Daniel Rodolfo Flores Salgado
Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Daniel Rodolfo Flores Salgado
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual informa que no insiste en declinar la competencia planteada primigeniamente a este órgano jurisdiccional; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Radicación. Agréguese el oficio 4227/2022 signado por el Secretario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al que acompaña los autos del juicio de amparo 208/2022-II, promovido por Daniel Rodolfo Flores Salgado, en razón que por proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 935/2021-V. Decisión sobre la competencia planteada. Ahora bien, de la determinación emitida por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia civil en la Ciudad de México, el catorce de marzo de la presente anualidad, en los autos del juicio de amparo 208/2022-II de su índice, se advierte que declaró su legal incompetencia para seguir conociendo del mismo, y ordenó su remisión a un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por estimar que le corresponde conocer por razón de territorio del citado asunto, con base en los razonamientos ahí expuestos. En esencia, porque refiere que las reglas de la competencia determinadas en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, establecen que será competente para conocer de la demanda de amparo el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado tendrá ejecución, y en el caso concreto únicamente transcribe el siguiente: "a) Al juez de la Paz Estado de México, en los autos del juicio 433/2022, la abstención de solicitar nuevamente al Juzgado 9° de lo Familiar de la Ciudad de México, que informe quien es el último albacea del juicio sucesorio con el expediente 712/1999, a bienes de Tomás Viñuela Bueno". Por lo que estima que dicho acto reclamado tiene ejecución en el territorio en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Sin embargo, el homologo federal soslayó hacer pronunciamiento sobre el diverso acto, a saber: "b) El Juez de lo Familiar en el juicio sucesorio 712/1999, la abstención de informar en un tiempo razonable al Juez del Estado de México, quien es el último albacea de la sucesión de Tomás Viñuela Bueno o en su caso, nombrar albacea especial para defender los derechos de dicha sucesión en el juicio 433/2020, que se desarrolla ante el juez de La Paz, Estado de México". En esas condiciones, la suscrita, aun cuando respeta el criterio sustentado por la autoridad remitente, no lo comparte; y por tanto, no se acepta la competencia planteada, en atención a las siguientes consideraciones: Inicialmente resulta menester precisar que contrario a lo expuesto por el Juez declinante, en el presente juicio, los actos reclamados en realidad se hace consistir en: - La omisión del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en la Paz en Materia Civil de Primera Instancia de solicitar nuevamente al diverso Juzgado Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, las constancias de las que se desprenda quien el último albacea de la sucesión de Tomás Viñuela Bueno; y de ésta última autoridad reclama la omisión de remitir dichas constancias. Actos reclamados que se precisan en los términos que se indica, con base en el estudio integral de la demanda de amparo, y en el propio capítulo atinente al mismo, de lo que resulta que estos son los actos impugnados, no únicamente el transcrito por la autoridad oficiante, como se sostiene en el comunicado de cuenta. Así, es patente que los actos reclamados en la demanda que se atiende (la omisión del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en la Paz en Materia Civil de Primera Instancia de solicitar nuevamente al diverso Juzgado Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, las constancias de las que se desprenda quien el último albacea de la sucesión de Tomás Viñuela Bueno; y de ésta última autoridad reclama la omisión de remitir dichas constancias), son de carácter omisivo y carentes de ejecución material, pues se tratan propiamente de una abstención atribuible a las autoridades responsables en atender las solicitudes planteadas. Luego, efectuada dicha precisión, es evidente que la competencia para conocer el juicio de garantías promovido en contra de dicho acto y/o conducta, se debe establecer con base a la regla fijada en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, el precepto transcrito fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. En ese sentido, existen tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: -El primero, consistente en que la competencia para conocer del juicio de amparo se surtirá a favor del que resida en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, en donde trate de ejecutarse, en el que se ejecute o ya se haya ejecutado; -El segundo, se refiere a los casos en que el acto ha empezado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, hipótesis en la cual el juez federal competente será aquel ante el que se hubiere presentado la demanda; y, -El tercero, se actualiza ante la ausencia de ejecución material de la resolución reclamada, en cuyo caso será competente el Juez Federal ante el que se hubiere presentado la demanda. Por tanto, si en el caso ha quedado precisado que los actos que a través de esta vía excepcional se combaten, tiene la calidad de omisivos, y por tanto carecen de ejecución material, es claro que es competente para conocer del mismo el Juez de Distrito de la jurisdicción en donde se haya presentado la demanda de amparo, esto es, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Al respecto es dable señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo atinente, argumentó lo siguiente: " (.) Ahora bien, el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 37, a la letra, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En la iniciativa respectiva, presentada el quince de febrero de dos mil once, por los senadores Jesús Murillo Karam y Alejandro Zapata Perogordo, el precepto reproducido fue redactado en términos similares al numeral 36 (sic) de la Ley de Amparo abrogada, y, particularmente, su párrafo último, establecía lo siguiente: "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad responsable." Posteriormente, el veintidós de septiembre de dos mil once, el senador Tomás Torres Mercado presentó ante su Cámara, iniciativa de reforma a diversas disposiciones a la anterior Ley de Amparo, entre ellas, la relativa al último párrafo del artículo 36, el cual se redactó de la manera que se transcribe enseguida: "Con objeto de garantizar la accesibilidad de la Justicia Federal en materia de amparo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el quejoso." En esta iniciativa, en relación con el tema de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo, se estableció: "A su vez, la división territorial y temática de la competencia entrañan un principio de estricta jurisdicción que complementa las garantías de audiencia y legalidad, establecidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, así como la imparcialidad en las resoluciones judiciales ordenada, como hemos visto, por el propio artículo 17. "... "En 2008, el Poder Judicial de la Federación fue sorprendido por el amplio y espontáneo movimiento ciudadano que se opuso a la vigencia de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabadores del Estado por vía de la promoción de una inmensa cantidad juicios de amparo. La súbita complicación que ese fenómeno social imprimió la actividad jurisdiccional federal fue resuelta mediante el uso de diversas potestades procesales y administrativas propias de ese poder, que terminaron por desvirtuar la aplicabilidad de los principios fundamentales a los que antes nos hemos referido. "Al final, la salida fue la creación de dos juzgados especiales que centralizaron la aplicación de la Justicia Federal en la Ciudad de México, aplicando una competencia territorial ampliada a toda la República, concentrando la jurisdicción de un solo caso y excluyendo de la misma al resto de los tribunales, como excepción al esquema de reparto competencial preestablecido; así como la resolución masiva de miles de expedientes mediante la aplicación retroactiva de jurisprudencia emitida a partir de sólo unos cuantos. "Tales acciones dieron salida al problema que plantea tal cúmulo de amparos, pero desvirtuaron los principios de accesibilidad de la Justicia Federal, al dificultar el acceso a los expedientes y tribunales de miles de ciudadanos por la lejanía de sus lugares de residencia; de estricta jurisdicción, al suspender el esquema de regionalización de la Justicia Federal y la certeza que ofrece el esquema preestablecido de competencias territoriales, así como de completa resolución de la cuestión planteada por cada amparista." (lo resaltado no corresponde al texto reproducido) Ambas iniciativas se turnaron a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, las cuales presentaron dictamen el cinco de octubre de dos mil once. En ese documento se afirmó que la iniciativa presentada por los senadores Jesús Murillo Karam y Alejandro Zapata Perogordo se había considerado como base para realizar el articulado, estructura y contenido del dictamen, pero que la iniciativa presentada por el senador Tomas Torres Mercado, se tomó en cuenta para la discusión, modificación y adición de las propuestas contenidas en la propia constancia. Del mismo modo, la Comisiones Unidas expresaron que realizaron diversas reuniones con la finalidad de revisar la iniciativa, lo cual había servido para efectuar observaciones y comentarios a la misma.(10) En el dictamen fue propuesto el artículo 37 de la Ley de Amparo, en los términos en los cuales se aprobó, sin expresar algún argumento mediante el cual se explicara el cambio de redacción del precepto normativo en relación con el texto de la norma establecido en las iniciativas. En efecto, las comisiones dictaminadoras precisaron que debido a lo extenso del cuerpo normativo, se requería analizar el contenido del proyecto en forma temática. En ese sentido, se examinaron, específicamente, los rubros siguientes: a) estructura de la Ley de Amparo; b) nominación dentro de la ley; c) objeto de protección del juicio de amparo; d) interés legítimo; e) autoridad responsable y particulares; f) plazos de promoción del juicio de amparo; g) modernización en la tramitación del juicio de amparo: previsión de la firma electrónica; h) incidentes; i) sentencias; j) procedimientos de amparo; k) suspensión del acto reclamado; l) amparo adhesivo; m) ejecución de las sentencias; n) jurisprudencia; ñ) declaratoria general de inconstitucionalidad; o) Plenos de Circuito; p) facultad de atención prioritaria de asuntos; y, q) reformas y adiciones a otros ordenamientos. Finalmente, y luego de las discusiones en las Cámaras de Senadores y Diputados, el texto del artículo 37 de la nueva Ley de Amparo, no fue modificado, de tal forma que se estableció que tratándose de actos carentes de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto, es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En atención a las ideas desarrolladas, es factible concluir que el precepto legal analizado debe interpretarse de manera literal, pues debe tomarse en cuenta que el antecedente legislativo más cercano del precepto normativo analizado, es el numeral 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, cuyo párrafo último establecía que cuando se señalaba como acto reclamado un acto carente de ejecución material, el Juez competente legalmente para conocer y resolver el asunto, era aquel con jurisdicción en donde residía la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Posteriormente, las dos iniciativas con las cuales comenzó el proceso legislativo que a la postre culminó con la nueva Ley de Amparo, presentadas, por una parte, por los senadores Jesús Murillo Karam y Alejandro Zapata Perogordo; y por otra, por Tomás Torres Mercado; propusieron en ese orden, que en la hipótesis de impugnación de actos de la naturaleza referida en el párrafo precedente, el Juez competente para resolver el conflicto sería aquel en cuya jurisdicción residiera la autoridad responsable; y que el Juez competente sería el que tuviera jurisdicción en el lugar de residencia de la parte quejosa. Sin embargo, cuando ambas iniciativas fueron examinadas por las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, inclusive para elaborar los artículos del dictamen, su estructura y contenido, así como para la discusión, modificación y adición de las propuestas contenidas en el dictamen; fue formulado el artículo 37 de la Ley de Amparo, en los términos en los cuales se aprobó, sin expresar algún argumento mediante el cual se explicara el cambio de redacción del precepto normativo, en relación con el texto de la norma establecida en esas iniciativas, en cuyos términos finalmente fue aprobado. Por consiguiente, es posible arribar a la conclusión de que la intención del creador de la norma quedó plasmada claramente en el precepto normativo estudiado; de ahí que, con independencia de las primeras propuestas contenidas en las iniciativas de que se trata, el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse conforme a la letra contenida en el precepto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de su creador. Lo anterior tiene justificación también en que, al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de los Jueces; en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa, no pueden dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, el turno, grado y vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se concluye que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en la condiciones anotadas, la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Por tanto, en la hipótesis de impugnación de actos carentes de ejecución material, el Juez competente para resolver el conflicto es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. (.)" Razonamientos de los que se evidencia que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al advertir que no obstante existieron diversas iniciativas para determinar el texto del tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, cuando comenzó el proceso legislativo que culminó con la citada Ley, así como que tales iniciativas fueron examinadas, y no obstante ello sin expresar justificación alguna, el texto del párrafo precitado fue aprobado con la redacción que actualmente contiene, concluyó que con independencia de los motivos y propuestas considerados para establecer el multicitado supuesto de competencia, la intención del legislador quedó plasmada claramente, por lo que estableció que el texto del tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, debe aplicarse conforme a la letra contenida en el precepto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de su creador. Conclusión que precisó tiene justificación porque al aplicarse textualmente el multicitado precepto se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales. En consecuencia, al resultar evidente que los actos reclamados en el caso son de carácter omisivo, carentes de ejecución material; y respecto de ese tipo de actos se actualiza la regla de competencia prevista por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Sin que sea factible considerar la posibilidad de que las omisiones citadas tengan efectos positivos si se otorga al quejoso el amparo solicitado, pues ésa es una interpretación que escapa a la literalidad contenida en el artículo 37 referido. Lo anterior es así, pues se concluye que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en la condiciones anotadas, la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Así, con base a lo antes expuesto, como se adelantó, este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada por el Juez declinante. En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y mediante atento oficio, remítanse los autos del presente asunto 335/2022-V, que contiene el diverso juicio de amparo 208/2022-II, al Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, solicitando atentamente ordene a quien corresponda, remita el acuse de recibo correspondiente, y de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Notifíquese.
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