Daniel Rodríguez Domínguez

Expediente 864/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
864/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Daniel Rodríguez Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta. La Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado en proveído de cuatro de octubre pasado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por **********. Tómese conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese este expediente como asunto concluido... Notifíquese...".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Daniel Rodríguez Domínguez, contra actos de la 1. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades. Regístrese con el número 864/2022-IV que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -INCOMPETENCIA- El artículo 37 de la Ley de Amparo, revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función del lugar de ejecución del acto reclamado. En cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, como enseguida se verá. De la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa, señala como acto reclamado: "La violación a mis garantías y derechos humanos, contemplados en el artículo 14 y 16 de nuestra Carta Magna, violaciones que son originadas por las constantes detenciones arbitraria por parte de las autoridades señaladas anteriormente como ejecutoras, pues debido (sic) que soy propietario de un vehículo automotor, marca Navistar Internacional, modelo 1987, tipo camión volteo, con número de serie 2HTTJGT8HCO01657, Motor 11599845, placa 3XDC05A, Chasis HC001657, color blanco, el cual lo utilizo como mi fuente de ingreso, es el motivo que me tengo que transportar por mi trabajo en lo que corresponde a la circunscripción territorial de la cabecera distrital de Acayucan, Veracruz, y los municipio aledaños, y dichas autoridades me han detenido constantemente mi unidad, manifestando que mi vehículo se encuentra irregular y que no concuerda las características descritas en la tarjeta de circulación, ni las contenidas en el chasis de este y menos con la información que arroja el REPUVE, pues me comentan que son números de series totalmente diferentes, por ese motivo y a pesar de las explicaciones que les he hecho, me han detenido en múltiples (sic) la unidad descrita, sin antes corroborar los datos que les aporto, ocasionándome actos de molestias tanto en mi patrimonio como en mi economía, pues he tenido que realizar pagos para que me entreguen mi automóvil, sin que sea responsabilidad del suscrito, pues he acudido en muchas ocasiones a las oficinas de Transporte del Estado para poder realizar las aclaraciones pertinentes y así mismo a las oficinas de Hacienda, pero estas no me han sabido dar razón de mi problema." De sus antecedentes, refiere: 1. A mediados del 2015, realizó la compraventa de un vehículo automotor, marca Navistar Internacional, modelo 1987, tipo: camión volteo, con número de serie 2HTTJGT8HCO01657, motor 11599845, placa 3XDC05A, chasis HC001657, color blanco, a José Antonio Santos Sorroza. Entregándole la factura original. Además, como la unidad era de procedencia extranjera, también le entregó el acuerdo de veinte de agosto de dos mil cuatro, la constancia de regularización B00662 y recibo oficial G-5515351 de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y uno, donde se acreditaba la procedencia y verificación física y documental del vehículo y su regularización en el país. 2. Dicha unidad la destinó para uso laboral. Para no tener problemas con Tránsito del Estado y Hacienda, acudió a las instalaciones de dichas dependencias a realizar el cambio de propietario y demás trámites administrativos, así como el pago de impuesto. Pero al momento de darla de alta, refiere que por error de la dependencia correspondiente, registraron su automóvil con el año de modelo diferente al que venía en los documentos. Así como número de serie distinto. Manifestó que por el paso del tiempo la unidad fue reestructurada, debido a la corrosión de la cabina, la cual fue cambiada y el motor reemplazado ya que se desvieló. Refiere dichas piezas cuentan con sus facturas correspondientes que amparan su procedencia. Por tal motivo es que las autoridades antes mencionadas al momento de revisar su unidad se encuentran con el número de serie contenido en la tarjeta de circulación y la que aparece en el REPUVE, los cuales no coinciden con el grabado en el chasis del vehículo. Refiere que cuando acude a las oficinas de las autoridades antes indicadas, no le han podido corregir los datos. Lo cual ocasiona molestia a su economía y patrimonio. Posteriormente, cuando realizó el pago de impuestos correspondientes se percató que su unidad estaba dada de alta como Servicio Público Transporte de Carga Escolar Exc. de Turismo y Trans P Regularización. Aduce que lo anterior -el alta- fue realizado con dolo porque la unidad es modelo 87, y en ese año ya no podía realizarse con esa categoría y, según refiere las dependencias respectivas la realizaron con otro año de modelo. 3. Refiere por ese motivo, cada vez que lo ven circular, ya sea en carretera federal o estatal, lo detienen y le solicitan sus documentos. Los cuales en ningún momento se ha negado a mostrarlos, haciendo la aclaración respectiva, del por qué las series no coinciden así como el número de motor. Pero hacen caso omiso y proceden a detener la unidad. Ocasionándole molestias en su patrimonio y economía. Razón, por la que si dichas autoridades continúan deteniendo la unidad perderá los pocos recursos que tiene para sobrevivir. Señala como conceptos de violación (o agravio) lo siguiente: -Debido a lo anterior se encuentra en la zozobra de que en cualquier momento le detengan nuevamente la unidad, y le ocasione un nuevo gasto para que le sea devuelto su vehículo automotor. Indica que el actuar de las autoridades es excesivo. Con base en lo anterior, se aprecia que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa. Como puede apreciarse la afectación, en su caso, será materializada en Acayucan, Veracruz, o municipios aledaños. Así lo refirió en el capítulo correspondiente al acto reclamado, que en lo conducente señaló: ".es el motivo que me tengo que transportar por mi trabajo en lo que corresponde a la circunscripción territorial de la cabecera distrital de Acayucan, Veracruz, y los municipio aledaños, y dichas autoridades me han detenido constantemente mi unidad." De la narrativa de su ocurso se advierte trata de actos que tuvieron o pudieran tener ejecución material dentro de la circunscripción territorial de Coatzacoalcos, Veracruz. Asimismo, no se evidencian hechos que sucedan dentro de distinto distrito judicial. Sin soslayar señale como autoridades responsables a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y Guardia Nacional Coordinación Estatal Veracruz, ambas con sede en Xalapa, Veracruz, respecto de las cuales tampoco se ejerce jurisdicción. Pero además a ellas se atribuye la orden y no están relacionadas con la ejecución del acto combatido. Por ende, se estima debe conocer del presente asunto el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Coatzacoalcos. Máxime que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes porque éstas decidan presentar su demanda en cualquier sitio, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 38, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 44, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Primera Sección - Competencia para conocer del juicio de amparo, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, registro 1002104, de rubro y texto: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia 92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 110, del Tomo VII. Conflictos Competenciales Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Común, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, Novena Época, registro 1011077, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas." Consecuentemente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto. Y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; así como el numeral Cuarto, fracción VII, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, quien desde luego se encuentra en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia. Asimismo, con copia del escrito de demanda relativo y anexos, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como lugar para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda. AUTORIZADOS. Se tiene con tal carácter, con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley reglamentaria, a Héctor Cobix Moreno, al no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

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