Daniel Rueda Ríos

Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
714/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Daniel Rueda Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    CERTIFICACIÒN

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese impugnado el auto de treinta de noviembre de este año, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa; en consecuencia, se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original.

  3. Principal

    LEÓN, GUANAJUATO, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede se provee: Autorizado del quejoso exhibe documentales. Agréguese el escrito de cuenta, signado por el autorizado en términos amplios del quejoso, mediante el cual exhibe una copia simple del oficio XVI/ASJ/1792/2021 mediante el cual la autoridad responsable contesta su petición de ocho de julio pasado; al respecto, deberá estarse a lo acordado en auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    LEÓN, GUANAJUATO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede se provee: Se tiene desinteresado al quejoso en ampliar demanda de amparo. De la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo concedido al quejoso en auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestara si era su interés ampliar la demanda de amparo; en consecuencia, se tiene desinteresado en hacerlo. II. Se sobresee fuera de audiencia. En el caso, se verifica la hipótesis de inviabilidad prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En principio, se toma en cuenta que el acto se vincula con el derecho de petición, que está reconocido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De lo trascrito se desprende que los funcionarios y empleados públicos, cuando actúan con imperio, deben respetar el derecho de petición que los obliga a: a) recibir el escrito mediante el cual se hace valer; y b) dictar un acuerdo, también por escrito, en el que se dé respuesta, que deberá hacerse del conocimiento del peticionario en breve tiempo. Conviene destacar que en modo alguno la garantía individual en comento implicará que, necesariamente, la respuesta deba ser favorable. Bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe de ley se colige que han cesado los efectos de tal acto, como se evidenciará. En el caso la parte quejosa reclamó la omisión de contestar la petición de ocho de julio de dos mil veintiuno, donde solicitó al Delegado de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en León, Guanajuato, que le informara la relación de patrones con los que ha laborado (página 9 del PDF de la promoción 14064); con posterioridad a ello la responsable emitió el oficio ***de cinco de octubre de dos mil veintiuno, por el cual respondió: que tiene una relación laboral vigente con *** (página 7 del PDF de la promoción 16109). Ahora, si bien la autoridad responsable no demostró que notificó personalmente al promovente la respuesta, pues no existe certidumbre de que la firma plasmada en la parte inferior del oficio que contiene la contestación corresponda a Gregorio Manuel Acevedo Flores, autorizado en términos amplios del quejoso; lo cierto es que tuvo conocimiento de ella durante la tramitación de esta instancia constitucional, en virtud de que en auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se le dio vista personal con aquella contestación, lo que le fue notificado el veintinueve de octubre siguiente por lista de acuerdos, al no acudir dentro de los dos días siguientes a notificarse personalmente del proveído señalado, no obstante que se le dejó el citatorio correspondiente en el domicilio procesal que indicó. Petición que la responsable atendió conforme al artículo 8° Constitucional según se advierte de la documentación que anexó a su informe justificado (promoción 16109). Ahora bien, no es posible ya entrar al estudio oficioso de los diversos postulados de derecho de petición (congruencia, notificación, plazo razonable, fundamentación y motivación), puesto que el peticionario, pese a la vista personal que se le dio en auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, a la postre fue omiso en ampliar la demanda de amparo contra la respuesta que recayó a su solicitud. Es aplicable, el siguiente criterio: "PETICIÓN. SI EL JUICIO DE AMPARO SE PROMOVIÓ POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO, ADUCIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LO PEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTA SE DIO A CONOCER DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS SIN QUE SE HAYA AMPLIADO LA DEMANDA DE AMPARO. Si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, o con anterioridad a éste, es inconcuso que el Juez de Distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el Juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el Juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado. Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República." En esa condición, al materializarse el motivo de inviabilidad en estudio, se impone sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esa virtud, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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