Daniel Piña Ugalde
Expediente 465/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Elena Snchez Álvarez
- Daniel Piña Ugalde
- DANIEL PIÑA UGALDE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Ejecutoria Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara firme para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada, debiendo conservarse la demanda de amparo, la resolución que puso fin al asunto, así como la determinación relativa a la medida cautelar decretada y el presente proveído.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio que firma el apoderado de la autoridad responsable Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Guanajuato, a través del cual informa que la menor de edad quejosa de iniciales **************, recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech el diecinueve de agosto pasado y exhibe para tal efecto impresión del comprobante respectivo; lo anterior, en razón de que por auto de treinta y uno de agosto pasado se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Destaca que la misiva de cuenta fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL".
- Principal
Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en determinación de dieciocho de agosto del año en curso, se requirió a la parte quejosa lo siguiente: ? Acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso: "[.]A sus autos el oficio remitido por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG", mediante el cual informa que en cumplimiento a la suspensión de plano, los menores de edad quejosos que se encuentren entre el rango de entre cinco y once años de edad, deberán acudir a las doce horas del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en vialidad interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna PfizerBioNTech. [.] En tal virtud, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si en la fecha aludida se inoculó a la menor con la segunda dosis del biológico respectivo. Se apercibe a la parte accionante que, de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a la infantes quejosa, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede releva la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa, ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que la menor quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la quejosa, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado : a. La existencia del acto o ley reclamados b. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar por qué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), al menos a la fecha de la presentación de la demanda (veintiuno de abril pasado), por cuanto al grupo etario al que pertenece el menor quejoso nacido el veintisiete de agosto de dos mil once (de cinco a once años), no era considerado en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculada. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda, el acto reclamado consistente en la omisión de aplicar el esquema completo al menor quejoso de identidad reservada de iniciales: **************, de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que puedan enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Y aun cuando a la presente fecha eso grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós , la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a la aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento dieciocho de agosto actual, se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que al infante directo quejoso no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional fijada en autos. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que establece: "Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en determinación de dieciocho de agosto del año en curso, se requirió a la parte quejosa lo siguiente: ? Acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso: "[.]A sus autos el oficio remitido por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG", mediante el cual informa que en cumplimiento a la suspensión de plano, los menores de edad quejosos que se encuentren entre el rango de entre cinco y once años de edad, deberán acudir a las doce horas del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en vialidad interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna PfizerBioNTech. [.] En tal virtud, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si en la fecha aludida se inoculó a la menor con la segunda dosis del biológico respectivo. Se apercibe a la parte accionante que, de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a la infantes quejosa, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede releva la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa, ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que la menor quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la quejosa, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado : a. La existencia del acto o ley reclamados b. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar por qué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), al menos a la fecha de la presentación de la demanda (veintiuno de abril pasado), por cuanto al grupo etario al que pertenece el menor quejoso nacido el veintisiete de agosto de dos mil once (de cinco a once años), no era considerado en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculada. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda, el acto reclamado consistente en la omisión de aplicar el esquema completo al menor quejoso de identidad reservada de iniciales: **************, de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que puedan enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Y aun cuando a la presente fecha eso grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós , la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a la aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento dieciocho de agosto actual, se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que al infante directo quejoso no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional fijada en autos. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del mismo.
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