Daniel San Martin Santes
Expediente 64/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daniel San Martin Santes
Actuaciones
- Principal
la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo.... se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado; por tanto archívese este juicio como asunto totalmente concluido.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
se notifica a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que dice. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable oficiante rinde su informe justificado. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley. En tales condiciones, toda vez que de la documental recibida se advierte una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio, por las consideraciones que se exponen. En primer término, debe indicarse de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el entendido que cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto es notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de proseguir con la substanciación del juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Ahora, en el caso concreto, se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en su fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" De acuerdo con los numerales antes transcritos deviene el sobreseimiento del juicio de garantías cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; que: a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Federal, que a la letra dice: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija" Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General; por lo cual, válidamente se puede afirmar que para que un acto omisivo cese sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, la autoridad responsable debe emitir o verificar el acto cuya omisión se le atribuye a fin de que deje de existir la violación constitucional. En ese tenor, es dable precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por ********************, se hace consistir en: La omisión de dictar sentencia en el juicio agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Dos, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento a su informe justificado se despende que el trece de febrero del año en curso, se emitió la sentencia dentro del juicio agrario ********************, del índice de la responsable. En ese contexto, resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que la autoridad responsable ya emitió la sentencia de referencia, por lo que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, pues los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que la parte agraviada fue restituida en el pleno goce de sus garantías, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Corrobora lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diez del tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196820 cuyo rubro es: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría innecesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, y de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por consiguiente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las doce horas con diez minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; y, comuníquese esta determinación a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siete de febrero de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por******************** por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Dos, con sede en esta ciudad. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Admisión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión. No se tramita incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa ni actualizarse los supuestos establecidos en el artículo 127, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las doce horas con diez minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído. En el informe deberá exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, con el apercibimiento que de no rendir su informe, o bien, de no acompañar las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soportan su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, en términos lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo.[..]
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