Daniel Restrepo Posada

Expediente 3/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Gutiérrez Ramos
  • Daniel Restrepo Posada
  • Juez de lo Civil del DIstrito Judicial de Artlixco, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Por resolución dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se declaró procedente la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra los actos de las autoridades responsables Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, para los siguientes efectos: 1. Dejen sin efectos el oficio 223301EL350557 de uno de marzo de dos mil veintitrés. 2. Emitan la respuesta a la solicitud del denunciante registrada con el número 223301EL350557, y si no advierten diverso impedimento legal, otorguen la autorización sanitaria para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha para el autoconsumo lúdico es importante precisar que el presente criterio no supone una autorización para que la parte denunciante siembre semillas de mariguana, cultive y coseche su producto en lugares públicos, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros:............ y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, observando los términos de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en la autorización que emita, deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias aludidas. Además, al emitir la autorización deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en representación del titular de la COFEPRIS, del Comisionado de Autorización Sanitaria y de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución de mérito. Asimismo, previo envió del expediente en que se actúa al tribunal de alzada, mediante auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo informando al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que por diverso proveído de siete de agosto del presente año, dictado en el toca R. A.-511/2023, dicho órgano colegiado desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente juicio. En ese sentido, mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, el respectivo cumplimiento. En consecuencia, por oficio electrónico recibido en este Juzgado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), remitió copia certificada del oficio ....... que contiene la resolución de once de julio de dos mil veintitrés, en la que dejó sin efectos el oficio 223301EL350557 de uno de marzo de dos mil veintitrés, y dio contestación a la solicitud del denunciante, en los siguientes términos: Por lo anterior, el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable, sin que se hiciera manifestación alguna sobre el particular. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De los autos se aprecia que la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), mediante oficio recibido en la oficialía de este juzgado el veinticinco de octubre del presente año, remitió copia certificada del oficio COFEPRISCAS ......... que contiene la resolución de once de julio de dos mil veintitrés, en la que dejó sin efectos el oficio 223301EL350557 de uno de marzo de dos mil veintitrés, y en contestación a la solicitud del denunciante, emitió la respuesta correspondiente, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE JUICIO, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa, es CONSERVABLE, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, este juzgado federal ordenara su transferencia al Archivo de Concentración. Debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de control en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo que la fecha probable de su TRANSFERENCIA será el NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 38 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, ASÍ COMO LA FECHA PROBABLE DE TRANSFERENCIA en la carátula del expediente. Con copia del presente acuerdo, hágase del conocimiento al Secretario encargado de las listas de archivo la fecha de probable destrucción o transferencia para su registro y efectos legales conducentes. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. Finalmente, para efectos de estadísticos de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento del fallo amparador dictado en el presente juicio constitucional: Campo solicitado Fecha 1 Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad 11 de julio de 2023 2 Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento 25 de octubre de 2023 3 Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el apercibimiento 26 de octubre de 2023 4 Fecha en que se tuvo por cumplida la ejecutoria 10 de noviembre de 2023 Notifíquese en términos de ley

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    En San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de la subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), por el que en cumplimiento a la sentencia de amparo remite copia certificada de La resolución de once de julio de dos mil veintitrés, en la que deja sin efectos el oficio 223301EL350557 de uno de marzo de dos mil veintitrés, y en contestación a la solicitud del denunciante, emite la respuesta correspondiente, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las referidas documentales dese vista a la parte denunciante por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En razón de lo anterior, se deja sin efectos el siete de noviembre de dos mil veintitrés señalado para para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de la subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación de las autoridades denunciadas, por el que señala que remite copia certificada del OFICIO No. COFEPRIS-CAS-DEREPSQ- 18689/2023 con el que da cumplimiento a la resolución de la denuncia en que se actúa. Ahora, en atención a que el oficio en cuestión es ilegible; se requiere a las autoridades denunciadas Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de esta resolución, remitan copia certificada y legible del OFICIO No. COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-18689/2023. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193, 237, fracción I, 238, y 258, de la ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En razón de lo anterior, se deja sin efectos el trece de octubre de dos mil veintitrés señalado para para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, se señala el siete de noviembre de dos mil veintitrés para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que informa que esa Superioridad declara firme el acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés que desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto; asimismo, devuelve Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 3/2023. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 210, fracción I de la Ley de Amparo, se ordena a las autoridades denunciadas Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de esta resolución, realicen, a través de las autoridades competentes, lo siguiente: 1. Dejen sin efectos el oficio 223301EL350557 de uno de marzo de dos mil veintitrés. 2. Emitan la respuesta a la solicitud del denunciante registrada con el número 223301EL350557, y si no advierten diverso impedimento legal, otorguen la autorización sanitaria para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha para el autoconsumo lúdico -es importante precisar que el presente criterio no supone una autorización para que la parte denunciante siembre semillas de mariguana, cultive y coseche su producto en lugares públicos-, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, 9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, observando los términos de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en la autorización que emita, deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias aludidas. Además, al emitir la autorización deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros." Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193, 237, fracción I, 238, y 258, de la ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se señala el día trece de octubre de dos mil veintitrés, para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese por lista a las partes.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano