Daniel Rodríguez Padilla
Expediente 415/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Daniel Rodríguez Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa el término de tres días otorgados a efecto de que desahogara la vista ordenada en proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve (foja 106), con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubiera hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil diecinueve, Daniel Rodríguez Padilla, por propio derecho, solicitó el amparo y protección federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en autos del juicio laboral ********************. II. Luego, el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo (fojas 78 a 86), la cual otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, por lo que la autoridad responsable estaba obligada a realizar lo siguiente: "Exhiba las constancias de las que se advierta que se desahogaron las pruebas confesional e inspección ofrecidas por la parte actora. Remita constancias para acreditar que se proveyó lo necesario para el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y documentoscopía ofrecida por la demandada." (foja 85 vuelta). III. Por auto de quince de julio de dos mil diecinueve (fojas 91 a 94), causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. IV. A fin de cumplir con lo anterior, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizó lo siguiente: Mediante oficio 5743/2019 remitió copia certificada del auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por el cual tuvo desahogas las pruebas confesional e inspección judicial ofrecidas por la parte actora, en el juicio laboral ********************; asimismo, ordenó girar oficio al Titular de la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a efecto de que la perito designada para llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y documentoscopía acuda a aceptar y protestar el cargo conferido (fojas 97 a 99). Por oficio 5752/2019, remitió copia certificada del auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, por el cual señaló las once horas del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo el desahogo de prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopia, dentro del juicio laboral ********************. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma. V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Ello porque en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica; y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; personalmente a las partes.
- Principal
Visto el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada del auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, por el cual informa que señaló las once horas del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo el desahogo de prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopia, dentro del juicio laboral 947/2013; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copias del oficio y anexo de cuenta, así como las constancias remitidas en proveído de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa con copias del oficio y anexo de cuenta, así como las constancias remitidas en proveído de ocho de agosto de dos mil diecinueve.
- Principal
Visto el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada del auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por el cual tuvo por desahogas las pruebas confesional e inspección judicial ofrecidas por la parte actora, en el juicio laboral 947/2013; asimismo, ordenó girar oficio al Titular de la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a efecto de que la perito designada para llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y documentoscopía acuda a aceptar y protestar el cargo conferido. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de CINCO HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: Remita constancias para acreditar que se proveyó lo necesario para el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y documentoscopía ofrecida por la demandada. (foja 85 vuelta). Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración los efectos de la ejecutoria que se provee que la obliga a realizar diversos trámites referentes al desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y documentoscopía en el juicio de origen; por lo que se amplía el plazo de tres días y se fija el estrictamente determinado con antelación. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (fojas 78 a 86); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de DIEZ HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: Exhiba las constancias de las que se advierta que se desahogaron las pruebas confesional e inspección ofrecidas por la parte actora. Remita constancias para acreditar que se proveyó lo necesario para el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y documentoscopía ofrecida por la demandada. (foja 85 vuelta). Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración los efectos de la ejecutoria que se provee que la obliga a realizar diversos trámites referentes al desahogo de pruebas en el juicio de origen; por lo que se amplía el plazo de tres días y se fija el estrictamente determinado con antelación. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.
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