Daniel Rosales García

Expediente 502/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
502/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Daniel Rosales García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. En consecuencia, hágasele del conocimiento de la autoridad que mediante auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, causado estado el proveído a través del cual se desechó la demanda de amparo y en esa misma fecha de ordenó el archivo del mismo. .... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guarda el presente expediente se observa que el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, al rendir su informe respecto a la suspensión de plano decretada, anexó copias certificadas de la causa de juicio -------; en consecuencia, mediante oficio que al efecto se genere, devuélvanse a la mencionada autoridad las citadas constancias, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando acuse el recibo de estilo correspondiente. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de abril de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ****, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que hasta esta fecha fue entregado el presente asunto a la mesa de admisiones y que de su revisión se evidencia que no obra en autos la notificación a la parte quejosa del auto de treinta de octubre de dos mil veinte; no obstante, se observa que la parte quejosa señaló un domicilio erróneo para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, con fundamento en el ordinal 27, fracción III, inciso a), se tiene como domicilio del solicitante de la protección constitucional, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que realice la notificación del auto de treinta de octubre de dos mil veinte, por medio de lista. Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese. En cumplimiento al auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se notifica a la parte quejosa el auto de treinta de octubre de dos mil veinte, del tenor siguiente: Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio a través del cual el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, devuelve diligenciado el exhorto 95/2020 (orden 246/2019) del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, por el cual se le encomendó notificar al quejoso ***, los proveídos de catorce de agosto y veintitrés de octubre del año en curso y requiriera al director del Centro Federal de Readaptación número 14 "CPS-DURANGO", en los términos precisados en el proveído citado en último término. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, vistas las constancias que integran el mencionado exhorto, se desprende que el Actuario asentó en la constancia de notificación que el quejoso Daniel Rosales García, no presentaba ninguna lesión, circunstancia que fue corroborada por el mencionado quejoso; de lo que se toma nota para los efectos legales a los que haya lugar. Asimismo, se advierte que el quejoso Daniel Rosales García, ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por Kenia Artemisa Rosales García. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del contenido de la demanda se advierte que se señaló como acto reclamado, la desaparición forzada del quejoso. En ese sentido, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto conviene mencionar que para actualizar la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, es necesario que el acto reclamado quede sin efectos, desapareciendo así la materia de la Litis constitucional, ya que la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de garantías, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad emisora deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al finalizar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de aquél, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio constitucional, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Ahora bien, en el presente asunto, en la demanda de amparo, la promovente indicó que desde el catorce de agosto recibió una llamada de quien dijo ser Nayeli "N" quien le informó que el día trece de agosto aproximadamente a las quince horas Daniel Rosales García fue detenido cuando salía de un restaurante en la Ciudad de México, sin saber hacia donde se lo llevaron; lo que dio lugar a la presentación de la demanda que dio origen al presente expediente, por lo que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado y se comisionó al actuario de la adscripción para que buscara al quejoso en las instalaciones de las autoridades responsables señaladas en la demanda y además acudiera a las oficinas de la (1) Fiscalía General de Justicia del Estado de México; (2) la Fiscalía General de la República, Delegación Estado de México; (3) la Vigésima Segunda Zona Militar, ubicada en Tenango del Valle, Estado de México; (4) el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, en el (5) Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, con la finalidad de dar con el paradero de Daniel Rosales García, sin que lo anterior haya sido posible. De igual forma, se envió exhorto el cual le correspondió el conocimiento al Juez Noveno de Distrito de Amparo, en Materia Penal en la Ciudad de México, con el objeto de que en auxilio de las labores de este juzgado, comisionara al actuario de la adscripción para que se constituyera en las instalaciones policiacas y de detención de sus respectivas Fiscalías Generales y/o regionales de Justicia, en la Fiscalía general de la república y/o en sus Delegaciones, Zonas Militares, hospitales, clínicas y centros Psiquiátricos administrados por la Ciudad de México o por sus organismos Descentralizados, o cualquier otro lugar que a juicio del juez exhortado pudiera estar el quejoso, ello con la finalidad de localizar al quejoso, sin que ello haya acontecido. En tales condiciones, al no lograr la localización del quejoso, por auto de veinticinco de octubre del año en curso, se comisionó para al actuario para que entablara comunicación con Kenia Artemisa Rosales García, promovente de la demanda de amparo, y la requiriera a efecto de que informara si contaba con datos para la localización del directo agraviado, tales como su domicilio particular o laboral en donde pudiera iniciarse una nueva búsqueda, o bien, informara si ya conocía su paradero y el lugar en dónde se encontraba, sin que lo anterior haya sido posible, dadas las razones expuestas en su razón actuarial; por lo que en proveído de seis de octubre del año en curso, se comisionó al actuario para que se constituyera en su domicilio particular y le hiciera del conocimiento lo anterior. De esa forma, Kenia Artemisa Rosales García, refirió que el directo agraviado Daniel Rosales García, fue detenido y podría encontrarse en el Centro Penitenciario Federal de Durango; por lo que solicitó se efectuara nuevamente su búsqueda. En esas condiciones, a efecto de lograr la localización de Daniel Rosales García, se envió oficio al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS Durango, quien informó que dicha persona se encontraba privada de la libertad en dicho centro carcelario y en virtud de que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la desaparición forzada, de que fue objeto el directo quejoso Daniel Rosales García, se envió exhorto mismo que le correspondió al Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, quien comisionó al actuario de su adscripción para se constituyera en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación número 14 "CPS-DURANGO" y requiriera al director en los términos precisados en el mismo y al quejoso a efecto de que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo presentaba en su nombre por Kenia Artemisa Rosales García, escrito que sí ratificó. Asimismo, se recibió el oficio de cuenta del Director General del Centro Federal de Readaptación número 14 "CPS-DURANGO", con el que informó que el quejoso Daniel Rosales García, ingresó a ese centro carcelario el veintiocho de agosto de dos mil veinte, con motivo de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 57/2012, por el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México; asimismo, derivado del SIPE 125/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, procedimiento de ejecución que se originó de lo ordenado por el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, al dictar sentencia condenatoria de veinticinco años de prisión en contra del ahora quejoso, por el delito de secuestro, dentro de los autos del toca penal 115/2017. De lo anteriormente narrado se advierte que, si bien el quejoso fue privado de su libertad, a la fecha se cuenta con información sobre su paradero y el motivo por el que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación número 14 "CPS-DURANGO". Por tanto, se restituyó a la parte quejosa en la violación alegada, toda vez que si bien fue privado de su libertad personal, lo cierto es que la "pretendida desaparición forzada" derivó de un mandamiento judicial, ya que el ahora quejoso se encuentra a disposición del Juzgado Primero de Distrito en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, ello con motivo del cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en la causa penal 57/2012, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y que fuera ordenada por el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, al dictar sentencia condenatoria de veinticinco años de prisión en contra del ahora quejoso, por el delito de secuestro, dentro de los autos del toca penal 115/2017. Por ende, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando sea imposible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos combatidos, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX (junio de mil novecientos noventa y nueve), Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, debe concluirse que han cesado los efectos, porque éstos se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejó, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en los derechos subjetivos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional.2 En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de cesación de efectos, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Director General del Centro Federal de Readaptación número 14 "CPS-DURANGO", rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada; por tanto, este juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar. De igual forma, ténganse por señalado el domicilio que indica y como delegados a las personas precisadas en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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