Daniel Reyes Pacheco
Expediente 918/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daniel Reyes Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia emitida el veinticuatro de marzo del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Daniel Reyes Pacheco, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 918/2022 2 En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticinco de abril de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, devuélvase al Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, las constancias que remitió como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas relativas al expediente 1652/2021-III, mismas que resultan innecesarias en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Segundo. En proveído de dieciocho siguiente, se admitió la demanda, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Previa sustanciación del juicio, una vez integrado el expediente, se efectuó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que se turnaron los autos para dictar la resolución que ahora se emite; y, C O N S I D E R A N D O: Primero (Competencia). Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. Segundo (Precisión del acto reclamado). En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto o actos que constituyen la materia de estudio del presente juicio. En mérito de lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil 1652/2021, que dirimió el recurso de reclamación que interpuso en contra de la medida provisional alimenticia, confirmándola. Tercero (Certeza del acto reclamado). La autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe con justificación, aceptó el acto combatido, lo cual se corrobora con las copias certificadas enviadas como apoyo de sus actos, valoradas de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, al tratarse de documentos públicos, cuyo contenido no se encuentra contradicho con otras pruebas; por lo que se establece la certeza del acto reclamado. Cuarto (Causales de improcedencia). Las causas de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente, tal como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo, mismas que deberán estudiarse de oficio por el juzgador, sean alegadas o no por las partes. En ese sentido, impuesto el que suscribe de las constancias, considero que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ni las partes invocaron la aplicación de alguna, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, ante la inexistencia de precepto que obligue a ello, y sin irrogar perjuicio tal omisión. Es aplicable al respecto la jurisprudencia VI.2o. J/129, integrada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a continuación se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Quinto (Examen constitucional del acto reclamado). Son ineficaces los motivos de inconformidad que aduce el promovente de amparo, sin que se desprenda motivo para que sean suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por los argumentos que se expondrán a continuación. En primer término conviene destacar que, de acuerdo con la doctrina, el derecho de recibir alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentario para exigir a otra -deudor alimentista- lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo o por adopción, del matrimonio, del concubinato (o su disolución) y en algunos casos del divorcio; el Código Civil, al legislar dichas relaciones, crea una acción especial con el objeto de hacer efectiva la obligación alimentaria, bajo la concurrencia de tres elementos: determinada vinculación entre el alimentante y el alimentado; b) necesidad de alimentos; y c) posibilidad económica del alimentante; esto es, se parte de la base de que el que pide alimentos los necesita, y el que debe prestarlos puede hacerlo porque sus condiciones económicas lo permiten y su vinculación con el alimentado lo exige. El artículo 239 del Código Civil para el Estado de Veracruz dispone que la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades, siendo estos los factores que debe tomar en cuenta el juzgador para establecer los gastos ordinarios que por ello se originen. Respecto de los menores comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. En la fijación de estos gastos deberán considerarse las condiciones del acreedor y las posibilidades del deudor, en términos de lo dispuesto por el artículo 242 del código en consulta, procediéndose, no con criterio restrictivo, sino con el concepto amplio de lo que se entiende por alimentos, esto es, todo lo que es necesario al consumo diario de una casa o de la persona, comprendiéndose además, lo necesario para la educación y gastos de enfermedad; el alimentado tiene derecho a reclamar, con independencia de la cuota fijada para gastos ordinarios, lo necesario para satisfacer otros que por su naturaleza no están comprendidos en este concepto. Las personas obligadas por la ley a prestar alimentos pueden ser clasificadas en tres grupos: 1. Cónyuges; 2. Parientes por consanguinidad (ascendientes, descendientes, hermanos y demás parientes colaterales); y 3. Otros casos especiales no fundados en el parentesco (adopción simple y adopción plena y concubinato); la obligación alimentaria tiene la característica de ser recíproca, personalísima, intransferible, inembargable, el derecho correlativo, imprescriptible, intransigible, proporcional, divisible, crea un derecho preferente y no se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha, siendo, en consecuencia, esta figura de alimentos de interés social y de orden público. La obligación de dar alimentos se puede satisfacer mediante el pago de una pensión alimenticia, o bien incorporando el deudor en su casa al acreedor para proporcionarle los elementos necesarios en cuanto a comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad. Por su parte, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece el procedimiento para la fijación de la pensión alimenticia, bajo el texto siguiente: "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." Del precepto que antecede se observa que en los casos en los que se reclamen alimentos, el juez podrá, en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial, su parentesco con el deudor alimentista o incluso el concubinato, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, que es la que en caso interesa, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda, y la segunda, se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. La medida cautelar a que se refiere el numeral invocado tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve el juicio respectivo. En ese orden, la fijación de la pensión alimenticia provisional y el consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, es de naturaleza transitoria o temporal, pues rige o subsiste exclusivamente hasta el momento en que se dicte sentencia que resuelva la controversia planteada, misma que no puede considerarse arbitraria o carente de fundamento, pues de lo dispuesto por el artículo antes citado se colige con facilidad que la resolución en que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando las actas del Registro Civil respectivas o la relación de hecho respectiva, o incluso su terminación. Ahora, en términos del transcrito 210 del ordenamiento procesal en comento, cualquier reclamación sobre la pensión provisional decretada, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda; y, previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez resolverá la reclamación dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Esto revela que, en principio, para que sea factible reducir el monto de la pensión alimenticia provisional, se requieren aportar pruebas documentales que permitan establecer, de manera razonable, que el monto inicial decretado debe disminuirse. Explicado lo anterior, para mejor comprensión del caso particular, tenemos que mediante escrito de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, presentado ante el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, Daniel Reyes Pacheco demandó de Wuendy Eugenia Cruz García el divorcio incausado; por lo que la responsable ordenó formar expediente, registrarlo con el número 1652/2021 y emplazar a la parte demandada, lo que sucedió el siete de diciembre siguiente. Por medio de promoción de doce de enero de dos mil veintidós, la aquí tercera interesada, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada identificada como W.E.R.C., dio contestación a la demanda y presentó reconvención, demandando del actor, entre diversas cuestiones, el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, para ambas, equivalente a tres salarios mínimos diarios. Por auto del veintiséis de enero posterior, el juzgado de origen dio trámite a la reconvención, decretando una pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora, consistente en un salario mínimo, a razón, en ese momento, de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 moneda nacional), que dividido entre dos da un total de $86.43 (ochenta y seis pesos 43/100 moneda nacional), correspondiendo medio salario mínimo a cada acreedora. A través de ocurso de tres de marzo de dos mil veintidós, el aquí quejoso dio contestación a la demanda en reconvención e interpuso recurso de reclamación en contra de la medida provisional alimenticia a su cargo. Con motivo de lo anterior, en proveído de veintinueve de marzo subsecuente, la responsable tuvo al hoy quejoso interponiendo tal recurso de reclamación y dio vista por el término de tres días para que la parte contraria manifestara lo que a su derecho correspondiera, lo que ésta hizo por conducto de su abogado en escrito de cuatro de abril de dos mil veintidós. Mediante determinación de tres de junio de ese año se declaró disuelto el vínculo matrimonial. Con fecha ocho de agosto siguiente se turnó a resolver el recurso de reclamación y mediante resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, declaró infundados los motivos de inconformidad expuestos y, en consecuencia, confirmó la medida de alimentos decretada. Resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. (Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado) Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa alega como conceptos de violación que el acto reclamado adolece de una inadecuada fundamentación y motivación; esto, debido a que existe una indebida valoración de pruebas; que la responsable actuó de manera parcial en beneficio de la hoy tercero interesada, al utilizar los argumentos que él expuso para perjudicarlo; asimismo, que para sustentar el acto reclamado hizo uso de una tesis aislada no aplicable al caso y que lo que sí debió ponderar es que su contraparte vive con una nueva pareja, con la que procreó un hijo, por lo que las pruebas que ella ofreció no justifican que necesite alimentos de él; se duele también de que la responsable no otorgó valor probatorio a la documental que exhibió, relativa a la constancia de abandono de hogar, dado que su emisora no acreditó la manera en la que constató ese hecho, pues considera que la ley procesal no exige dicho extremo. Señalado esto, se destaca en primer lugar que los derechos alimentarios solicitados sí se encuentran justificados en forma provisional, pues se allegó a los autos del juicio civil el acta de matrimonio y la de nacimiento, respectivas. La primera exhibida por el ahora quejoso y que hizo suya la tercera interesada y la segunda presentada por ésta. Aquí, dado que al quejoso se duele del actuar de la responsable por tomar como base del vínculo que lo unía con la tercera interesada el acta de matrimonio que él mismo presentó y que estima que indebidamente lo valoró el juez de lo familiar para beneficiar a su contraparte, conviene precisarle que atento al principio de adquisición procesal, cualquier prueba que obre en el proceso influye en las pretensiones de las partes, aun cuando hubieran sido ofrecidas por la contraparte del oferente; es decir, las pruebas ofrecidas en el juicio no pertenecen a quien las aporta y, por ende, no puede sostenerse que sólo a éste beneficien, puesto que, una vez introducidas legalmente al proceso, deben considerarse para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refieren, sea que resulte en beneficio de quien las ofreció o de la parte contendiente, que bien puede invocarlas, ya que, de acuerdo con el principio citado, las pruebas no sólo benefician a la parte que las ofrece, sino a las demás que puedan aprovecharse de ellas, lo cual obedece a la naturaleza jurídica del proceso (que es un todo unitario e indivisible). Así, las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, de ahí que la responsable procedió legalmente al justipreciar el acta de matrimonio exhibida por el impetrante. Asimismo, se tiene por acreditada la capacidad alimenticia del deudor con lo señalado por éste en el escrito de reclamación, por lo que le corresponde sufragar los gastos de la parte acreedora, comprendiendo los alimentos, se itera, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad; mismos que deben ser otorgados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Sin que en este aspecto, contrario a lo que señala el impetrante, se advierta que la responsable fue parcial con la finalidad de beneficiar a la tercera interesada, puesto que no hay prueba o dato en el sumario de origen que así lo indique; además, se considera legal que haya tomado en cuenta las propias manifestaciones del quejoso para establecer su capacidad económica en función de otorgar los alimentos a su cargo, por lo que, haberlo hecho así no significa una conducta parcial a favor de la actora en reconvención. Explicado lo anterior, de las constancias que remitió la autoridad responsable y del análisis de la resolución reclamada, se aprecia que el juez responsable, en acatamiento al principio de proporcionalidad, señaló las pretensiones y valoró las pruebas documentales que obran agregadas en los autos del juicio civil, con base en los artículos 235, fracciones II y III, 261, fracción IV, 265, 266 y 337 del código adjetivo civil de la entidad, los que resultan aplicables al caso; de ahí que se obtenga como proporcional la subvención señalada, misma que este resolutor estima adecuada. En este orden de ideas, tenemos que los motivos de disenso relacionados con el derecho de Wuendy Eugenia Cruz García a recibir alimentos, dado que ya vive con una nueva pareja sentimental, con la que incluso procreó un hijo, son ineficaces. Esto es así, dado que el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que prevé la existencia del recurso de reclamación con motivo del cual se emitió el acto reclamado, señala que cuando se reclamen alimentos el Juez podrá, en el auto en que se admite la demanda, cuando exista petición de parte y atendiendo a las circunstancias del caso, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen, con las copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o parentesco con el deudor alimentista, y tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho. Asimismo, que cualquier reclamación sobre la fijación de la aludida pensión se podrá formular dentro del escrito de contestación de la demanda, en donde el inconforme podrá exhibir los documentos que considere necesarios para acreditar los extremos de su reclamación, corriéndose vista a la contraria del reclamante, resolviéndose dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieran aportado. Por tanto, es válido sostener que el medio de defensa previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, tiene como objetivo únicamente equilibrar la cantidad o porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el juez natural, sin cuestionar aspectos relativos a la procedencia de los alimentos reclamados, esto es, a cuestiones de fondo propias del estudio de la acción principal intentada. En otras palabras, la materia de la reclamación se constriñe a examinar exclusivamente la proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente por el juzgador, que es integrada por los elementos consistentes en la posibilidad del deudor alimentista y la necesidad del acreedor alimentario; ello, atendiendo al principio que rige el otorgamiento de los alimentos, contenido en el artículo 242 del Código Civil de esta entidad federativa. Sobre esa base, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá abordar cuestiones de procedencia, ya que éstas son materia de análisis del fondo del asunto, y en el caso en particular el mencionado recurso sólo debe pronunciarse respecto a cuestiones de proporcionalidad en la medida. El medio de impugnación que se estudia no puede tener el alcance de cancelar la medida alimentaria bajo el argumento de que no tenga la obligación de proporcionar alimentos, porque ello implicaría, desde ese momento (reclamación), desconocer el derecho alimentario que hace valer la actora, lo cual no puede decidirse en dicho medio de defensa, dada la celeridad con la que se tramita, pues en esa etapa el juzgador difícilmente podrá contar con el material probatorio suficiente para decidir precisamente ese derecho que la demandante aduce tener, quien incluso puede demostrarlo durante el juicio. En este contexto, dado que la procedencia de la acción intentada será analizada hasta que se emita la sentencia que resuelva el juicio familiar en lo principal, resultan inoperantes los motivos de disenso referidos. Cobra aplicación al caso, por las razones que la integran, la jurisprudencia 1a./J. 50/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, visible en la página 110, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETÓ COMO CONSECUENCIA DE UNA RELACIÓN CONCUBINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Por los motivos sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 108/2004-PS, de la cual derivó la tesis 1a./J. 9/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 153, con el rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", el criterio consistente en que la reclamación interpuesta contra el auto que fija la pensión alimenticia de manera provisional no tiene el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, también es aplicable en los casos en que los alimentos se decretan como consecuencia de una relación concubinaria, en tanto que al igual que en las relaciones matrimoniales, la medida cautelar pretende proteger las necesidades impostergables de los acreedores alimentarios." En este orden de ideas, para que sea factible reducir la pensión alimenticia se requiere aportar pruebas documentales que permitan establecer, de manera razonable, que el monto inicial decretado debe disminuirse; de manera que no basta para ello el argumento del quejoso respecto a que en el particular ya su exesposa vive con una pareja sentimental con la que tiene un hijo menor de edad, puesto que dicha consideración prejuzga sobre el tema de fondo del juicio de origen, que es determinar si procede o no el pago de una pensión alimenticia. Asimismo, referente al motivo de disenso consistente en que las pruebas que exhibió la solicitante de los alimentos para demostrar su necesidad de recibirlos son de fecha posterior a que ella salió del hogar que compartían y que ya corresponden a sus nuevas circunstancias familiares, como adecuadamente respondió la responsable, no es ilegal que se hayan tomado en cuenta, puesto que los alimentos son una institución de tracto sucesivo, esto es, se generan de momento a momento, por lo que para acreditarlos se necesitan probanzas actuales, que justifiquen la necesidad de ellos en el presente; además de que, hasta el estado procesal en el que se encuentra el juicio de origen, no se tienen medios de convicción que indiquen que la acreedora tenga dependencia alimentaria de alguna persona distinta al aquí quejoso. En este orden de ideas, la obligación de dar y el derecho a recibir alimentos es un derecho fundamental que tiene como base un interés público sostenido en tres principios: el de proporcionalidad, el de necesidad y el de solidaridad familiar. Desde la perspectiva de estos dos últimos principios, el interés público de la familia consiste en que ésta funcione como un ámbito inmediato que, mediante la satisfacción de necesidades básicas, permita el libre y sano desarrollo de las personas que la conforman. Por lo tanto, debido a que el derecho de alimentos responde a la obligación estatal de garantizar dicho interés público, el principio de necesidad no puede ser desvirtuado únicamente a partir de presunciones. Existe un interés del Estado, conforme a los artículos 1 y 4 de la Constitución de velar porque la cancelación o la improcedencia de las pensiones alimentarias no estén basadas en juicios de valor o especulaciones. De tal manera que cuando la parte deudora de alimentos solicita la reducción de la pensión alimenticia a causa de que su contraparte acreedora ha procreado un hijo, debe acreditar fehacientemente que esta última ya no necesita alimentos y que puede satisfacer sus necesidades por sí misma, lo que no acontece en la especie. Entonces, la ponderación efectuada por la autoridad responsable fue correcta, pues si bien es cierto al decretar la pensión alimenticia provisional únicamente tomó en consideración los datos expresados por la actora en reconvención en su demanda, con la reclamación interpuesta el deudor alimentario tuvo la oportunidad de corroborar sus manifestaciones con las probanzas correspondientes, oportunidad procesal en la que el ahora quejoso no demostró adecuadamente sus pretensiones. En este sentido, del material probatorio allegado al sumario no se advierte la necesidad de una modificar la pensión alimenticia inicialmente fijada; por tanto, en oposición a lo que señala el quejoso en su demanda de amparo, se considera que el acto reclamado no transgrede sus derechos humanos. Si bien refiere el quejoso que la responsable debió ponderar que tiene otro hijo (exhibió acta de nacimiento) al que también proporciona alimentos (dato que consideró también para establecer que cuenta con capacidad económica), dicha carga no se encuentra acreditada en autos, por lo que no basta la prueba de ese nacimiento para proceder en automático a la disminución solicitada, sino que atendiendo al principio de proporcionalidad rector de los alimentos, considerando las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de todos sus acreedores, el Juez ha de considerar el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos del diverso acreedor y, a partir de ahí, ponderar si procede o no la reducción de la pensión inicial, pero, se repite, no existe medio probatorio alguno que sustente el hecho de que el deudor efectivamente se hace cargo económicamente del diverso menor. En esta tesitura cobra aplicación, por las ideas que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 2/2022 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, página 3456, con registro digital 2024599, que señala: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LA PROCREACIÓN DE UN HIJO(A) NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA FALTA DE NECESIDAD DE LA PARTE ACREEDORA ALIMENTARIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron posturas divergentes respecto a si la procreación de un hijo(a) es suficiente para justificar la falta de necesidad de una persona acreedora alimentaria y, por ende, cancelar o suspender el pago de alimentos a su favor. Mientras que uno de los Tribunales Colegiados determinó que la procreación de un hijo(a) es suficiente para demostrar que la persona acreedora alimentaria cuenta con las capacidades y posibilidades necesarias para satisfacer autónomamente sus propias necesidades, así como las de sus hijos(as), el otro tribunal concluyó que la procreación no es un hecho que en sí mismo demuestre que ha dejado de necesitar los alimentos a su favor. Este último consideró que quien solicite la cancelación de la pensión alimenticia tiene la carga de demostrar fehacientemente la falta de necesidad alimentaria de su contraparte acreedora. Asimismo, sostuvo que, aunque la persona acreedora alimentaria sea mayor de edad, su derecho a recibir alimentos puede extenderse hasta la obtención de un título profesional que le permita ejercer una profesión, siempre y cuando no deje pasar un tiempo considerable sin llevar a cabo las acciones necesarias para obtener algún título o certificado que le permita obtener un empleo. Criterio jurídico: La procreación de un hijo(a) no es un hecho suficiente para acreditar que la persona acreedora alimentaria ha dejado de necesitar alimentos y que puede satisfacer por sí misma todas sus necesidades alimentarias. Justificación: La obligación de dar y el derecho a recibir alimentos es un derecho fundamental que tiene como base un interés público sostenido en tres principios: el de proporcionalidad, el de necesidad y el de solidaridad familiar. Desde la perspectiva de estos dos últimos principios, el interés público de la familia consiste en que ésta funcione como un ámbito inmediato que, mediante la satisfacción de necesidades básicas, permita el libre y sano desarrollo de las personas que la conforman. Por lo tanto, debido a que el derecho de alimentos responde a la obligación estatal de garantizar dicho interés público, el principio de necesidad no puede ser desvirtuado únicamente a partir de presunciones. Existe un interés del Estado, conforme a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución de velar por que la cancelación o la improcedencia de las pensiones alimentarias no estén basadas en juicios de valor o especulaciones. Cuando la parte deudora de alimentos solicita la cancelación de la pensión alimenticia -o bien, exige su improcedencia como excepción en la contestación de la demanda- a causa de que su contraparte acreedora ha procreado un hijo(a), debe acreditar fehacientemente que esta última ya no necesita alimentos y puede satisfacer sus necesidades por sí misma. Ahora bien, si quien resultara afectada por la cancelación o la improcedencia de la pensión alimenticia es la madre, la autoridad judicial -conforme lo ordenan los artículos 1o. y 4o. de la Constitución- debe llevar a cabo un juicio con perspectiva de género, cuya finalidad será examinar si dicha cancelación o improcedencia no agravará su situación a causa de desventajas estructurales relacionadas con las labores de crianza; las cuales, la mayoría de las veces, son desempeñadas exclusivamente por mujeres. En todo momento deberán evitarse juicios de valor discriminatorios sobre cuáles son las supuestas condiciones ideales o los supuestos momentos adecuados para ser madre o procrear un hijo(a). La autoridad judicial, además de valorar el material probatorio ofrecido por la parte deudora, debe analizar el caso en su contexto, es decir, tomará en cuenta las circunstancias particulares de la parte acreedora como, por ejemplo, si se encuentra estudiando un grado acorde a su edad o si está llevando a cabo las gestiones necesarias para obtener un empleo que le permita velar por su propia subsistencia. Aunado a lo anterior, es obligación de la autoridad judicial emplear todas las herramientas interpretativas disponibles para prever si la cancelación o declaración de improcedencia de la pensión alimenticia representaría un obstáculo para que la persona acreedora alimentaria lleve a cabo las acciones necesarias a fin de que, en un futuro, pueda satisfacer sus propias necesidades, así como las de sus hijos(as). Al momento de ponderar las circunstancias del caso -en especial, a aquella que se refiere a que los deudores alimentarios mayores de edad deben de estar cursando una carrera o certificación de acuerdo con su edad- las y los Jueces pueden poner límites al monto o duración de la pensión para evitar que el pago de la pensión se convierta en una responsabilidad subsidiaria de los abuelos para satisfacer las necesidades de sus nietos, conforme a la tesis jurisprudencial de rubro: "OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA ALIMENTICIA A CARGO DE LOS ASCENDIENTES EN SEGUNDO GRADO (ABUELOS). SE ACTUALIZA EN LAS LÍNEAS PATERNA Y MATERNA, SÓLO ANTE LA FALTA O IMPOSIBILIDAD DE AMBOS PROGENITORES." Entonces, está demostrado que existe proporcionalidad en la confirmación de un salario mínimo fijado inicialmente como pensión alimenticia para las acreedoras, hoy terceras interesadas (medio salario mínimo para cada una). Cabe mencionar que con la cantidad fijada se cumple con el principio de proporcionalidad que exige el dispositivo normativo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, pues de las pruebas que aportó la parte acreedora y el deudor demandado, se advierte que si bien éste debe cubrir sus propias necesidades alimentarias, se evidencia que aun cuando se encontrara cumpliendo con dicha obligación, tal y como refiere haberlo hecho, lo cierto es que no se aprecia que el salario que debe cubrir le afecte para cubrir sus propias necesidades alimenticias; de ahí que le correspondía a él demostrar que los ingresos que obtiene no resultan suficientes para cubrir sus necesidades alimenticias, sin que de autos se advierta dicha circunstancia efectivamente probada; máxime que del escrito de reclamación no se evidencia alguna circunstancia debidamente acreditada para modificar el monto de la pensión asignada a las acreedoras alimentarias de que se trata; además de que los hechos expuestos en el escrito de demanda no variaron al momento de resolver la reclamación. Así, se estima conveniente destacar que el impetrante, en su escrito de demanda, incluso reconoce la insuficiencia probatoria para corroborar sus alegaciones, al señalar que "mi abogado no pudo mencionar finalmente en mi recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional, que la que me apoya para cubrir esas pensiones alimenticias, es mi actual pareja la C. Eva Rocío Romero Aguilar"; lo cual, se itera, no está demostrado en autos. En este contexto, tampoco asiste razón al quejoso cuando manifiesta que la parte acreedora no necesita la pensión alimenticia solicitada en el juicio natural, dado que nunca ha dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias; y es que la contribución voluntaria del deudor alimentario no constituye la prueba idónea en el recurso de reclamación, que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, por ser una obligación de tracto sucesivo, en cuanto a que la necesidad de recibirlos surge de momento a momento, por lo que su cumplimiento no puede sujetarse al arbitrio del deudor, sino que debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado. En esta tesitura, el recurrente no demuestra que dicho cumplimiento lo haya realizado de manera regular, constante e ininterrumpida, como para que se puedan considerar suficientes para cubrir las necesidades de sus acreedoras alimentarias. Lo anterior, tiene sustento en la tesis VII.3o.C.42 C, de la Novena Época, con número de registro 181231, de rubro y texto: "ALIMENTOS. EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE QUIEN DEBE PROPORCIONARLOS NO CONSTITUYE PRUEBA FEHACIENTE EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, QUE JUSTIFIQUE LA REDUCCIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL DECRETADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme a lo establecido por el artículo 239 del Código Civil del Estado "Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.". De acuerdo con dicho precepto, el deudor debe otorgar alimentos a sus acreedores, abarcando todos los aspectos que comprenden ese concepto en los términos indicados, en consecuencia, la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlos no constituye la prueba idónea en el recurso de reclamación, que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, por ser una obligación de tracto sucesivo, en cuanto a que la necesidad de recibirlos surge de momento a momento, por lo que su cumplimiento no puede sujetarse al arbitrio del deudor, sino que debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, más aún si tal reducción se funda en que éste demostró que lo que proporciona voluntariamente satisface parcialmente los alimentos exigidos, y se le demandan, precisamente, porque los que suministra en forma espontánea resultan insuficientes; de ahí que todo ello no constituye prueba fehaciente para su reducción. Por cuanto hace a la alegación de que la responsable, para sustentar el acto reclamado, se basó en una tesis no aplicable al caso, de rubro "PENSIÓN ALIMENTICIA COMPENSATORIA. CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES ACREDITE QUE DURANTE EL MATRIMONIO SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE -AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE- A LAS LABORES DEL HOGAR Y AL CUIDADO DE LOS HIJOS, EXISTE LA PRESUNCIÓN EN SU FAVOR DE LA NECESIDAD DE RECIBIR AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 296 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES)."; cabe destacar que el juez civil precisó que hizo uso de ella en aplicación analógica, para explicar el porqué, hasta el momento de la emisión del acto reclamado, opera a favor de la señora Wuendy Eugenia Cruz García la presunción de necesitar alimentos de él, al haberse dedicado preponderantemente a labores del hogar mientras vivieron juntos. Proceder de la responsable que esta potestad constitucional estima apegado a derecho. El hecho de que el solicitante de la protección federal indique que su expareja se encuentra en una situación similar a la de él, al no contar con un empleo formal, pero que sí tiene ingresos, pues vende gelatinas o eventualmente trabaja limpiando casas, es una cuestión que tampoco se encuentra demostrada en el juicio de origen, pues no obstante haya exhibido la constancia de semanas cotizadas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, como bien lo dejó establecido el juez de lo familiar, de ella se desprende que el último trabajo formal de la acreedora lo tuvo hasta el trece de febrero de dos mil once, fecha previa a que contrajera matrimonio con Daniel Reyes Pacheco. Tampoco pasa inadvertido para el que suscribe que el quejoso se duele de que la responsable no otorgó valor probatorio a la documental que exhibió, relativa a la constancia de abandono de hogar, dado que su emisora no acreditó la manera en la que constató ese hecho, pues considera que la ley procesal no exige dicho extremo, pero al margen del análisis del valor probatorio que pudiera corresponderle a la citada constancia, como resultado de lo que se ha venido exponiendo, este juzgador no aprecia que la misma sea suficiente para variar el sentido de lo determinado por la responsable, puesto que ningún beneficio trae al quejoso acreditar que la tercera interesada dejó el domicilio conyugal, por lo que actualmente no viven juntos, dado que ello, se itera, no es suficiente para afectar su derecho a recibir alimentos o modificar la cantidad en la que fueron fijados; tampoco existe en el sumario dato que permita sostener que ella depende económicamente de otra persona. Asimismo, es de destacarse que Wuendy Eugenia Cruz García tiene bajo su cuidado a la menor de identidad reservada, por lo que es de esa forma en la que contribuye con los alimentos, en atención a lo dispuesto por el artículo 100 del código sustantivo civil del Estado, ya que pensar de otra forma traería como consecuencia una sanción desmedida en contra del custodio de la infante. La afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar y, por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción. Proceder de manera distinta podría privar a las acreedoras alimentarias de los medios indispensables para la vida, con el consiguiente perjuicio al dejársele de satisfacer una necesidad que por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. De tal manera que, al resolverse la reclamación no se puede dilucidar el derecho a recibir alimentos de la quejosa, por lo que no resulta procedente que por ese motivo se deba reducir el porcentaje de la pensión alimenticia provisional. Por todo lo anterior, el juez civil estimó procedente confirmar la pensión alimenticia provisional, sin prejuzgar lo que se determine en la sentencia de fondo que al respecto se emita. Fundamentación y motivación que el que suscribe estima, en esencia, sustancialmente apegada a derecho y suficiente para sustentar el sentido del acto reclamado, aunado a que al apreciar las manifestaciones y pruebas ofrecidas con motivo del recurso de reclamación, está demostrado que existe proporcionalidad en la pensión decretada y en la posibilidad de la que debe darlos y a la necesidad de los que deben recibirlos, tal como lo resolvió la responsable. Además, resultan inoperantes los motivos de disenso con los pretende sustentar una reducción a la pensión alimenticia que fue fijada a su cargo, pues lo cierto es que la interlocutoria correspondiente ya se emitió por la cantidad mínima en la que se puede fijar una pensión alimenticia, de manera que ya no podría seguirse reduciendo, mucho menos cancelarse, como ya se explicó. Para este tópico resulta ilustrativo la tesis VII.3o.C.66 C del antes Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIV, Julio de 2006, consultable en la página: 1133, que dice: "ALIMENTOS. CUANDO NO EXISTE MEDIO DE CONVICCIÓN QUE EVIDENCIE A CUÁNTO ASCIENDEN LOS INGRESOS DEL OBLIGADO A PROPORCIONARLOS, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE FIJAR DISCRECIONALMENTE EL MONTO DE LA PENSIÓN TOMANDO COMO BASE, POR LO MENOS, UN SALARIO MÍNIMO DIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La circunstancia de que en autos del juicio natural, no haya quedado demostrada la capacidad económica del deudor alimentista, ante la falta de justificación por parte de la acreedora alimentaria de que aquél es propietario de un negocio, si bien es verdad que no constituye motivo suficiente para relevarlo de su obligación alimentaria, no menos lo es que, de conformidad con el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz que prevé que los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, para que esta medida resulte justa y equitativa, al no existir en el sumario medio de convicción alguno que evidencie a cuánto ascienden los ingresos del obligado a proporcionar alimentos, la autoridad responsable, actuando dentro de los límites de la lógica y la razón, debe fijar discrecionalmente el monto de la pensión tomando como base, por lo menos, un salario mínimo diario, ya que en esas condiciones es el que se considera suficiente para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentos." Criterio que desde luego este juzgador federal comparte, al orientar al juzgador de primer grado a que actúe dentro de los límites de la lógica y la razón, fijando discrecionalmente el monto de la pensión tomando como base, por lo menos, un salario mínimo diario, que es lo que está fijada para la parte acreedora, pero con la precisión que a cada una de ellas les corresponde medio salario mínimo diario. También es importante señalar que la obligación de fundar y motivar una resolución por parte de la autoridad responsable no puede llevarse al extremo de exigirle que se pronuncie sobre cada línea del desahogo de vista formulado con motivo del recurso de reclamación, esto es, entendido como lo afirmado renglón a renglón, punto a punto; sino que la fundamentación y motivación se satisfacen cuando las consideraciones esenciales esgrimidas por la responsable conducen, como en el caso, a dar solución a la controversia que fue sometida a su potestad. En lo conducente, se cita la tesis VIII.4o.16 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 1397, tomo XXI, mayo 2005, con número de registro electrónico 178560, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA CORRELATIVOS A ESE DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La administración de justicia que como derecho público subjetivo establece el artículo 17 constitucional, se ve cada vez más distante por los siguientes motivos: A. El gran cúmulo de asuntos que día con día ingresan para su resolución a los tribunales del Poder Judicial de la Federación; B. Los extensos planteamientos que formulan las partes, apoyadas por la modernidad de las computadoras, que si bien han venido a representar herramientas valiosas de trabajo, generan el inconveniente de que esa facilidad se utilice para prolongar textos que abultan tales planteamientos, y que deben atenderse ya sin facilidad, pues con las transcripciones que el estilo de las sentencias exige, y con la dificultad que implica dar respuesta a esa extensa diversidad de alegaciones, se provoca que también los fallos se tornen extensos; C. La tendencia a convertir las resoluciones judiciales en tratados teóricos de derecho, olvidando que la academia (la teoría) corresponde a las universidades, mientras que la función propia de los órganos del Estado encargados de la administración de justicia es precisamente esa, la de administrar justicia, donde la técnica debe estar al servicio de ésta; D. La exigencia de que se trate de manera expresa absolutamente todos los tópicos plasmados por las partes, renglón a renglón, punto a punto, a pesar de que muchos de ellos no revelen una seria intención de defensa, sino abrir un abanico de posibilidades para ver cuál prospera, con el grave riesgo para el juzgador de incurrir en alguna omisión que potencionalmente puede generar la promoción de queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, cuya rendición de informe y atención genera a su vez más carga de trabajo y consumo de tiempo, factor fatal que se vuelve en contra. Por lo tanto, las partes en sus planteamientos y los tribunales en sus sentencias deben dar las pautas para buscar el valor justicia, es decir, no debe caerse en el extremo de que absolutamente todo quede escrito, sin mayor esfuerzo del intelecto para llegar al punto final, pues como lo apuntó el ilustre Barón de Montesquieu, no se trata de hacer leer sino de hacer pensar [recurrir a la "retórica" en su sentido fino (argumentar para justificar y convencer) y no peyorativo (hablar por hablar o escribir por escribir)], lo que implica entonces, que los fallos deben dictarse para resolver litigios, hacer justicia, atender los planteamientos serios de las partes, razonar para justificar y convencer, y para hacer pensar, no para hacer leer, de manera que agotando esos extremos, pueda afirmarse que se cumplen a cabalidad los principios de exhaustividad y congruencia correlativos a la satisfacción del servicio público de administración de justicia". La finalidad de la pensión alimenticia no es atender demandas caprichosas o desmedidas sino mantener el equilibrio entre las necesidades de la parte acreedora y posibilidades del deudor a la luz de la decisión del prudente arbitrio del juzgador. Además de que esa resolución no es definitiva, durante el procedimiento civil las partes estarán en aptitud de ofrecer las pruebas correspondientes para que en la sentencia con la que culmine el proceso, el juez de manera definitiva precise la que corresponda de acuerdo con la ponderación y arbitrio judicial que aplique al caso. De lo expuesto se advierte que el juez responsable sí realizó el ejercicio de proporcionalidad a que alude el artículo 242 del Código Civil de la Entidad. No debe perderse de vista que para fijar el monto de la obligación alimentaria, en cumplimiento a los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el citado numeral, debe atenderse al estado de necesidad de los acreedores alimentarios y a las posibilidades reales del deudor, en un plano de equidad y sin que de las constancias de autos se advierta que con la fijación de la subvención se ponga en riesgo la subsistencia del deudor alimentario. En lo conducente y por similitud jurídica al presente caso, apoya las consideraciones que anteceden la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 11, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189214, que literalmente expresa: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." En consecuencia, al evidenciarse que la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 1652/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por la que se confirmó la pensión alimenticia provisional de un salario mínimo, correspondiendo medio salario para cada una de las acreedoras, a cargo del aquí quejoso, se encuentra fundada y motivada de acuerdo con el principio de proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil en el Estado de Veracruz, y que los conceptos de violación no son aptos para declararla inconstitucional, ni se advierte queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia a Daniel Reyes Pacheco. Sexto (Forma de publicación). Por otra parte en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Séptimo (Expedición de copias). Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Daniel Reyes Pacheco contra el acto reclamado al Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, consistente en la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil 1652/2021; por los motivos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia que ahora se dicta en términos del considerando sexto. TERCERO. Expídase a costa de las partes copia certificada o simple, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, por correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de René Antonio Sorcia Galván, secretario con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores en este juzgado. Doy Fe
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL 24/03/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Daniel Reyes Pacheco contra el acto reclamado al Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, consistente en la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil 1652/2021; por los motivos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia que ahora se dicta en términos del considerando sexto. TERCERO. Expídase a costa de las partes copia certificada o simple, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, por correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de René Antonio Sorcia Galván, secretario con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores en este juzgado. Doy Fe...
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Abierta la audiencia, el secretario hace relación de constancias, de las que destacan el escrito de demanda e informe justificado, así como su respectivo anexo. Acto seguido el Juez de Distrito acuerda: téngase por hecha la relación de las indicadas constancias. En periodo de pruebas, se tienen por anunciadas en tiempo y desahogadas por su propia naturaleza, la documental ofrecida por la parte quejosa referente a las constancias remitidas por la responsable con su informe justificado, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales fueron acordadas por auto de veintitrés de noviembre pasado; así como también, las pruebas documentales de la autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Veracruz, Veracruz, consistentes en copias certificadas relativas al expediente 1652/2021-III de su índice, que adjuntó a su informe justificado y que fueron agregadas en proveído de dieciocho de noviembre del año en curso; asimismo, se hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. El Juez acuerda: se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; por lo que se cierra el referido periodo. En el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no ejercieron ese derecho y que la Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento alguno; a lo que el juez acuerda: al no existir alegatos por reproducir, se da por concluido este periodo. Enseguida, al no obrar en autos más probanzas que desahogar, ni alegatos de las partes por reproducir, se dan por terminadas las dos primeras etapas de esta audiencia y se turnan los autos para dictar la resolución correspondiente.
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