se siga en perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, debe decirse que, aun cuando no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, lo cierto es que al momento de ponderar sobre la procedencia de la medida cautelar es necesario atender su existencia en los casos concretos de que se trate; para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se contravienen disposiciones de orden público como lo es que con la concesión de la medida cautelar se ocasionen perjuicios a la sociedad. ********************Al caso, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia I.3°A. J/16, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA."********************Lo mismo que la tesis consultable en la página 516, cuyo rubro es del siguiente tenor literal: "ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN.'********************En ese tenor, cierto es que se cumplen los requisitos aludidos por el numeral normativo invocado, puesto que la petición de suspensión proviene de la parte quejosa, y no se acredita que exista daño o perjuicio alguno al interés social ni que se contravengan disposiciones de orden público.********************Ahora, cabe mencionar que el promovente solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios para que de manera inmediata, se imponga otra medida cautelar al directo quejoso ******************** esto es, sea puesto en inmediata libertad, dentro del proceso penal de origen ********************; sin embargo, se considera pertinente analizar la procedencia de la suspensión del acto reclamado para un efecto distinto al solicitado, estableciendo las medidas necesarias para conservar la materia del amparo y otorgar al quejoso la protección de sus derechos humanos pero protegiendo el orden público y el interés social.********************Es aplicable, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 92/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO."********************EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. Por tanto, y dado que de la lectura del escrito de demanda se advierte que el directo quejoso actualmente se encuentra privado de su libertad, con fundamento en el artículo 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL únicamente para el efecto de que ******************** quede a disposición de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz en el lugar de su reclusión y a disposición de la autoridad responsable respecto de la continuación del procedimiento que se le instruye, hasta en tanto se notifique a la responsable la suspensión definitiva que se dicte en el presente asunto.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.298 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:********************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 163 Y 166 DE LA LEY DE LA MATERIA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA RATIFICACIÓN Y/O NO MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, Y NO NEGARLA CON FUNDAMENTO EN EL DIVERSO 128, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA PROPIA LEY, AL SER INAPLICABLE. Hechos: El quejoso interpuso amparo contra la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva en la que se encontraba, acto contra el cual el Juez de Distrito negó la suspensión provisional, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual, en su fracción II, párrafo tercero, establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial; de ahí que no procede concederla tomando en cuenta que dicho numeral establece categóricamente que no será objeto de suspensión alguna medida cautelar concedida por autoridad judicial. Inconforme con la decisión, el quejoso interpuso el recurso de queja.********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión provisional, en términos de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado consiste en la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, al tratarse de un acto privativo de la libertad y no negarla con fundamento en el diverso 128, fracción II, párrafo tercero, de la propia ley, al ser inaplicable.********************Justificación: Lo anterior es así, pues la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, al ser un acto relativo a una medida cautelar, implica la privación de la libertad, y la circunstancia de que sea ratificada y/o no modificada esa medida, trae como consecuencia que el quejoso siga privado de su libertad en el centro de reclusión en el que se encuentra, es decir, que continúe su proceso penal en reclusión y no en libertad. Por lo que para realizar el pronunciamiento de suspensión correspondiente, no debe atenderse al artículo 128, fracción II, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues dicho numeral no es el aplicable, ya que al tratarse de un acto privativo de la libertad, los aplicables son el 163 y el 166 del propio ordenamiento legal, que contienen disposición expresa para pronunciarse en relación con la suspensión, cuando el acto reclamado sea la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, mismos que establecen que en su contra sí procede la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso quede a disposición del a quo por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde actualmente se encuentre recluido y a disposición del Juez responsable, respecto a la continuación del procedimiento penal."****************************************La suspensión otorgada surte sus efectos de inmediato y sin necesidad de solicitar garantía alguna, dados los efectos en los que se otorga.********************ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN.********************En ese sentido, ya que el acto de reclamo deriva de un proceso penal acusatorio, con el fin de evitar retrasos innecesarios en la impartición de justicia en perjuicio de la parte quejosa, la suscrita considera importante puntualizar los alcances de la suspensión concedida, debiendo considerar los principios que rigen dicho procedimiento, y sobre todo se deben analizar los supuestos contenidos en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo.********************En efecto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, se obtiene que cuando el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, reaprehensión o una medida cautelar, -como en el caso acontece- y entre lo que se puede incluir la citación para la formulación de imputación, por disposición jurisprudencial, los efectos de la suspensión si bien serán que el imputado quede a disposición de la autoridad de amparo, lo cierto es que la facultad constitucional del Juez de Control para la imposición de las medidas cautelares queda intocada.********************Esto es así, pues si bien el artículo 163 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión producirá el efecto de que los quejosos queden a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, en lo que se refiere a la libertad, y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento; lo cierto es que tal numeral no puede leerse de manera aislada sin considerar las disposiciones contenidas en el diverso arábigo 166, en el que de manera concreta y específica señala que cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente (Juez de Control) y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite la prisión preventiva y el juez del proceso penal acuerde la misma, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo.********************Es decir, el legislador ordinario le permitió al Juez de Control pronunciarse sobre la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva (la más grave), cuando una persona se encuentra materialmente detenida, y señala que el efecto es que quedará a disposición del Juez Constitucional, pero en lugar de su internamiento, o en el que éste señale.********************Ahora, si bien la fracción II, del precitado artículo 166, señala que si el acto de reclamo se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, lo cierto es que también permite que el juez de amparo señale las medidas de aseguramiento pertinentes con el fin de que no evada la acción de la justicia, se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal.********************En ese sentido el Juez de Control no pierde su facultad constitucional ni legal, para pronunciarse sobre la imposición de alguna medida cautelar, pues incluso en el supuesto de que se imponga la más grave (prisión preventiva), el juez de amparo por virtud de la disposición contenida en la fracción I, y cuarto párrafo del artículo 166, tendría su disposición al imputado en cuanto a su libertad personal (para el supuesto que en una eventual concesión de amparo puede ordenar su cumplimiento a la autoridad ejecutora).********************Consideraciones que son acordes con lo dispuesto en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen las formas de conducción del imputado a proceso, y que bajo en nuevo proceso penal acusatorio, la aprehensión, reaprehensión o comparecencia, solo tiene el efecto de que el imputado sea puesto a disposición del juez de control en la sala de audiencias para que se le formule imputación, y solo en el supuesto de que se acreditara un riesgo de los que establece el citado código procesal se le impondría alguna medida cautelar, y aun considerando lo más grave como lo es la prisión preventiva, el imputado quedaría a disposición del Juez de Amparo en el lugar donde fuese internado.********************Aunado a lo anterior, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, no será objeto de suspensión entre las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.********************No considerarlo de esta manera llevaría al extremo de que aun ante la actualización plena de alguno de los riesgos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se pueda imponer alguna medida cautelar o dejar sin efecto la impuesta (entre ellas la prisión preventiva) por la circunstancias de encontrarse vigente una suspensión derivada de un juicio de amparo, en el cual el Juez Constitucional no se encuentra facultado para imponer o modificar una de las medidas previstas en el artículo 155 del citado ordenamiento legal.********************PRONUNCIAMIENTO CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS SOLICITADA.********************Ahora, como se adelantó, el promovente de amparo solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios con la finalidad de que se ordene la inmediata libertad del directo quejoso ******************** dentro del proceso penal ******************** y le sea fijada una diversa medida cautelar distinta a la prisión preventiva en cualquiera de sus modalidades.****************************************No obstante, para este órgano jurisdiccional, resulta inconcuso que de concederse la suspensión en los términos descritos, coincidiría exactamente, agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia concesoria de amparo.********************En efecto, se estaría constituyendo en definitiva y no provisionalmente un derecho a la parte quejosa, al obligar a la autoridad señalada como responsable a respetar el derecho involucrado y actuar en el sentido que pide el promovente, lo cual sólo es propio de la resolución del fondo del amparo.********************Esto, debido a que de otorgarse la suspensión provisional, la medida cautelar ya tendría efectos restitutorios, de ahí que ninguna consecuencia tendría la emisión de la sentencia de amparo, aun cuando se negara la protección constitucional o se sobreseyera en el juicio ante alguna causa de improcedencia, pues no se podría ordenar que se dejaran insubsistentes actuaciones judiciales y procesales que materialmente ya se hubieran emitido y ejecutado, en tanto que al haber sido pronunciadas y ejecutadas, formalmente tendrían la categoría de actos consumados; además que, los efectos de ese tipo de sentencias (en que se niega el amparo), son la subsistencia de los actos reclamados, no la insubsistencia de actos originados por la suspensión provisional.********************Al caso, es orientadora la tesis aislada II.3o.P.53 P (11a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, materia Común, con número de registro digital 2026870, publicada el siete de julio de dos mil veintitrés en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo criterio se comparte, de rubro y texto siguientes: ********************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE NEGARSE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA SOLICITUD DEL IMPUTADO DE REALIZAR UNA AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PARA QUE SE LE APLIQUE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RELACIONADA CON LA INCONVENCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA DECLARATIVA, CON EFECTOS NEGATIVOS.********************Hechos: En un juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito negó la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en el acuerdo del Juez de Control que desechó de plano la petición del imputado de realizar una audiencia de revisión de medidas cautelares para que le fuera aplicada la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa (Caso García Rodríguez y otro Vs. México), al considerar que se trata de un acto de naturaleza declarativa, con efectos negativos; inconforme, interpuso recurso de queja.********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe negarse la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra el desechamiento de plano de la solicitud del imputado de realizar una audiencia de revisión de medidas cautelares para que se le aplique la sentencia internacional mencionada, pues ese acto es solamente declarativo, con efectos negativos y, por tanto, no conlleva algún acto de ejecución que amerite ser suspendido.********************Justificación: El acto reclamado es meramente declarativo, con efectos negativos, ya que únicamente se desechó de plano la solicitud de audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que el imputado pretende que se le aplique la jurisprudencia interamericana relacionada con la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Por tanto, establecer si es procedente o no la aplicación de la jurisprudencia que precisa es un tema a dilucidarse en el juicio de amparo principal, una vez que se cuente con el informe justificado y con las constancias respectivas y no por medio de la suspensión provisional, ya que ello agotaría la materia del juicio de amparo, pues la finalidad de dicha medida cautelar, de carácter instrumental, es que se conserve la materia de la acción constitucional hasta la terminación del juicio, impidiendo que el acto se consume de forma irreparable, y no restituir al quejoso en el derecho que estima vulnerado. Sin que sean aplicables en el caso la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ya que hasta este momento procesal no es posible anticipar que el acto reclamado sea inconstitucional o inconvencional, toda vez que al ser de carácter jurisdiccional, para que el Juez de Distrito pueda emitir un pronunciamiento de la apariencia del buen derecho, es indispensable conocer las razones y motivos que condujeron a la autoridad responsable a decidir en el sentido que lo hizo. Ello es así, porque formalmente el acto reclamado no es violatorio de los derechos fundamentales que consagra la Constitución General, ya que no corresponde a los expresamente prohibidos en el primer párrafo de su artículo 22. En efecto, al ser un acto emitido en un procedimiento jurisdiccional, no es posible establecer en un primer momento que sea inconstitucional o inconvencional per se o de forma automática. Además, si bien la modificación en la medida cautelar de prisión preventiva se encuentra establecida en los artículos 154, 161 a 163, 165, 167, párrafo primero y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que la actividad jurisdiccional es propia de la autoridad de instancia y no de un órgano de control constitucional; de modo que conceder la suspensión como lo pretende el recurrente, vulneraría dos principios que la rigen, a saber: 1) la autoridad constitucional se sustituiría en funciones que corresponden a órganos de justicia ordinaria; y, 2) la suspensión agotaría la materia del juicio principal."****************************************De igual forma, brinda sustento a lo antes expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital número 2026730, de contenido literal siguiente: ****************************************"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. ********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal.********************Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión.********************Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo."****************************************Lo anterior, pues se itera, en criterio de la suscrita juzgadora, de concederse la suspensión provisional en los términos que es solicitada, los efectos de la misma no solo coincidirían con los de una eventual sentencia concesoria de amparo, sino que además, en caso de negarse la protección constitucional en el juicio principal, sería jurídica y materialmente imposible que la autoridad responsable de motu proprio revoque la nueva situación generada con motivo de la concesión de la medida suspensiva (posible variación de medida cautelar), pues ello, no solo conllevaría revocar los actos emitidos al amparo de la suspensión otorgada (celebración de audiencia de revisión de medidas cautelares y la determinación que ahí se dicte), sino, también la emisión de nuevos actos o actuaciones judiciales para retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de concederse dicha suspensión, verbigracia dejar sin efectos la citada audiencia, ordenar la reclusión voluntaria del justiciable (en caso de que se le imponga una medida cautelar que no implique la privación de la libertad) y ante su posible contumacia, ordenar su reaprehensión, entre otros, lo cual implica la emisión de numerosos y nuevos actos, que escaparían de la litis constitucional.********************De ahí que, en el particular, se está ante un caso de excepción a la regla general contenida en el criterio jurisprudencial citado en último término, debido a que, por los motivos expuestos se considera que, de concederse la medida suspensional solicitada con efectos restitutorios, la restitución provisional de los derechos no podría ser revocada, aun en caso de negarse la protección constitucional. ********************Por lo antes razonado, este juzgado federal considera procedente otorgar la suspensión provisional al impetrante, con los alcances descritos en la presente resolución y no para los efectos restitutorios que pretende el promovente.********************EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase a la parte quejosa, copia certificada del presente proveído, misma que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y que contiene la evidencia criptografía de la Jueza y secretario que autorizaron dicha determinación y ténganse como sus autorizados para recibirlas a las personas indicadas en la demanda, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia.********************ASPECTOS PROCESALES. Ahora, en lo relativo al domicilio y autorizados, acceso a la información pública, expedientes electrónicos, publicidad de la sentencia, supresión de datos y habilitación de horas y días inhábiles; se acuerda en iguales términos que en el cuaderno principal, respecto del cual resulta ocioso pronunciarse de nueva cuenta, debido a que el expediente en que se actúa deriva de aquél.********************Notifíquese por lista de acuerdos, por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público Federal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes
- Daniel Ramírez Nava345/2018
- Daniel Ramírez Pérez627/2020
- Daniel Rojas Cedillo507/2023
- Daniel Rojas Cedillo762/2023
- Daniel Rojas Cedillo329/2023
- Daniel Romero Garfías386/2018
- Daniel Santos Cruz609/2023
- Daniel Yair Torres Hernández957/2023
- Daniela Cruz Sosa770/2023
- Daniela Juárez Ledo309/2020
- Daniela Oloarte Medina560/2022
- Daniela Oloarte Medina365/2021