Daniel Rubén Montes Mejía
Expediente 353/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Daniel Rubén Montes Mejía
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADOVista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, , por el que se tuvo por NO PRESENTADA la demanda respecto de la quejosa ******************** y SE DESECHÓ respecto del quejoso ********************, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, DICHO AUTO CAUSA ESTADO. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: - Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. - Es DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general citado, porque se concedió la suspensión de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto procede conservarse durante un plazo de tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. ANOTACIÓN EN CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS: MARICELA SALAZAR HERNÁNDEZ NO RATIFICÓ LA DEMANDA PROMOVIDA EN SU REPRESENTACIÓNVisto el estado que guardan los autos, se advierte el acta levantada por la actuaria adscrita a este juzgado con motivo de la diligencia ordenada en auto de seis de abril de dos mil veintitrés, de donde se desprende que la quejosa directa Maricela Salazar Hernández NO RATIFICÓ la demanda promovida en su representación por José Elías Sánchez Solís, por lo que tomando en consideración el principio de instancia de parte agraviada, en el que sólo el juicio de amparo puede seguirse a petición de parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en tales condiciones se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por José Elías Sánchez Solís en favor Maricela Salazar Hernández; lo anterior con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo de la Ley de la Materia que a la letra dice: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SOLÍS EN FAVOR DE DANIEL RUBÉN MONTES MEJÍA Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa Daniel Rubén Montes Mejía, por auto de seis de abril de dos mil veintitrés, para que en caso de que ratificara la demanda de amparo, precisara en qué consistieron los actos de incomunicación, tortura física o maltrato a su persona a los que se alude al señalar los actos reclamados, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de seis de abril de esta anualidad y se procede a acordar la demanda con los datos que obran en la misma. Ahora bien, al describir los antecedentes del acto reclamado, el promovente José Elías Sánchez Solís manifestó que el cinco de abril de dos mil veintitrés recibió una llamada por quien dijo ser la pareja del quejoso Daniel Rubén Montes Mejía, donde se le comunicó que el quejoso fue detenido en calle Labastida, colonia Ojo de Agua, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, aproximadamente a las veinte horas con quince minutos por quienes dijeron ser agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta incidencia (FEIDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por otra parte, se tiene que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías fue presentada a través del secretario de guardia a las cuatro horas con cincuenta y cuatro minutos del seis de abril dos mil veintitrés. En consecuencia, dadas las circunstancias podemos concluir que el lapso en el que presuntamente estuvo incomunicado el quejoso Daniel Rubén Montes Mejía, es el que abarca a partir de que fue detenido, de las veinte horas con quince minutos del cinco de abril del año en curso a las cuatro horas con cincuenta y cuatro minutos del mismo mes y año, momento en que se presentó la demanda de amparo analizada. Precisado lo anterior, este Juzgador advierte que la demanda de amparo que nos ocupa es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es el cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada. En la especie, se observa que José Elías Sánchez Solís promueve la demanda en estudio, en favor de Daniel Rubén Montes Mejía, y reclama de las autoridades responsables lo siguiente: ".De la autoridad señalada como responsable se reclama la incomunicación de la señora MARICELA SALAZAR HERNÁNDEZ y el señor DANIEL RUBÉN MONTES MEJÍA con el suscrito JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SOLÍS, quien pretende ser defensor particular mismo que cuenta con cédula profesional 12797218, toda vez que ha sido detenido y hasta este momento no se me ha permitido tener comunicación alguna con su persona, y se han negado a darme cualquier tipo de informe." Así mismo, al relatar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado Felipe Tlatoa Ponce, medularmente, refiere que: ".Ahora bien, en fecha cinco de abril de dos mil veintitrés, el suscrito recibí una llamada por parte de quien dice ser pareja del señor DANIEL RUBÉN MONTES MEJÍA, en donde se me comunica que él fue detenido en Calle Labastida, Colonia Ojo de Agua, municipio San Martín Texmelucan, Puebla; aproximadamente a 20:15 horas, por quienes dijeron ser agentes Ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) Fiscalía General del Estado de Puebla (.) sin que me hayan permitido tener comunicación alguna con su persona y a su vez, negándome informe alguno respecto a su situación jurídica." "Por las anteriores manifestaciones, y ante el temor de que la señora MARICELA SALAZAR HERNÁNDEZ y el señor JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SOLÍS estén siendo víctima de alguna tortura física o maltrato a su persona es que acudo A SOLICITAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL por los actos de autoridad por parte del Agente del Ministerio Público ahora Autoridad Responsable." Esto es, el acto al que alude y los hechos que relata José Elías Sánchez Solís en favor de Daniel Rubén Montes Mejía, se refieren a la incomunicación y tortura física o maltrato, los cuales se encuentran previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal, en cuyo supuesto cualquier persona puede promover en nombre del quejoso directo en caso de estar imposibilitado para ello, lo que en el caso, de momento se infirió, en razón de los antecedentes relatados. No obstante, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Flagrancia perteneciente a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Marcos Cabrera Barrera, a quien por auto de siete de abril de dos mil veintitrés, se le vinculó para que acatara lo relativo a la suspensión de plano, al dar cumplimiento a lo ordenado señaló que Daniel Rubén Montes Mejía, no se encontraba incomunicado, para lo cual, remitió en apoyo a su informe, copias cotejadas de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIAI/006485/2023; documentales que son valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales hacen prueba plena. De las documentales analizadas se advierte que el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Flagrancia perteneciente a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, mediante oficio 10257/2023, informó que: ".LA RESTRICCIÓN POR CUANTO HACE A LA LIBERTAD DE DANIEL RUBEN MONTES MEJIA OBEDECIÓ A LOS SIGUIENTES EN FECHA 05 DE ABRIL DE 2023 A LAS 03:10 HORAS LOS OFICIALES (.) QUE SON AGENTES INVESTIGADORES DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE SAN MARTÍN PUEBLA, PUSIERON A DISPOSICIÓN ANTE ESTE FISCAL INVESTIGADOR A DANIEL RUBEN MONTES MEJIA POR EL DELITO DE CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICO CON FINES DE SUMINSITRO Y PORTACIÓN DE CARTUCHOS EN AGRAVIO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA SEGURIDAD CONO SE ADVIERTE EN EL ANEXO DE ACUERDO DE INICIO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023 EL SUSCRITO LE INFORMA A DANIEL RUBEN MONTES MEJIA EL DERECHO QUE TIENE DE REALIZAR UNA LLAMADA TELEFÓNICA A PERSONA ALGUNA PARA EL EFECTO DE QUE COMUNICADO ES COMO DICHA PERSONA MANIFIESTA QUE DESEA HACER LLAMADA AL NÚMERO 2228134126 QUE CORRESPONDE A YULI QUE ES SU ESPOSA DE LO CUAL HACE DICHA LLAMADA DURANDO ESTA TRES MINUTOS, EN DONDE TAMBIÉN SE LE INFORMA QUE TIENE DERECHO A NOMBRAR UN DEFENSOR PARTICULAR Y REFIERE QUE NO CUENTA CON DEFENSOR RAZÓN LA CUAL EL SUSCRITO LE NOMBRA DEFENSOR PÚBLICO COMO SE DEMUESTRA." Lo anterior, se corrobora con la constancia de llamada telefónica que el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Flagrancia perteneciente a la Fiscalía de Investigación Metropolitana adjuntó al oficio de referencia, y la cual fue firmada al calce por el quejoso Daniel Rubén Montes Mejía, de donde se advierte lo siguiente: "EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SIENDO LAS 03:17 HORAS DEL 06 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL LICENCIANDO MARCOS CABRERA BARRERA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE FLAGRANCIA: HACE CONSTAR ".SE LE HACE SABER AL DETENIDO DANIEL RUBEN MONTES MEJIA QUE TIENE DERECHO A TENER UNA DEFENSA POR PARTE DE UN LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADO TITULADO CON CÉDULA PROFESIONAL A COMUNICARSE CON UN FAMILIAR Y CON SU DEFENSOR, QUIEN DIJO QUEDAR ENTERADO, ASIMISMO, EN ESTE ACTO MANIFIESTA QUE DESEA HACER LLAMADA TELEFÓNICA AL NÚMERO 2228134126 QUE ES MI PAREJA O NOVIA, DURANDO DICHA LLAMADA TRES MINUTOS." En este sentido, dichas documentales deben adminicularse y valorase junto con la diligencia de seis de abril de dos mil veintitrés, en donde se advierte que la parte quejosa Daniel Rubén Montes Mejía manifestó que no se encuentra incomunicado, pues ya se comunicó con sus familiares. Conforme a lo anterior, no se observa algún hecho que permita concluir que el quejoso Daniel Rubén Montes Mejía estuviera ciertamente incomunicado al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues como se dijo la parte promovente refirió que: ".sin que me hayan permitido tener comunicación alguna con su persona y a su vez, negándome informe alguno respecto a su situación jurídica."; esto es, que el seis de abril del presente año, el promovente de la demanda José Elías Sánchez Solís, no se había podido comunicar con el referido quejoso, sin embargo, como se dijo el directo quejoso refirió que no contaba con defensor particular, motivo por el cual la representación social le designó un defensor de oficio, de lo que se infiere el motivo por el cual el promovente no estuvo en aptitud de comunicarse con el directo quejoso. De lo antes narrado, se advierte que al momento de la presentación de la demanda, no consta que se encontrara incomunicado la parte quejosa Daniel Rubén Montes Mejía, y si bien, no obra constancia de que haya tenido comunicación con el promovente del amparo, ello no implica que estuviera ciertamente incomunicado, pues tuvo comunicación al teléfono 2228134126 con quien dijo era su pareja. Todo lo anterior, aunado que la parte quejosa Daniel Rubén Montes Mejía fue omisa en señalar en qué consistieron los actos de incomunicación, a los que se alude al señalar los actos reclamados, no obstante de estar legalmente notificada para ello, por lo que únicamente se resuelve sobre la admisión de dicho libelo con las constancias que obran en el presente sumario; además de que tampoco se ofrece probanza que lleve a determinar que la parte quejosa de referencia se encontraba incomunicada a la fecha y hora de la presentación de la demanda y por ende, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que José Elías Sánchez Solís estuviera en aptitud de promover en nombre de Daniel Rubén Montes Mejía, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, dado que no se acredita que la aquí quejosa se encontrara real y efectivamente incomunicada. En ese sentido, si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; sin embargo, dicho numeral impone un requisito sine quanon a fin de que cualquier otra persona pueda promover el amparo a favor del quejoso, en su nombre. Lo anterior es así, pues en el citado numeral se pueden leer las siguientes frases: "Cuando traten de actos que importen. incomunicación." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.." Conforme a lo cual, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda pueda ser promovida por cualquier extraño distinto al quejoso, sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además, debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación. Sin que obste a lo anterior, que la demanda haya sido ratificada por el quejoso en cita, el seis de abril del presente año a las once horas con cuarenta minutos, pues ello no conlleva a satisfacer el requisito de instancia de parte agraviada, atinente a la promoción del juicio de amparo, pues como quedó evidenciado, la parte quejosa no se encontraba incomunicado pues tuvo comunicación al teléfono 2228134126 con quien dijo era su pareja, además de que estuvo asistido de un defensor público. QUEJOSO NO MANIFESTÓ EN QUE CONSISTIERON LOS ACTOS DE TORTURA FÍSICA Y MALTRATO A QUE ALUDE EN SU DEMANDA DE AMPARO Por otra parte, el quejoso no señaló en qué consistieron los actos de tortura física y maltrato a que alude en su demanda de amparo a los que se alude al señalar los actos reclamados, en su ocurso de seis de abril del presente año, por lo que únicamente se resuelve sobre la admisión de la demanda de garantías con las constancias que obran en el sumario respecto de dichos actos; además de que tampoco ofreció probanza que lleve a determinar que el quejoso haya sido objeto de tortura física y maltrato no obstante que la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional de amparo, mediante diligencia de seis de abril de dos mil veintitrés, a las once horas con cuarenta minutos, asentara que la parte quejosa contaba con un poco de inflamación de la muñeca izquierda, pues el propio quejoso señaló que fue con motivo de su detención, es decir, dicha inflamación pudo derivar de las maniobras propias de la detención del quejoso y no como un acto de tortura en sí mismo, pues incluso obra agregado a autos dictamen médico en el que se asentó que el quejoso directo no cuenta con lesiones visibles; por ende, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que José Elías Sánchez Solís estuviera en aptitud de promover en nombre de Daniel Rubén Montes Mejía, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, dado que no se acredita que el seis de abril de dos mil veintitrés, el aquí quejoso se encontrara real y efectivamente imposibilitado para promover la demanda de amparo analizada, En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, en contrario sentido, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo conforme al diverso 113 del mismo cuerpo normativo, respecto de los actos reclamados por la quejosa consistentes en la incomunicación, aprehensión, presentación, citación e integración de una carpeta de investigación. Por tanto, déjense sin efecto las medidas suspensionales decretadas en el presente sumario constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE, Y DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
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