Daniel Rodolfo Flores Salgado

Expediente 491/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
491/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Daniel Rodolfo Flores Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Estado de autos. Vista la certificación con la que se da cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, por el cual éste órgano jurisdiccional decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan interpuesto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Oficio de cuenta. Agréguese a los presentes autos el oficio del Titular de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual rinde informe justificado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa delegados, señala correo electrónico, ofrece pruebas y, realiza diversas manifestaciones respecto de la existencia de una causal de improcedencia en el presente asunto, de lo que se advierte que: "[.] la autoridad responsable emitió respuesta el nueve de marzo de dos mil veinte, notificando al quejoso en fecha 12 de agosto de 2020, respuesta en la cual se sobreseyó el Recurso de Revocación señalado, por lo que han cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso. [.]" (sic) [.] no se causó ningún perjuicio a la parte quejosa en su esfera jurídica, pues no existe violación a su derecho de petición, que ahora reclama, por tanto, lo procedente es que ese H. Juzgado determine el sobreseimiento del presente juicio, dado que con los actos que se reclaman no se afecta el interés Jurídico de la ahora quejosa, toda vez que tal y como se adujo en párrafos anteriores, sí se emitió la respuesta al recurso de revocación de fecha 14 de febrero de dos mil veinte. [.]" Determinación inicial. En razón de lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de mérito, y con éste, dése vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga. En términos de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados a las personas que menciona; y, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Correo electrónico. Se tiene a la autoridad oficiante proporcionando correo electrónico a fin de estar en condiciones de intercambiar Información; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de las autoridades oficiantes las documentales anexan a su ocurso de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y, la presuncional en su doble aspecto legal y humana que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y de ser tomadas en consideración al momento de dictar sentencia; mismas que están disponibles para consulta a través del expediente electrónico consultable en el Portal de Servicios en Línea. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, resulta importante destacar que en el presente asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dar trámite al recurso de revocación interpuesto el día catorce de febrero de dos mil veinte. Por tanto, se procede analizar las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. En el caso, esta Juzgador estima que, respecto de la omisión reclamada se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues, se estima que con motivo de las manifestaciones vertidas en el informe justificado rendido por el Titular de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, así como de las constancias que exhibe anexas al mismo, en relación a la resolución que emitió la responsable el nueve de marzo de dos mil veinte, notificado al quejoso el doce de agosto de dos mil veinte, respecto de la resolución del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, dictada en el expediente 11-19-011-5/212.1/7443-20 de nueve de marzo de dos mil veinte; por tanto, cesaron los efectos de la omisión reclamada. En este orden, es menester transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] La hipótesis contenida en el artículo y fracción transcritos, ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquélla que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Entonces, en atención a la naturaleza y finalidad de esa causa de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar a los quejosos, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 242, del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, abril de 1998, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Con base en lo anterior y, considerando las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, particularmente las constancias remitidas como complemento al informe requerido, se desprende que el nueve de marzo de dos mil veinte, se emitió la resolución del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en el expediente 11-19-011-5/212.1/7443-20; es de concluirse que se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la cual dispone que procede el sobreseimiento en el juicio cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, situación que acontece en el presente asunto. Así las cosas, tomando en consideración que de acuerdo con el artículo 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente podrá seguirse a instancia de parte y al haber quedado acreditado que se dictó la resolución del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en el expediente 11-19-011-5/212.1/7443-20, resulta ocioso continuar con el trámite del presente juicio de amparo; por lo que en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las trece horas con treinta y un minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Sin que sea el caso dar vista a la parte quejosa con la comunicación de cuenta, ya que ello no variaría la conclusión a la cual se arribó en el sentido de haberse actualizado la causa de improcedencia de que se trata, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente. Asimismo, este juzgador estima que a nada práctico conduciría requerir a la parte quejosa para que amplíe la demanda de amparo respecto de la resolución del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en el expediente 11-19-011-5/212.1/7443-20, por tratarse de un asunto autónomo distinto de la omisión originalmente reclamada. Estimar lo contrario, solo retardaría la integración del presente asunto, en contravención al principio de justicia pronta previsto en el artículo 17 Constitucional. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito, y notifíquese lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa Oficio de cuenta. Agréguese a los presentes autos el oficio del Titular de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual rinde informe justificado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa delegados, señala correo electrónico, ofrece pruebas y, realiza diversas manifestaciones respecto de la existencia de una causal de improcedencia en el presente asunto, de lo que se advierte que: "[.] la autoridad responsable emitió respuesta el nueve de marzo de dos mil veinte, notificando al quejoso en fecha 12 de agosto de 2020, respuesta en la cual se sobreseyó el Recurso de Revocación señalado, por lo que han cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso. [.]" (sic) [.] no se causó ningún perjuicio a la parte quejosa en su esfera jurídica, pues no existe violación a su derecho de petición, que ahora reclama, por tanto, lo procedente es que ese H. Juzgado determine el sobreseimiento del presente juicio, dado que con los actos que se reclaman no se afecta el interés Jurídico de la ahora quejosa, toda vez que tal y como se adujo en párrafos anteriores, sí se emitió la respuesta al recurso de revocación de fecha 14 de febrero de dos mil veinte. [.]" Determinación inicial. En razón de lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de mérito, y con éste, dése vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga. En términos de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados a las personas que menciona; y, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Correo electrónico. Se tiene a la autoridad oficiante proporcionando correo electrónico a fin de estar en condiciones de intercambiar Información; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de las autoridades oficiantes las documentales anexan a su ocurso de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y, la presuncional en su doble aspecto legal y humana que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y de ser tomadas en consideración al momento de dictar sentencia; mismas que están disponibles para consulta a través del expediente electrónico consultable en el Portal de Servicios en Línea. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, resulta importante destacar que en el presente asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dar trámite al recurso de revocación interpuesto el día catorce de febrero de dos mil veinte. Por tanto, se procede analizar las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. En el caso, esta Juzgador estima que, respecto de la omisión reclamada se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues, se estima que con motivo de las manifestaciones vertidas en el informe justificado rendido por el Titular de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, así como de las constancias que exhibe anexas al mismo, en relación a la resolución que emitió la responsable el nueve de marzo de dos mil veinte, notificado al quejoso el doce de agosto de dos mil veinte, respecto de la resolución del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, dictada en el expediente 11-19-011-5/212.1/7443-20 de nueve de marzo de dos mil veinte; por tanto, cesaron los efectos de la omisión reclamada. En este orden, es menester transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] La hipótesis contenida en el artículo y fracción transcritos, ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquélla que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Entonces, en atención a la naturaleza y finalidad de esa causa de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar a los quejosos, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 242, del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, abril de 1998, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Con base en lo anterior y, considerando las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, particularmente las constancias remitidas como complemento al informe requerido, se desprende que el nueve de marzo de dos mil veinte, se emitió la resolución del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en el expediente 11-19-011-5/212.1/7443-20; es de concluirse que se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la cual dispone que procede el sobreseimiento en el juicio cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, situación que acontece en el presente asunto. Así las cosas, tomando en consideración que de acuerdo con el artículo 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente podrá seguirse a instancia de parte y al haber quedado acreditado que se dictó la resolución del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en el expediente 11-19-011-5/212.1/7443-20, resulta ocioso continuar con el trámite del presente juicio de amparo; por lo que en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las trece horas con treinta y un minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Sin que sea el caso dar vista a la parte quejosa con la comunicación de cuenta, ya que ello no variaría la conclusión a la cual se arribó en el sentido de haberse actualizado la causa de improcedencia de que se trata, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente. Asimismo, este juzgador estima que a nada práctico conduciría requerir a la parte quejosa para que amplíe la demanda de amparo respecto de la resolución del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en el expediente 11-19-011-5/212.1/7443-20, por tratarse de un asunto autónomo distinto de la omisión originalmente reclamada. Estimar lo contrario, solo retardaría la integración del presente asunto, en contravención al principio de justicia pronta previsto en el artículo 17 Constitucional. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito, y notifíquese lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Estado procesal y reanudación. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. No obstante, dado que mediante Circulares SECNO/29/2020, SECNO/01/2021, SECNO/04/2021, SECNO/06/2021 y SECNO/09/2021 la Comisión Especial en sesiones de cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho, dieciséis y veintitrés de enero y seis de febrero del presente año, aprobó los puntos de acuerdo relativos a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", adoptando medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y del doce al dieciocho, del diecinueve al veinticinco ambos de enero, del veintiséis de enero al nueve de febrero y del diez al quince de febrero todos del presente año respectivamente, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito. Dichas medidas, consisten en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; con las modalidades y salvedades previstas en dicho acuerdo, destacando como precisiones, entre otras, las siguientes: Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio; y, Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en los juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Resolución del Tribunal Colegiado. En virtud de lo anterior, se tiene por recibido el oficio número 311-A del Secretario adscrito al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria por videoconferencia el doce de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de queja Q.A. 66/2020, en la cual resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por Daniel Rodolfo Flores Salgado, contra el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el expediente de amparo indirecto 491/2020." Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la resolución mencionada el Tribunal Colegiado señaló lo siguiente: "[.] En efecto, de autos se advierte que el recurso de revocación fue presentado ante en el Procurador fiscal de la Ciudad de México, el catorce de febrero de dos mil veinte, asimismo la demanda de amparo indirecto se presentó el doce de marzo siguiente, casi un mes después, y se atribuye a la autoridad responsable que ha sido omisa en proveer lo conducente respecto del recurso intentado. [.] se concluye que existe una abierta dilación en proveer que, por excepción, hace procedente el amparo solicitado, habida cuenta que el Código Fiscal del Distrito Federal (ahora ciudad de México), establece en su artículo 421 que la autoridad administrativa a la que corresponda la tramitación de los procedimientos administrativos, adoptará las medidas necesarias para su celeridad, economía y eficacia, máxime que del recurso se advierte que solicita la suspensión de la resolución impugnada. [.]" Sentido de la determinación. Ahora bien, tal como se encuentra ordenado por la Superioridad oficiante, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión. No se tramita el incidente de suspensión, toda vez que el quejoso no lo solicitó y el acto reclamado no es alguno de los previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Intervención ministerial. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las trece horas con treinta y un minuto del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las partes que, en su caso, se estima innecesario emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, toda vez que tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, la cual es equiparable a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes, siendo aplicable la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Hágase del conocimiento de las partes que en este momento se estima innecesario ordenar que se practique mediante videoconferencia. Lo anterior, ya que si bien el primer párrafo de artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 establece que, con independencia del esquema en que se tramite un asunto, por regla general los titulares deben procurar el desahogo de diligencias, alegatos y audiencias mediante videoconferencia; también lo es, que el diverso numeral 5o., fracción II, prevé que las audiencias constitucionales pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. En ese contexto, al no encontrarnos en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, que permita a la parte quejosa alegar verbalmente, es que el suscrito, considera que en el presente asunto opera la regla prevista en la fracción II del artículo 5° del Acuerdo General 21/2020, que permite que las audiencias constitucionales pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Además, dicho criterio, es acorde al artículo 17 constitucional, pues dada la suspensión de plazos que se llevó a cabo, con motivo de la contingencia sanitaria, desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte a la fecha en que se emite el presente proveído, resultaría gravoso para las partes, llevar a cabo las gestiones necesarias, para poder celebrar la audiencia a través de videoconferencia, lo que sin duda, retrasaría de manera innecesaria la resolución del presente asunto; máxime, que se insiste, no se encuentra en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, que permita a la parte quejosa alegar verbalmente, por lo que las partes, están en aptitud de presentar sus alegatos o cualquier medio de prueba, por escrito. No obstante, de estimarlo necesario posteriormente -a manera enunciativa, cuando las partes deban intervenir oralmente o manifestarse respecto de alguna circunstancia- y, desde luego, no resulte indispensable su comparecencia física o la de otros intervinientes, se ordenará hacer uso de este medio. Para tal efecto, deberá acatarse lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 -publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte- y, en tanto continúe en vigor, también el 21/2020. Si es indispensable la comparecencia física de las personas señaladas o alguna de éstas carece de las herramientas tecnológicas requeridas, se buscará atender lo asentado en el artículo 25, párrafo cuarto, del Acuerdo General 21/2020. Con independencia de lo anterior, las partes están en aptitud de manifestar a este órgano jurisdiccional, su intención para que la misma se lleve a través de videoconferencia, para lo cual, podrán presentar, hasta antes de celebrarse la audiencia constitucional, promoción escita o electrónica para tales efectos, en la que, deberán manifestar que cumplen con los requisitos tecnológicos necesarios para ello; en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para ello deberán acatar lo establecido en el Acuerdo General 12/2020. De igual forma, se les invita a que proporcionen correos electrónicos o instrumentos de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El contenido que se lleve a cabo a través de estos medios deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Atención al público. Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, el cual deberán remitir refiriéndose al número de oficio en el que se le comunique la presente determinación, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no remitir su informe justificado en los términos precisados, se les impondrá multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Además, la citada autoridad deberá: a) Manifestar si son ciertos o no los actos reclamados, en el entendido que la aceptación de la existencia del mismo no implica la admisión de su inconstitucionalidad. b) Informar a este juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, deberá señalar a qué órgano correspondió conocer del mismo. c) Hacer saber a este órgano jurisdiccional sobre la cesación de efectos de los actos reclamados o la existencia de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento del presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aun durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. d) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercíbase a las autoridades responsables que de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos a), b), c) y d), se le impondrá multa a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales a que hacen referencia en su escrito de demanda; la presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la secretaria o la secretaria del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Obligación de las partes sobre la actualización de alguna causa de improcedencia. Hágase del conocimiento de las partes que, en términos del ordinal 64 de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar de inmediato a este órgano de control constitucional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63 de la referida ley, debiendo exhibir las constancias que la acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este juzgado le impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 251, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Apercibimiento relativo a la denominación de autoridades. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable, tendrá como efecto, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese.

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