Daniel Quintal Ic

Expediente 1164/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1164/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Daniel Quintal Ic

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y a la autoridad tercera interesada, a través del oficio 11926/2021 de esa propia fecha. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que, en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa y tercera interesada los días dieciocho y diecinueve de mayo del año en curso, respectivamente. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el segundo punto resolutivo, se concedió al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: ". la responsable, de inmediato, se pronuncie respecto al escrito que ésta le presentó el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve." Por acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia protectora de derechos y se requirió su cumplimiento a la responsable. Ahora bien, con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio TJA/919/2021 de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó respecto del cumplimiento de la misma, pues a su misiva de cumplimiento anexó copia certificada del acuerdo que emitió el diecinueve de febrero de este año. En dicho acuerdo, en vía de respuesta a las solicitudes formuladas por el quejoso, expuso los motivos y fundamentos por los cuales declaró procedente hacer extensiva la suspensión decretada en la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve. Agregando que, en dicha resolución, se daba contestación a las peticiones del promovente del amparo respecto de su solicitud de decretar la suspensión en cuanto a la falta de pago de la pensión que se determinó otorgarle en el oficio DG0B/0375/BIS/2018 suscrito por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, ********************; así como a su diversa solicitud de acumulación de los expedientes ******************** y 189/2019. Todo ello, sin que hasta la fecha en la que se estudió el cumplimiento de la ejecutoria del amparo, hubiese existido en este expediente constancia alguna de que el quejoso se encontrara enterado de dicha circunstancia. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de la materia, se hizo patente que la autoridad responsable se encontraba obligada a dar contestación por escrito a la petición que le formulara la parte quejosa de resolver el incidente de suspensión estudiado en este juicio; lo que debió de hacer una vez que quedara firme la referida sentencia. Luego, confrontados los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del invocado numeral, con las documentales remitidas por la autoridad responsable en cita, por proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se estimó que no había dado cabal cumplimiento a la misma, ya que el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, lo emitió cuando aún no había causado ejecutoria la sentencia concesora del amparo (trece de abril de dos mil veintiuno). Por ello se determinó que la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a una sentencia de amparo indirecto recurrible que no había causado ejecutoria y que, por tanto, no era vinculatoria, debía dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución dictada en relación con una sentencia que no había adquirido firmeza legal. Ello, con apoyo en la tesis aislada, con el rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UNA RESOLUCIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO, ÉSTA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. El artículo 192 de la Ley de Amparo establece el procedimiento de cumplimiento de las sentencias en amparo indirecto, y señala que será "cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo" a partir de que el órgano jurisdiccional requerirá a la responsable el cumplimiento del fallo, por lo que no hay duda de que el legislador introdujo la condicionante de que dicho requerimiento estaría precedido de la declaratoria de firmeza, pues si ello no fuera relevante, el texto de la norma sería distinto. Lo anterior tiene sentido en la medida en que considerar válido el hecho de que las responsables pudieran acatar el fallo en cualquier momento posterior a su emisión, equivaldría a privar de un derecho legalmente otorgado a las partes y dejarlas en estado de indefensión, al no permitírseles ser escuchadas a través del recurso correspondiente. Por ende, si la sentencia de la que emana el medio de impugnación que se resuelve, causa ejecutoria únicamente por la correspondiente declaración judicial, y ésta sólo puede darse una vez que se resuelva el recurso respectivo, sólo a partir de ese momento puede exigirse su cumplimiento y, concomitantemente, atenderse al cumplimiento que dé la autoridad responsable. Así, mientras no exista ese pronunciamiento, no deja de ser una resolución que, si bien define una litis, no tiene fuerza legal, esto es, no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, por estar sujeta a la resolución del recurso que se interpuso en su contra, debido a que aún se halla en situación de expectativa, y hasta que no cause ejecutoria, no es ni imperativa ni obligatoria para las partes, por lo que el cumplimiento anticipado no puede considerarse legal, porque hacerlo implicaría reconocer valor a una resolución emitida en vía de cumplimiento a una sentencia no vinculatoria y, a la par, dejar a la voluntad de la autoridad responsable la procedencia del medio de impugnación ordinario; por tanto, si la autoridad responsable dictó una resolución para cumplir una sentencia de amparo indirecto que no ha causado ejecutoria, ésta debe dejarse insubsistente." En atención a lo ya explicado, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la sentencia, su observancia puntual y satisfactoria a los intereses de la parte quejosa, en el juicio de amparo indirecto, el suscrito Juzgador, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, estableció que el acto realizado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria emitida en este asunto, pero con defecto. Consistiendo éste en que lo efectuó cuando aún no había causado ejecutoria la sentencia; por lo que debía de dejarse insubsistente, así como sus demás efectos. Por ello, se requirió nuevamente a la responsable, para que en el término de tres días, cumpliera a cabalidad con la ejecutoria del amparo, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.". Del que se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo; sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias, incluso con el uso de las medidas de apremio para ello previstas en el artículo 237 de la citada Ley de Amparo. Ahora bien, con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio TJA/1134/2021 el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, remitió copia certificada del acuerdo dictado el doce de mayo del año en curso, en autos del expediente ******************** y su acumulado 189/2019. En dicho acuerdo la autoridad responsable, dejó insubsistente la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada en esos autos, así como sus demás efectos; aclarando que, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se pronunció en relación al cumplimiento a la ejecutoria federal, siendo que por un lapsus calami o error de escritura producto del uso de un formato, no se actualizó la fecha de manera adecuada en la nueva determinación que pronunció; misma que se dejó insubsistente en cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, el cuatro de mayo del año en curso. En la nueva determinación, la responsable hace saber que en respuesta a las solicitudes formuladas por la parte quejosa en su escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, respecto de la acumulación de expedientes y de emitir la resolución incidental correspondiente, en relación con la falta de pago de la pensión que aduce le fue otorgada en el oficio DG0B/0375/BIS/2018 suscrito por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, ********************, obran en autos del cuaderno incidental, la interlocutoria de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve dictada en el entonces expediente incidental ********************, en la que se le concedió al aquí quejoso la suspensión de los actos reclamados, en los términos establecidos en dicha interlocutoria, así como certificación de la determinación de fecha catorce de enero de dos mil veinte emitida en el expediente principal, en la que se declara procedente la acumulación del Juicio 189/2019 al diverso ********************. Por lo que procedió a resolver lo correspondiente respecto de la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, en el sentido de que resulta procedente pero infundada la solicitud de suspensión formulada por el promovente del juicio contencioso administrativo, radicado con el número de expediente incidental acumulados 13612019 y 189/2019, exponiendo para ello, los razonamientos en los que se basó para tomar dicha determinación. Lo que le fue debidamente notificado al peticionario del amparo, el catorce del actual mes, por conducto de su autorizado, como se advierte de las constancias que la responsable acompañó a su oficio TJA/1171/2021, mismo que se tuvo por recibido en este expediente, por acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto: agréguese a estos autos, para los efectos legales conducentes, el oficio TJA/1171/2021, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, residente en esta capital, así como el anexo que al mismo acompaña, remitidos en alcance a su diverso TJA/1134/2021. Y por medio del cual remite las certificaciones relativas a las constancias de notificación del acuerdo de fecha doce de mayo del año cursante dictado en el expediente incidental número ********************y su Acumulado ********************, de su índice. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que, por auto de diecisiete del actual mes, se dio vista a las partes con lo informado por la responsable respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto: agréguese a estos autos el oficio TJA/1134/2021, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, residente en esta capital, así como el anexo que al mismo acompaña; que remite en relación al requerimiento formulado por oficio 10840/2021, del índice de este Juzgado y al cumplimiento de la ejecutoria del amparo. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Por otra parte, agréguese a este expediente el escrito de ***, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual señala nuevo domicilio del promovente, para oír y recibir las notificaciones derivadas de este asunto. En atención a lo anterior, se tiene el predio ***, de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, por establecido como de la parte quejosa, para los efectos precisados en su ocurso de cuenta. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio al tercero interesado.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de veintitrés de abril último, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y a la autoridad tercera interesada, a través del oficio 9782/2021 de esa propia fecha. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que, en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa y tercera interesada el veintisiete de abril recién finalizado. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el segundo punto resolutivo, se concedió al quejoso Daniel Quintal Ic, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: ". la responsable, de inmediato, se pronuncie respecto al escrito que ésta le presentó el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve." Por acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia protectora de derechos y se requirió su cumplimiento a la responsable. Ahora bien, con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio TJA/919/2021 de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó respecto del cumplimiento de la misma, pues a su misiva de cumplimiento anexó copia certificada del acuerdo que emitió el diecinueve de febrero de este año. En dicho acuerdo, en vía de respuesta a las solicitudes formuladas por el quejoso, expuso los motivos y fundamentos por los cuales declaró procedente hacer extensiva la suspensión decretada en la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve. Agregando que en dicha resolución, se daba contestación a las peticiones del promovente del amparo respecto de su solicitud de decretar la suspensión en cuanto a la falta de pago de la pensión que se determinó otorgarle en el oficio DG0B/0375/BIS/2018 suscrito por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello; así como a su diversa solicitud de acumulación de los expedientes 136/2019 y 189/2019. Ello, sin que hasta la fecha exista en autos constancia alguna de que el quejoso se encuentre enterado de dicha circunstancia. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se encontraba obligada a dar contestación por escrito a la petición de resolver el incidente de suspensión afecto a este juicio, que le formulara la parte quejosa; lo que debió de hacer una vez que quedara firme la referida sentencia. En este tenor, el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado en la demanda sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el efecto de la concesión del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. En la especie, confrontando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del invocado numeral, con las documentales remitidas por la autoridad responsable en cita, se advierte que no puede estimarse que se dio cabal cumplimiento a la misma, ya que el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, fue emitido cuando aún no había causado ejecutoria la sentencia concesora, que lo fue hasta el trece de abril último. En ese sentido, la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a una sentencia de amparo indirecto recurrible que no había causado ejecutoria y que, por tanto, no era vinculatoria, debe dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución dictada en relación con una sentencia que no había adquirido firmeza legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada con los datos de identificación: Época: Décima Época, Registro: 2018471, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.P.12 K (10a.), Página: 2575, con el rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UNA RESOLUCIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO, ÉSTA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. El artículo 192 de la Ley de Amparo establece el procedimiento de cumplimiento de las sentencias en amparo indirecto, y señala que será "cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo" a partir de que el órgano jurisdiccional requerirá a la responsable el cumplimiento del fallo, por lo que no hay duda de que el legislador introdujo la condicionante de que dicho requerimiento estaría precedido de la declaratoria de firmeza, pues si ello no fuera relevante, el texto de la norma sería distinto. Lo anterior tiene sentido en la medida en que considerar válido el hecho de que las responsables pudieran acatar el fallo en cualquier momento posterior a su emisión, equivaldría a privar de un derecho legalmente otorgado a las partes y dejarlas en estado de indefensión, al no permitírseles ser escuchadas a través del recurso correspondiente. Por ende, si la sentencia de la que emana el medio de impugnación que se resuelve, causa ejecutoria únicamente por la correspondiente declaración judicial, y ésta sólo puede darse una vez que se resuelva el recurso respectivo, sólo a partir de ese momento puede exigirse su cumplimiento y, concomitantemente, atenderse al cumplimiento que dé la autoridad responsable. Así, mientras no exista ese pronunciamiento, no deja de ser una resolución que, si bien define una litis, no tiene fuerza legal, esto es, no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, por estar sujeta a la resolución del recurso que se interpuso en su contra, debido a que aún se halla en situación de expectativa, y hasta que no cause ejecutoria, no es ni imperativa ni obligatoria para las partes, por lo que el cumplimiento anticipado no puede considerarse legal, porque hacerlo implicaría reconocer valor a una resolución emitida en vía de cumplimiento a una sentencia no vinculatoria y, a la par, dejar a la voluntad de la autoridad responsable la procedencia del medio de impugnación ordinario; por tanto, si la autoridad responsable dictó una resolución para cumplir una sentencia de amparo indirecto que no ha causado ejecutoria, ésta debe dejarse insubsistente." En atención a lo expuesto y con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la sentencia y su observancia puntual y satisfactoria a los intereses de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto, el suscrito, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, determina que el acto del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que ha ejecutado, da cumplimiento a la ejecutoria emitida en este asunto, pero con defecto, consistiendo éste en que lo efectuó cuando aún no había causado ejecutoria la sentencia; por lo que debe de dejarse insubsistente, así como sus demás efectos. En consecuencia, requiérase nuevamente al Magistrado antes nombrado, para que dentro el término de tres días, cumpla a cabalidad con la ejecutoria en análisis, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.". Del que se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias, incluso con el uso de las medidas de apremio para ello previstas en el artículo 237 de la citada Ley de Amparo. Apercibido que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, consistente en $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado y cúmplase.

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