Daniel Peralta Silva

Expediente 791/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
791/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
04/02/2016

Partes del expediente

  • Daniel Peralta Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cuatro de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 582-C, firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 159/2015, interpuesta por el quejoso Daniel Peralta Silva, en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo 791/2015; acúsese recibo de estilo. De la citada resolución se desprende lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Daniel Peralta Silva en contra del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil quince, pronunciado en el juicio de amparo indirecto 791/2015-I del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad." En atención a lo anterior, agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes. Se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó por improcedente la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 4. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 6966-C, firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual el Presidente de ese Cuerpo Colegiado, admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso DANIEL PERALTA SILVA, en contra del auto de dieciséis de octubre del año en curso. En atención a lo anterior, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, nueve de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso DANIEL PERALTA SILVA, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de octubre de dos mil quince, en el que se desechó la demanda que refiere al juicio de amparo 791/2015. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 100 de la Ley de Amparo, como lo solicita la ocursante remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, el presente juicio de amparo 791/2015; así como el original y copia del escrito de queja, para la substanciación del recurso hecho valer por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por DANIEL PERALTA SILVA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 791/2015 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Este precepto autoriza al suscrito juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la demanda de amparo, concretamente del capítulo de actos reclamados, se advierte que de manera destacada la quejosa reclamó: "Se hace consistir en la sentencia interlocutoria e fecha 17 diecisiete de Septiembre del año 2015 Dos Mil Quince, pronunciada por el titular de la Sala de Circuito Zona Sur, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en el Toca 172/2015. C que se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria dictada en el expediente 794/2014 radicado en el Juzgado Primero Civil de este distrito Judicial." En virtud de lo antes transcrito, es evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.." En efecto, la parte quejosa reclama la resolución dictada el diecisiete de septiembre de dos quince, por la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con residencia en esta ciudad, donde confirmó la diversa interlocutoria de catorce de agosto del año en curso, pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en la que declaró procedente la excepción de falta de personalidad y consideró que Joel Eduardo Urquidez Barraza, tiene facultades para representar en el juicio a la aquí tercera interesada Aurelia Mendivil Gutiérrez. En esa virtud, se considera que dicha resolución no constituye un acto que sea de imposible reparación o que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; esto es así, dado que en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto mediante una fórmula legal en la que solo procede contra actos calificados como irreparables, que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, y no únicamente causen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender en el resultado del fallo; por lo antes expuesto, no procede el juicio constitucional contra la resolución que se reclama en el presente caso. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia P/.37/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Junio de 2015, página 39, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el número 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, con apoyo en el artículo 113 de la misma ley, lo que procede es desechar la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.

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