Daniel Placido Arroyo
Expediente 1771/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1771/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/07/2016
Partes del expediente
- Daniel Placido Arroyo
- Procuraduria Genaral De Justicia De Toluca Estado De México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de julio de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de cuatro de los cursantes (fojas 241 y 251), en la que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, se encuentren gozando del período vacacional correspondiente y por tal motivo hayan suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanuden, entreguen los oficios notificatorios sin necesidad de ulterior acuerdo; mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sean entregados a su receptor. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil dieciséis. Confundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México y el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez; México, por los cuales comunican que giraron diversos oficios para que se inicie la investigación de actos de tortura en contra de la parte quejosa Daniel Plácido Arroyo; atento a lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales que ha lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES. En su carácter de Ordenadoras: Procurador General de Justicia del Estado de México. Fiscal Especial de Secuestros de Valle de Toluca, Estado de México. Juez de Control de Toluca, Estado de México. b) En su carácter de Ejecutoras: 1. Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 2. Director del Centro Preventivo de Readaptación Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México. IV.- ACTOS RECLAMADOS. Detención ilegal fuera del procedimiento judicial, incomunicación, y actos que importan peligro de privación a la vida, mutilación, infamia, marcas azotes, palos, tormentos físicos y psicológicos, así como la imposición de medida cautelar consistente en prohibición de comunicarse con otras personas las cuales afectan la libertad del quejoso como se tratase de un arraigo. Orden de aprehensión o imposición de medida cautelar que afecte la libertad personal del quejoso. De las responsables ejecutoras reclamo la ejecución materialización, o el cumplimiento que pretenden darle a dichos actos o cualquier otro acto que atente contra la vida y libertad personal de mi hijo fuera del procedimiento penal." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos violados, los protegidos por los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 1771/2015-V, previa prevención de nueve de noviembre de dos mil quince, por auto de diecisiete de noviembre siguiente (foja 53), se admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos que afectan la libertad personal que se ejecutan dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo, cumplimiento de prevención e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de garantías y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: La orden de detención. Incomunicación y la orden para realizar actos de tortura física y psicológica, que traen como consecuencia lesiones en varias partes del cuerpo y depresión. Solicitud de una orden de aprehensión y la diversa solicitud de imposición de una medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa ante el Juez de Control de Toluca, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación 6456008840005715 o noticia criminal 645600010415. Orden de aprehensión dictada dentro de la carpeta de administrativa 1927/2015, por el delito de secuestro; así como la imposición de medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. Su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por cuestión de técnica se procede a analizar la existencia de los actos reclamados consistentes en: la incomunicación y la orden para realizar actos de tortura física y psicológica, que traen como consecuencia lesiones en varias partes del cuerpo y depresión. Al respecto, la autoridad responsable ordenadora Fiscal Especializado en Secuestro del Valle de Toluca, la rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le relaman -por lo que hace a esta autoridad, su negativa lleva implícito todos los actos que se reclaman en la demanda- (foja 70). El Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" Almoloya de Juárez, al rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman. El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General Jurídica y consultiva en representación del Comisario General de la Policía Ministerial (foja 61) y del Procurador General de Justicia del Estado de México (foja 62) expuso únicamente que es cierto el acto reclamado en cuanto a la ejecución de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 1927/2015 -pero no acepta los demás actos reclamados-. La Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados (foja 73). En esa tesitura, al haber señalado las autoridades responsables que no existen los actos reclamados; al no acreditarse de las constancias que obran en autos y al no haber aportado el quejoso ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, o en su caso la existencia de los actos que les reclama, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No pasa desapercibido que en la diligencia actuarial de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, el funcionario haya advertido que: el quejoso se encuentra en una celda de aproximadamente cuatro metros cuadrados la cual parece estar en regular estado, asimismo por lo que hace al quejoso hago contar que no presenta señas visibles de golpes o torturas, manifestando el quejoso que desde el día de su detención fue golpeado hasta el día de la diligencia. Toda vez que sus manifestaciones no se encuentran acreditadas y en su caso, que hayan sido con motivo de la detención del quejoso, y que en consecuencia, se demuestre los actos de tortura física y psicológica, que traen como consecuencia lesiones en varias partes del cuerpo y depresión. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Del mismo modo se precisan para mejor análisis, los cuales consienten en: La orden de detención. Solicitud de una orden de aprehensión y la diversa solicitud de imposición de una medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa ante el Juez de Control de Toluca, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación 6456008840005715 o noticia criminal 645600010415. Orden de aprehensión dictada dentro de la carpeta de administrativa 1927/2015, por el delito de secuestro; así como la imposición de medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, así como su ejecución. Al respecto, las autoridades responsables al rendir su informe justificado manifestaron que: El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General Jurídica y consultiva en representación del Comisario General de la Policía Ministerial (foja 61) y del Procurador General de Justicia del Estado de México (foja 62) expuso que es cierto el acto reclamado en cuanto a la ejecución de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 1927/2015. La Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados (foja 73); sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, dado que del contenido del informe justificado precisa que el cinco de noviembre de dos mil quince, se libró orden de aprehensión en contra del quejoso, una vez cumplida la orden de aprehensión se formuló imputación en audiencia de formulación de imputación; el seis siguiente se decretó la detención del quejoso, se le impuso una medida de prisión preventiva oficiosa y el once de noviembre de dos mil quince, se dictó auto de vinculación a proceso a Daniel Placido Arroyo, por su probable intervención en el delito de secuestro en agravio de la víctima de identidad reservada. Lo anterior se robustece con las copias certificadas de diversas constancias que remitió la autoridad responsable Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Estado de México, constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de las que se advierte la existencia de los actos reclamados. Existencia del acto reclamado que se hace extensiva al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" Almoloya de Juárez, quien no obstante de haber negado el acto que se le reclama dado el carácter de autoridad ejecutora, en cualquier momento puede llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados. QUINTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, es menester analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, en conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Amparo, y atento a lo establecido por la jurisprudencia 940, publicada en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Asimismo, la jurisprudencia II.1º.J/5 consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgador considera que por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: La orden de detención. Solicitud de una orden de aprehensión y la diversa solicitud de imposición de una medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa ante el Juez de Control de Toluca, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación 6456008840005715 o noticia criminal 645600010415. Orden de aprehensión dictada dentro de la carpeta de administrativa 1927/2015, por el delito de secuestro; así como la imposición de medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, así como su ejecución. En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los actos referidos. En efecto, la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." Causa de improcedencia que dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por consiguiente, si de las constancias que obran en autos, así como de lo manifestado por el Juez responsable al rendir su informe justificado, se advierte que el once de noviembre de dos mil quince, el juez responsable resolvió la situación jurídica del quejoso y dictó auto de vinculación a proceso al promovente del amparo, por el hecho delictuoso de secuestro, resulta evidente que hubo un cambio de situación jurídica. En las relatadas condiciones el cambio situación jurídica a que se ha hecho referencia origina que las violaciones de los actos reclamados se consideren consumadas de modo irreparable, por lo que no puede analizarse su constitucionalidad, al haber sido resuelta su situación jurídica ante una autoridad judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia II.2o.P J/8 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, la que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo X, Novena Época, Octubre 1999, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE." Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial por contradicción, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, cuyo rubro dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR." Por lo cual, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto a dicho acto de autoridad, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que les reclama a las autoridades ejecutoras, toda vez que no los reclama por vicios propios. Es aplacible la tesis 647, publicada en la página 434, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte TCC, Apéndice de 1995, Séptima Época cuyo rubro es: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA." Por otra parte, resulta innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, al actualizarse la que fue materia en el presente asunto; asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, publicada en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con registro 394984, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Así como también resulta aplicable, la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, con registro 2004217, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, con registro 2003381, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." No pasa desapercibido que no se haya llamado a juicio a la pate tercero interesada, quien es la parte ofendida dentro de la carpeta de administrativa 1927/2015, toda vez que en términos del contenido de esta resolución, no le irroga perjuicio alguno. SEXTO. Análisis de la violación al derecho de la integridad personal. Respecto a la tortura referida por el quejoso se estima necesario dar vista al Ministerio Público con las manifestaciones formuladas en la demanda de amparo. Lo anterior es así, pues el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1° constitucional, el que constriñe a todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano. Pues bien, de conformidad con los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ninguna persona puede ser sometida a torturas. Este derecho fue garantizado y robustecido por el Estado Mexicano, al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyos artículos 1, 6 y 8, disponen la obligación de prevenir y sancionar la tortura; que en congruencia con los referidos deberes, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, estableció que cuando el servidor público, en ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, estará obligado a denunciarlo de inmediato. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido: "INTEGRIDAD PERSONAL. CUANDO EL DETENIDO ALEGA QUE SU CONFESIÓN SE HA OBTENIDO MEDIANTE COACCIÓN. DEBER DE INVESTIGACIÓN, CARGA DE LA PRUEBA PARA EL ESTADO. La Corte desea resaltar que en los casos que la persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia. Asimismo, la carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria." Con base en los artículos 1 (reformado) y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y; 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se concluye: A. Las personas que denuncien actos de tortura tienen derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita, para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal. B. La obligación de velar por el cumplimiento de ese derecho recae en todas las autoridades del Estado Mexicano dentro del ámbito de su competencia, y no sólo en aquellas que directamente deban investigar o procesar el acto de tortura denunciado. C. Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Bajo tal contexto, de acuerdo con las anteriores consideraciones, este órgano de control constitucional estima procedente que a través del Juez responsable se denuncie ante el Ministerio Público de su adscripción, los actos de tortura que refiere haber sufrido el quejoso Alejandro Placido Padilla, con base en las manifestaciones formuladas en su demanda de amparo y en diligencia actuarial de nueve de noviembre de dos mil quince; lo anterior, a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda. Lo anterior es así, habida cuenta que los jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales de los que México sea parte, no se vean mermados o limitados por disposiciones internas; ya que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia. Tiene aplicación la jurisprudencia XXVII.10. (VIII Región) J/1 (10ª.); consultable en la página 1107, del libro XII, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, Registro 2001218, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Daniel Placido Arroyo, contra los actos, las autoridades y por las razones expresadas en esta sentencia. SEGUNDO.- A través del Juez responsable, denúnciese ante el Ministerio Público competente, las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo y razón actuarial de nueve de noviembre de dos mil quince, por parte del justiciable Daniel Placido Arroyo, en las que se expresó haber sufrido actos de tortura; lo anterior, a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda, conforme a lo establecido en esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
V) Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente de la cual se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las diez horas con quince minutos, como se precisó en auto de dos de mayo de la presente anualidad (fojas 224 y 225); sin embargo, del estudio integral de presente juicio se advierte que le reviste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta de administrativa 1927/2015, en consecuencia, mediante oficio emplácese al Agente del Ministerio Público que interviene en la carpeta administrativa 1937/2015, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para los efectos establecidos en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. Por otro lado, en estricto acatamiento a la ejecutoria del Tribunal de Alzada, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables señaladas como Procurador General de Justicia del Estado de México, Fiscal Especial de Secuestros Valle de Toluca, Estado de México, Juez de Control de Toluca, Estado de México, Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y el Director del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con los informe justificados. En consecuencia, en términos del artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, del se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique a las partes personalmente, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con los informe justificados. En tales condiciones, a fin de que se cumplimente lo anterior, con fundamento en el numeral 116 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y para su celebración, se fijan las once horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil dieciséis. Notificación de las autoridades. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables y tercero interesada, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio al Agente del Ministerio Público del Juzgado responsable.
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