Daniel Rosales de la Torre
Expediente 1272/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1272/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 27/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Daniel Rosales de la Torre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
En la misma fecha, el Secretario Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil quince, en la que se sobreseyó en el juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en su informe justificado. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Daniel Rosales de la Torres contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos asentados en el considerando tercero de esta resolución.".
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1272/2014; y, RESULTANDO 1°. Demanda de amparo. Daniel Rosales de la Torre, el quince de agosto de dos mil catorce, presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez, Zacatecas, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- Reclamo como el acto consistente en la negación del Recurso de Apelación que interpuse en fecha diecisiete de julio de dos mil catorce y el cual me fuera negado por auto de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce". 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, el cual en proveído de dieciocho de agosto de dos mil catorce, la admitió a trámite bajo el número 559/2014; asimismo, solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de siete de octubre de dos mil catorce, en cumplimiento al Acuerdo CCNO/19/2014, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asumió el conocimiento del juicio de amparo asignándole el número 1272/2014; una vez notificadas la totalidad de las partes se citó a la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del Acta que antecede; y, CONSIDERANDO 1°. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. 2°. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que en esencia el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La negación de la admisión a trámite del recurso de apelación interpuesto por el quejoso el diecisiete de julio de dos mil catorce, en los autos del incidente de Regulación y Liquidación de Pensiones Alimenticias promovido por Karina Elizabeth Becerra Rico, dentro del expediente 15/2011. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: La Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Jerez de García Salinas, Zacatecas, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, para lo cual remitió copias certificadas del expediente 15/2012 de su índice, relativo al Juicio de Divorcio Voluntario promovido por Karina Elizabeth Becerra Ríos en contra del ahora quejoso Daniel Rosales de la Torre. Asimismo, se advierte del contenido del oficio 1039 (foja 233) con que se da cuenta en la audiencia que antecede, el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, el cuatro de mayo de dos mil quince, remitió copia certificada del escrito firmado por Karina Elizabeth Becerra Ríos, así como la ratificación del mismo en el cual expresó su conformidad con el cumplimiento dado a la sentencia interlocutoria de once de julio de dos mil catorce, por parte del quejoso Daniel Rosales de la Torre en los autos del incidente de actualización líquida de pensión alimenticia 15/2012, de su índice. Documentales las anteriores, que remitió la mencionada responsable anexas a su oficio 1039, y tienen plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, el suscrito juzgador advierte que ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". En tanto, que el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción V, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: Fracción V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En efecto, el peticionario de garantías señala como acto reclamado la negación de la admisión a trámite del recurso de apelación interpuesto por el quejoso el diecisiete de julio de dos mil catorce, en los autos del incidente de Regulación y Liquidación de Pensiones Alimenticias promovido por Karina Elizabeth Becerra Rico, dentro del expediente 15/2011. Por su parte, en el capítulo de hechos de su demanda de amparo, precisó que en fecha catorce de julio de dos mil catorce, se le notificó la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de Regulación y Liquidación de Pensiones Alimenticias promovido por Karina Elizabeth Becerra Rico, en el expediente 15/2012, por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en el cual se le desechó una prueba documental. De lo anterior, se observa con claridad que el acto reclamado lo constituye el proveído de cuatro de agosto de dos mil catorce, que no tuvo por interpuesto recurso de apelación contra la interlocutoria de once de julio de dos mil catorce, que ordenó al aquí quejoso el pago de la cantidad de $13,558.57 (trece mil quinientos cincuenta y ocho pesos 57/100 moneda nacional), a favor de sus menores hijas Melanie Natasha Rosales Becerra y Emely Yuliana Rosales Becerra, por concepto de pensiones definitivas contabilizadas desde el día once de julio de dos mil trece, al catorce de mayo del mismo año De lo antes expuesto se observa que el juicio de amparo, resulta improcedente por haber dejado de existir el objeto del acto reclamado, toda vez que si bien es cierto que mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil catorce, no se le tuvo por interpuesto recurso de apelación contra la interlocutoria de once de julio de dos mil catorce, en la que se le condenó al pago de la cantidad de $13,558.57 (trece mil quinientos cincuenta y ocho pesos 57/100 moneda nacional), a favor de sus menores hijas Melanie Natasha Rosales Becerra y Emely Yuliana Rosales Becerra, por concepto de pensiones definitivas contabilizadas desde el once de julio de dos mil trece, al catorce de mayo de dos mil catorce, también lo es que el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, anexó a su oficio 1039, recibido el cuatro de mayo del año en curso, copia certificada del escrito firmado por la aquí tercero interesada Karina Elizabeth Becerra Rico por el cual expresó su satisfacción con el cumplimiento dado a la sentencia interlocutoria dictada en el expediente 15/2012, al haber recibido a entera satisfacción el numerario; escrito que ratificó en su integridad ante la citada responsable el veintiocho de abril de dos mil quince; por tanto, ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado, que lo era el pago de la cantidad ordenada en la sentencia dictada en el incidente de marras. En tales condiciones, resulta indudable que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado por el peticionario de garantías, actualizándose la causal de improcedencia prevista por la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo que es sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por Daniel Rosales de la Torre, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia. Y respecto a ello, se emitió el acuerdo de treinta de abril de dos mil quince, que tuvo a Karina Elizabeth Becerra Rico por haciendo del conocimiento que Daniel Rosales de la Torre dio cumplimiento a la sentencia interlocutoria de once de julio de dos mil catorce, pagando la cantidad de $13,544.20 (trece mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional). Apoya la conclusión apuntada, la Tesis: 2a./J. 181/2006, con registro 173858, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la Tesis de Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 241, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Por lo que tales hechos, demuestran sin duda que a la fecha ha dejado de existir el objeto de la materia del acto reclamado, que lo era la negativa de tener por interpuesto un recurso de apelación, cuando a la fecha, ya se dio cumplimiento a la condena que dio origen a la emisión de la citada interlocutoria, toda vez que la referida causal prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de garantías es improcedente: "Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto de la materia del mismo. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 61, 63 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, Se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Daniel Rosales de la Torres contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos asentados en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firmó el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza, hoy treinta de julio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. L'FRF.
- Principal
En diecinueve de junio de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que ha transcurrido el término de treinta días contados a partir de la última publicación de los edictos relativos al emplazamiento de la tercera interesada Karina Elizabeth becerra Rico, del treinta de abril al doce de junio de dos mil quince.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de junio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ya transcurrió el término de treinta días contados a partir de la última publicación de los edictos relativos al emplazamiento de la tercera interesada Karina Elizabeth Becerra Rico; en consecuencia, como está ordenado en proveído de quince de mayo del año en curso, se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Finalmente, toda vez que la tercera perjudicada no señaló domicilio para oír notificaciones, practíquensele ésta y las subsecuentes de carácter personal por medio de lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. cecy*
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