Daniel Pulido Oropeza
Expediente 454/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniel Pulido Oropeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales; asimismo, toda vez que la demanda origen de este expediente se desechó, con fundamento en el artículo 21 inciso d) del multicitado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Sin embargo, en términos de lo dispuesto en el capítulo 7 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano" atendiendo a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente es DEPURABLE, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por el cual el quejoso Daniel Pulido Oropeza, cumple oportunamente con lo requerido en proveído inicial, esto es, formula su demanda en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Al respecto se provee: PARTE QUEJOSA Daniel Pulido Oropeza, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO RECLAMADO AUTORIDAD RESPONSABLEACTOS RECLAMADOS 1.- Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA" 2.- Titular del Aérea Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA" Falta de atención médica. Pues refiere padece insomnio y dolor en la columna vertebral -lo que a su consideración equivale a tortura, pues no se le proporcionan los medicamentos que requiere-. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, YA QUE EN EL CASO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE EL QUEJOSO NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El referido numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]". De ahí que el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. Por lo que dicho principio debe ser acatado previamente por el promovente, salvo las excepciones que el precepto invocado establece, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así también, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 1°, fracción II, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de ahí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Por su parte el numeral 2° de dicha legislación, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad, es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad; y en el diverso 9°, se prevén los derechos de tales personas en un centro penitenciario. En ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión del quejoso, el acto reclamado en esta instancia, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso, los actos reclamados constituyen una situación inherente a las condiciones de internamiento del quejoso como lo es la falta de atención médica que él quejoso considera adecuada y proporcionarle el medicamento que requiere. De modo que los actos reclamados recaen en la autoridad penitenciaria, al estar dentro de sus atribuciones la administración del centro de reclusión, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta al quejoso. Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez de Ejecución respectivo, las cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Los artículos 30, 31, 32, 33, 37, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal regulan el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", mediante el cual las personas privadas de la libertad, y aquellas legitimadas en esa ley, pueden realizarlas a su favor, para impugnar hechos, actos u omisiones que tengan relación con las condiciones de internamiento, con la finalidad de que la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas, y una vez allegada de la información necesaria, declare la existencia de alguna afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a derechos de terceras personas y, si fuera el caso, la subsanación de ésta. Incluso, la normativa prevé que para el caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente, éste puede formular controversia ante el juez de ejecución (o de control en caso de las personas sujetas a prisión preventiva), dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Es así, pues la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución (o de control) para plantear su petición, quien decretará de oficio y de inmediato la suspensión del hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; o bien, tratándose de omisiones, ese juzgador determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, es decir, puede resolver precautoriamente con efectos de restitución. De ahí que puede afirmarse que la petición administrativa es un medio de defensa que cumple con las características requeridas por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues es claro que en casos como el que ahora pretende impugnar el quejoso se colman los lineamientos que en materia de amparo son propios de la suspensión, dado que tiene el alcance de suspender el acto o la omisión reclamada a la autoridad penitenciaria de manera oficiosa hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva; además, la medida suspensional no exige requisito alguno a cargo de la persona privada de su libertad, más que el hecho de que realice la petición ante el juez correspondiente; y el plazo establecido para decretarla es inmediato, esto es, tan pronto se le haga llegar a la autoridad judicial ésta deberá resolver. Así, la petición administrativa constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual el interno puede reclamar hechos o actos inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, ese mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente o la petición administrativa por caso urgente. Por lo que previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación de agotar el procedimiento administrativo contra los actos aquí reclamados, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, con número de registro 2018548, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". Sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para acudir directamente al juicio de amparo, ya que no existe un acto carente de fundamentación; tampoco se alegan violaciones directas a la Constitución; y la Ley Nacional de Ejecución Penal sí contempla la existencia de un medio de impugnación contra los actos aquí reclamados. Máxime que atento a la suspensión de plano decretada en auto inicial, el Subdirector Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA" -en ausencia del titular de dicho centro penitenciario-, informó que se otorgó al quejoso la atención médica que requiere, como lo acreditó con la 1) nota médica de cuatro de mayo del año en curso, en la que el quejoso fue diagnosticado con insomnio primario y lumbalgia; y con la 2) hoja de atención médica, en la cual el quejoso firmó de conformidad respecto a la valoración que se le brindó. De ahí que si el quejoso se encuentra inconforme con la atención médica brindada y los medicamentos que se le proporcionan, tales actos recaen en las autoridades penitenciarias -en vía de condiciones de internamiento-, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios. Lo contrario, implicaría dejar en manos del promovente del amparo, la decisión de agotar los medios de defensa establecidos con relación a las acciones legales o procedimientos por ella instados, lo que se torna jurídicamente inaceptable, ya que haría nugatorio el carácter extraordinario del amparo como medio de defensa constitucional. Aunado a que se reitera, no se le deja en indefensión ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla un procedimiento administrativo que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, aunque la circunstancia de que la omisión reclamada llegara a afectar algún derecho sustantivo y éste pudiera considerarse como de imposible reparación, no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ello, porque la irreparabilidad del acto y el principio de definititvidad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; pues mientras el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad reclamado y en su especial trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica un derecho sustantivo; la regla de definitividad consiste en la exigencia de agotar previamente al juicio de amparo los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 11/2018 (10a.), registro 2017117, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia relativa a que el quejoso no agotó el principio de definitividad, ya que puede hacer valer lo que a sus intereses convenga ante el Juez de Ejecución penal o bien ante la autoridad penitenciaria a través de una petición administrativa, se reitera, procede DESECHAR de plano la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN Y A SU DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL.
- Principal
MESA V ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta de la titular del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Oaxaca, en atención a su contenido, se le tiene comunicando la designación del licenciado J. Reyes Ríos Arteaga, defensor público federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, para asistir al quejoso Daniel Pulido Oropeza, en el presente asunto. Asimismo, que en cuanto las necesidades del servicio lo permitan, el citado defensor practicará visita carcelaria al quejoso de mérito en su centro de reclusión. De igual forma, se toma conocimiento del correo electrónico y números telefónicos de red y móvil, del defensor designado para establecer el contacto respectivo en caso de ser necesario. Usuario electrónico Como lo solicita la citada autoridad, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 35 y 36 el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga acceso al usuario "Reyesrios", para la consulta del expediente electrónico de este juicio. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario del autorizado previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
MESA V "-.. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual el Subdirector Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA" -en ausencia del titular de dicho centro penitenciario-, atento al requerimiento formulado en auto inicial, informa en relación al cumplimiento de la suspensión de plano decretada por este juzgado. Y al efecto indica que se otorgó al quejoso la atención médica que requiere, como lo acredita con la 1) nota médica de cuatro de mayo del año en curso, en la que el quejoso fue diagnosticado con insomnio primario y lumbalgia; así como con 2) la hoja de atención médica, en la cual el quejoso firmó de conformidad respecto a la valoración que se le brindó. Por tanto, toda vez que la citada autoridad responsable únicamente remite copia de las constancias relativas a la atención médica que se brindó al quejoso, sin que se advierta el suministro de medicamentos para aliviar sus padecimientos, requiérase nuevamente a la autoridad penitenciaria para que dentro del término de veinticuatro horas, remita la constancia con la que acredite tal circunstancia. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto inicial. NOTIFÍQUESE.
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