Daniel Pérez Meléndez

Expediente 328/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
328/2015
Año
2015
Actuaciones
21
Última actuación
07/09/2015

Partes del expediente

  • Juez de Partido Pënal de Apaseo el Gande, Guanajuato
  • Daniel Pérez Meléndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintiocho de agosto del presente año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de siete de julio de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********, contra los actos atribuidos al Juez Menor Mixto de Apaseo del Grande, Guanajuato. La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que: Dejará insubsistente la orden de aprehensión reclamada; y, Con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, la cual incluso podría ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados. Es decir, debería: I. Relacionar con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso, en la inteligencia que las pruebas deberían ser valoradas pormenorizadamente de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado. II. Asimismo, fundar y motivar su competencia. Todo lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el arábigo 77 de la ley de la materia. 2). Mediante proveído de veintinueve de julio pasado, se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió al Juez Menor Mixto de Apaseo del Grande, Guanajuato, para que le diera cumplimiento. 3) A través del oficio 1689, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el siete de agosto del presente año, el Juez responsable, adjuntó copia certificada de la resolución de cinco del mismo mes y año, en la que dejó sin efecto la diversa pronunciada el nueve de abril del año en comento dentro del proceso penal número 16/2015-P, instruido en contra del aquí quejoso, y determinó nuevamente dictar orden de aprehensión en su contra. 4) Con motivo de lo anterior, el diez de los actuales se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. 5) Una vez trascurrido dicho plazo y analizadas las constancias de cumplimiento remitidas por la autoridad responsable, el dieciocho de agosto del presente año se estimó que no se encontraba cumplido el fallo protector, por lo que se requirió al Juez Menor Mixto de Apaseo el Grande, Guanajuato, para que diera cumplimiento cabal a la ejecutoria de mérito en el sentido de que: relacionara con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acreditó la probable responsabilidad del aquí quejoso, valorando las pruebas de manera pormenorizada de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado. Lo anterior, toda vez que al entrar al estudio de dicho punto la autoridad responsable se concretó a decir que ese extremo, se acreditó con los mismos elementos de prueba que sirvieron de apoyo para la comprobación del cuerpo del delito, y que los testigos de cargo Gilberto Gutiérrez Vargas y Omar Ochoa Aldama, se condujeron en los términos que habían quedado señalados con antelación; sin embargo, no expuso las razones por las cuales los elementos probatorios a los que hizo alusión, demuestran que el imputado Daniel Pérez Meléndez es probable responsable en la comisión del delito que se le atribuye, es decir, no indicó qué datos expusieron cada uno de ellos, de los cuales se advierta que el activo ejecutó el hecho delictuoso o participó en su comisión; y, Fundara su competencia. 6) Con motivo de lo anterior, mediante oficio 1904, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veintisiete de agosto de dos mil quince, el Juez responsable, adjuntó copia certificada de la resolución dictada el veinticinco del mismo mes y año, con la que sustituyo a la dictada el cinco de agosto del presente año, dentro del proceso penal número 16/2015-P, instruido en contra del aquí quejoso, y determinó nuevamente dictar orden de aprehensión en su contra. 7) El veintiocho de agosto del presente año se dio vista a la parte quejosa con las constancias supracitadas, y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. En esas condiciones, este Juzgado estima que el Juez Menor Mixto de Apaseo el Grande, Guanajuato, dio cumplimiento cabal a la ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del proceso penal 16/2015, de su estadística, toda vez que: Relacionó con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso, valorando las pruebas de manera pormenorizada de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado; y, Fundo y motivo su competencia. Restituyendo con lo anterior al quejoso en el pleno goce de su derecho fundamental violado, por lo que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintiocho de agosto del presente año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de siete de julio de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********, contra los actos atribuidos al Juez Menor Mixto de Apaseo del Grande, Guanajuato. La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que: Dejará insubsistente la orden de aprehensión reclamada; y, Con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, la cual incluso podría ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados. Es decir, debería: I. Relacionar con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso, en la inteligencia que las pruebas deberían ser valoradas pormenorizadamente de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado. II. Asimismo, fundar y motivar su competencia. Todo lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el arábigo 77 de la ley de la materia. 2). Mediante proveído de veintinueve de julio pasado, se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió al Juez Menor Mixto de Apaseo del Grande, Guanajuato, para que le diera cumplimiento. 3) A través del oficio 1689, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el siete de agosto del presente año, el Juez responsable, adjuntó copia certificada de la resolución de cinco del mismo mes y año, en la que dejó sin efecto la diversa pronunciada el nueve de abril del año en comento dentro del proceso penal número 16/2015-P, instruido en contra del aquí quejoso, y determinó nuevamente dictar orden de aprehensión en su contra. 4) Con motivo de lo anterior, el diez de los actuales se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. 5) Una vez trascurrido dicho plazo y analizadas las constancias de cumplimiento remitidas por la autoridad responsable, el dieciocho de agosto del presente año se estimó que no se encontraba cumplido el fallo protector, por lo que se requirió al Juez Menor Mixto de Apaseo el Grande, Guanajuato, para que diera cumplimiento cabal a la ejecutoria de mérito en el sentido de que: relacionara con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acreditó la probable responsabilidad del aquí quejoso, valorando las pruebas de manera pormenorizada de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado. Lo anterior, toda vez que al entrar al estudio de dicho punto la autoridad responsable se concretó a decir que ese extremo, se acreditó con los mismos elementos de prueba que sirvieron de apoyo para la comprobación del cuerpo del delito, y que los testigos de cargo Gilberto Gutiérrez Vargas y Omar Ochoa Aldama, se condujeron en los términos que habían quedado señalados con antelación; sin embargo, no expuso las razones por las cuales los elementos probatorios a los que hizo alusión, demuestran que el imputado Daniel Pérez Meléndez es probable responsable en la comisión del delito que se le atribuye, es decir, no indicó qué datos expusieron cada uno de ellos, de los cuales se advierta que el activo ejecutó el hecho delictuoso o participó en su comisión; y, Fundara su competencia. 6) Con motivo de lo anterior, mediante oficio 1904, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veintisiete de agosto de dos mil quince, el Juez responsable, adjuntó copia certificada de la resolución dictada el veinticinco del mismo mes y año, con la que sustituyo a la dictada el cinco de agosto del presente año, dentro del proceso penal número 16/2015-P, instruido en contra del aquí quejoso, y determinó nuevamente dictar orden de aprehensión en su contra. 7) El veintiocho de agosto del presente año se dio vista a la parte quejosa con las constancias supracitadas, y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. En esas condiciones, este Juzgado estima que el Juez Menor Mixto de Apaseo el Grande, Guanajuato, dio cumplimiento cabal a la ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del proceso penal 16/2015, de su estadística, toda vez que: Relacionó con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso, valorando las pruebas de manera pormenorizada de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado; y, Fundo y motivo su competencia. Restituyendo con lo anterior al quejoso en el pleno goce de su derecho fundamental violado, por lo que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Menor Mixto de Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el que remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en este asunto. En ese sentido, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de diez de agosto del presente año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de siete de julio de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********, contra los actos atribuidos al Juez Menor Mixto de Apaseo del Grande, Guanajuato. La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que: Dejará insubsistente la orden de aprehensión reclamada; y, Con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, la cual incluso podría ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados. Es decir, debería: I. Relacionar con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso, en la inteligencia que las pruebas deberán ser valoradas pormenorizadamente de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado. II. Asimismo, fundar y motivar su competencia. Todo lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el arábigo 77 de la ley de la materia. 2). Mediante proveído de veintinueve de julio pasado, se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió al Juez Menor Mixto de Apaseo del Grande, Guanajuato, para que le diera cumplimiento. 3) A través del oficio 1689, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el siete de agosto del presente año, el Juez responsable, adjuntó copia certificada de la resolución de cinco del mismo mes y año, en la que dejó sin efecto la diversa pronunciada el nueve de abril del año en comento dentro del proceso penal número 16/2015-P, instruido en contra del aquí quejoso, y determinó nuevamente dictar orden de aprehensión en su contra. 4) Con motivo de lo anterior, el diez de los actuales se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora bien, del examen de las referidas constancias, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que el fallo protector no fue cumplido. Se afirma lo anterior, toda vez que si bien es cierto que el juez responsable, dejó sin efectos la orden de aprehensión de nueve de abril de dos mil quince reclamada, dictando en su lugar una nueva en la que relaciono con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, también lo es que omitió subsanar parte de las violaciones observadas por este Juzgado de Distrito señaladas en la sentencia; esto es: Omitió relacionar con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acreditó la probable responsabilidad del aquí quejoso, valorando las pruebas de manera pormenorizada de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado. Lo cual se considera debido a que al entrar al estudio de dicho punto la autoridad responsable se concretó a decir que ese extremo, se acreditó con los mismos elementos de prueba que sirvieron de apoyo para la comprobación del cuerpo del delito, y que los testigos de cargo *************, se condujeron en los términos que habían quedado señalados con antelación; sin embargo, no expuso las razones por las cuales los elementos probatorios a los que hizo alusión, demuestran que el imputado Daniel Pérez Meléndez es probable responsable en la comisión del delito que se le atribuye, es decir, no indicó qué datos expusieron cada uno de ellos, de los cuales se advierta que el activo ejecutó el hecho delictuoso o participó en su comisión. Lo anterior cobra relevancia al tomar en cuenta que, tal y como se expuso en la sentencia amparadora, por probable responsabilidad se entiende que las constancias que se hayan recabado acrediten presuncionalmente que el acusado ejecutó el hecho delictuoso o que participó en su comisión; y dicho numeral indica además que el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad, se acreditará por cualquier medio probatorio que señale la ley. Luego, si la responsable se limitó a referirse que la probable responsabilidad se acreditó con los mismos elementos de prueba que sirvieron de apoyo para la comprobación del cuerpo del delito, y que los testigos de cargo Gilberto Gutiérrez Vargas y Omar Ochoa Aldama, se condujeron en los términos que habían quedado señalados con antelación, es inconcuso que la resolución que se analiza carece de motivación. inobservo lo indicado por este Órgano de Control Constitucional, ya que no fundo ni motivo su competencia. Por tanto, a efecto de que la ejecutoria de amparo quede debidamente cumplida, la autoridad responsable deberá resolver tomando en consideración los puntos anteriormente planteados, en los términos establecidos en la sentencia protectora, a efecto de que se restituya al peticionario del amparo en el pleno goce de sus derechos violados. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Juez Menor Mixto de Apaseo el Grande, Guanajuato, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, en relación con el numeral 193, todos de la Ley de Amparo, y se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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