Daniel Ramírez Arteaga

Expediente 1403/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1403/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Daniel Ramírez Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México,nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial con que se da cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado a las partes en auto de veinticinco de abril del año en curso, respecto de las constancias remitidas por la responsable en relación con el cumplimento al fallo protector; por tanto, se procede a calificarlo. Ahora bien, debe decirse que mediante sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y que los efectos de la concesión fueron para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: -De inmediato, emita el acuerdo en el que se pronuncie de tales peticiones, es decir, sobre la procedencia o improcedencia de lo que solicitó la actora en las diligencias de cinco de julio de dos mil veintiuno y veintinueve de agosto de dos mil veintidós, y que fueron reiteradas en comparecencia de veintitrés de septiembre siguiente, respecto a la ejecución de laudo contra la demandada en el juicio de origen (***). En el entendido que la determinación que emita, deberá notificarla a la parte actora (aquí quejosa) en el domicilio procesal que tenga acordado en autos para tal efecto. Determinación que causó ejecutoria mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por lo que se requirió su cumplimiento. En respuesta, la autoridad responsable Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia del auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***, en el que la autoridad responsable no se pronunció en su totalidad sobre la procedencia de todo lo que le solicitó la actora, respecto a la ejecución del laudo contra la demanda en el citado juicio de origen (promoción 4837). Lo anterior, pues en la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se apuntó que el actor -aquí quejoso-, solicitó a través de las diligencias de cinco de julio de dos mil veintiuno y veintinueve de agosto de dos mil veintidós y, que fueron reiteradas en comparecencia de veintitrés de septiembre siguiente (respecto a la ejecución de laudo contra la demandada en el juicio de origen *** del índice de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz), lo siguiente: 1. El veintiocho de enero de dos mil veinte, la sala responsable dictó el laudo en el expediente laboral ***, promovido por ***, a través del cual condenó a la moral oficial demandada Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al pago de diversas prestaciones que le reclamó el accionante, quedando compelido a realizar el pago de lo ahí descrito y a reinstalar al trabajador. 2. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se despachó auto de requerimiento de pago y embargo contra la demandada. 3. En diligencia de cinco de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la diligencia de reinstalación de la demandada en la que, ante la falta del pago requerido, en uso de la voz, el apoderado de la actora peticionó que se giraran oficios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llegarse de medios que demuestren la capacidad económica de la demandada, y misivas para proceder al embargo, congelamiento, suspensión, inmovilización y retención de las cuentas bancarias a nombre de la accionada. 4. El actor por conducto de sus apoderados, realizó diversas solicitudes a través de las promociones 4946 y 5459; relativas a que se dictara auto de ejecución, se llevara a cabo la reinstalación, se embargaran bienes a la demandada, y para el caso de renuencia, impusiera una multa máxima; a las que recayó el proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, despachando auto de requerimiento de pago y embargo, apercibiendo a la demandada que de no dar cumplimiento al laudo, se le impondría una multa. 5. En cumplimiento al referido proveído, a través de la diligencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el apoderado de la parte actora en compañía de la actuaria adscrita a la Sala responsable, se constituyeron en el domicilio señalado para tal efecto, en la que la diligenciaria procedió a requerir el pago a la demandada, apercibiéndola en los términos ahí descritos; sin embargo, asentó que el representante de la accionada refirió que no se niega al pago pero que se ven impedidos para sufragarlo en una sola exhibición, e informó que se depositó cheque certificado 0000329 de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en favor del accionante, a quien se le transfirió el derecho a señalar bienes, por lo que en uso de la voz manifestó: a) Su oposición a recibir dicho cheque, y solicitó a la actuaria dar cuenta a la Presidenta ejecutora respecto a hechos relacionados con abuso de autoridad, en términos de lo previsto en el numeral 335 del Código Penal Vigente para el Estado de México. b) Se expidiera copia certificada de la diligencia y del acuerdo que recaiga, a efecto de iniciar la carpeta de investigación correspondiente. c) Se diera vista al agente del ministerio público por la posible comisión del delito de desobediencia y contra la administración de justicia; que se pusiera en conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que iniciara el procedimiento económico coactivo respectivo, y a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para deslindar responsabilidades, en el supuesto de renuencia de la demandada para pagar el crédito laboral. d) Que el Presidente ejecutor procediera en términos de los artículos 945, 946, 953, 954, 956, 958, 965, 979 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que realizara todas las gestiones necesarias para lograr la ejecución del laudo, con los apercibimientos correspondientes para que de ser procedentes, los hiciera efectivos hasta lograr el cumplimiento. e) Girara oficios y/o correos o mediante la plataforma del SIARA (Sistema de Atención a Requerimiento de Autoridad), a efecto de que informaran si el demandado cuenta con recursos económicos para garantizar el crédito laboral y a su vez, procediera al embargo, congelamiento, suspensión, inmovilización y/o retención de intervenciones de las cuentas con recursos propios de la accionada, hasta por la cantidad de $672,881.25 (seiscientos setenta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 moneda nacional). De igual forma, para que requiriera con las medidas de apremio eficaces, para que embargado el crédito laboral, la institución bancaria remitiera el cheque de caja o certificado motivo del embargo, a favor del actor. 6. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, proveyó que se entregara el certificado de depósito exhibido por la demandada -pago parcial- e hizo constar la entrega del cheque certificado exhibido por la demandada; sin embargo, nada dijo respecto a las peticiones que formuló la actora en esa data, en torno a que se proveyera, de conformidad las diversas realizadas en la citada diligencia de veintinueve de agosto de ese año, girando los oficios respectivos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la inmovilización de las cuentas bancarias a nombre de la accionada. En consecuencia, en auto de doce de abril del año en curso, por los motivos ahí expuestos, se requirió a la responsable para que cumpliera a cabalidad con la sentencia. Posteriormente, mediante promociones con números de registro 4984 y 5552, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias con las informaba que había dado cumplimiento al fallo protector, en particular en las diligencias celebradas el cinco de julio de dos mil veintiuno y veintinueve de agosto de dos mil veintidós, así como en la comparecencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós: En auto de veinticinco de abril siguiente, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, (registro 5552), que anexó copia certificada del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés dictado en el expediente laboral ***, de la que se advierten las respuestas dadas a las peticiones que formuló la actora -aquí quejosa- en las diligencias de cinco de julio de dos mil veintiuno y veintinueve de agosto de dos mil veintidós, así como en la comparecencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, al tenor siguiente: En atención a las manifestaciones vertidas por la parte actora en la diligencia celebrada el cinco de julio de dos mil veintiuno, se le tiene solicitando: 1.- Se de vista al Ministerio Público, por la posible comisión de delito de desobediencia y en contra de la administración de la justicia, petición que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que de la lectura de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, no se considera que los hechos son constitutivos de un delito, por lo que se deja a salvo los derechos de la parte actora para que lo haga valer ante la autoridad competente. 2.- Se gire oficio al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ya que ha omitido dar cumplimiento al pago del laudo en tiempo y forma y ha omitido presupuestarlo en la balanza de comprobación detallada, para que inicie el procedimiento económico coactivo en contra de quien resulte responsable, de la omisión del pago de crédito laboran y una vez fincada la responsabilidades (SIC), solicita se ponga de conocimiento de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México a efecto de deslindar responsabilidad respecto de las omisiones de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones, petición que no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que el procedimiento de ejecución se lleva conforme a lo establecido en los preceptos del 250 al 256 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de los que no se advierte que esta autoridad este facultada para iniciar o dar vista al Órgano Superior de Fiscalización o a la Contraloría del Estado de México, para que inicie procedimientos de responsabilidades, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que lo haga valer ante la autoridad competente. 3.- Se gire oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para llegarse de medios que demuestren la capacidad económica de la demandada, y proceder al embargo, congelamiento, suspensión, inmovilización y retención de cuentas bancarias a nombre del demandado, petición que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que el Ayuntamiento cuentas (SIC) con diversas fuentes de ingresos, como lo es las participaciones federales y programas sociales, que son considerados como recursos inembargables, como lo establece el artículo 9 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal por lo cual el demandado debe de establecer una partida para el pago de laudos aunado lo anterior, las instituciones bancarias no son competentes para determinar si los recursos depositados en las cuentas bancarias son recursos propios, y en su caso proceder al embargo, asimismo, de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, no se advierte que la C. Actuaria haya procedido al embargo de cuentas bancarias propiedad del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, lo anterior de conformidad con los artículos 19, 209 bis, 250, 252 y 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. II.- En atención a las manifestaciones vertidas por la parte actora en la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se le tiene manifestando lo siguiente: 1.- Se opone a recibir el cheque exhibido y solicita se de vista a la Presidenta ejecutora respecto a hechos relacionados con abuso de autoridad, en términos de lo previsto en el numeral 335 del Código Penal vigente para el Estado de México, por lo que respecta a la oposición de recibir el cheque, dicha manifestación se desvirtúa, en razón de que el veintitrés de septiembre de dos mi veintidós, compareció el actor ante esta autoridad a recibir el título de crédito exhibido por la demandada; por lo que respecta a la vista que se da, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que la parte demandada es considerada como parte patronal en el presente juicio, por lo cual no son considerados como actos de autoridad las actuaciones que realice, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y artículo 5 de la Ley de Amparo, 2.- Se expida copia certificada de la diligencia y del acuerdo que recaiga, a efecto de iniciar la carpeta de investigación correspondiente, petición que se acuerda de conformidad, por lo que expídase a costa de la parte actora copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos. 3.- Se de vista al Agente del Ministerio Público, por la posible comisión de delito de desobediencia y en contra de la administración de la justicia, que se pusiera en conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para que inicie el procedimiento económico coactivo respectivo y a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para deslindar responsabilidades, petición que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que de la lectura de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, no se considera que los hechos son constitutivos de un delito, por lo que se deja a salvo los derechos de la parte actora para que lo haga valer ante la autoridad competente, asimismo el procedimiento de ejecución se lleva conforme a lo establecido en los artículos 250 al 256 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de los que no se advierte que esta autoridad este facultada para iniciar o dar vista al Órgano Superior de Fiscalización o a la Contraloría del Estado de México, para que inicie procedimiento de responsabilidades dejando a salvo los derechos de la parte actora para que lo haga valer ante la autoridad competente. 4.- Que el Presidente ejecutor proceda en términos de los artículos 945, 946, 953, 954, 956, 958, 965, 979 de la Ley Federal del Trabajo a efecto de que se realicen todas las gestiones necesarias para logara (SIC) la ejecución del laudo, con los apercibimientos correspondientes para que de ser procedente, se hagan efectivos hasta su cumplimiento, manifestaciones que se tiene por hechas para los efectos legales a que haya lugar, sin embargo la ejecución del laudo es a petición de parte, toda vez que se han acordado las peticiones realizadas por la parte actora para logar la ejecución, y la parte demanda dio cumplimiento parcial, al manifestar que se encuentra impedida para cubrir el monto total en una sola exhibición, de conformidad con el artículo 252 y 253 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 5.-Girar oficios y/o correo o mediante la plataforma SIARA (Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad), a efecto de que informe si el demandado cuenta con recursos económicos para garantizar el crédito laboral y a su vez, procediera al embargo, congelamiento, suspensión, inmovilización y/o retención de la cuentas con recursos propios de la demandada hasta por la cantidad de $672,881.25, y se requiera con las medidas de apremio eficaces, para que embargado el crédito laboral, la institución bancaria remita el cheque de caja o certificado motivo del embargo a favor de la actora, petición que fue reiterada por la parte actora mediante comparecencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, petición que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la cantidad requerida mediante auto de ocho de agosto de dos mil veintidós y el crédito laboral que el Ayuntamiento le adeuda al trabajador varea en virtud de que la demandada dio cumplimiento parcial al exhibir la cantidad de $67,288.12 que resultó después de realizar la retención del impuesto sobre la renta a la cantidad de $89,534.33 y a lo cual exhibió el comprobante fiscal, misma que fue recibida a entera satisfacción del actor en fecha veintitrés de septiembre de dos mi veintidós, aunado lo anterior no se advierte que la C. Actuario haya trabado formal y legal embargo sobre cuentas bancarias propiedad del demandado, como lo señala la legislación laboral aplicable , toda vez que el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo se encuentra especificado en el artículo 252 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que actualice y promueva la ejecución del laudo de veintiocho de enero de dos mil veinte, toda vez que esta autoridad debe de cerciorarse que lo peticionado se ajuste a la condena decretada mediante laudo y carece de facultad para sustituirse a la parte actora para realizar operaciones aritméticas, todo lo anterior con fundamento en lo establecido en los preceptos 19, 205, 209 bis, 250, 252 y 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.- Asimismo, se advierte que el citado acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable fue notificado a las partes por boletín laboral el veinticuatro siguiente, como se advierte de las constancias que remitió la responsable y por ser el que tiene señalado el quejoso en el expediente de origen como domicilio procesal, como se advierte de las documentales que remitió la autoridad responsable en su informe justificado (foja 39). Por lo tanto, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que atendió en sus términos los efectos esenciales del fallo protector; por lo que se concluye que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, dado que se proveyó respecto a las referidas solicitudes del actor -aquí quejoso- en lo atinente a la ejecución del laudo emitido en los autos del controvertido de origen. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de doce de abril del presente año, remite diversas documentales relativas al cumplimiento dado al fallo protector, consistentes en copia certificada del auto de diecinueve de abril del año en curso, emitido en el expediente SAT411/2010 de su índice y de la constancia de notificación practicada a las partes por boletín laboral el veinticuatro siguiente. Con lo anterior, así como con la promoción 4837 y 4984, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual informa las gestiones tendientes a fin de dar cumplimiento al fallo protector; toda vez que mediante auto de doce de abril del año en curso, se recibió misiva de similar contenido a la que anexó el acuerdo de cuatro de este mes y anualidad (promoción 4837), y se acordó al respecto. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual informa las acciones tendientes a cumplir la sentencia. Sin embargo, del oficio se desprende que la Sala responsable no emitió el proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que se pronunciara en su totalidad sobre la procedencia o improcedencia de todo lo que solicitó la actora, respecto a la ejecución de laudo contra la demandada en el juicio de origen (SAT411/2010). Lo anterior, pues en la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se apuntó que el actor -aquí quejoso-, solicitó a través de las diligencias de cinco de julio de dos mil veintiuno y veintinueve de agosto de dos mil veintidós y, que fueron reiteradas en comparecencia de veintitrés de septiembre siguiente (respecto a la ejecución de laudo contra la demandada en el juicio de origen SAT411/2010 del índice de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz), lo siguiente: ". 1. El veintiocho de enero de dos mil veinte, la sala responsable dictó el laudo en el expediente laboral SAT411/2010, promovido por Daniel Ramírez Arteaga, a través del cual condenó a la moral oficial demandada Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al pago de diversas prestaciones que le reclamó el accionante, quedando compelido a realizar el pago de lo ahí descrito y a reinstalar al trabajador. 2. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se despachó auto de requerimiento de pago y embargo contra la demandada. 3. En diligencia de cinco de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la diligencia de reinstalación de la demandada en la que, ante la falta del pago requerido, en uso de la voz, el apoderado de la actora peticionó que se giraran oficios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llegarse de medios que demuestren la capacidad económica de la demandada, y misivas para proceder al embargo, congelamiento, suspensión, inmovilización y retención de las cuentas bancarias a nombre de la accionada. 4. El actor por conducto de sus apoderados, realizó diversas solicitudes a través de las promociones 4946 y 5459; relativas a que se dictara auto de ejecución, se llevara a cabo la reinstalación, se embargaran bienes a la demandada, y para el caso de renuencia, impusiera una multa máxima; a las que recayó el proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, despachando auto de requerimiento de pago y embargo, apercibiendo a la demandada que de no dar cumplimiento al laudo, se le impondría una multa. 5. En cumplimiento al referido proveído, a través de la diligencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el apoderado de la parte actora en compañía de la actuaria adscrita a la Sala responsable, se constituyeron en el domicilio señalado para tal efecto, en la que la diligenciaria procedió a requerir el pago a la demandada, apercibiéndola en los términos ahí descritos; sin embargo, asentó que el representante de la accionada refirió que no se niega al pago pero que se ven impedidos para sufragarlo en una sola exhibición, e informó que se depositó cheque certificado 0000329 de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en favor del accionante, a quien se le transfirió el derecho a señalar bienes, por lo que en uso de la voz manifestó: a) Su oposición a recibir dicho cheque, y solicitó a la actuaria dar cuenta a la Presidenta ejecutora respecto a hechos relacionados con abuso de autoridad, en términos de lo previsto en el numeral 335 del Código Penal Vigente para el Estado de México. b) Se expidiera copia certificada de la diligencia y del acuerdo que recaiga, a efecto de iniciar la carpeta de investigación correspondiente. c) Se diera vista al agente del ministerio público por la posible comisión del delito de desobediencia y contra la administración de justicia; que se pusiera en conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que iniciara el procedimiento económico coactivo respectivo, y a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para deslindar responsabilidades, en el supuesto de renuencia de la demandada para pagar el crédito laboral. d) Que el Presidente ejecutor procediera en términos de los artículos 945, 946, 953, 954, 956, 958, 965, 979 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que realizara todas las gestiones necesarias para lograr la ejecución del laudo, con los apercibimientos correspondientes para que de ser procedentes, los hiciera efectivos hasta lograr el cumplimiento. e) Girara oficios y/o correos o mediante la plataforma del SIARA (Sistema de Atención a Requerimiento de Autoridad), a efecto de que informaran si el demandado cuenta con recursos económicos para garantizar el crédito laboral y a su vez, procediera al embargo, congelamiento, suspensión, inmovilización y/o retención de intervenciones de las cuentas con recursos propios de la accionada, hasta por la cantidad de $672,881.25 (seiscientos setenta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 moneda nacional). De igual forma, para que requiriera con las medidas de apremio eficaces, para que embargado el crédito laboral, la institución bancaria remitiera el cheque de caja o certificado motivo del embargo, a favor del actor. 6. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, proveyó que se entregara el certificado de depósito exhibido por la demandada -pago parcial- e hizo constar la entrega del cheque certificado exhibido por la demandada; sin embargo, nada dijo respecto a las peticiones que formuló la actora en esa data, en torno a que se proveyera, de conformidad las diversas realizadas en la citada diligencia de veintinueve de agosto de ese año, girando los oficios respectivos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la inmovilización de las cuentas bancarias a nombre de la accionada." De igual forma, se tiene que ordenó la notificación de dicho auto mediante boletín laboral, sin que anexe constancia en la que se advierta que, respecto a la parte actora (aquí quejosa), se trata del domicilio procesal que tenga acordado en autos para tal efecto. Por tanto, con fundamento en el numeral 193 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase a la referida responsable para que dentro del plazo de tres días, remita copia certificada de las constancias con las que acredite haber dado cabal cumplimiento al fallo protector; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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