Daniel Pérez Ramírez

Expediente 1998/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1998/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
25/01/2019

Partes del expediente

  • Daniel Pérez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ...Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, primer y segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". ...

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1998/2018; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, Daniel Pérez Ramírez, promovió juicio de amparo en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Tienen ese carácter las siguientes: A).- AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENDAORA 1.- En primer lugar señalo, con el carácter de autoridad responsable ordenadora a la ciudadana ANABEL MACIAS PORTILLO; Enlace Fortaseg de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Marín Texmelucan, Puebla. Acto que se reclama.- la ilegal orden, decreto o resolución verbal o por escrito, girada a las autoridades ejecutoras, para realizar el CESE inmediato del suscrito, quien me desempeñaba como policía de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Marín Texmelucan, Puebla. B).- AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS 1.- En primer lugar con el carácter de autoridad responsable ejecutora: Al ciudadano CRISTÓBAL OMAR XICONTÉCATL HUITZIL, Comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Acto que se reclama.- El cumplimiento a la ilegal orden, decreto o resolución verbal o por escrito por las autoridades ordenadoras en un procedimiento que carece de fundamentación y motivación, donde se viola el procedimiento para realizar un CESE inmediato en mi carácter de policía de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. IV.- ACTOS RECLAMADOS. DE LA ORDENADORA Y EJECUTORA LA ILEGAL, VIOLATORIA INFUNDADA E INMOTIVADA su participación, orden y aplicación en mi perjuicio de una sanción de CESE, por atender una resolución decreto, orden, auto de la autoridad señalada como responsable que ha resuelto un CESE inmediato como personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en mi carácter de Policía, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla". SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 1998/2018; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 10 a 13). TERCERO. Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, el quejoso amplió la demanda de amparo en los términos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: En su carácter de ordenadoras: a) La Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de San Martín Texmelucan. b) Enlace FORTASEG del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan. En la calidad de ejecutoras: a) Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. IV.- ACTO RECLAMADO. - De la ordenadora Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de San Martín Texmelucan: La resolución por la cual ordena el cese del cargo que desempeñaba el suscrito en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, contenida en la minuta de trabajo del doce de octubre de dos mil dieciocho. - De la ordenadora Enlace FORTASEG del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan: La determinación de iniciar procedimiento de separación del cargo del suscrito desempeñaba en la Dirección de Seguridad Pública, al emitir el oficio FORTASEG-070/2018. De las ejecutoras: La ejecución de la orden para separarme del cargo que venía desempeñando en la Dirección de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, contenida en la minuta de trabajo del doce de octubre de dos mil dieciocho". Por auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por ampliada la demanda únicamente por lo que hace a la nueva autoridad Comisión Municipal de Servicio Profesional de Carrera del Municipio de San Martin Texmelucan y por conceptos de violación. Hecho lo anterior, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver de presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el acuerdo 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de carácter administrativa, con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de amparo, para establecer lo que la quejosa quiso decir y no únicamente los que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral de la demanda, ampliación de la misma y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la parte quejosa, reclama: De la Directora de Enlace Fortaseg de Ayuntamiento de San Marín Texmelucan, Puebla. - El oficio FORTASEG-070/2018 de treinta de julio de dos mil dieciocho, por medio del cual se hizo constar los resultados de no permanencia de Daniel Pérez Ramírez. Del Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Marín Texmelucan, Puebla. - La determinación de quince de agosto de dos mil dieciocho, por medio de la cual se decretó la baja de Daniel Pérez Ramírez como elemento policiaco del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, de Puebla; y, su ejecución atribuida al Director de la Policía Estatal Preventiva. De la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial de San Martín Texmelucan, Puebla-. - La minuta de Trabajo de doce de octubre de dos mil dieciocho, por medio de la cual se llevó a cabo, entre otros puntos de acuerdo, los resultado de no permanencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Marín Texmelucan, Puebla, Director General de la Policía Estatal Preventiva, Directora de Enlace Fortaseg de Ayuntamiento de San Marín Texmelucan, Puebla y Presidente de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial de San Martín Texmelucan, Puebla (foja 19, 39, 45 y 71), al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa debe desvirtúa, en razón de que a excepción de la auaotirdad ejecutora -Director General de la Policía Estatal Preventiva- negaron el acto respecto de su legalidad no así de su existencia. Además, de las manifestaciones vertidas en el propio informe se advierte tal existencia. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados, lo cual se hace extensivo a la autoridad ejecutora. Tal certeza se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas a la baja del quejoso Daniel Pérez Ramírez -por tratarse de documentos públicos, que conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo- de las que se desprenden las determinaciones combatidas. CUARTO. Causales de improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse de oficio la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público, pues así lo dispone el precepto 62, de la Ley de Amparo. En ese tópico, respecto de los actos reclamados atribuidos al Directora de Enlace Fortaseg de Ayuntamiento de San Marín Texmelucan, Puebla, Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Marín Texmelucan, Puebla y al Director de la Policía Estatal Preventiva, consistentes en el oficio FORTASEG-070/2018 de treinta de julio de dos mil dieciocho, determinación quince de agosto de dos mil dieciocho, por medio de la cual se decretó la baja; y, su ejecución, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, dado que la parte quejosa acudió a la presente vía de manera extemporánea. Lo anterior es fundado. Previo al análisis de la causal de improcedencia invocada se considera pertinente traer a colación los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales derivan de las constancias relativas a la baja del quejoso Daniel Pérez Ramírez -por tratarse de documentos públicos, que conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo- de las que se advierte: 1. El treinta de julio de dos mil dieciocho, la Directora de Enlace Fortaseg de Ayuntamiento de San Marín Texmelucan, Puebla, emitió el oficio FORTASEG-070/2018, dirigido al Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Marín Texmelucan, Puebla, en el que informó que el aquí quejoso resultó no aprobado en los resultados de permanencia a él practicados, lo cual debería hacerle de su conocimiento (foja 20). 2. En cumplimiento a lo anterior, el Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Marín Texmelucan, Puebla, emitió la determinación de quince de agosto de dos mil dieciocho, en la que determinó la baja del quejoso, notificándole el oficio de mérito y ordenando que entregará en las áreas correspondientes la documentación, uniformes y equipo inherentes al cargo (foja 21). 3. Lo anterior, fue notificado al quejoso Daniel Pérez Ramírez el veintidós de agosto de dos mil dieciocho. 4. El doce de octubre de dos mil dieciocho, la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial de San Martín Texmelucan, Puebla, llevó a cabo la minuta de trabajo en la que entre otros puntos de acuerdo, los resultados de no permanencia, se dio conocimiento de los resultados de no permanencia del quejoso. Establecido lo anterior, el aludido artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por otra parte, los numerales 17 y 18, de la citada ley establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, en términos del artículo 18 de la ley de la materia claramente se observa que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, que se contará, desde el día hábil siguiente al en que: 1) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado. 2) El quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. 3) Se haya ostentado sabedor de los mismos. Destacando que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, consultable a página 6, cuyo rubro y texto se leen: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 Primera Parte, página 71, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.". Así como, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y tenor: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Con lo aquí expuesto, deriva inconcuso que la omisión de promover el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. En el caso en concreto, la parte quejosa Daniel Pérez Ramírez se ubican en el segundo supuesto relativo a que tenga conocimiento del acto o su ejecución. Así, de los antecedentes narrados se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento del oficio y de la determinación que decretó la baja reclamada, desde el veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 21), pues en esa fecha se firmó de recibido, al plasmar lo siguiente: "Recibí oficio Daniel Pérez Ramírez 22-08-18 (firma) 09:48" Por lo que, el término para promover la acción constitucional, transcurrió del veintitrés de agosto al doce de septiembre de dos mil dieciocho, sin contar con los días veinticinco y veintiséis de agosto, uno, dos ocho y nueve de septiembre de dos mil dieciocho, por ser inhábiles para la promoción del juicio de amparo, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la fecha de presentación de la demanda de amparo fue el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, resulta innegable que resulta extemporánea. Máxime que no existe desconocimiento por parte del quejoso respecto de la firma de recibido aludida. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el quejoso haya manifestado en su demanda que se enteró del cese o baja el dos de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en la que al presentarse a laborar no le permitieron el acceso, pues por el contrario -como se vio- de las constancias que obran en autos, se aprecia que desde el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se le hizo de su conocimiento que estaba dado de baja y se le ordenó entregar el equipo inherente. No es óbice que el peticionario alegue el cese o baja sin haber existido procedimiento, pues precisamente desde esa fecha estaba en aptitud de reclamarlo y no lo hizo. En las apuntadas condiciones, si la demanda de amparo que aquí se analiza fue presentada fuera del término de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces el presente juicio es improcedente en términos de la fracción XIV del artículo 61 ibídem, por lo que procede decretar el sobreseimiento en términos de la fracción V, del artículo 63 del citado ordenamiento legal. Por otra parte, con relación al acto reclamado, consistente en la minuta de trabajo de doce de octubre de dos mil dieciocho, por medio de la cual se llevó a cabo, entre otros puntos de acuerdo, los resultados de no permanencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que se considera que no existe una afectación jurídica, ya que se trata de un acuerdo interno. La causa de improcedencia aludida tiene relación con lo establecido en el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la ley de la materia. En principio, deben citarse los artículos 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo aplicable, que disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Ley de Amparo "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Los preceptos jurídicos transcritos en los párrafos precedentes disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquélla persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica de gobernado; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al implicado la facultad para acudir ante el órgano competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo, y por perjuicio, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Es decir, no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que por ese solo hecho se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico de la parte quejosa, pues para ello es necesario que se demuestre, en este caso, que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos, así lo consideró la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la jurisprudencia 3ª./J. 28/90, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Enero a Junio de 1990, página 230, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Atento a lo anterior, el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame y, en tal virtud, la legitimación a que se refiere el artículo 5 fracción I de la Ley de la Materia para iniciar y seguir el juicio de amparo debe fundarse en el agravio causado por el acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Esto es, el agravio debe recaer en la persona que ocurre al juicio constitucional, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico, así como también el mismo debe ser de realización pasada, presente o inminente, esto es, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético, en razón de que los actos simplemente probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza. En ese sentido, el quejoso reclama la minuta de trabajo en la que entre otros puntos de acuerdo, se dio conocimiento de los resultados de no permanencia del quejoso (fojas 23 a 27); sin embargo, de un análisis del mismo -como se anunció- se advierte que no lesiona la esfera jurídica del quejoso. Esto, porque de la minuta de trabajo reclamada llevada a cabo por la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial de San Martín Texmelucan, Puebla, se desprende que se trataron diversos puntos, con motivo de la actual conformación del Comité, en la que únicamente se dio conocimiento de que el quejoso no aprobó los exámenes de permanencia; sin que se advierta que dicha minuta de trabajo por sí misma produzca una situación jurídica determinada en relación al quejoso o afecte una ya existente, pues únicamente se hizo del conocimiento los resultados de permanencia entre autoridades. Razón por la cual el acto reclamado no implica un acto de molestia que refleje una afectación, sino simplemente se trata de una comunicación interna, con motivo del cambio de comité, por lo que al tratarse de un simple punto de acuerdo no se ve afectado con el mismo. De ahí que, no se acredita fehacientemente que el simple punto de acuerdo en que se dio conocimiento de los resultados de no permanencia, le repare un perjuicio al impetrante y con ello comprobar la inexistencia del agravio personal y directo, el cual tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones. Por tanto, se concluye que no existe afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso, pues el acto reclamado no le causa ningún agravio personal y directo. Por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Daniel Pérez Ramírez; en términos de la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, no se estudiarán los razonamientos tendientes a demostrar la violación de derechos fundamentales que se pudieron generar con el dictado de los actos de autoridad reclamados, al surtirse la causa de improcedencia en comento. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Daniel Pérez Ramírez, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho durante el período vacacional de la titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil dieciocho y comunicada mediante oficio CCJ/ST/5850/2018, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    ... De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 75), se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo está transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." ...

  4. Principal

    ... se tiene por recibido el oficio de cuenta del Presidente de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente respecto a la ampliación de demanda. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente respecto a la ampliación de demanda y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. ...

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