Daniel Pérez Rodríguez

Expediente 1833/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1833/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Daniel Pérez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que forme parte del presente asunto, el oficio de cuenta remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad, toda vez este juzgado en proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEIDO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual atiende al requerimiento efectuado por este juzgado en auto de dieciocho de noviembre del año en curso; asimismo comunica que se concedió al quejoso Daniel Pérez Rodríguez, permiso para realizar actividades remuneradas, por lo que abandonó las instalaciones de la estación migratoria en completa libertad. Asimismo, glósense la copia certificada que para tal efecto remitió la autoridad oficiante, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En ese sentido, vista la documental señalada en el párrafo que antecede y al estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo cual hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse; por ende, no existe necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". De lo antes transcrito, se arriba a la convicción que la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, únicamente se actualiza cuando se reúnen los siguientes supuestos: a) Cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional; b) Las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En efecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia en comento, cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que el gobernado considera le causa perjuicio o cuando constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo y repone a los quejosos el goce del derecho fundamental vulnerado, en atención a la imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al promovente. En el caso, de un análisis integral al escrito de demanda y las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. La privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad arbitraria del quejoso, lo que se traduce en un trato discriminatorio por su origen étnico o nacional, así como la omisión de garantizar el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. 2. La incomunicación. 3. La orden de deportación o el retorno asistido que la responsable pretende emitir en contra del quejoso. 4. El traslado del quejoso de una entidad a otra. DL/MXLI/DCMAJ/6518/2022, remitido por la autoridad responsable Subrepresentante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, comunicó que otorgó al quejoso Daniel Pérez Rodríguez, documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, por lo que abandonó las instalaciones de la estación migratoria en completa libertad. Por tanto, se considera que han cesado los efectos de dichos actos, porque las posibles consecuencias que pudieran derivar de los mismos han quedado sin efectos, dado que al ya no estar detenido el quejoso en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Mexicali, Baja California, es evidente que actualmente no existe alguna afectación en su contra. Ciertamente, al haber otorgado al accionante del amparo el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, es evidente que la posible retención o alojamiento que pudo acontecer en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en Mexicali, Baja California, dejó de prevalecer, así como sus consecuencias consistentes en la deportación, traslado y los restantes actos que señalan. En ese sentido, el beneficio antes señalado fue emitido con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; por lo cual, se insiste, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, pues como ya se dijo, cesaron los efectos de los actos reclamados. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No se soslaya que no le ha trascurrido a las autoridades responsables el término para rendir su respectivo informe justificado, porque en nada variaría la presente determinación, dada la causal de improcedencia actualizada ya que este órgano jurisdiccional llegaría a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 151/2015 (10a.), Registro digital: 2010513, Materias(s): Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, página 1293, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." En relatadas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio sumario. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, prevista para las diez horas con un minuto del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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