Daniel Rodríguez Rodríguez
Expediente 1621/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1621/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2021
Partes del expediente
- Daniel Rodríguez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra constancia de notificación del auto de diecisiete de diciembre pasado; por tanto, para evitar mayores dilaciones procesales: comisiónese al Actuario para notifique dicho auto. En acatamiento a líneas anteriores, se notifica a la PARTE QUEJOSA el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte en el que se resolvió lo siguiente: Vista la demanda de amparo promovida por DANIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por propio derecho; contra actos de autoridades; visto su contenido, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo, manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, los artículos 1, fracción I, 5, fracción II y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El artículo 63, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece la improcedencia de la acción constitucional cuando ésta derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de la Materia. Por su parte, el artículo 1, fracción I, citado prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el numeral 5, fracción II, transcrito en último lugar, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 394/2016 explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que el concepto de acto de autoridad para efecto del juicio de amparo se modificó esencialmente ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgarse el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones de coordinación o de supra ordinación los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. La consideraciones reseñadas dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 con rubro: NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 69, Agosto de 2019, tomo II, página 1144. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supra ordinación. La primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad coordinación entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. El quejoso acude a reclamar del Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes actos: IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE AUTORIDAD SE RECLAME. a) El incumplimiento de los Acuerdos publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante el cual se determina como medida preventiva "Evitar la asistencia a centros de trabajo a las personas que se encuentren dentro de un grupo vulnerable". Omisión que pone en riesgo mi salud y mi vida. Así como también los publicados el treinta y uno de marzo, veintiuno de abril y catorce y quince de mayo de dos mil veinte, mediante los cuales se amplía el periodo de emergencia sanitaria. b) De igual forma se reclama la omisión de considerar que padezco de enfermedad crónica no transmisible ya que fui diagnosticado con el padecimiento de ASMA BRONQUIAL MODERADA HIPERTENSIÓN ARTERIAL (REACTIVA); por tanto, pertenezco a la categoría de grupo vulnerable por lo que se deben de aplicar las medidas de prevención derivadas del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a fin de proteger mi derecho de salud y la vida. Así como también los diversos acuerdos publicados en el treinta y uno de marzo, veintiuno de abril, catorce y quince de mayo de dos mil veinte, mediante los cuales se amplía el periodo de emergencia sanitaria. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado que narra el quejoso bajo protesta de decir, se tiene que: a) Que el quejoso se desempeña el cargo de médico no familiar 80, laborando actualmente en terapia intensiva, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación número 14-Jalisco, Unidad Hospital General Zona 21 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con número de matrícula 99025264. b) Afirma que padece de una enfermedad crónica degenerativa no transmisible ya que fue diagnosticado con el padecimiento de ASMA BRONQUIAL MODERADA HIPERTENSIÓN ARTERIAL REACTIVA. c) Que en fecha tres de noviembre del año en curso, mediante carta por escrito debidamente firmada y sellada por la Unidad de Correspondencia S.N.T.S.S. SECCIÓN III JALISCO, le fue negada la licencia sanitaria necesaria solicitada sin tomar en cuenta las condiciones de salud en las que se encuentra. Bajo ese contexto, es dable sostener que tales actos no tienen la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo; pues las autoridades que señala el quejoso como responsables no tienen ese carácter, ya que éstas actúan como patrón en una relación de coordinación y no en un plano de supra subordinación como autoridades investidas de imperio. En efecto, el precepto 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que es trabajador toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Por su parte, el arábigo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. A su vez, el artículo 699 de la Ley Obrera, dispone que cuando se trate de conflictos laborales que tengan por objeto resolver acciones relacionadas con obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento, o de seguridad e higiene, el conocimiento de estas materias será competencia del Tribunal Federal, de acuerdo a su jurisdicción. Máxime que la relación entre el quejoso y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se rige por el Contrato Colectivo de Trabajo, consultable en la página web: https: sntss.org. mx.images.site.files.contrato.pdf, que en su cláusula 44, dispone: Cláusula 44. Permisos Temporales El Instituto se obliga a conceder durante la vigencia de este Contrato permisos a los trabajadores, en forma temporal, continua o discontinua, hasta por un año, sin goce de sueldo, siempre que los solicitantes tuvieren por lo menos un año de antigüedad. El Instituto concederá invariablemente los permisos solicitados por conducto del Sindicato, siempre y cuando, hayan sido presentados con un mínimo de cinco días hábiles antes de la fecha de inicio. De no haber candidato en Bolsa de Trabajo que cubra la ausencia referida, las partes acordarán la exención de trámites para la contratación del sustituto que reúna requisitos en cada caso particular. En permisos mayores de sesenta días, se liquidarán o garantizarán a satisfacción del Instituto, los créditos que los trabajadores solicitantes tengan con el mismo. Los casos de excepción serán analizados y resueltos por las partes. Los trabajadores con licencia podrán renunciar a ésta, siempre y cuando no afecten derechos de terceros. Por ende, la autoridad responsable a quien se atribuye en específico la omisión de proporcionarle al quejoso el permiso con goce de sueldo o licencia para ausentarse de las labores y por ende de su área de trabajo que le corresponde, debido al padecimiento que refiere tener, invariablemente se localiza en un plano de igualdad con los derechos del quejoso, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleada (parte quejosa). El reclamo del quejoso hacia las autoridades responsables es con el fin de que éstas no lo obliguen a desempeñar sus labores, así como la omisión de proporcionarle una licencia o un permiso para que sea viable ausentarse de sus labores y consecuentemente no acudir a la fuente de trabajo en que se desempeña; lo que proviene precisamente del derechos y obligaciones que como trabajador por virtud de la relación laboral que mantiene con el Instituto, para quien presta sus servicios de manera personal y subordinada; esto es, se trata de un derecho reconocido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas. Por tanto, los actos u omisiones que reclama el quejoso no constituyen de acuerdo con su naturaleza actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues la institución de salud pública señalada como responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos imputados como responsable pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. De esta manera se colige que las instituciones públicas, por el solo hecho de la naturaleza formal no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador y, por tanto, el acto reclamado, con independencia de que estén o no acreditados, no constituye actos de autoridad para efectos del amparo. Por ende, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre la Unidad Médica en el que se encuentra adscrito el quejoso y sus trabajadores, regulada por el artículo 123 Constitucional, cuya finalidad es que se le conceda un permiso con goce de sueldo para ausentarse del área de trabajo; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. Lo anterior, tomando en cuenta que el ordinal 132 de la Ley Federal el Trabajo estatuye la obligación por parte de los patrones de suministrar a sus trabajadores los útiles, instrumentos y materiales para la ejecución del trabajo; así como los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y asistenciales a los servidores públicos; al igual que los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria cuando exista peligro de pandemia, cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria y otorgar licencias sin menoscabo de sus derechos y antigüedad. En ese sentido, es pertinente reiterar que lo reclamado por el quejoso frente a las autoridades señaladas como responsables deriva de la relación laboral que existe, es decir, a través de la vía constitucional impugna acciones u omisiones que atribuye a su empleador y que desde su perspectiva ponen en riesgo su salud. Es cierto que la parte quejosa alega en sus conceptos de violación, la trasgresión a su derecho a la salud, sin embargo, debe decirse que no basta que la Constitución imponga al Estado la obligación de garantizar el derecho a la salud, y que por ese solo hecho deba considerarse indefectiblemente que se trate de un acto de autoridad. Ello debido a que la salud como bien jurídico, no se encuentra únicamente tutelada únicamente en normas de carácter administrativo y que toda omisión en garantizarla deba ser considerada como un acto de autoridad. Veamos el siguiente ejemplo hipotético: en una fuente de trabajo de extracción de hidrocarburos se produce un siniestro que causa perjuicios e la salud física de los empleados, lo anterior ocasionado por la negligencia o falta de previsión del patrón en establecer las medidas de seguridad e higiene que establece la normatividad que rige ese tipo de actividad. En consecuencia, si existió omisión de las personas encargadas de supervisar que el establecimiento efectivamente contara y dotara a sus empleados de las medidas de protección y prevención, los órganos de control interno fincarían responsabilidad administrativa contra los omisos; sin embargo, el reclamo por indemnización por la afectación al derecho a la salud de los trabajadores siniestrados como consecuencia de la negligencia del empleador se verificaría mediante un procedimiento seguido ante las autoridades del trabajo, debido a la naturaleza de la relación jurídica que existe entre el obligado y el afectado. En ese sentido, en el caso particular el derecho que le asiste a la parte quejosa para que en todo caso, se le otorgara un permiso con goce de sueldo para no acudir a sus labores habituales, no deriva de su carácter como particular ante un ente del Estado con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad; sino con base en una relación laboral que mantiene en un plano de coordinación. En ese tenor debe destacarse que la Organización Internacional del Trabajo, su publicación relativa a las "Disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote de COVID-19" Recuperado de https: www.ilo.org.wcmsp5.groups.public. ed.norm.normes.documents.publication.wcms.739939.pdf, principalmente en el capítulo denominado Seguridad y salud en el trabajo, precisó los derechos y responsabilidades que tienen los trabajadores, así como las obligaciones de los empleadores, ante el brote del virus denominado Sars-Cov2 (Covid-19) e incluso, la posibilidad de una orientación normativa sobre la protección de los trabajadores contra riesgos biológicos en el centro laboral. En el documento mencionado en el capítulo denominado "Seguridad y salud en el trabajo", la Organización Internacional del Trabajo refiere a que los empleadores tendrán la responsabilidad global de asegurar las medida de prevención y protección para reducir al mínimo los riesgos profesionales, de conformidad con el artículo 16 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, que dispone lo siguiente: "Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen que en los lugares de trabajo que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la seguridad y salud de los trabajadores.". Por tanto, los empleadores tienen la obligación de velar por las medidas de seguridad e higiene laborales; por lo que se puede inferir, que el empleador tiene la obligación de prever medidas para hacer frente a situaciones de emergencia (Artículo 16 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores (núm. 155), tal es el caso del virus denominado COVID-19. No debe ser inadvertido el Estado Mexicano, al ser miembro activo de la Organización Internacional del Trabajo, se encuentra obligado no solo a acatar las disposiciones, políticas públicas o incluso recomendaciones de la citada Organización Internacional, sino los convenios celebrados entre la misma y sus países miembros, tal es el caso de los siguientes convenios ratificados por nuestro país. "Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y su Protocolo de 2002 (Ratificado por México el uno de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro). Ratificado por México el uno de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro. El convenio prevé la adopción de políticas nacionales coherentes sobre seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones de los gobiernos y de las empresas, con el fin de mejorar las condiciones laborales. - No obstante, el protocolo exige el establecimiento y la revisión periódica de los requisitos y procedimientos para el registro y la notificación de los accidentes y las enfermedades en el trabajo, así como la publicación de las estadísticas anuales conexas". "Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) Ratificado por México el diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y siete. Ratifica Este convenio prevé el establecimiento de servicios de salud en el ámbito de las empresas, a quienes se asignan funciones esencialmente preventivas y que son responsables de aconsejar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes acerca del mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y saludable.". Lo anterior revela que la políticas o indicaciones para mantener la salud de las personas ante el brote del virus COVID-19, no tiene únicamente un enfoque de salud de los Estados frente a sus gobernados, sino que también se observa que se encuentra obligado como empleador a cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene, entre las que se encuentran el otorgar los equipos de protección e insumos necesarios para mantener las medidas de seguridad e higiene en la fuente de trabajo, lo cual se observa a través del nivel de coordinación que deriva de la relación laboral. Tampoco pasa desapercibido lo establecido en el artículo 19 de la Ley General de la Salud, en el sentido de que la Federación y los gobiernos de las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, aportarán los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para la operación de los servicios de salubridad general. Sin embargo, esa disposición deriva de las relaciones de supra ordinación entre entes del Estado, pues va relacionada con que se dote de esos recursos a los centros hospitalarios, no así a los trabajadores adscritos a éstos, pues en ésta última hipótesis quien cuenta con esa obligación es la unidad médica en que está adscrito cuya naturaleza es exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, tal como lo indicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 2/2017 (10a.) de rubro: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". Debe precisarse que, sobre el particular no es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue publicada con el rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, debido a que por virtud de la solicitud sustitución de jurisprudencia 9/2015, se autorizó la adecuación el título de la tesis mencionada para quedar de la siguiente manera "AUTO NICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". En el primero de los rubros de la jurisprudencia citada se establecía de manera genérica que el auto de inicio en el juicio de amparo no era la etapa procesal oportuna para determinar si un proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, por virtud de la sustitución autorizada, en el segundo de ellos se aclaró que la falta de idoneidad para calificar la improcedencia del juicio de amparo en el auto de inicio se referiría al supuesto que menciona el cuerpo de la misma. La sustitución de rubro en la jurisprudencia mencionada cobra relevancia en el presente asunto, pues revela que no existe prohibición absoluta para determinar o calificar la improcedencia del juicio de amparo en el auto de inicio cuando se reclaman actos que no son de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por otro lado, no es óbice que el quejoso pretende reclamar la omisión en proveer las peticiones de tres de agosto pasado, sin embargo, las mismas se encuentran vinculadas con la relación laboral que tiene el quejoso con las autoridades señaladas, toda vez que se encuentran dirigidas a éstas autoridades quienes actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Por ende, dichas omisiones no son actos que puedan considerarse para la procedencia del amparo, porque las peticiones están íntimamente vinculados con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZAD QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra subordinación y supra ordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." (Época: Décima Época. Registro: 2011298. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II. Materia(s): Común, Laboral. Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.). Página: 1639). De ahí que este Juzgado Federal estime que al actualizarse la causa de improcedencia invocada, deba desecharse la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos ordinales 1°, fracción I, y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, así como con el 103, fracción I, Constitucional, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Guillermo Eugenio Rivera Millán, Francisco Javier Jiménez de la Peña, Fernando Bárcenas de Robles, Zaira Mitzel Valdez Martínez, Angelberto Cota Ramos, Juan René Álvarez Sobrino, María Isabel Félix Ramírez, Beatriz Alicia Siono Verduzco, Ruth Liliana Arredondo Corrales, Kevin Isaac Campos Vásquez, toda vez que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a María Fernanda Rizo Villarreal, Alejandra González Hernández, Georgina Garza Gutiérrez y Marilyn Cecilia Aparicio Contreras, por no constar con tal registro. Con relación a la autorización para la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto y la práctica de sus notificaciones por dicha vía; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona al Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia y al Actuario adscrito para que practique las notificaciones, incluso las de carácter personal, en la citada vía, dado que la parte quejosa lo solicitó expresamente En relación a la solicitud del uso de medios electrónicos y digitales en el presente asunto, dígasele que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el juicio de amparo se impongan del contenido de los acuerdos dictados en el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, dejando constancia en autos de la reproducción realizada. Dígasele al promovente que el uso que den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Téngasele señalando el correo electrónico juridico.dlpra@gmail.com, para comunicaciones no procesales y entablar contacto de manera expedita con las personas justiciables, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se exhorta al resto de las partes, para que si les es posible, actúen de manera electrónica, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir que procuren actuar en la presente contienda, utilizando de los medios electrónicos proporcionados por el portal citado, igualmente como método eficaz para evitar la propagación del virus que asola a la nación. Luego, como lo prevé el "Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes", se les invita a las partes a que a continuar con la tramitación de esta contienda mediante el esquema denominado "juicio en línea", y para tal efecto, es necesario utilizar los medios electrónicos disponibles del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; esto es que realicen las gestiones necesarias para que soliciten la consulta del expediente electrónico, así como notificaciones por esa misma vía. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Finalmente dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones, así como la sentencia que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que, de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se emitan se publicarán sin supresión de datos.
- Principal
Visto el oficio signado por la Coordinador de Procesos Legislativos y de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, en representación de dicho órgano de gobierno, mediante el cual manifiesta que no tener acto alguno encaminado al cumplimiento del fallo protector, por los motivos que refiere; en ese sentido, téngase a la autoridad oficiante informando lo anterior para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se tiene por recibido el comunicado que remite el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional de dicha Entidad, por el que informa que se requirió a la Secretario de la Hacienda Pública de este Estado, para acatar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y remite constancia que acredita su dicho; en tales condiciones, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de ello para los efectos legales conducentes y se deja insubsistente el apercibimiento decretado en auto de ocho de diciembre de dos mil veinte.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,099 expedientes
- Daniel Ramos Hernández2852/2018
- Daniel Ramos Ramirez2621/2022
- Daniel Ramos Ramirez1092/2022
- Daniel Ricardo Martinez Meza972/2021
- Daniel Ricardo Martínez Meza1460/2023
- Daniel Ricardo Martinez Meza2191/2022
- Daniel Romero Renteria1541/2020
- Daniel Romero Renteria135/2023
- Daniel Ruvalcaba Calderón1319/2019
- Daniel Segura Luna712/2017
- Daniel Serrano Solis1596/2019
- Daniel Teran Mares684/2022