Daniel Pescador Obregon
Expediente 1298/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1298/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daniel Pescador Obregon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de uno de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ... Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
CERTIFICACIÓNEn veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el(la) suscrito(a) Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario(a) del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, CERTIFICO: Que se recibió la promoción(es) con número(s) de registro(s) interno(s) 2146, misma(s) que en este acto se glosa(n) al sumario en que se actúa, conforme a lo establecido en auto admisorio del presente expediente, en el que se ordenó la glosa de promociones sin acuerdo cuando: se trate de promociones ya acordadas en autos, duplicación de informes y comunicaciones recibidas, piezas postales devueltas que hayan sido proveídas con anterioridad, resulte innecesario su acuerdo o, el expediente esté archivado como concluido, acuses de recibo y solicitudes de copias en razón de estar autorizadas. Doy fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el telegrama de cuenta, remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en Ciudad de México, en representación del Director General de Registro y Control Documental de esa Institución, mediante el cual aduce rendir su informe justificado: al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que por acuerdo de uno de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. No obstante lo anterior, como lo solicita la autoridad oficiante, téngasele como delegados a los mencionados en su telegrama, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por los numerales 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Julio César López Céspedes, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, uno de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registrito Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes y déjese a vista de la parte quejosa, para que manifieste lo que a sus interés convenga. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de la parte quejosa, en el recinto de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como delegados de su parte a los mencionados en su oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, de la ley en cita. De igual forma, como lo solicita, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico la demanda de amparo que dio origen, se advierte que el quejoso ********************, señaló como acto reclamado lo siguiente: La omisión de darle contestación y/o respuesta y/o entregarle su certificado parcelario respecto de sus solicitudes con números de trámite ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, de dieciséis de abril y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Ahora, la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registrito Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, señaló lo siguiente: Destacó que era cierto el acto reclamado; sin embargo, que las solicitudes de trámite de inscripción del aquí quejoso habían concluido satisfactoriamente y se expidió a su favor los certificados de derechos parcelarios números ********************y ********************, lo cual era la finalidad de dicho trámite. De igual forma, señaló que el quejoso no ha generado la cita correspondiente por medio de la página oficial del Registro Agrario Nacional, para la entrega respectiva; sin embargo, refiere que deja a disposición del aquí quejoso los certificados de derechos parcelarios descritos en el punto que antecede, en el módulo de atención a tramites de esa delegación, previa identificación y firma de recibido, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes. Para justificar su afirmación, adjuntó a su informe justificado copia certificada de los certificados parcelarios número ********************y ********************, expedidos el diecinueve de enero y ocho de agosto del año próximo pasado, a favor del aquí quejoso, originados con motivo de sus solicitudes con números de trámite ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, de dieciséis de abril y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo al escrito petitorio, sino que también obliga a que la respuesta sea dada a conocer al solicitante, la cual será notificada de manera personal por conducto de este órgano jurisdiccional en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Ahora, considerando que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio respuesta a las solicitudes efectuadas por el promovente el de dieciséis de abril y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mismas que se registraron bajo los números de trámites ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, expidiendo los certificados parcelarios números ********************y ********************, el diecinueve de enero y ocho de agosto del año próximo pasado, a favor del aquí quejoso ********************, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado. Se afirma lo anterior, atendiendo a que la pretensión de la parte quejosa fue que se diera contestación a sus peticiones de dieciséis de abril y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mismas que se registraron bajo los números de trámites ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, donde solicitó la expedición de los certificados de derechos parcelarios respecto de las parcelas ubicadas en el ********************, lo cual quedó probado con las copias certificadas de las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. En efecto, si la pretensión del quejoso era que se le entregaran los certificados parcelarios correspondientes, y la autoridad responsable remitió copia certificada de dichos certificados números ********************y ********************, expedidos a su favor; por tanto, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo por habérsele acordado su petición. En ese contexto, es inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se advierte como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Tomo XXIX, Enero de 2009. "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, deja a disposición del aquí quejoso los certificados parcelarios, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa se ordena notificar por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado el oficio de cuenta, debiendo entregarle copia simple de los anexos que acompañan al mismo. Sirve de apoyo lo anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del contenido literal siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista de acuerdos a las demás partes y por oficio a la autoridad responsable.
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