Daniel Rodríguez Cornejo

Expediente 1305/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1305/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2016

Partes del expediente

  • Daniel Rodríguez Cornejo
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente del amparo Daniel Rodríguez Cornejo, hubiese recurrido el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo (foja 24); en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, el presente expediente archívese al no existir más por cumplimentar. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) En términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Finalmente, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones pertinentes, así como en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 379/2016, promovido por Raúl Ramírez Hernández, por propio derecho y en representación del menor R.R.C., contra actos del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, y RESULTANDO: I. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta Ciudad, y turnado el dieciocho siguiente a este Juzgado de Distrito, Raúl Ramírez Hernández, por propio derecho y en representación del menor R.R.C., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: [.] AUTORIDADES RESPONSABLES AUTORIDAD ORDENADORA C. JUEZ NOVENO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. AUTORIDAD EJECUTORA C. JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE TOLUCA CON SEDE EN SAN LORENZO TEPALTITLÁN. C. RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE DE CONVIVENCIA 187/2015, DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE TOLUCA CON SEDE EN SAN LORENZO TEPALTITLÁN. [.] ACTOS RECLAMADOS EL ACUERDO DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CONSITEBTES EN: A) Violación procesal derivada de la inobservancia al principio de incongruencia. B) Violación procesal derivada de la indebida fundamentación y motivación. C) El dictado de un auto en el que se acordó de manera parcial lo solicitado por el suscrito mediante escrito presentado el veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis. D) Violaciones al interés superior del menor RAÚL RAMÍREZ CANO. E) La violación al derecho a la salud mental del menor RAÚL RAMÍREZ CANO, ante la negativa de decretar las medidas que sean conducentes a salvaguardar su integridad psicoemocional. F) El consentimiento y generación de actos que afectan el estado psicológico y emocional del menor RAÚL RAMÍREZ CANO. [.] II. El impetrante de garantías señaló como derechos fundamentales violados los contenidos, entre otros, en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El veintiocho de marzo del año en curso, este Juzgado de Distrito previno al quejoso de que se trata y solicitó al Delegado Regional del Instituto Federal de la Defensoría Pública, un asesor jurídico para que represente los intereses del menor de que se trata. IV. Una vez realizado lo anterior, el seis de abril de dos mil dieciséis, se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata, por su manifiesta e indudable improcedencia; inconforme con tal determinación el aquí quejoso interpuso el recurso de queja 67/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Segundo Circuito, motivo por el cual el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dicho Órgano Jurisdiccional determinó lo siguiente: [.] PRIMERO. Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido. TERCERO. Se devuelven los autos al juez de Distrito para que provea sobre la admisión de la demanda de amparo. Notifíquese. [.] V. En cumplimiento a lo anterior, el tres de junio de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el ocurso constitucional, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se requirió informe justificado a la autoridad responsable, se reconoció el carácter de tercero interesada a María Teresita de Jesús Cano Zanabria y se ordenó su emplazamiento. VI. Previo diferimientos de la audiencia constitucional, el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la misma la cual inició al tenor del acta precedente y culmina con el dictado de la presente determinación. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un auto que emitió una autoridad que tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a tomar en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, de la lectura integra de la demanda de amparo se obtiene que el aquí quejoso, reclama de la responsable: - El auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 1279/2014, relativo al juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar guardia y custodia, perdida de la patria potestad y demás prestaciones, promovido por el aquí quejoso contra la tercero interesada; proveído a través del cual la Juez de origen determinó lo siguiente: [.] TOLUCA, MÉXICO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Con el escrito de cuenta se tiene por presentado a RAÚL RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Visto su contenido, con fundamento en los artículos 1.134, 1.135, 1.138 y 5.6 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los preceptos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo al interés superior de los menores, que implica entre otras cosas tomar en cuenta los aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, cuestiones que están por encima de los intereses particulares, respecto a las manifestaciones que vierte el promovente no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado atendiendo en primer término que se ha desahogado la prueba pericial en materia de Psicología la forma y términos ordenados en el presente juicio tal y como consta en el presente sumario, sin que haya lugar a que la perito designada por este Tribunal tome en consideración el informe que exhibe atendiendo que dicha prueba fue ordenada en forma oficiosa por esta autoridad en tales condiciones deber estarse a lo ordenado en la audiencia correspondiente, en cuanto a las manifestaciones que refiere del Centro de convivencia, no ha lugar proveer de conformidad lo solicitado atendiendo que dicho Centro de Convivencia fue creado para facilitar la convivencia de los menores involucrados en los juicios como el presente caso, sin embargo, es a los progenitores a quienes les compete y tiene la obligación de fomentar la convivencia sana entre el menor hijo de las partes y ambos contendientes sin importar las circunstancias que existan entre las mismas; Aunado a que dicho Centro solo acata las determinaciones de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. [.] Al caso se cita, la jurisprudencia publicada con el número 19, en la página 17 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Asimismo, tiene sustento en la tesis aislada visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se cita en lo conducente, la jurisprudencia 10, visible en la página 68 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1994, Tomo 76, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. A). Actos inexistentes. La Jefa de Departamento encargada del Centro de Convivencia Familiar de Toluca, con sede en San Lorenzo, del Poder Judicial del Estado de México y la encargada de la convivencia de que se trata, al rendir su informe justificado señalaron que no es cierto el acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 1279/2014, relativo al juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar guardia y custodia, perdida de la patria potestad y demás prestaciones, promovido por el aquí quejoso contra la tercero interesada. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar su dicho, no obstante de que la carga de la misma le correspondía; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto de al citado acto reclamado. Apoya las anteriores consideraciones de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Octava Época, con registro 227634 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, materia Común, página 627, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. B). Actos existentes. El Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la emisión del acto reclamado; por ende, se tiene por acreditada su existencia. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 1279/2014, en tres tomos y siete DVD certificados, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Sirve de apoyo a lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Octava Época, con registro 215782 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 67, Julio de 1993, materia civil, página 68, cuyo rubro y texto son: ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR DE LAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). Teniendo las actuaciones judiciales el carácter de prueba plena acorde lo determinado por el artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y dada la fe Pública de que están investidos los actuarios como funcionarios judiciales al actuar en ejercicio de su encargo, corresponde a quien pretende restar valor probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, con medios de convicción igualmente valederos o idóneos, que son ciertas las anormalidades o vicios de forma o materiales que se imputan a esas actuaciones. CUARTO. Ahora, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo o en caso de que las partes invoque alguna de las establecidas en el numeral 61 de la ley de la materia; en el caso la tercera interesada hace valer la causal de improcedencia relativa a que se debió haber hecho valer el recurso de revocación; sin embargo, no le asiste la razón toda vez que dicho recurso no contempla la posibilidad de suspender el acto, por lo que al existir la posibilidad de afectar los intereses de un menor, no milita la obligación de interponer dicho recurso y por ello puede acudirse directamente a solicitar la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2004677 del Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, materias Constitucional y Común, página 990, cuyo rubro y texto son: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. En esa tesitura, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que esta autoridad constitucional tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé el precepto 61 de la Ley Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Octava Época, que expresa: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. QUINTO. Se estima que es innecesario transcribir tanto el acto reclamado, como los conceptos de violación, por ser bastante únicamente proceder a su estudio, pues tal requisito no se exige en la Ley de Amparo; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al inconforme, ni viola los principios de congruencia y exhaustividad que rigen la sentencia de amparo, ya que éstos se colman cuando se precisan los puntos sujetos a debate, y se resuelve la controversia estrictamente con base en los planteamientos de legalidad o constitucionalidad planteados. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales" del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucional que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Marco referencial. En el presente considerando se relatan los antecedentes más relevantes de la resolución reclamada, que se desprenden de las actuaciones aportadas por la autoridad responsable, como ya se indicó merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, de donde destaca lo siguiente: 1. El uno de marzo de dos mil tres, el quejoso celebró matrimonio con María Teresita de Jesús Cano Zanabria. 2. El dieciséis de abril de dos mil ocho, nació su hijo de nombre R.R.C. 3. Por sentencia dictada el veinticuatro de octubre de dos mil once, se disolvió el vínculo matrimonial que unía a las partes y se aprobó el convenio propuesto por los divorciantes en el que, entre otras cuestiones, se convino que la guarda y custodia del menor sería compartida, de tal suerte que Raúl Ramírez Hernández pasaría cada dos semanas por su hijo a su escuela los días miércoles por la tarde y lo devolvería al siguiente miércoles por la mañana a la misma escuela. 4. El quejoso relató que su hijo R.R.C., le manifestó el veintiséis de octubre de dos mil catorce que mientras vivía con su madre esta lo dejaba solo por largos periodos de tiempo, lo maltrataba, no le daba de comer, por las noches su madre se salía del domicilio que habitaban y no llegaba sino hasta el otro día, que "Ángel" le hacía cosas que no le gustaban ya que su madre regresaba muy tarde de trabajar y lo dejaba con Ángel, quien lo tiraba a la cama boca abajo, le bajaba la pijama o su pantalón, su ropa interior, se le subía encima y empezaba a hacer movimientos de adelante hacia atrás, que sentía su pene, que Ángel le enseñaba su pene y que esa situación la hizo del conocimiento de su madre quien no le creyó y no hizo nada por hacer cesar esos actos y defenderlo. 5. Con motivo de las manifestaciones de su hijo y ante la omisión de su madre de denunciar el delito cometido en su agravio y rescatarlo de los abusos sexuales que se generaban constantemente en su contra, el quejoso denunció el delito de abuso sexual, el cual a duce fue debidamente acreditado como consta de las copias certificadas que obran en el seguro del juzgado y que fueron remitidas mediante oficio número 21320001-3191-2015 por la Agencia del Ministerio Público adscrito al primer turno de la Agencia Especializada en Adolescentes, como también demandó en contra de Teresita de Jesús Cano Zanabria, las siguientes prestaciones: la guarda y custodia provisional y definitiva del menor R.R.C., la pérdida de la patria potestad que sobre su hijo ejerce esta, la cancelación de la pensión alimenticia que él venía proporcionando a su hijo y la pérdida del régimen de convivencias con su madre, controversia que fue radicada ante el Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, bajo el expediente judicial 1279/2014. 6. Consta en actuaciones que se decretó un régimen de visitas y convivencias de su menor hijo, con su progenitora de manera supervisada a partir del dieciocho de octubre de dos mil quince. 7. Agrega el quejoso que su menor hijo R.R.C., ha sido sometido a la práctica de diversas evaluaciones psicológicas, por la licenciada Viridiana Meza Grajeda, licenciada Reina Fabiola Orozco Rodríguez, así como por aquel que le fue practicado en la Averiguación Previa relacionada con el delito de abuso sexual, aunado a que actualmente se encuentra asistiendo a terapia con la licenciada en psicología María Luisa Alicia Urbina Gil; documentos de los que se advierte que el menor fue víctima de abuso sexual, que su mamá lo ha afectado psicológicamente, que el menor se encuentra distante respecto de la figura materna por el descuido de ésta, la falta de atención y procuración de cuidados por su parte, entre otros, según adujo. 8. Asimismo, adujó el quejoso que a partir de la convivencia supervisada con la mamá, el menor se encuentra desestabilizado emocionalmente como consecuencia de los malos comentarios que ella le refiere en contra de su padre, del temor sembrado en él por comentarios de su progenitora, por el exceso en las funciones del personal del Centro de Convivencias Familiar Supervisada, quien lo somete a grados máximos de estrés, llanto, interrogatorios prolongados, ventilación de la conflictiva familiar en su presencia, enfrentamiento a sus padres, entre otros, sin tener el mínimo conocimiento de las constancias que obran en actuaciones, de la problemática de origen y de las circunstancias particulares del caso. 9. Que por ello, agregó el quejoso que por escrito de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, refirió y solicitó a la jueza lo siguiente: a). Hizo del conocimiento el resultado de la valoración psicológica practicada a su hijo por la licenciada en psicología María Luis Alicia Urbina Gil. b). Solicitó que previo a la práctica de la valoración ordenada en audiencia de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se impusiera del contenido del resultado de la valoración practicada por la licenciada en psicología María Luisa Alicia Urbina Gil, para el efecto de que tomara todas y cada una de las medidas que fueran conducentes a efecto de evitar la revictimización del menor. c). Solicitó que previo a la práctica de la valoración ordenada en audiencia de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se impusiera del contenido del resultado de la valoración psicológica practicada por la licenciada en psicología María Luisa Alicia Urbina Gil, para el efecto de que tomara todas y cada una de las medidas que fueran conducentes a salvaguardar la integridad psicoemocional en beneficio del interés superior de su hijo. d). La importancia de que la licenciada en psicología Reyna Fabiola Orozco Rodríguez se impusiera del contenido del resultado de la valoración psicológica antes referida y de acuerdo a su pericia y experiencia lo considerara para rendir el dictamen que le fue encomendado. e). Ordenar al Centro de Convivencia Familiar de Toluca con sede en San Lorenzo Tepaltitlán, la cesación de los actos que afecten el estado psicológico emocional del menor. f) Ordenar al Centro de Convivencia citado que limitara su actuación dentro de las funciones que específicamente le han sido encomendadas. g) Que tomara todos y cada uno de los mecanismos que garantizaran la no afectación emocional y psicológica del infante durante la convivencia con su madre. h). Que se propiciara o beneficiara la conservación de su integridad personal y salud física y mental. i). Otorgar las condiciones adecuadas para el bienestar presente y futuro del niño, libre de secuelas y reminiscencias. j). Ordenar al personal del Centro de Convivencias se abstuvieran de generar actos que vulneren el estado emocional y psicológico del menor y que se limitara a actuar dentro de las facultades específicamente encomendadas. 10. A la mencionada petición recayó el auto de veinticuatro de febrero siguiente, que constituye el acto reclamado, el cual se transcribe por su importancia: "Con el escrito de cuenta se tiene por presentado a RAÚL RAMÍREZ HERNÁNDEZ, visto su contenido. atendiendo al interés superior de los menores, que implica entre otras cosas tomar en cuenta los aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, cuestiones que están por encima de los intereses particulares, respecto a las manifestaciones que vierte el promovente no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado atendiendo en primer término que se ha desahogado la prueba pericial en materia de psicología la forma y términos ordenados en el presente juicio tal y como consta en el presente sumario, sin que haya lugar a que la perito designada por este Tribunal tome en consideración el informe que exhibe atendiendo que dicha prueba fue ordenada en forma oficiosa por esta autoridad en tales condiciones debe estarse a lo ordenado en la audiencia correspondiente, en cuanto a las manifestaciones que refiere del Centro de Convivencia, no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado atendiendo que dicho Centro de Convivencia fue creado para facilitar la convivencia de los menores involucrados en los juicios como el presente caso, sin embargo es a los progenitores a quien les compete y tienen la obligación de fomentar la convivencia sana entre el menor hijo de las partes y ambos contendientes sin importar las circunstancias que existan entre los mismos. Aunado a que dicho Centro solo acata las determinaciones de este órgano jurisdiccional." 11. Posteriormente, el cinco de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la continuación de la audiencia principal, en la cual la perito en psicología Reyna Fabiola Orozco Rodríguez, exhibió y rindió el dictamen en la materia y las partes realizaron los cuestionamientos que consideraron, por lo que la Juez de origen turnó el asunto para sentencia. 12. Debido a los señalamientos hechos por una de las partes respecto al citado dictamen en materia de psicología, así como al interés superior del menor, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la Juez de origen ordenó la práctica de un nuevo dictamen en la materia; por lo que se designó a la maestra en psicología Nora Luisa Trigo Pérez, misma que aceptó y protestó el cargo conferido. 13. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil dieciséis, el aquí quejoso presentó un dictamen general expedido por la psicóloga María Luisa Alicia Urbina Gil a cargo del menor de que se trata y solicitó que el mismo se pusiera a la vista de la perito oficial para el momento de emitir su dictamen; motivo por el cual el dos siguiente, la Juez de origen acordó lo siguiente: [.] se tiene por exhibido el informe y mismo que deberá glosarse al presente sumario dejándose a la vista de la parte contraria así como de la perito para el efecto de que en el estudio del presente expediente si así lo considera lo tome en consideración junto con las actuaciones totales al emitir la prueba pericial ordenada. Notifíquese. [.] 14. En la citada fecha dos de junio de dos mil dieciséis, compareció la perito oficial Nora Luisa Trigo Pérez, ante el Juez de la causa a imponerse del sumario, por lo que se le pusieron a la vista los documentos exhibidos en autos incluyendo los DVDS y se le expidieron copia de los documentos de que se trata. 15. Finalmente, el diez de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de exposición de dictamen, en la cual la perito oficial Nora Luisa Trigo Pérez, exhibió y rindió el dictamen en materia psicología y las partes realizaron los cuestionamientos que consideraron. SÉPTIMO. Previo al estudio de los conceptos de violación señalados por el quejoso en su demanda de amparo, cabe destacar que el presente juicio de amparo deriva de una controversia en la que el quejoso representa a su hijo menor; por lo que de conformidad al principio de interés superior del niño, sustentado en los artículos 4 y 133 de la Constitución General de la República, 3, 9, 12, 19 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger el interés superior del menor. Así pues, debe decirse que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, resultan infundados algunos de los conceptos de violación expresados por el quejoso y otros inoperantes, sin que este Juzgado de Distrito advierta deficiencia de la queja que debiera ser suplida, por las razones que a continuación se expresan. El quejoso en sus conceptos de violación sostiene que el auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, es incongruente al no haberse dado contestación a todos los puntos expuestos en su escrito presentado el veintitrés de ese mes y año, dejando al menor en total estado de indefensión al haber inobservado la opinión de la psicóloga María Luisa Alicia Urbina Gil, respecto al daño que le ocasiona tanto la progenitora como el personal del Centro de Convivencia Familiar; y por consecuencia la abstención, por parte de la autoridad responsable, de decretar las medidas tendentes a proteger la salud mental y la estabilidad emocional del menor a fin de que no sea revictimizado; careciendo dicho auto de falta de fundamentación y motivación. En principio debe indicarse que resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes; es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas; una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima; una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado; en tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven; en esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares; habida cuenta que dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado; de ahí que son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) Se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el Juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4 Constitucional. Así, contrario a lo que sostiene la parte quejosa la autoridad responsable ha respetado el interés superior del menor y en ese tenor se considera que dio contestación correctamente al escrito presentado el veintitrés de febrero del año en curso, en atención a las siguientes consideraciones. En términos de los artículos 4, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". El derecho de convivencia es una institución fundamental del derecho familiar en México que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar, fundamentalmente respecto de menores cuando sus padres se separan; de ahí pues que el Estado, para la guarda absoluta en la protección de la familia, cuenta con los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, los que de conformidad con los artículos 1, 5, 6 y 13 de su reglamento son las unidades administrativas que dependen del Consejo de la Judicatura del Estado con facultades para recibir y dar trámite a las determinaciones que remitan los Jueces del Poder Judicial del Estado de México donde se ordene la convivencia supervisada o de tránsito; por ende, a dichas instituciones les corresponde informar, periódicamente, sobre el desarrollo y cumplimiento de la convivencia, dar noticia de cualquier acontecimiento que ponga en peligro el desarrollo e integridad de los menores, comunicar al juzgador sobre la conveniencia de llevar a cabo una convivencia no supervisada fuera de las instalaciones del centro, registrar y supervisar la entrega de un menor por parte del padre, tutor o persona que ejerza la guarda y custodia a quien no la ejerce y que tiene derecho a la convivencia y viceversa. La convivencia en un centro de esa naturaleza no constituye una regla general sino excepcional, pues evidentemente deriva de una regulación del propio Estado para que se verifiquen las relaciones paterno-filiales y opera en función del interés superior del infante porque se requiere de la vigilancia del Estado en el desarrollo de esos lazos, lo que limita la interacción familiar, y sólo se justifica en casos de verdadero riesgo para el infante. Así, el derecho de convivencia con los progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor; por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. De ahí que la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. Resultan infundados los argumentos del quejoso porque como ya se dijo el derecho de convivencia con los progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior. Además, debe indicarse que contrario a lo que sostiene el quejoso el Centro de Convivencia Familiar en el que se llevan a cabo la convivencia del menor con la progenitora, intervine como auxiliar en la interacción de la convivencia familiar debido a los problemas que éstas enfrentan durante un proceso, protegiendo así el interés superior del menor; cierto, los numerales 7, 8, 9 y 10 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, establecen: Artículo 7. Los titulares de los Centros tendrán las siguientes facultades y obligaciones: I. Recibir, dar trámite y seguimiento a las determinaciones que remitan los jueces del Poder Judicial del Estado, donde se ordene la convivencia familiar supervisada o de tránsito que corresponda. II. Llevar un libro de registro de convivencias familiares. III. Vigilar que las áreas donde se practiquen las convivencias familiares se mantengan limpias y ordenadas. IV. Supervisar que las convivencias familiares se desarrollen sin alteraciones. V. Vigilar que las convivencias familiares se lleven a cabo con la supervisión del personal adscrito al Centro. VI. Informar cada mes a los jueces que hayan ordenado la convivencia familiar, o a petición de éstos, sobre el desarrollo, cumplimiento, avances y de cualquier acontecimiento extraordinario que se suscite en la misma. VII. Comunicar al juez, durante el proceso, y a los interesados sobre la conveniencia de una modificación de la convivencia provisional que ha sido ordenada de manera supervisada entre los menores de edad y sus ascendientes no custodios, a fin de que se lleve sin necesidad de supervisión (de tránsito), la cual, en su caso, deberá realizarse o autorizarse por el juez. VIII. Comunicar a los órganos jurisdiccionales de su adscripción, cuando el caso lo requiera, sobre la disponibilidad de espacios, recursos y horarios, con la finalidad de no rebasar la capacidad de la prestación del servicio, para que de manera programada se puedan desarrollar las convivencias familiares respectivas. IX. Comunicar al Juez para su aprobación, los acuerdos de las partes para modificar la modalidad de la convivencia familiar, el horario o los días de su desarrollo. X. Rendir informe estadístico mensual al Consejo, respecto de las actividades del Centro. XI. Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para salvaguardar el orden en el Centro. XII. Adoptar las medidas pertinentes para el correcto funcionamiento del Centro y salvaguardar la integridad e interés superior de los menores. XIII. Informar al Juez cuando deje de asistir alguno de los interesados a la convivencia familiar ordenada por tres ocasiones o más de manera consecutiva. XIV. La organización, control, coordinación y supervisión del personal adscrito al Centro. XV. Ante el conocimiento de posibles hechos delictuosos en agravio de los menores, poner en conocimiento del ministerio público investigador, así como del juez que haya ordenado la convivencia familiar. XVI. Hacer del conocimiento del Titular de la Comisión, las eventualidades que se susciten dentro del Centro. XVII. Las demás que determine el Consejo. Artículo 8. Los psicólogos y trabajadores sociales son los responsables de vigilar directamente las convivencias familiares supervisadas y darles seguimiento y, en su caso, comunicar al titular del Centro que existen las condiciones necesarias para que las convivencias, se modifiquen a la modalidad de tránsito. Artículo 9. Son atribuciones y obligaciones de los psicólogos y trabajadores sociales, las siguientes: I. Recibir y entregar al menor de edad exclusivamente a la persona autorizada por el juez. II. Supervisar y auxiliar, en caso de ser necesario, a los intervinientes durante las convivencias familiares. III. Hacer del conocimiento del titular del Centro las eventualidades que se susciten durante las convivencias familiares, así como los avances en las mismas. IV. Apoyar al titular del Centro en la elaboración de los informes y comunicados que éste rinda a la autoridad judicial. V. Cumplir y desempeñar las tareas que les ordene el titular del Centro, relacionadas con ese Centro. VI. Las demás que señale el Consejo. Artículo 10. Los demás servidores públicos del Centro, tendrán las obligaciones que les asigne el titular respectivo, además de atender a los usuarios que acudan al Centro. De los anteriores preceptos se advierten las facultades que tienen los Centro de Convivencia Familiar, para llevar a cabo su propósito respecto la convivencia familiar en aquellas familias en las que existen problemas dentro de sus integrantes, y de tales facultades se destaca la supervisión y auxilio de psicólogos y trabajadores sociales, que en caso de ser necesario, apoyan a los intervinientes durante la convivencia familiar; de ahí lo infundado de los conceptos del quejoso. Luego, el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; en ese sentido una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los preceptos invocados deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia; además, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra (psicólogo o trabajador social), así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor. Además, la eficacia del derecho de convivencia tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores; es por eso que la autoridad responsable se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional del menor de que se trata, en aras de tutelar el interés preponderante de éste, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de convivencia, que exista peligro para el menor; es cierto que de la opinión de la psicóloga María Luisa Alicia Urbina Gil, se podrían advertir algunos indicios de molestia para el menor, empero también lo es que de los reportes del Centro de Convivencia Familiar de Toluca, no se advierte un peligro o riesgo para el menor la convivencia que llevaba con su progenitora, habida cuenta que dicho centro cuanta con psicólogos y trabajadores sociales que pueden intervenir, de ser el caso, en las convivencias familiares que así lo requieran, para efecto de proteger el interés superior del menor. Al contrario de los informes de la convivencia supervisada, se advierte que conforme se van dando éstas entre el menor y su progenitora, van teniendo mejor trato, pues, se afirma que el menor ha disfrutado de la compañía de su mamá, lográndose una adecuada integración entre ellos; de suerte que es objetivamente correcto que la Jueza haya omitido atender a lo pedido por el ahora quejoso en cuanto a girar a oficio al Centro de Convivencia Familiar de Toluca, con sede en San Lorenzo Tepaltitlán, con el fin de que responda a los cuestionamientos del quejoso en relación a las facultades o conocimientos que tienen los encargados respecto al trato y forma en la que se deben de llevar las convivencias sujetas a su supervisión respecto del caso de que se trata; pues, los señalamientos del quejoso ante tales informes carecen de respaldo objetivo. De ahí que la opinión de la psicóloga de que se trata, será materia de la resolución que dirima el conflicto familiar respecto al cuál de los progenitores resulta ser el más apto para tener la custodia del menor. Finalmente, resultan inoperantes por inatendibles los conceptos de violación del quejoso que van encaminados a establecer que la Jueza de origen no puso a la vista de la perito oficial el reporte de la psicóloga María Luisa Alicia Urbina Gil, para efecto de ser considerado al momento de emitir el dictamen en materia de psicología; esto es así, porque de los autos del expediente original se destaca que el dos de junio de dos mil dieciséis, la responsable indicó a la perito oficial que estaba a su disposición tal opinión para que sí así lo considera la tomará en consideración para emitir la prueba pericial ordenada; al respecto no debe perderse de vista que cada perito debe dictaminar sobre su objeto de estudio y no sobre un diverso dictamen; por tanto, se considera correcto que la Jueza responsable solo haya dejado a la vista de la perito oficial la opinión de la nombrada Alicia Urbina Gil, para en caso de considerarla emitiera su dictamen pericial, sin constreñirla ineludiblemente a dicha opinión psicológica. Por lo demás, las tesis que cita el quejoso en su demanda de amparo debe decir que las mismas resultan aplicables al caso en atención a que en todo momento fueron observadas debidamente por la autoridad responsable al analizar y resolver el acto combatido por esta vía. En ese contexto, resulta incuestionable que se encuentran acreditados debidamente, los fundamentos y motivos que integran el auto dictado por la Jueza responsable el catorce de febrero de dos mil dieciséis en el expediente 1279/2014; de tal manera que el acto reclamado no transgrede los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, por las consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio, por cuanto hace a los actos y por la autoridad precisados en el considerando tercero apartado A) de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raúl Ramírez Hernández, por propio derecho y en representación del menor Raúl Ramírez Cano, contra el acto y autoridad especificados en los considerandos segundo y tercero de este fallo protector, por las razones y términos expuestos en el considerando último de la presente sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido ante el licenciado Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, secretario que autoriza, firma y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado permitieron concluir con su engrose. Doy fe.

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