Daniel Perdomo Rodríguez
Expediente 657/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 31 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 30/05/2018
Partes del expediente
- Daniel Perdomo Rodríguez
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
IV.- Vista la certificación de cuenta, de la que se evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de tres de mayo del presente año (fojas 252 a 261), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada el trece de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 66 a 73), por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primer Región, con residencia en la Ciudad de México, en consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas, del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se advierte que no existe nada pendiente por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso las concernientes a la violación de ésta, las cuales deberán ser digitalizadas. d) De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México en proveído de dieciocho de abril del presente año (foja 241), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primer Región, con residencia en la Ciudad de México, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 100/2017 (Tribunal Auxiliar 1112/2017), de su índice estadístico (fojas 66 a 73); por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: - José Luis Gutiérrez Valdez, apoderado legal de Daniel Perdomo Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio ubicado en: RAFAEL M. HIDALGO ORIENTE, NÚMERO 301, ESQUINA CON PROLONGACIÓN DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COLONIA CUAUHTÉMOC, PLANTA BAJA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO.- Lo constituye LA ABSTENCIÓN por parte de la autoridad señalada como responsable RESPECTO DE HACER EFECTIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS MULTAS DECRETADAS EN AUTOS Y A QUE SE HA HECHO ACREEDORA LA TERCERA INTERESADA DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 693/2009, ADEMÁS DE QUE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA RESPONSABLE SON EVIDENTEMENTE SOLAPADORAS Y PUSILÁNIMES, PUES DEBE TOMARSE EN CUENTA ELTIEMPO QUE HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA TERCERA INTERESADA CUMPLA SU OBLIGACIÓN DE PAGO, lo anterior de conformidad en los artículos 250, 251, 252, 253, 254, 255 y 256 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios así como del artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, donde se establece que se harán efectivos los apercibimientos decretados y se dictarán las medidas necesarias para que la ejecución de laudos sea pronta y expedita, por lo que la autoridad responsable tendría que haber hecho efectivas todas y cada una de las multas a que se ha hecho acreedora la tercera interesada dada su conducta omisiva respecto al pago del laudo emitido por la responsable, coadyuvando con ello a solapar la burlona y retadora conducta de la tercera interesada respecto a hacer caso omiso de la condena emitida en su contra, retrasando alarmantemente el procedimiento de ejecución de manera clara, infundada y arbitraria, vulnerando con ello sus garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Mediante resolución de veintiséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 25 a 37), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Daniel Perdomo Rodríguez, contra la omisión reclamada al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia." Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete (foja 43) se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por José Luis Gutiérrez Valdez, apoderado legal del quejoso Daniel Perdomo Rodríguez. El once de julio de dos mil diecisiete (foja 48), se remitió al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios, así como los autos del presente juicio de amparo; el cual por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, bajo el amparo en revisión 100/2017. El trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primer Región, con residencia en la Ciudad de México, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, resolvió el amparo en revisión 100/2017 (Tribunal Auxiliar 1112/2017), en los términos siguientes: "PRIMERO. Se revoca la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Daniel Perdomo Rodríguez, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el antecedente general primero, para los efectos precisados en la última consideración jurídica de este fallo." Mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 74 y 75) se recibió la ejecutoria de amparo y se requirió a la responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, diera cumplimiento a la ejecutoria y remitiera copias certificadas de las constancias que así lo acreditaran. Los efectos fueron los siguientes: 1.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México dictara un nuevo auto de requerimiento de pago y embargo, respetando el orden previsto en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 2.- Apercibiera al ayuntamiento demandado con la imposición de una multa en los términos previsto en el artículo de referencia. 3.- En caso de reincidencia, con suspensión temporal del cargo del servidor público de uno a quince días sin goce de sueldo. 4.- Hasta lograr el cumplimiento del laudo, pudiendo utilizar el auxilio de las autoridades civiles y militares o, en su caso, dar vista al agente del ministerio público para que investigara la posible comisión de hechos relacionados con el incumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho la autoridad responsable remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 1885 (fojas 116 y 117), al cual adjuntó copias certificadas del auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 693/2009 y el treinta de enero del año en curso (foja 118) se ordenó dar vista a las partes con las constancias de referencia para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. El nueve de febrero del presente año (fojas 122 a 126), este Juzgado de Distrito advirtió que de las constancias remitidas por la autoridad responsable (fojas 116 y 117), no daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo toda vez que requirió al Ayuntamiento demandado con apercibimiento de multa y para ello señaló las once horas del siete de febrero de dos mil dieciocho para la práctica de la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento de Calimaya. Y en el caso, en la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primer Región, con residencia en la Ciudad de México, estableció que debería agotar todos los medios previstos en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, a fin de lograr el cumplimiento del laudo. Razón por la que, se requirió al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, diera cumplimiento a la ejecutoria y remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 3192 (foja 129), al cual adjuntó copias certificadas del auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 130 a 134), dictado en el expediente laboral 693/2009, y el diecinueve de febrero del año en curso (fojas 135 a 137), se tuvo a la autoridad responsable en vías de cumplimiento e informando que no fue posible llevar a cabo la práctica de la diligencia de siete de febrero de dos mil dieciocho, referente al requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento de Calimaya, México, por encontrarse cerradas las instalaciones; y en atención a ello señaló las catorce horas del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo dicha diligencia; asimismo, apercibió al Ayuntamiento demandado que de no dar cumplimiento al laudo, se haría acreedor a una suspensión sin goce de sueldo por el periodo de quince días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y apercibió al Ayuntamiento demandado para que en caso de reincidencia al incumplimiento del requerimiento ordenado, utilizaría el auxilio de las autoridades civiles y militares, o en su caso, daría vista al Ministerio Público para que investigara la posible comisión de hechos delictivos, relacionados con el incumplimiento a la ejecución del laudo. Asimismo, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento de diez de enero del presente año (fojas 100 y 101), dictado en el juicio laboral 693/2009 al Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México; es decir, impuso una multa de cien días salario base que percibía dicho servidor público, a razón de $46,727.00 (cuarenta y seis mil setecientos veintisiete pesos 00/100 moneda nacional) y giró oficio a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, para que en auxilio de las funciones de dicho Tribunal, hiciera efectiva la multa impuesta al Presidente de referencia. Sin embargo, al no remitir las constancias con las cuales acreditara que hizo efectiva la multa impuesta al Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México; se requirió de nueva cuenta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México para que dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada de dichas constancias y para que una vez realizada la diligencia prevista para las catorce horas del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran; es decir: "a) Copia certificada de la diligencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y la determinación recaída a la misma. b) En caso reincidencia de la parte demanda, exhibiera copia certificada de las constancias que acreditaran que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho; esto es, suspensión sin goce de sueldo por el periodo de quince días hábiles. c) Asimismo, se le hizo saber que de las constancias que remitiera debería de advertirse la aplicación del siguiente medio de apremio que establece el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios." Y se le apercibió que de hacer caso omiso o no informar la imposibilidad jurídica o material que tuviera para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, se le haría efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de nueve de febrero del año en curso (fojas 122 a 126); es decir, se haría acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización. En cumplimiento a lo anterior, el veintitrés der febrero de dos mil dieciocho la autoridad responsable remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 3838 (foja 140), al cual adjuntó copias certificadas del auto de veintidós de febrero del presente año (foja 141), dictado en el juicio laboral 693/2009 y del oficio T.E.C.A.400F-108/2018, enviado al Director de Administración de Cartera de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, y el veintisiete de febrero del año en curso (fojas 143 y 144) se tuvo a la autoridad responsable en vías de cumplimiento, requiriendo nuevamente para que en el término de tres días remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran las gestiones realizadas a afecto de que hiciera efectiva la multa impuesta al Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México; y se le apercibió que de hacer caso omiso o no informar la imposibilidad jurídica o material que tuviera para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, se le haría efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de nueve de febrero del año en curso (fojas 122 a 126); es decir, se haría acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización. En cumplimiento a lo anterior, el uno de marzo de dos mil dieciocho la autoridad responsable remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 4251 (foja 148), en el que informó las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió copia certificada del auto de uno de marzo del presente año (fojas 130 a 134), dictado en el juicio laboral 693/2009, en el que al estar cerradas las instalaciones del Ayuntamiento demandado, señaló las doce horas del veinte de marzo de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento de Calimaya, México; apercibiéndolo que de no dar cumplimiento al laudo, se haría acreedor a una multa equivalente a quince días de salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253, fracción I de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; lo anterior en virtud de que ya había agotado todos los medios de apremio previstos en el citado artículo. Y el veintisiete de febrero del año en curso (fojas 158 a 160) se tuvo a la autoridad responsable en vías de cumplimiento; asimismo, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento de catorce de febrero del presente año (fojas 130 a 132), dictado en el juicio laboral 693/2009 al Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México; es decir, suspensión temporal del cargo por quince días sin goce de sueldo y giró oficio a la Legislatura Local, para que en auxilio de las funciones de dicho Tribunal, materializara la medida de apremio. Sin embargo, dicha autoridad responsable no remitió las constancias con las cuales acreditara tal circunstancia por lo que se le requirió de nueva cuenta para que dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran las gestiones que realizó respecto a la suspensión temporal del cargo por quince días sin goce de sueldo del Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México, y para que una vez realizada la diligencia prevista para las doce horas del veinte de marzo de dos mil dieciocho dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran; es decir: "a) Copia certificada de la diligencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho y la determinación recaída a la misma. b) En caso reincidencia de la parte demanda, exhibiera copia certificada de las constancias que acreditaran que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de marzo de dos mil dieciocho; esto es, quince días de salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253, fracción I de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. c) Asimismo, en las constancias que remitiera se debería de advertir la aplicación del siguiente medio de apremio que establece el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Y se le apercibió que de hacer caso omiso o no informar la imposibilidad jurídica o material que tuviera para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, se le haría efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de nueve de febrero del año en curso (fojas 122 a 126); es decir, se haría acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización." En cumplimiento a lo anterior, el doce de marzo de dos mil dieciocho la autoridad responsable remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 5028 (foja 163), en el que informó las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió copia certificada del auto de doce de marzo del presente año (foja 164), dictado en el juicio laboral 693/2009; por lo que, el catorce de marzo del año en curso (fojas 166 y 167) se tuvo a la autoridad responsable en vías de cumplimiento y se le requirió para que dentro del plazo de tres días remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran las gestiones que se encontraba realizando con la finalidad de hacer efectiva la suspensión temporal del cargo por quince días sin goce de sueldo del Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México y se le apercibió que de hacer caso omiso o no informar la imposibilidad jurídica o material que tuviera para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, se le haría efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de nueve de febrero del año en curso (fojas 122 a 126); es decir, se haría acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización. En cumplimiento a lo anterior, el dieciocho de marzo de dos mil dieciocho la autoridad responsable remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 5502 (foja 171), en el que informó las gestiones que se encontraba realizando respecto a la multa impuesta al Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México y remitió copias certificadas del auto de dieciséis de marzo del presente año (foja 172), dictado en el juicio laboral 693/2009 y del oficio T.E.C.A.400F-187/2018, enviado a la LIX Legislatura del Estado de México; por lo que el veintidós de marzo del año en curso (fojas 174 y 175) se tuvo a la autoridad responsable en vías de cumplimiento y se le requirió para que dentro del plazo de tres días remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran las gestiones que se encontraba realizando con la finalidad de hacer efectiva la suspensión temporal del cargo por quince días sin goce de sueldo del Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México y se le apercibió que de hacer caso omiso o no informar la imposibilidad jurídica o material que tuviera para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, se le haría efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de nueve de febrero del año en curso (fojas 122 a 126). Por otra parte, la autoridad responsable en cumplimiento al auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 135 a 137) remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 5812 (foja 178), en el que informó las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió copias certificadas del auto de veintidós de marzo del presente año (fojas 179 a 181), dictado en el juicio laboral 693/2009; y el veintiséis de marzo del año en curso (fojas 184 a 186) se tuvo a la autoridad responsable en vías de cumplimiento; asimismo, de las constancias remitidas se advirtió que no fue posible llevar a cabo la práctica de la diligencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, referente al requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento de Calimaya, México, en virtud de que la parte actora no se asoció con el actuario adscrito al tribunal responsable; por lo que, señaló las quince horas del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo dicha diligencia; apercibiendo al Ayuntamiento demandado que de no dar cumplimiento al laudo, se haría acreedor a una multa de quince días de salario base que perciba el servidor público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Requiriendo a la responsable para que una vez realizada la diligencia prevista para las quince horas del diecinueve de abril de dos mil dieciocho y dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran; es decir: "a) Copia certificada de la diligencia de quince horas del diecinueve de abril de dos mil dieciocho y la determinación recaída a la misma. b) En caso reincidencia de la parte demanda, exhibiera copia certificada de las constancias que acreditaran que hizo efectivo el apercibimiento decretado en veinte de uno de marzo de dos mil dieciocho; esto es, multa de quince días de salario base que perciba el servidor público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253, fracción I de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. c) Asimismo, en las constancias que remitiera se debería de advertir la aplicación del siguiente medio de apremio que establece el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios." Y se le apercibió que de hacer caso omiso o no informar la imposibilidad jurídica o material que tuviera para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, se le haría efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de nueve de febrero del año en curso (fojas 122 a 126);asimismo, se ordenó la notificación personal de la parte quejosa y se le apercibió que de no comparecer a la diligencia prevista para las quince horas del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se le tendría por renuente al cumplimiento a la sentencia de amparo. En dieciocho de marzo de dos mil dieciocho remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 6348 (foja 191), en el que informó las gestiones que se encontraba realizando respecto a la multa impuesta al Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México y remitió copias certificadas del auto de tres de abril del presente año (foja 192), dictado en el juicio laboral 693/2009 y de los oficios T.E.C.A.400F-149/2018 y T.E.C.A.400F-149/2018 enviados a la LIX Legislatura del Estado de México, e hizo del conocimiento que la LIX Legislatura del Estado de México no había dado respuesta alguna a los oficios T.E.C.A.400F-149/2018 y T.E.C.A.400F-149/2018, los cuales le fueron notificados el doce y veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, respectivamente; por lo que giró nuevamente oficio a la LIX Legislatura del Estado de México a afecto de que informara el estado procesal que guardaban los oficios T.E.C.A.400F-149/2018 y T.E.C.A.400F-149/2018. En proveído de cinco de abril del año en curso (fojas 220 a 222) se tuvo a la autoridad responsable en vías de cumplimiento y se le requirió nuevamente a la citada autoridad para que en el término de tres días remitiera copia certificada del oficio que giró a la LIX Legislatura del Estado de México el tres de Abril del año en curso, en que solicitó le informara el estado procesal que guardaban los oficios T.E.C.A.400F-149/2018 y T.E.C.A.400F-149/2018 y de las constancias que acreditaran las gestiones la suspensión temporal del cargo por quince días sin goce de sueldo del Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México. Asimismo, se requirió a la LIX Legislatura del Estado de México, para que en el término de tres días informara el estado procesal que guardan los oficios T.E.C.A.400F-149/2018 y T.E.C.A.400F-149/2018; girados por la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México los cuales le fueron notificados el doce y veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, respectivamente; y se le apercibió que de no hacerlo se le impondría una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, el diez de abril de dos mil dieciocho la autoridad responsable en cumplimiento al auto de cinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 220 a 222) remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 6877 (foja 227), en el que informó las gestiones que se encontraba realizando respecto a la multa impuesta al Presidente del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México y remitió copias certificadas del auto de diez de abril del presente año (foja 228), dictado en el juicio laboral 693/2009 y del acuse del oficio T.E.C.A.400F-207/2018 enviado a la LIX Legislatura del Estado de México y del oficio CPL/AI/I/1058/2018, signado por el Jefe del Departamento de Atención a Quejas de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México; por lo que, el doce de abril del año en curso (foja 235) se tuvo en vías de cumplimiento. En auto de dieciocho de abril del año en curso (foja 241) se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; el cual fue registrado con el número de control interno 7326 (foja 237), al que anexó copia certificada del auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (foja 238) y de la diligencia de doce de abril del año en curso (foja 239), en la que la parte demandada realizó un depósito de un título de crédito por $987,535.47 (novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos 47/100 moneda nacional), expedido a favor del aquí quejoso Daniel Perdomo Rodríguez y se realizó la retención de $518, 178.44 (quinientos dieciocho mil ciento setenta y ocho pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de impuestos, con el que se dio cumplimiento a la condenada decretada en contra de la parte demandada mediante laudo de treinta y uno de agosto de dos mil doce, en relación con la interlocutoria de doce de mayo de dos mil catorce; y se ordenó dejar sin efectos las medidas de decretadas en contra del presidente del ayuntamiento demandado. Con el referido comunicado y anexo, el dieciocho de abril de dos mil dieciocho (foja 241) se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. No obstante a lo anterior, en proveído de veinticuatro de abril del año en curso (foja 249), se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; el cual fue registrado con el número de control interno 7770 (foja 245), al que anexó copia certificada copia certificada del auto de veinte de abril del presente año (foja 246), dictado en el juicio laboral 693/2009, del que se desprendió que el quejoso Daniel Perdomo Rodríguez compareció a recoger el título de crédito 0000349, que amparaba la cantidad de $987, 535.47 (novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos 47/100 moneda nacional) y toda vez que transcurrió el término para que se manifestara respecto a su cobro; se le tuvo por pagado de todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenado el ayuntamiento demandado mediante laudo de treinta y uno de agosto de dos mil doce y la autoridad responsable ordenó el archivo del juicio laboral 693/2009 como asunto totalmente concluido. De las actuaciones relativas a las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en auto de dieciséis de abril del año en curso (foja 238), dictado en el juicio laboral 693/2009, la autoridad responsable tuvo al Ayuntamiento demandado dando cumplimiento al laudo de treinta y uno de agosto de dos mil doce, toda vez que el doce de abril de dos mil dieciocho, exhibió un título de crédito por $987,535.47 (novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos 47/100 moneda nacional), expedido a favor del aquí quejoso Daniel Perdomo Rodríguez, en el que se realizó la retención de $518, 178.44 (quinientos dieciocho mil ciento setenta y ocho pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de impuestos. Asimismo, del auto de veinte de abril del presente año (foja 246), dictado en el juicio laboral 693/2009, se desprende que el quejoso Daniel Perdomo Rodríguez compareció a recoger el título de crédito 0000349, que amparaba la cantidad de $987, 535.47 (novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos 47/100 moneda nacional) y toda vez que transcurrió el término para que se manifestara respecto a su cobro; se le tuvo por pagado de todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenado el ayuntamiento demandado mediante laudo de treinta y uno de agosto de dos mil doce y la autoridad responsable ordenó el archivo del juicio laboral 693/2009 como asunto totalmente concluido. De donde se desprende que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos, en virtud de que la autoridad responsable dictó autos de requerimiento de pago y embargo, apercibiendo y haciendo efectivas las medidas de apremio previstas en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, para lograr el cumplimiento del laudo, lo cual se consiguió en virtud de que el quejoso Daniel Perdomo Rodríguez compareció a recoger el título de crédito 0000349, que amparaba la cantidad de $987, 535.47 (novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos 47/100 moneda nacional) y en auto de veinte de abril del presente año (foja 246), dictado en el juicio laboral 693/2009, se le tuvo por pagado de todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenado el ayuntamiento demandado mediante laudo de treinta y uno de agosto de dos mil doce. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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Téngase por recibido el oficio de cuenta, por el cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México remite copia certificada del auto de veinte de abril del presente año (foja 246), dictado en el juicio laboral 693/2009, del que se desprende que el quejoso *** compareció a recoger el título de crédito 0000349, que amparaba la cantidad de $987, 535.47 (novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos 47/100 moneda nacional) y toda vez que transcurrió el término para que se manifestara respecto a su cobro; se le tuvo por pagado de todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenado el ayuntamiento demandado mediante laudo de treinta y uno de agosto de dos mil doce y ordenó el archivo del juicio laboral 693/2009 como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, tomando conocimiento de lo informado por la citada autoridad responsable, lo que será tomado en consideración al momento en que este juzgador se pronuncie respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.
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