Daniel Sanagustín Hernandez
Expediente 1141/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2016
Partes del expediente
- Daniel Sanagustín Hernandez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, a través del cual comunica la aceptación de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, por lo que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Aida García García quien se ostenta como Defensora Pública Federal del procesado Daniel Sanagustín Hernández, asimismo, solicita se le remita la constancia de notificación realizada por el actuario de la adscripción del proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, por el cual se determinó la incompetencia planteada. Atento a lo anterior, dígase al homologo federal que el proveído de referencia se notificó a través de lista que se fija en el local de este juzgado, por lo que, remítase copia certificada de la lista de publicación de uno de agosto de dos mil dieciséis, en la cual consta dicha notificación. En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Por recibida la demanda de amparo promovida por Aida García García quien se ostenta defensora pública federal del procesado Daniel Sanagustín Hernández, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependeinte de la Secretaria de Seguridad Pública y otras. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 1141/2016-I. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el caso, al consistir el acto reclamado en la orden de traslado y su ejecución, se trata de un acto que requiere ejecución. La orden de traslado es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona, y cuyos efectos no se agotan con la emisión de la determinación, sino que se prolongan en el tiempo, hasta culminar su ejecución con la reclusión en otro centro penitenciario. Esto es así, pues se trata de un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; por lo que como se señaló, sus efectos se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, los cuales culminan con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. Luego, en el caso, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso fue egresado del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tulancingo, en el Estado de Hidalgo, en el que se encontraba interno, y fue remitido al Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS Chiapas", en Villa de Comaltitlán, Estado de Chiapas, siendo este último lugar donde se materializó la ejecución, al haberse realizado en su totalidad. De la transcripción del artículo 37 de la Ley de Amparo, se observan tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: PRIMERA. La competencia a que se refiriere el primer párrafo del numeral en estudio y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. SEGUNDA. Más que una regla diversa en cuanto al tema en análisis, constituye un matiz de la regla antes mencionada, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo (principio de ejecución). TERCERA. Cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el juez en cuya jurisdicción se presente la demanda. De acuerdo a los supuestos que preceden y la naturaleza del acto reclamado, se trata de un acto que se materializó en su totalidad en el Estado de Chiapas y en consecuencia, es aplicable la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; además, lo cual obedece a su singular relevancia, en la medida a que debe atenderse a la facilidad del agraviado para ocurrir al juicio de amparo, en el lugar en que se haya ejecutado; es decir, en el Estado de Chiapas, poniendo así, a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a los derechos humanos que aduce el promovente. Es así, pues como se observa del artículo 107, fracción VII de la Constitución, tratándose de actos que requieren ejecución, la competencia en materia de amparo se rige por un principio de ejecución, en tanto que del acto reclamado debe conocer algún Juez de Distrito en cuya jurisdicción el acto se haya ejecutado, y ello permita, como se adelantó, la facilidad del agraviado para ocurrir al juicio de amparo. Es aplicable en al caso, la tesis I.15o.A.1 A (10a.), con número de registro 2000066, publicada en la página 4311, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." En esas condiciones, se estima que a efecto de facilitar al quejoso el acceso a la justicia en los términos precisados, y con apoyo en el artículo 37 primer párrafo de la Ley de Amparo, se declina competencia a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Chipas, con residencia en Tapachula, pues en dicha entidad donde se materializó en su totalidad el acto reclamado y es en donde actualmente se encuentra interno el quejoso. En consecuencia, este juzgado se declara incompetente en razón de territorio para resolver de este juicio, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de Chipas, con residencia en Tapachula, en turno; por tanto, remítase el presente expediente así como las copias de demanda respectivas, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, solicitándole de la manera más atenta al Juzgado de Distrito que corresponda conocer por turno, se sirva enviar el acuse de estilo respectivo y haga del conocimiento de este juzgado la determinación que emita al respecto. Ahora bien, se estima innecesario realizar pronunciamiento alguno respecto de la suspensión solicitada por la ocursante, dado que el acto reclamado consistente en la orden de traslado, el cual no encuadra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Finalmente, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Daniel Placido Arroyo847/2018
- Daniel Ramirez Emigdio657/2021
- Daniel Ramírez Emigdio783/2018
- Daniel Roberto Ochoa Hernandez225/2022
- Daniel Salazar Escamilla413/2015
- Daniel Salvador Estrada Ayala,465/2020
- Daniel Serrano Soto445/2016
- Daniel Serrano Soto1656/2017
- Daniel Serrano Soto353/2017
- Daniel Serrano Soto855/2015
- Daniel Serrano Soto1244/2018
- Daniel Tomas Montes de Oca36/2022