Daniel Pérez Orozco
Expediente 294/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniel Pérez Orozco y Otros.
- Daniel Pérez Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mesa de Amparo IV-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil dieciocho.Se declara consentido el acuerdo de veinte de julio del año en curso, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad..., archívese el expediente principal como asunto concluido. Como en la sentencia dictada en este juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se estima que este expediente es susceptible de depuración. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, devuélvase un tomo de pruebas a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en copia certificada del expediente ********************, el cual acompaño a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil dieciocho. Del estado de autos se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, como se anunció en el acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, este resolutor procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. Recordemos que la protección constitucional se concedió para que las autoridades responsables procedieran en los siguientes términos: ". Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de enero de dos mil dieciocho, y reponga el procedimiento, a fin de que durante la ampliación del plazo constitucional solicitado, ordene las gestiones necesarias, a fin de que se puedan llevar a cabo la diligencia testimonial con cargo a Claudio Jiménez e Interrogatorios con cargo a la ofendida Leticia Camerina Pérez González y el menor J.J.P.M, aplicando en su caso para tal efecto los medios de apremio previstos en el artículo 182 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Oaxaca. En la inteligencia, que la juez responsable al desahogar la prueba con cargo al citado menor, deberá implementar los procedimientos adecuados, garantizando que cuente con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, para garantizar su plena protección. Se le hace saber que podrá basarse en los lineamientos citados en la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 288, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, Materia Constitución, Décima Época, registro 2013952, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional." Una vez hecho lo anterior, y con libertad de jurisdicción emita otra resolución en la que resuelva la situación jurídica del quejoso conforme a derecho...". El siete de junio de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de uno de junio del año en curso, dictado en el expediente 180/2016 de su índice, de dichas constancias se advierte que: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de enero de dos mil dieciocho. Repuso el procedimiento y, Llevó acabo los Interrogatorios de cargo de la ofendida Leticia Camerina Pérez González y el menor J.J.P.M; Así también, el doce de junio de dos mil dieciocho, la mencionada autoridad responsable, remitió diversas constancias que acreditan que no fue posible desahogar la testimonial a cargo de Claudio Jiménez, dentro del plazo constitucional para resolver sobre la situación jurídica del quejoso; en virtud que no fue localizado en el domicilio que aparece en autos, por lo que ordenó su localización y paradero mediante los agentes Estatales de Investigaciones todos los nosocomios de esta ciudad, sin embargo no se obtuvo éxito de su paradero, localización y domicilio dentro del término constitucional para poder desahogar la prueba. Lo anterior, es suficiente para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Se justifica tal aserto, porque la autoridad responsable acató los lineamientos del fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo; se declara que la ejecutoria dictada en el presente juicio se encuentra cumplida. Notifíquese personalmente.
- Principal
" . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil dieciocho. Del estado de autos se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, como se anunció en el acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, este resolutor procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. Recordemos que la protección constitucional se concedió para que las autoridades responsables procedieran en los siguientes términos: ". Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de enero de dos mil dieciocho, y reponga el procedimiento, a fin de que durante la ampliación del plazo constitucional solicitado, ordene las gestiones necesarias, a fin de que se puedan llevar a cabo la diligencia testimonial con cargo a Claudio Jiménez e Interrogatorios con cargo a la ofendida Leticia Camerina Pérez González y el menor J.J.P.M, aplicando en su caso para tal efecto los medios de apremio previstos en el artículo 182 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Oaxaca. En la inteligencia, que la juez responsable al desahogar la prueba con cargo al citado menor, deberá implementar los procedimientos adecuados, garantizando que cuente con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, para garantizar su plena protección. Se le hace saber que podrá basarse en los lineamientos citados en la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 288, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, Materia Constitución, Décima Época, registro 2013952, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional." Una vez hecho lo anterior, y con libertad de jurisdicción emita otra resolución en la que resuelva la situación jurídica del quejoso conforme a derecho...". El siete de junio de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de uno de junio del año en curso, dictado en el expediente 180/2016 de su índice, de dichas constancias se advierte que: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de enero de dos mil dieciocho. Repuso el procedimiento y, Llevó acabo los Interrogatorios de cargo de la ofendida Leticia Camerina Pérez González y el menor J.J.P.M; Así también, el doce de junio de dos mil dieciocho, la mencionada autoridad responsable, remitió diversas constancias que acreditan que no fue posible desahogar la testimonial a cargo de Claudio Jiménez, dentro del plazo constitucional para resolver sobre la situación jurídica del quejoso; en virtud que no fue localizado en el domicilio que aparece en autos, por lo que ordenó su localización y paradero mediante los agentes Estatales de Investigaciones todos los nosocomios de esta ciudad, sin embargo no se obtuvo éxito de su paradero, localización y domicilio dentro del término constitucional para poder desahogar la prueba. Lo anterior, es suficiente para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Se justifica tal aserto, porque la autoridad responsable acató los lineamientos del fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo; se declara que la ejecutoria dictada en el presente juicio se encuentra cumplida. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Gonzalo Antonio De La Vega Vásquez, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2594/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, suscrito por el secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Mesa de Amparo IV-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil dieciocho. l Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; en cumplimiento al requerimiento de cinco de junio del año en curso, remite copia certificada legible de la resolución de plazo constitucional de uno de junio del año en curso, dictado en el expediente 180/2016 de su índice, el cual tiene relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. De dicha constancia, se advierte que en resolución de uno de junio de dos mil dieciocho, procedió como sigue: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de enero de dos mil dieciocho. Repuso el procedimiento y, Llevó acabo los Interrogatorios de cargo de la ofendida Leticia *************** y el menor J.J.P.M; No obstante, la lectura de dicha resolución no se refleja que desahogara la diligencia testimonial a cargo de Claudio Jiménez. Requiérase al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, siguientes a su notificación, informe lo relativo a la testimonial a cargo a **************, y remita las constancias conducentes. Se le apercibe a la autoridad responsable que si no actúa como se le indica en esta resolución, este juzgado de distrito le impondrá una multa por la cantidad equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización... Notifíquese.
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