Daniel Romo Rios
Expediente 1939/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1939/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2023
Partes del expediente
- Daniel Romo Rios
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído dictado en este juicio el siete de diciembre de dos mil veintiuno,, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Se recibe oficio. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula número IV del Equipo de Investigación y Litigación número XXX de la Fiscalía General de la República en el Estado de Jalisco; por medio del cual, solicita información del estado procesal que guardan los presentes autos; además, se le indique el resultado del incidente de objeción de documentos y/o firmas falsa. Se informa al Agente del Ministerio Público. Al respecto, se informa que el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en auxilio de este órgano jurisdiccional, el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, dictó la sentencia correspondiente, asimismo, que en proveído de cinco de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria; además, dígase a la autoridad oficiante, que de un análisis integral de las constancias que obran en el expediente, no se advierte que se haya sustanciado el incidente que menciona; en ese tenor, atento a lo solicitado, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena remitir copia certificada de la sentencia, así como del auto en el que causó ejecutoria, por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Se ordena al Actuario Judicial. Además, de conformidad a la declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se ordena al actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que verifique si en el presente acuerdo existen autoridades responsables respecto de las cuales exista convenio de colaboración celebrado y, de ser el caso, remita el presente acuerdo mediante el oficio correspondiente a través de la interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a las autoridades respectivas. Cambio de titular Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza María Gabriela Ruiz Márquez, fungirá como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio XXX, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes...
- Principal
Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, rinde su informe justificado; ahora, en relación con las documentales que acompaña, se tienen como prueba de su parte en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin que se de vista con el mismo, en virtud de lo que se resuelve en este acuerdo. Ahora bien, para el mejor manejo del presente expediente, se ordena formar un cuaderno de pruebas con las constancias que remite el Presidente de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. II. Se advierte causa de improcedencia. En relación con lo anterior, quien ahora resuelve estima que del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en: ? La omisión de girar el oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, para efecto de que se inscribiera el embargo realizado el uno de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral número 555/2018-D de su índice. De lo anterior y con la constancia remitida por la autoridad responsable, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. A lo que se provee lo siguiente: En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, en el particular, el peticionario de amparo reclama de la autoridad responsable, La omisión de girar el oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, para efecto de que se inscribiera el embargo realizado el uno de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral número 555/2018-D de su índice. En ese orden de ideas, de las constancias que remitió la responsable a través del oficio de cuenta, se desprende lo siguiente: Que en oficio RPP/A/800/0065/2021 de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido al Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sello de recibido de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó tenga bien inscribir el embargo del bien inmueble, posteriormente se cuenta con oficio, recibido el cinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficialía de partes de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, signado por el personal adscrito a la Dirección Jurídica y de Comercio del Registro Público de la Propiedad, en el cual informó haber dado cumplimiento a lo solicitado, procediendo a la inscripción del embargo respecto del inmueble. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, pues han cesado los efectos del acto reclamado, ya que en oficio RPP/A/800/0065/2021 de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido al Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sello de recibido de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se solicitó tenga bien inscribir el embargo del bien inmueble, posteriormente con oficio DJ- 25075/2021, recibido el cinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficialía de partes de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, signado por el personal adscrito a la Dirección Jurídica y de Comercio del Registro Público de la Propiedad, en el cual informó haber dado cumplimiento a lo solicitado, procediendo a la inscripción del embargo respecto del inmueble. En ese contexto, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene1: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También es útil en este tema la jurisprudencia, que es del tenor literal siguiente2: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus 1 Jurisprudencia 198 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011. 2Jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210. efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis, cuyo rubro y texto son3: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Es corolario de lo expuesto, que en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 614, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio FUERA DE AUDIENCIA, toda vez que conforme a lo aquí apuntado, han cesado los efectos del acto reclamado en sede constitucional. Es de invocarse en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son5: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede 3 Tesis de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71. 4 Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; 5 Jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, noviembre de 2006, página 991. los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Asimismo, conforme lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo6, notifíquese personalmente a la parte quejosa, debiendo corrérsele traslado con copia simple del oficio y anexos de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. 6 Ley de Amparo Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: [.] f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional; [.] FÁTIMA SHUNASHI GUTIÉRREZ ROSADO Por otra parte, de conformidad a la declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se ordena al actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que verifique si en el presente acuerdo existen autoridades responsables respecto de las cuales exista convenio de colaboración celebrado y, de ser el caso, remita el presente acuerdo mediante el oficio correspondiente a través de la interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a las autoridades respectivas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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