Daniel Pedroza Nava
Expediente 839/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/09/2017
Partes del expediente
- Daniel Pedroza Nava
- Daniel Pedroza Nava y Otros.
- Braulio Ulises Pedroza Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, son susceptibles de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental, así como el original del incidente, pues se negó y se concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvanse a las autoridades los anexos que remitieron en autos, sin que sea necesario que acusen recibo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa; por medio del cual, solicita que se le notifique a las autoridades responsables el auto por el cual causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. Atento a lo anterior, dígase al promovente que a la fecha la sentencia dictada en autos, no ha causado ejecutoria en razón de que no obra la totalidad de los acuses de recibo que acrediten la legal notificación a las responsables y una vez que acontezca tal circunstancia, este juzgado acordara lo conducente y notificará a las autoridades responsables por la vía que legalmente corresponde.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 839/2017; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y en este órgano de control constitucional en la misma data; Daniel Pedroza Nava y Braulio Ulises Pedroza Nava solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y seguido el juicio con las formalidades de ley, se desahogó la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación que afecta la libertad personal, emitida por una autoridad judicial del orden penal cuya ejecución se efectuó dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables a las siguientes: - Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. De quien se reclama: - El auto de vinculación a proceso de quince de mayo de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta administrativa 41/2017, contra Daniel Pedroza Nava y Braulio Ulises Pedroza Nava, por su probable intervención en el hecho delictuoso de lesiones con modificativas agravantes (de haber sido producidas por arma prohibida y dejado cicatriz notable y permanente en cara), en agravio de David López Vázquez; así como, por el diverso hecho delictuoso de robo con modificativa agravante (de haber recaído en un vehículo automotor), en agravio de Rodolfo López Guadarrama. - Así como su ejecución atribuida al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México. TERCERO. Las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados (folios 43 y 44). Lo cual se corrobora con las constancias que las responsables remitieron, consistentes en los archivos electrónicos contenidos en nueve discos compactos, formato DVD, los seis primeros referentes a las audiencias, privada para solicitar orden de aprehensión, para resolver sobre orden de captura, para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, de prorroga en el plazo constitucional (2) y para resolver sobre vinculación a proceso, de fechas veintitrés y veinticuatro de febrero, así como de diez, catorce y quince de mayo de dos mil dieciséis, siendo en esta última en la que se emitió la resolución reclamada; así como la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación 130030620103815 y la diversa administrativa (causa penal) 41/2017, esta última consistente en las actas mínimas levantadas con motivo de las audiencias de las citadas fechas, mismas que obran en anexos por separado. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; por lo que hace a los discos ópticos, éstos tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 188 y 210-A de la legislación adjetiva civil invocada, por ser fiable al constituir un medio expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un estudio de las constancias obrantes en autos, se advierte que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte alguna que oficiosamente deba ser examinada, por lo que lo procedente es emprender el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Los conceptos de violación que expresan los quejosos, por una parte son infundados y por otra, fundados, aunque para ello deban ser suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, al recaerles la calidad de imputados. Los quejosos aducen que se viola en su contra su derecho de debido proceso, contemplado en el artículo 14 de la Constitución Federal, al no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento. Tal motivo de inconformidad es infundado. A fin de evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto lo establecido por el artículo 14 constitucional, que dice: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.).". En relación con las formalidades esenciales del procedimiento a las que alude el precepto reproducido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, encontrándose, entre ellas, la concerniente a que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Dicho criterio quedó establecido en la jurisprudencia aparece publicada en la página 260, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que señala: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". En el caso, adversamente a lo estimado por los quejosos, de las copias certificadas de la citada carpeta administrativa, precisamente las actas mínimas y los discos con una videograbación (tiempo de reproducción 09:14; y, 26:51 minutos), constancias relativas a la "audiencia privada para solicitar orden de aprehensión" de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, así como a la diversa "audiencia para continuar y resolver sobre orden de aprehensión", se advierte que, previa solicitud del Ministerio Público, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, con fundamento en el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 184, 185 y 186 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, libró la orden de aprehensión de Daniel Pedroza Nava y Braulio Ulises Pedroza Nava, por su probable intervención en el hecho delictuoso de lesiones con modificativas agravantes (de haber sido producidas por arma prohibida y dejado cicatriz notable y permanente en cara), en agravio de David López Vázquez, previsto por el artículo 236, y sancionado por los diversos 237 fracción III y 238 fracciones I y II, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracción I y III, y 11 fracción I, inciso d), del Código Penal vigente en la Entidad; así como, por el diverso hecho delictuoso de robo con modificativa agravante (de haber recaído en un vehículo automotor), en agravio de Rodolfo López Guadarrama, contemplado en el artículo 287 y penado por los diversos 289, fracción I y 290 fracción V, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracción I y III, y 11 fracción I, inciso d), del código punitivo local. De igual manera, contrario a lo estimado por los peticionarios de amparo, de las constancias allegadas al presente juicio no se aprecia acreditado que al cumplimentarse el mandato de captura los agentes aprehensores no se hubiesen identificado ni les hubiesen hecho saber los motivos de su detención, pues se advierte que, derivado de la emisión de la orden aprehensión, se libró el oficio 254 dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México (foja 36 de la carpeta administrativa), a efecto de que éste designara elementos a su cargo que se avocaran al cumplimiento de dicho mandato, y del oficio de puesta a disposición de nueve de mayo de dos mil diecisiete (folio 133 de la carpeta administrativa), se aprecia que el mismo derivó del hecho de que los elementos policiacos acataron lo ordenado en el citado comunicado; por ende, es incuestionable que debieron hacer del conocimiento de los aquí quejosos el motivo de su detención. De igual manera, es infundado lo esgrimido por los peticionarios, en el sentido de que al ser privados de su libertad, no se les dio lectura a sus derechos. Se arriba a tal aserto, pues si bien, de conformidad con los artículos 1° y 20 de la Constitución Federal, con base en el principio pro persona, en relación con el derecho a ser informado de los motivos de la detención y de los derechos que le asisten a la persona detenida, las autoridades que lleven a cabo una detención -tanto por orden judicial, por urgencia o por flagrancia- tienen la obligación de informar inmediatamente a la persona detenida de los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten, dicha información, además, debe darse ante el ministerio público y el juez. Por tanto, toda persona detenida tiene derecho a que, sin demora y desde el momento de su detención, se le informe sobre el motivo de la misma y sobre los derechos que le asisten, lo cual tiene su justificación en el evitar detenciones ilegales o arbitrarias y, además, garantizar el derecho de defensa de la persona detenida. Empero, como se dijo, la obligación de informar sobre dicho derecho surge en el momento preciso en que la persona detenida es puesta a disposición de la autoridad ministerial, o bien, judicial. Luego, si en el caso, derivado de la emisión de la orden de aprehensión de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, los aquí quejosos fueron detenidos por elementos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, es incuestionable que, de manera formal, tales derechos se les debían hacer saber en el momento en que fueran puestos a disposición de la autoridad judicial, en la especie, la Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. De ahí que no asista la razón a los peticionarios de amparo. Orienta el criterio del suscrito, la tesis 1a. CCCLIV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 970, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A SER INFORMADO DE LOS MOTIVOS DE LA DETENCIÓN Y LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN A LA PERSONA DETENIDA. DEBE HACERSE SIN DEMORA Y DESDE EL MOMENTO MISMO DE LA DETENCIÓN. De conformidad con el artículo 1o. constitucional y con base en el principio pro persona, el artículo 20 constitucional -tanto antes como después de la reforma e independientemente de que esta última haya entrado en vigor- en relación con el derecho a ser informado de los motivos de la detención y de los derechos que le asisten a la persona detenida, debe interpretarse armónicamente con los artículos 9.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la jurisprudencia interamericana. En este sentido, las autoridades que lleven a cabo una detención -tanto por orden judicial, por urgencia o por flagrancia- tienen la obligación de informar inmediatamente a la persona detenida de los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten. Dicha información, además, debe darse ante el ministerio público y el juez. El razonamiento detrás de dicho derecho es el de evitar detenciones ilegales o arbitrarias y, además, garantizar el derecho de defensa de la persona detenida. En conclusión, toda persona detenida tiene derecho a que, sin demora y desde el momento de su detención, se le informe sobre el motivo de la misma y sobre los derechos que le asisten. Cabe aclarar que si la detención de un individuo se da en flagrancia por un particular, la obligación de informar sobre dicho derecho surge en el momento preciso en que la persona detenida es puesta a disposición de una autoridad.". Así también, los quejosos aducen como motivo de disenso, que su detención fue ilegal, al encontrarse incomunicados, debido a que fueron puestos a disposición del Juez de Control de Tenancingo, con dilación, pues fueron capturados en el Centro del Municipio de Santiago Tianguistenco, a las trece horas del día nueve de mayo de dos mil diecisiete e ingresados al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, hasta las quince horas con cincuenta y cuatro minutos de esa data; esto es, casi cuatro horas de su detención a hasta su puesta a disposición. Tal motivo de inconformidad es infundado. Ello es así, pues aun cuando de su propias afirmaciones efectuadas en el escrito de demanda, se advierte que fueron detenidos a la trece horas del día nueve de mayo de dos mil diecisiete e ingresados al centro penitenciario en que se encuentran a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos de esa misma fecha, contrario a su apreciación, casi transcurrieron tres horas; sin embargo, dicha temporalidad no se estima notoriamente excesiva. En efecto, de las propias constancias allegadas al presente asunto, se observa que aun cuando se hubiese llevado a cabo la detención de que se duelen los quejosos a las trece horas del nueve de mayo de dos mil diecisiete, éstos previamente a ser ingresados al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, fueron llevados al Servicio Médico Forense adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tenango del Valle, Estado de México, a fin de que el perito médico legista adscrito al Instituto de Servicios Periciales, certificara el estado psicofísico y lesiones de los inculpados, lo cual implicó una temporalidad a efecto de ser trasladado del municipio de Santiago Tianguistenco al diverso de Tenango del Valle, ambos en esta entidad federativa, y que se tradujo en el tiempo transcurrido de las trece horas a las catorce horas con cinco minutos de la citada fecha, momento en que se recabó el citado certificado médico respecto de Braulio Ulises Pedroza Nava, y a las catorce horas con quince minutos de esa data, en relación a Daniel Pedroza Nava (fojas 180 y 181 de la carpeta de investigación). Y, posteriormente, se llevó a cabo el arribo a las instalaciones del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, en la Entidad, a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos del mismo día. Circunstancia que, como se dijo, no se estima notoriamente excesiva, pues conforme a la descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención de los inculpados, se concluye que el transcurso del tiempo que aconteció entre la detención y la puesta a disposición de los quejosos ante autoridad competente (dos horas con cincuenta y cuatro minutos), no es notoriamente excesivo, para que deba estimarse que se incurrió en una ilegal detención prolongada e injustificada. Lo anterior esa así, si se toma en consideración que la detención se efectuó en el Centro del Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, como los propios quejosos lo refieren, y dada la distancia que existe entre dicho municipio y el diverso de Tenango del Valle, en esta entidad federativa, se estima más que suficiente para llevar a cabo dicho traslado, dado haber sido presentados en el Centro de Justicia de Tenango del Valle, a fin de que se certificara su estado psicofísico, lo cual, pugnó porque quedara constancia de la situación física y mental que presentaban los inculpados, a fin de salvaguardar su integridad. Asimismo, la temporalidad que transcurrió desde su detención hasta su ingreso al centro penitenciario de Tenancingo, Estado de México, se advierte adecuada, si se tiene en consideración el tiempo que es necesario emplear para trasladarse del municipio de Tenango del Valle al diverso de Tenancingo, pues entre ambas localidades media una distancia de aproximadamente veinticinco kilómetros, aunado a que es un hecho notorio que dicha vialidad es sinuosa y notoriamente transitada. De ahí que, como se dijo, resulte infundado el motivo de inconformidad expuesto. Cobra relevancia a lo anterior, por identidad de razón, la tesis CLXXV/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 535, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2003545, de tenor siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica -de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal-. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras.". Luego, previa solicitud del representante social, como se aprecia del acta mínima y del disco formato DVD (tiempo de reproducción 01:28:02 minutos), ambas constancias relacionadas con la "audiencia para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión", en la que los imputados manifestaron ser sabedores de sus derechos (minuto 05:57) y, derivado de ello, designaron como sus defensores particulares a los licenciados Mauricio López Morales y Carlos Alberto Sánchez Andrade, quienes aceptaron y protestaron el cargo conferido (minuto 06:45 a 07:35), y enseguida, la fiscalía dio a conocer los datos de prueba con base en los cuales formulaba su imputación; por lo que la juez de origen tuvo por formulada la imputación y decretó la detención material y jurídica de los aquí quejosos, por el hecho delictuoso tipificado como lesiones con modificativas agravantes (de haber sido producidas por arma prohibida y dejado cicatriz notable y permanente en cara), en agravio de David López Vázquez, previsto por el artículo 236, y sancionado por los diversos 237 fracción III y 238 fracciones I y II, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracción I y III, y 11 fracción I, inciso d), del Código Penal vigente en la Entidad; así como, por el diverso hecho delictuoso de robo con modificativa agravante (de haber recaído en un vehículo automotor), en agravio de Rodolfo López Guadarrama, contemplado en el artículo 287 y penado por los diversos 289, fracción I y 290 fracción V, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracción I y III, y 11 fracción I, inciso d), del código punitivo local. Además, previa comunicación con su defensa y encontrándose asistidos de su defensores particulares, en la citada audiencia los imputados rindieron su declaración (minutos 30:30 a 41:40 y 43:10 a 53:10) y solicitaron que su situación jurídica fuera resuelta en el término de ciento cuarenta y cuatro horas (minuto 55:55). Enseguida, la defensa privada de los imputados, ofreció diversos datos de prueba, a saber: testimoniales de la menor de identidad reservada de iniciales D.M.I.A., de J. Dolores Iturbe Galindo, de Inés Nava Avelino, Cindy Pedroza Nava y Luis Pedroza Nava; placas fotográficas; documental pública, consistente en copia certificada del parte de novedades que realizó la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México, del dos al tres de octubre de dos mil quince, en el municipio de Villa Guerrero, Estado de México; copia certificada del parte de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Villa Guerrero, del dos al tres de octubre de dos mil quince; copia certificada del certificado médico que practicara el médico legista adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tenango del Valle, el nueve de mayo de dos mil diecisiete, a los aquí quejosos Daniel Pedroza Nava y Braulio Ulises Pedroza Nava. Y, una vez que se fijó día y hora para que tuviera verificativo la audiencia dentro de la prórroga del plazo constitucional, a fin de desahogar las referidas probanzas, la cual tuvo verificativo el catorce de mayo de dos mil diecisiete, como se aprecia del acta mínima y del disco formato DVD (tiempo de reproducción 02:12:55 minutos), ambas constancias relacionadas con la "audiencia de prórroga de plazo constitucional"; así como las diversas, consistentes en la testimonial a cargo de María de los Ángeles Silva Guadarrama y la documental pública, relativa a la impresión del Registro Público Vehicular, en la que no existe un reporte de robo respecto del vehículo. Asimismo, se desahogaron las pruebas consistentes en las testimoniales a cargo de J. Dolores Iturbe Galindo; de la menor de identidad reservada de iniciales D.M.I.A., asistida de su hermana mayor de edad; de Luis Pedroza Nava; de Cindi Esmeralda Pedroza Nava; y, de María de los Ángeles Silva Guadarrama; así como, la de diversas documentales, las cuales se proyectaron a través de los medios tecnológicos; desistiéndose la defensa particular de la testimonial a cargo de Inés Nava Avelino, con lo cual se encontraron de acuerdo los imputados; y, a petición de dicha defensa, se ordenó girar oficio al Director de Seguridad Pública Municipal de Villa Guerrero, Estado de México, así como al Comisionado de Seguridad Estatal del Estado de México, a fin de que ordenaran a quien correspondiera, remitieran a ese órgano jurisdiccional, copia certificada del parte de novedades suscitados en el municipio de Villa Guerrero, en la Entidad, los días dos y tres de octubre de dos mil quince; y al Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de México, a efecto de que requiriera al elemento de la policía ministerial Efrén Franco Alva, remitiera a juzgado de control, copias del acuse o el original de los certificados médicos que fueron practicados a los imputados, por el médico legista adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tenango del Valle, el día nueve de mayo de dos mil diecisiete; así como, al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, a efecto de que le remitiera copias certificadas del expediente clínico criminológico que les fuera practicado a los imputados; y, finalmente, señaló nueva hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia en la prórroga del plazo constitucional. Así, a las ocho horas del quince de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la "audiencia en la prórroga del plazo constitucional" (folio 65, de la carpeta administrativa; disco 1/1, con tiempo de reproducción 02:14:22 minutos), en la que la defensa particular incorporó mediante lectura, el oficio rendido por Efrén Franco Alva, elemento de la policía de investigación, de fecha quince de mayo del presente año; así como, la copia certificada de dos expedientes clínicos criminológicos, a favor de Daniel Pedroza Nava y Braulio Ulises Pedroza Nava; y, de conformidad con los imputados, se desistió del oficio rendido por el Comandante de la Policía Municipal de Villa Guerrero, Estado de México, así como del parte de novedades que rindió la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (minuto 18:22 a 22:00). Enseguida, en la misma diligencia, el agente del Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso; en tanto que, la defensa privada pidió se realizaran precisiones en torno a los antecedentes de los hechos, precisamente respecto al oficio por el cual el ministerio público ordenó al médico legista llevara a cabo la certificación médica psicofísica y de lesiones de la víctima (minuto 01:26:30 a 01:29:30) y expuso argumentos defensivos, solicitando se emitiera auto de no vinculación a proceso; y, finalmente, la juez de control fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia para resolver sobre vinculación a proceso, la cual tuvo verificativo a las catorce horas con treinta minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete (foja 76 a 94, de la carpeta administrativa; disco 1/1, relativo a la "audiencia para resolver sobre vinculación a proceso", con tiempo de reproducción 01:09:57 minutos). De lo anterior se advierte que los quejosos, estando debidamente asistidos de su defensores particulares, y habiéndoseles informado de los derechos que les asistían, declararon en relación a los hechos que previamente se les hicieron saber y tuvieron la oportunidad de alegar, así como de anunciar los datos de pruebas de su parte; por ende, adversamente a lo estimado por los peticionarios, no existe violación al debido proceso contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 3789, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 1814, Tomo IX, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Este tribunal estableció la jurisprudencia número 439 publicada en la página doscientos cincuenta y seis del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto reza: 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidos los autos de prisión preventiva, dado que los mismos constituyen actos de molestia a los que se refiere el 19 del mismo ordenamiento.'. Ahora bien, en contra de lo sostenido en dicha tesis, tratándose de un auto de formal prisión sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 20 constitucional, como es el que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituye verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas, como aconteció en este caso. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se decide de manera unánime interrumpir la obligatoriedad de dicha tesis.". Ahora, a fin de estar en condiciones de continuar con el análisis del acto reclamado, respecto del cual, los quejosos estiman en la causa penal del que derivó no se advierten datos de prueba idóneos, pertinentes ni suficientes para tener por colmados los elementos objetivos, subjetivos y normativos que exige el hecho delictuoso de lesiones con modificativas agravantes (de haber sido producidas por arma prohibida y dejado cicatriz notable y permanente en cara), en agravio de David López Vázquez; así como, el diverso de robo con modificativa agravante (de haber recaído en un vehículo automotor), en agravio de Rodolfo López Guadarrama, que se les imputa, es preciso señalar que, el auto de vinculación a proceso surge dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio oral y los requisitos para dictarlo se desprenden de lo dispuesto en los siguientes dispositivos jurídicos: El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". Por su parte, el artículo 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado [aplicable al caso, dado que los hechos delictuosos por los que se inició la carpeta administrativa de la cual emana el acto reclamado se suscitaron (dos de octubre de dos mil quince) con anterioridad a la aplicación en la entidad del Código Nacional de Procesos Penales (diecinueve de mayo de dos mil dieciséis), conforme a su transitorio segundo], refiere: "Artículo 293. El juez de control, a petición del ministerio público, decretará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el ministerio público al formular la imputación.". "Artículo 296. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." Sentado lo anterior, se tiene que, de los preceptos tanto constitucionales como legales transcritos en párrafos precedentes se desprende (pues así están redactados) que para emitir un auto de vinculación a proceso, se deben satisfacer los siguientes requisitos: - Requisitos de forma. Señalización del hecho delictivo que se atribuye al indiciado; fijación del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta. - Requisitos de fondo. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, de acuerdo a lo antes expuesto, para la emisión de todo auto de vinculación a proceso, es necesaria la concurrencia de los siguientes extremos fundamentales: Que se señale el hecho delictuoso imputado, lugar, tiempo y modo de comisión. (De forma) Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo. (De fondo) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. (De fondo) Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si en el dictado de un auto de vinculación a proceso, es o no necesario analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos del delito, es conveniente transcribir el tercer párrafo del artículo 16 y, el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho: "ARTÍCULO 16. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". "ARTÍCULO 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir enjuicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.". Los principios y conceptos contenidos en los preceptos trascritos, cobran aplicación en el caso a estudio, pues el código adjetivo del Estado, adoptó el nuevo sistema penal acusatorio a partir del uno de octubre de dos mil nueve, según Decreto número 226, publicado en la Sección Quinta de la Gaceta del Gobierno del Estado de México el nueve de febrero de dos mil nueve. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se estableció textualmente lo siguiente: "D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008. (.) Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo.". De lo dispuesto en los trascritos numerales constitucionales, es dable considerar que el constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar prejuzguen los mismos, así como que al valorar las pruebas formalizadas por excepción, se trasladara a la etapa de juicio, con lo cual se volvería al sistema anterior; y mantener con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como resolver lo conducente con los datos que le manifieste el Representante Social en relación a un hecho que la ley señale como delito (hecho ilícito, núcleo del tipo) y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así las cosas, el constituyente reformador, en el auto de vinculación a proceso no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse la existencia únicamente de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Para analizar la debida fundamentación y motivación, se debe realizar una comparación del ahora auto de vinculación a proceso, con el de formal prisión o sujeción a proceso. Anteriormente, para el dictado del formal procesamiento se exigía el acreditamiento del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; el primero, se constituía por los elementos materiales o externos de la figura típica que son los objetivos y en algunos casos los subjetivos y normativos. Los primeros, que pueden ser advertidos con la sola aplicación de los sentidos, esto es, la existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico; la forma de intervención del activo; si se actuó, dolosa o culposamente; la calidad de los sujetos activo y pasivo; el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión; el objeto material; los medios utilizados; las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; los elementos subjetivos, son aquéllos que no se pueden apreciar con los sentidos por encontrarse en el interior de la persona humana, en su pensamiento y en su sentimiento; y, los elementos normativos son los que requieren de un determinado juicio de valor o una condición especial. Finalmente, debía justificarse cabalmente la probable responsabilidad del inculpado; amén, señalarse las modificativas del delito o sus calificativas si pesaran sobre el inculpado en la comisión de la conducta delictiva. Actualmente, conforme al nuevo sistema de justicia penal, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe resolver el Juez de Control, en su caso, analizar el Tribunal de apelación, los jueces de Distrito y Tribunales Colegiados, esto es, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien con pruebas que se desahoguen en la aludida audiencia; si no se está en alguno de los supuestos de excepción en que esos datos se formalizan, como lo son, en la mencionada etapa preliminar, el reconocimiento de personas, reconstrucción, pericia o inspección, artículo 285; y, el anticipo de prueba, ordinal 279. Así, se debe evitar formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. Lo anterior lo acogió el legislador estatal en la fracción III del artículo 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado, para quedar así: "Artículo 293. El juez de control, a petición del ministerio público, decretará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.).". El tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 constitucional, como ya se indicó, no es necesario analizar los elementos objetivos, normativo y subjetivo si es el caso estos últimos, más allá de la directriz constitucional, es decir, el cuerpo del delito, sino sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo hubiera cometido o participado en su comisión como se apuntó con antelación; para ello el Juez de Control debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes). En el caso, como se advierte del acta mínima y disco formato DVD (tiempo de reproducción 01:09:57 minutos), ambas constancias relativas a la "audiencia para resolver sobre vinculación a proceso" de quince de mayo de dos mil diecisiete, la Juez de Control responsable señaló que procedía a la explicar la resolución de vinculación a proceso, de la cual agregaba a la carpeta administrativa la pieza escritural respectiva, constancias de las que se advierte que, una vez que estimó actualizados los requisitos para el dictado del auto de plazo constitucional reclamado, a fin de justificar la existencia de los hechos delictuosos y la probable intervención de los imputados en el mismo. ROBO CON MODIFICATIVA AGRAVANTE (DE HABER RECAÍDO EN UN VEHÍCULO AUTOMOTOR). Se procede a llevar a cabo el análisis del delito de robo con modificativa (agravante de haber recaído en un vehículo automotor), respecto del cual la Juez de Control señaló, que debería ser objeto de estudio la cuantía del robo, en términos de lo previsto en el artículo 289, fracción IV, y la modificativa agravante de haber recaído en un vehículo automotor, prevista en el diverso numeral 290, fracción V, ambos del Código Penal vigente en la Entidad. Así, enseguida la responsable señalo que de los datos de prueba, expuestos por la representación social, cuya ponderación llevó a cabo conforme a la referencia de su contenido, se podía establecer que eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer racionalmente la existencia de un hecho determinado que la ley señala como delito. Así, generaron convencimiento en la autoridad responsable para establecer como hecho fáctico el consistente en que el día dos de octubre de dos mil quince, entre las dieciséis y las diecisiete horas, la víctima David López Vázquez circulaba a bordo del vehículo de la marca Ford, color rojo, modelo mil novecientos ochenta y ocho, Pick Up, propiedad de Rodolfo López Guadarrama, en compañía de José de Jesús Jiménez Reza, sobre la calle Galeana, Barrio la Cruz, municipio de Villa Guerrero, Estado de México, cuando a la altura del Arco Norte, es alcanzado por una camioneta roja con negro, tipo Tornado, que lo rebasa por la izquierda y se le coloca delante, atravesándose e impidiendo que continuara su circulación, descendiendo de dicha camioneta Daniel Pedroza Nava, quien en su mano derecho portaba una llave de las conocidas como "de cruz", que sirven para cambiar llantas; así como Braulio Ulises Pedroza Nava, quien en su mano derecha portaba un bat, por lo que después de ser lesionada la víctima, Braulio Ulises Pedroza Nava le grita a Daniel Pedroza Nava, que se robara la camioneta, siendo Braulio Ulises Pedroza Nava, quien desapodera a David López Vázquez de dicho vehículo, ya que éste es quien se sube a la camioneta marca Ford, tipo Pick Up, modelo mil novecientos ochenta y ocho, color rojo, placas de circulación KT62926 del Estado de México, propiedad de Rodolfo López Guadarrama, y se la lleva con dirección hacia Tenancingo, mientras que Daniel Pedroza Nava se sube a la camioneta Tornado en la que viajaba y se retira del lugar en dirección hacia Villa Guerrero, causando daños al patrimonio de su propietario. Dichas circunstancia de tiempo, modo y lugar, al quedar evidenciadas con motivo de la ponderación que de los datos de prueba llevó a cabo la responsable, dieron lugar a justificar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en el caso, el de robo con modificativa agravante (de haber recaído en un vehículo automotor), en agravio de Rodolfo López Guadarrama, contemplado en el artículo 287 y sancionado por los diversos 289, fracción I y 290 fracción V, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracción I y III, y 11 fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México, los cuales establecen: "ROBO Artículo 287.- Comete el delito de robo, el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, conforme a la ley. El robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él. Para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor intrínseco del objeto de apoderamiento. El delito de robo podrá acreditarse cuando se detenga al sujeto en posesión de la cosa ajena mueble desapoderada sin consentimiento y sin derecho de quien legítimamente pueda disponer de él, y el imputado no acredite la adquisición lícita del mismo. Para efectos de este capítulo, se entiende, por salario mínimo diario, el que se encuentre vigente en la zona económica, al momento de cometerse el delito." "Artículo 289.- El delito de robo se sancionará en los siguientes términos: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta veces el salario mínimo, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa; (.). V. Cuando el valor de lo robado exceda de dos mil veces el salario mínimo, se impondrán de seis a doce años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos días multa; y (.).". "Artículo 290.- Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas señaladas en el artículo anterior con las siguientes: (.) V. Cuando se cometa el robo de un vehículo automotor o de la mercancía transportada a bordo de aquel, se impondrán de ocho a doce años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil quinientos días multa, sin perjuicio en su caso, de la agravante a que se refiere la fracción I de este artículo; (.)". A fin de arribar a tal aserto, cabe recordar que para el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, esto es, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por ende, tampoco es factible analizar el alcance probatorio de los datos de prueba que se alleguen a la investigación, ya que, como se dijo, sólo se necesita expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y determinar los datos que establezcan la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y "la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Para tal efecto, el Juez de Control debe examinar el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo, y así estar en aptitud de concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. De tal manera que, en el sistema acusatorio y oral la introducción del material probatorio tendrá lugar hasta la etapa intermedia, cuyo propósito esencial, luego de recibir la acusación del Ministerio Público que da pauta al juicio oral, es atender el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Admisión que está basada en los principios de idoneidad, utilidad y trascendencia. En ese sentido, adversamente a lo estimado por los quejosos, para el dictado del auto de vinculación a proceso, la responsable, una vez que estableció el hecho circunstanciado descrito en párrafos precedentes, señaló que los datos de prueba informados por el Ministerio Público, en términos del artículo 185, párrafos segundo y tercero, del Código de Procedimientos Penales vigente, eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer la existencia del evento delictivo de robo con modificativa agravante (de haber recaído en un vehículo automotor), el cual consistía en un comportamiento humano, voluntario y positivo, ejecutado por los agentes del delito, al apoderarse el dos de octubre de dos mil quince de un bien mueble que les era ajeno y sin consentimiento de quien podía disponer del mismo, afectando el patrimonio del ofendido. Así, adecuadamente tomó en consideración la entrevista recabada el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, al denunciante de nombre David López Vázquez, en la que en esencia señaló, que el dos de octubre de dos mil quince, aproximadamente entre las cuatro y las cinco de la tarde, circulaba a bordo del vehículo de la marca Ford, color vino, modelo mil novecientos ochenta y ocho, tipo Pick Up, propiedad de su padre Rodolfo López Guadarrama, en compañía de su amigo José de Jesús Jiménez Fuentes, esto sobre la calle Galeana, Barrio la Cruz, municipio de Villa Guerrero, Estado de México, la cual tiene una orientación de oriente a poniente y viceversa, al ser de doble carril la circulación, momento en que a la altura del Arco Norte, es alcanzado por una camioneta de color rojo con negro, tipo Tornado, que lo rebasa por la izquierda y se le coloca delante, atravesándose e impidiendo que continuara su circulación, descendiendo de dicha camioneta Daniel Pedroza Nava, quien en su mano derecho portaba una llave de las conocidas como "de cruz", que sirven para cambiar llantas; así como Braulio Ulises Pedroza Nava, quien en su mano derecha portaba un bat, por lo que después de ser lesionado el denunciante, Braulio Ulises Pedroza Nava le grita a Daniel Pedroza Nava, que se robara la camioneta, momento en el que David López Vázquez se reincorpora, viendo como Braulio Ulises Pedroza Nava, se lleva la camioneta de su padre Rodolfo López Guadarrama, con dirección a Tenancingo, mientras que Daniel Pedroza Nava se subía a su camioneta; que se echó a correr hacia la casa de su amigo Julio César Arias Cegobia, quien vive cerca del lugar, y a quien le pidió auxilio. Asimismo, el citado denunciante agregó, que al salir del hospital su padre le comentó que ya había recuperado la camioneta, que se encontraba estacionada en las afueras del domicilio de los sujetos que le habían pegado, que había necesitado de una grúa para llevársela a su casa; y, también expuso, que debido a sus lesiones se vio en la necesidad de tomar terapias psicológicas y también médicas porque tenía lastimada la mandíbula y otras partes de su cuerpo. A la anterior dato de prueba, correctamente fue sumada la diversa entrevista recabada a José de Jesús Jiménez Reza, quien en lo sustancial indicó, que el día de ayer dos de octubre de dos mil quince, aproximadamente a las diecisiete horas, iba a bordo de la camioneta de su amigo David López Vázquez, la cual es de la marca Ford, tipo Pick Up, modelo mil novecientos ochenta y ocho, color vino, propiedad del padre de su amigo, de nombre Rodolfo López Guadarrama, y circulaban sobre la calle de Galeana, a la altura de la gasolinera que se encuentra en la misma calle, momento en que los alcanzó una camioneta de la marca Chevrolet, Tornado, color roja, y se les cerró, ya no pudiendo avanzar, misma de la que descendieron dos sujetos del sexo masculino, quienes se acercaron a la camioneta donde el deponente y su amigo circulaban, y se le fueron a golpes a David; ante ello, les dijo a tales sujetos que no le pegaran y el que traía el bat se le fue a golpes, dándole un batazo en la cabeza, del lado izquierdo. También se tomó en cuenta, que dicho ateste, en ampliación de entrevista señaló, que una vez que Braulio le soltó un batazo en su cabeza, se echó a correr, quedándose a pocos metros de distancia, observando como Daniel le seguía pegando a su amigo David, y como Braulio se subía a la camioneta del padre de su amigo, llevándosela con rumbo a Tenancingo; en tanto que, Daniel se sube a la camioneta Tornado, en la que viajaban y se regresa hacia su domicilio, cerca de donde fueron los hechos; agregó, que posteriormente por sus propios medios se fue a recibir atención médica, ya que le suturaron su cabeza, esto en el Centro de Salud de Villa Guerrero. Datos de prueba que, acertadamente la responsable estimó idóneos y pertinentes, al provenir de quienes conocieran del hecho de manera directa, ser personas capaces, mayores de edad, no observando que tuvieran imposibilidad para formular juicios lógicos; ni que hubiesen sufrido coacción o violencia, o bien tuvieran interés o motivo alguno para perjudicar a los inculpados. Aunado a que tales entrevistas habían sido recabadas por una autoridad legalmente facultada para ello, en ejercicio de sus funciones; pues de tales deposados se desprendía que Braulio Ulises Pedroza Nava le había comenzado a gritar a Daniel Pedroza Nava, que se robara la camioneta, subiéndose este último a su camioneta Tornado en dirección a Villa Guerrero, en tanto que, Braulio Ulises Pedroza Nava se llevara la camioneta del padre del ofendido en dirección a Tenancingo. En ese tenor, la Juez de Control correctamente estimó que los referidos datos de prueba se robustecían con la diversa entrevista recabada al testigo de los hechos de nombre Leandro López Fuentes, quien ante el Ministerio Público señaló, que el dos de octubre de dos mil quince, aproximadamente a las cuatro y media de la tarde, se encontraba trabajando en una carnicería con razón social "Hermanos García", la cual se ubica sobre la calle Galeana, sin número, barrio la Cruz, Villa Guerrero, México, mandándolo su patrón de nombre Rogelio García, a su domicilio, el cual se localiza cerca de dicho negocio, y aproximadamente a cuarenta o treinta metros de distancia del "Arco Norte", se dio cuenta que el tráfico estaba parado, y por curiosidad se acertó a ver qué acontecía, dándose cuenta que una camioneta Tornado, color rojo, estaba atravesada y le impedía el paso a una camioneta Ford, color rojo, observando como en ese momento se baja Daniel Pedroza Nava de la camioneta Tornado, a quien conoce porque le hacen entrega de carne y vive cerca del lugar en donde trabaja el deponente, y quien llevaba en su mano derecha una llave "de cruz", con la cual se acercó al conductor de la camioneta Ford roja, y le pega en su frente, abriéndole la portezuela y bajándolo de los cabellos, dándole otro golpe con la llave cayendo al piso; momento en el que también se baja de la camioneta Tornado otro sujeto, a quien conoce con el nombre de Braulio Pedroza Nava, quien es hermano de Daniel y llevaba un bat en su mano derecha, y con el cual, al mismo tiempo que Daniel, le pegan al sujeto que conducía la camioneta, y a quien en ese momento no conoció. Agregó, que enseguida Daniel se sube a la camioneta Tornado que estaba atravesada, y se da la vuelta en dirección al Centro de Villa Guerrero, mientras que Braulio se sube a la camioneta roja del muchacho al que le estaba pegando, y se va con rumbo a Tenancingo; enterándose posteriormente, ese mismo día, que el joven al que habían golpeado Daniel y Braulio era su primo David López Vázquez, quien se encontraba en el hospital debido a las lesiones que le ocasionaron. A tal dato de prueba, adecuadamente la responsable le otorgó la calidad de idóneo y pertinente, pues provenía de una persona que conoció del hecho de manera directa; era una persona capaz, mayor de edad, no observando que tuviera imposibilidad para formular juicios lógicos; ni que hubiese sufrido coacción o violencia, o bien tuviera interés o motivo alguno para perjudicar a los inculpados. Máxime que tal entrevista había sido recabada por una autoridad legalmente facultada para ello, en ejercicio de sus funciones; pues de tal deposado se desprendía que, en la data y lugar en que acontecieron los hechos, al observar que el tránsito se encontraba parado, se acercó y advirtió que una camioneta Tornado, color rojo, se encontraba atravesada, la cual impedía el paso a una diversa marca Ford, color rojo, y que después de que los tripulantes de la camioneta Tornado golpearon a los de la camioneta Ford, Daniel se sube a la camioneta Tornado que estaba atravesada y se da la vuelta en dirección al Centro de Villa Guerrero, en tanto que, Braulio se sube a la camioneta Ford, de la persona a la que le estaban pegando y se va con rumbo a Tenancingo. En ese tenor, deviene infundado el motivo de disenso expresado por los quejosos, en el sentido de que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, lo cual hacen depender de que, de las entrevistas realizadas por el denunciante David López Vázquez y el testigo José de Jesús Jiménez Reza, se advierten contradicciones en las circunstancias al no establecer el lugar en donde ocurrieron los hechos. Ello es así, pues como se dijo, para el dictado del auto de vinculación a proceso, el Juez de Control debe examinar el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo, y así estar en aptitud de concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad, la ponderación, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario para el dictado de dicha vinculación, no así, el valor que a cada uno de los mismos pudiera resultarles; pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185, párrafo tercero del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, los datos de prueba, son "la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez que se advierta idóneo, pertinente y, en su conjunto suficiente para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado". Así, adversamente a lo considerado por los quejosos, la Juez responsable estimó que los datos de prueba consistente en la entrevista del denunciante y del referido testigo, fue recabada legalmente, al formularse ante el Agente del Ministerio Público, facultado constitucional y legalmente para tal efecto, exponiendo de viva voz los hechos que percibieron a través de sus sentidos, los actos que desplegaron los aquí quejosos contra el pasivo. De ahí que, el señalamiento directo que en contra de los peticionarios, cobre relevancia, al identificarlos como las personas que el día del hecho delictuoso lesionaron a la víctima con armas prohibidas. Asimismo, es relevante y no inverosímil, como lo estiman los peticionarios, dado que dicho denunciante y ateste narran de manera circunstanciada los hechos, al haberlos apreciado de forma personal y directa, y exponerlos sin dudas ni reticencias, siendo éstos los relativos a que el día dos de octubre de dos mil quince, siendo entre las cuatro y las cinco de la tarde, o bien, aproximadamente a las diecisiete horas, sobre la calle Galeana, Barrio la Cruz, Villa Guerrero, México, fueron interceptados por los aquí quejosos. Sin que sea óbice a lo anterior, el que el denunciante David López Vázquez señalara que "a la altura del arco norte se percató que una camioneta rojo con negro, tipo Tornado, venía detrás de nosotros, misma que de repente nos rebasó"; lo cual no es contradictorio con lo señalado por el testigo José de Jesús Jiménez Reza, quien refirió: "circulábamos por la calle de Galeana, a la altura de la gasolinera que se encuentra en la misma calle, cuando en ese momento nos alcanzó una camioneta de la marca Chevrolet, tornado, color roja, y se nos cerró"; pues ello en modo alguno resta credibilidad y verosimilitud a sus deposados, dada la imputación que ambos hacen en el sentido de que los inculpados participaron en los hechos delictuosos que se les imputan, al haber estado en el lugar de los acontecimientos y asegurar haber conocido a los hoy quejosos en ese momento. Luego, es acertado que la responsable tome en consideración ambas entrevistas, sin que sea obstáculo que el denunciante y el testigo hubieran incurrido en una contradicción circunstancial, que no modifica el hecho delictuoso. Aunado a que, sus afirmaciones se corroboran con lo expresado por el diverso ateste Leandro López Fuentes, quien una vez que indicó las circunstancia de tiempo en que se suscitaron los hechos, precisó que se encontraba trabajando en una carnicería con razón social "Hermanos García", la cual se ubica sobre la calle Galeana, sin número, barrio la Cruz, Villa Guerrero, México, y que "aproximadamente a cuarenta o treinta metros de distancia del Arco Norte", se dio cuenta que una camioneta Tornado, color rojo, estaba atravesada y le impedía el paso a una camioneta Ford, color rojo. Circunstancia que, como se dijo, constata lo relativo al lugar en el que se suscitaron los hechos que se imputan a los aquí quejosos. De ahí que, adversamente a lo estimado por los peticionarios de amparo, no es viable estimar que existe contradicción en el resultado de las entrevistas recabadas tanto al denunciante como al ateste José de Jesús Jiménez Reza, en cuanto al lugar en que se suscitaron los hechos que se les imputan; resultando infundado el motivo de disenso que se analiza. Apoya la anterior consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia VI.2o. J/336, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 68, Número 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "TESTIGOS, CONTRADICCIONES CIRCUNSTANCIALES DE LOS. No carece de fuerza probatoria la imputación que haga un testigo en el sentido de que el inculpado participó en los hechos delictuosos si estuvo en el lugar de los acontecimientos y aseguró haber conocido al hoy quejoso en ese momento, por lo cual la valoración que hizo la autoridad responsable de tal probanza es correcta sin que sea obstáculo que el testigo hubiera incurrido en contradicciones circunstanciales, pero que no modifican el hecho delictuoso.". Así, fue correcto que la Juez responsable ponderara que el denunciante y los testigos presenciales, pudieron percatarse a través de sus sentidos y de manera personal, que los imputados, son quienes el dos de octubre de dos mil quince, sobre la calle Galeana, Barrio la Cruz, municipio de Villa Guerrero, Estado de México, a la altura del Arco Norte, se apoderaron del vehículo de la marca Ford, color rojo, modelo mil novecientos ochenta y ocho, Pick Up, propiedad de Rodolfo López Guadarrama. Versión que, como bien lo señaló la responsable, no se encuentra contradicha de manera eficiente con dato alguno que le reste credibilidad. Máxime que, como acertadamente lo estimó la responsable, no se advierte motivo por el que el denunciante y dichos testigos pretendieran atribuir a los activos un comportamiento no cometido con el fin de perjudicarlos, sino que únicamente informaron lo sucedido y reconocieron a los agresores sin temor a equivocarse. De ahí, que el resultado de las entrevistas recabadas tanto al denunciante como a los citados testigos presenciales, resulte verosímil y, por ende, apto para ser tomado en consideración a fin de establecer la existencia de "un hecho que la ley señale como delito". Sobre este particular, cabe señalar que, a diferencia de las pruebas, las cuales deben ser "conducentes", en relación a los datos de prueba se estima necesario sean pertinentes, lo cual debe entenderse como lo que venga a propósito para resolver las cuestiones planteadas en el juicio. Esto es, que tenga relación efectiva con el verdadero tema que se discute. Por lo que, la pertinencia de la prueba supone que se dé una relación directa con los hechos a probar, es decir, que los medios probatorios que se propongan, se adecuen a los hechos que son objeto de debate, para que se forme la definitiva convicción. Por tanto, son infundados los argumentos vertidos por los peticionarios, en el sentido de que, el dicho del denunciante y testigos presenciales, son insuficientes para acreditar los hechos que se les imputan. Al efecto, debe decirse que por calidad en los datos de prueba, específicamente en el consistente en el testimonio, éste debe ser verosímil. Cabe señalar, que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, el vocablo verosímil se conceptualiza como lo "Que tiene apariencia de verdadero". Luego, en el caso en que un dato de prueba como lo es el testimonio de una persona, no tenga la calidad de verosímil (no aparente ser verdadero lo en él expuesto) y por ende de idóneo, no debe ser tomado en consideración al no constituir un camino a la verdad, esto es, al ser inverosímil. Así, en la especie, la responsable expuso por qué las citadas entrevistas recabadas por el agente del Ministerio Público investigador al denunciante y atestes de referencia, se estiman verosímiles y, por ende, idóneas para ser tomadas en consideración en la emisión del auto de vinculación reclamado a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Octava Época, tomo VI, Parte TCC, página 636, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA TESTIMONIAL, REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA. PARA SER IDÓNEA. Para que la prueba testimonial sea válida, no solamente deben ser las declaraciones sobre un hecho determinado que sean contestes, sino que además los testigos deben ser idóneos para declarar en cuanto esté demostrada la razón suficiente para la cual emite su dicho, o sea, que se justifique la verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los hechos.". En términos de las consideraciones referidas, adversamente a lo que aduce la parte quejosa, de la determinación que en esa vía se impugna, deriva que sí se expusieron las razones particulares por las cuales se estimaron idóneos y pertinentes para ser tomados en consideración los datos de prueba; por tanto, es inconcuso que la autoridad responsable fundó y motivó el acto reclamado, de ese modo, es de concluirse que no existe violación a la garantía contenida en el precitado párrafo primero del artículo 16 Constitucional. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 175, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Séptima Época, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". De igual manera, la responsable llegó a la conclusión de que en la realización del hecho delictuoso se actualizó la modificativa agravante de haber recaído en un vehículo automotor, pues al respecto, de la entrevista del denunciante, de los testigos de cargo, de la fe ministerial de vehículo, del informe pericial en materia de valuación y la inspección ministerial de los documentos que exhibiera el ofendido para acreditar la propiedad de su bien, se constató que el objeto respecto del cual se dio el apoderamiento, lo fue el vehículo automotor de la marca Ford, tipo Pick Up, modelo mil novecientos ochenta y ocho, número de serie 1FTDF15N1JLA08599, color rojo, con placas de circulación KT62926 del Estado de México, por lo que el objeto sobre el que recayó la conducta de los imputados, lo era un vehículo automotor. Asimismo, es preciso señalar que, en relación al dictamen en materia de valuación emitido por el perito oficial Luis Espinoza Peña, en el que tomando en cuenta el estado en que se encontraba el citado automotor, concluyó que su valor ascendía a $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), la juez de control responsable, después de ponderarlo, acertadamente arribó a la conclusión de que no era dable estimar dicha opinión técnica como un dato de prueba idóneo ni pertinente, pues si bien se hacía referencia en el mismo a la intervención de un experto, que ante la Procuraduría General de Justicia debió acreditar tener los conocimientos y estudios en la materia que opinaba, el mismo no contenía la descripción de la cosa objeto de él, del estado y modo en que fueron hallados, la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado; por lo que, hasta ese momento debía estarse a la hipótesis del numeral 289, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, sin perjuicio de que dentro de la investigación judicializada se aportaran mayores elementos de prueba que permitieran determinar, con mayor precisión, el monto de lo robado. Tal consideración encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia II.3o.P. J/6 (9a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1677, del Libro X, julio de 2012, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y sinopsis siguientes: "ROBO. CUANDO EL DICTAMEN DE VALUACIÓN CAREZCA DE LAS CONSIDERACIONES O MOTIVACIONES QUE FUNDAN LA OPINIÓN DEL PERITO VALUADOR Y LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS NO PERMITAN DETERMINAR DE FORMA CERTERA Y REAL EL PRECIO DEL OBJETO ROBADO, DICHO DELITO DEBE SANCIONARSE CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. El medio de prueba idóneo en el delito de robo para determinar el valor del objeto motivo de apoderamiento, generalmente lo constituye el dictamen pericial en materia de valuación, que está supeditado a las exigencias previstas en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de la misma entidad el 20 de marzo de 2000, que establece que los peritos deberán precisar los puntos a dictaminar, las consideraciones o motivaciones que funden su opinión y concluir en proposiciones concretas. De ahí que si la conclusión del perito valuador carece de las consideraciones o motivaciones que fundan su opinión (que constituye una apreciación subjetiva que conlleva a determinar su ineficacia probatoria) y las constancias que obran en autos no permitan determinar de forma certera y real el precio del objeto robado, entonces, atento al principio de lo más favorable al reo, dicho delito debe sancionarse conforme a la fracción I del artículo 289 del Código Penal del Estado de México, que prevé una sanción de seis meses a dos años de prisión o de cien a doscientos días multa.". En las relatadas circunstancias, como bien lo estimó la responsable, los datos de prueba, en lo individual y en su conjunto, resultan idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante (de haber recaído en un vehículo automotor), contemplado en el artículo 287 y sancionado por los diversos 289, fracción I y 290 fracción V, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracción I y III, y 11 fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México. LESIONES CON MODIFICATIVAS AGRAVANTES (DE HABER SIDO PRODUCIDAS POR ARMA PROHIBIDA Y DEJADO CICATRIZ NOTABLE Y PERMANENTE EN CARA). Por otra parte, en relación al diverso hecho delictuoso de lesiones con modificativas agravantes (de haber sido producidas por arma prohibida y dejado cicatriz notable y permanente en cara), la juez responsable estimó debía ser objeto de análisis, la temporalidad de sanación de las lesiones inferidas al ofendido; así como, si éstas fueron ocasionadas con algún arma prohibida y, si dejó cicatriz notable y permanente en cara. Luego señaló, que de los datos de prueba, cuya ponderación llevó a cabo conforme a la referencia de su contenido, se podía establecer que eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer racionalmente la existencia de un hecho determinado que la ley señala como delito. Así, generaron convencimiento en la autoridad responsable para establecer como hecho fáctico el consistente en que el día dos de octubre de dos mil quince, entre las dieciséis y las diecisiete horas, la víctima David López Vázquez circulaba a bordo del vehículo automotor de la marca Ford, color rojo, modelo mil novecientos ochenta y ocho, Pick Up, propiedad de Rodolfo López Guadarrama, en compañía de José de Jesús Jiménez Reza, sobre la calle Galeana, Barrio la Cruz, municipio de Villa Guerrero, Estado de México, cuando a la altura del Arco Norte, es alcanzado por una camioneta roja con negro, tipo Tornado, que lo rebasa por la izquierda y se le coloca delante, atravesándose e impidiendo que continuara su circulación, descendiendo de la misma Daniel Pedroza Nava, quien en su mano derecha portaba una llave de las conocidas como "de cruz", que sirven para cambiar llantas; así como Braulio Ulises Pedroza Nava, quien en su mano derecha portaba un bat, por lo que después de ser agredido verbalmente por Daniel Pedroza Nava, éste le suelta un golpe en la cabeza con la llave que llevaba, abriéndole la frente del lado izquierdo, así como abrió la portezuela de la camioneta, lo jala de los cabellos, lo baja de la camioneta dándole otro golpe en la frente con la misma llave, cayendo al piso cerca de la camioneta, y estando en el piso Daniel Pedroza Nava y Braulio Ulises Pedroza Nava, le comenzaron a dar de patadas con sus dos pies en sus costillas y piernas, tratando de meterse debajo de la camioneta para evitar que le pegaran, y en ese momento Braulio Ulises Pedroza Nava le comienza a pegar con el bat en su espalda y Daniel Pedroza Nava le pega con la llave en sus rodillas. Luego, dichas circunstancia de tiempo, modo y lugar, al quedar evidenciadas con motivo de la ponderación que de los datos de prueba llevó a cabo la responsable, dieron lugar a justificar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en el caso, el de lesiones con modificativas agravantes (de haber sido producidas por arma prohibida y dejado cicatriz notable y permanente en cara), previsto por el artículo 236, y sancionado por los diversos 237 fracción III y 238 fracciones I y II, del Código Penal vigente en la Entidad, los cuales establecen: "LESIONES Artículo 236.- Lesión es toda alteración que cause daños en la salud producida por una causa externa." "Artículo 237.- El delito de lesiones se sancionará en los siguientes términos: (.) III. Cuando ponga en peligro la vida, se impondrán de dos a seis años de prisión y de sesenta a ciento cincuenta días multa. (.)." "Artículo 238.- Son circunstancias que agravan la penalidad del delito de lesiones y se sancionarán, además de las penas señaladas en el artículo anterior, con las siguientes: I. Cuando las lesiones se produzcan por disparo de arma de fuego o con alguna de las armas consideradas como prohibidas, se aplicarán de uno a dos años de prisión y de treinta a sesenta días multa; II. Cuando las lesiones dejen al ofendido cicatriz notable y permanente en la cara o en uno o ambos pabellones auriculares, se aplicarán de seis meses a dos años de prisión y de cuarenta a cien días multa; (.).". En ese sentido, para el dictado del auto de vinculación a proceso por cuanto a dicho hecho delictuoso se refiere, la responsable, una vez que estableció el hecho circunstanciado descrito en párrafos precedentes, señaló que los datos de prueba informados por el Ministerio Público, en términos del artículo 185, párrafos segundo y tercero, del Código de Procedimientos Penales vigente, eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer la existencia del evento delictivo de lesiones con modificativas agravantes (de haber sido producidas por arma prohibida y dejado cicatriz notable y permanente en cara), el cual consistía en un comportamiento humano, voluntario y positivo, ejecutado por los agentes del delito, al alterar la salud de la víctima el día dos de octubre de dos mil quince. Así, adecuadamente tomó en consideración el certificado médico de estado psicofísico y lesiones, expedido a favor de la víctima David López Vázquez, de dos de octubre de dos mil quince, en el que, el médico legista Antolín Armando Venegas Estrada concluyó, que las lesiones que dicha víctima presentó, consistieron en: herida contuso cortante en región frontal izquierda, zona desprovista de pelo de cuatro centímetros, ya suturada y de bordes irregulares, refirió tener cefalea y nauseas, múltiples escoriaciones por fricción: una en codo derecho, seis lineales en antebrazo derecho en su cara posterior y de sus tercios medio y proximal, otra en dorso de mano derecha, tres lineales en dorso de mano izquierda, excoriación por fricción en ambas rodillas, equimosis por contusión en brazo izquierdo en su cara posterior y de su tercio proximal, otra en segundo nudillo de dedos medio y anular, esta equimosis de color rojo oscuro. Al anterior dato de prueba, la juez de control sumó el expediente clínico a favor de dicha víctima, en el cual fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico leve, fractura frontal y, por ende, manejado con medidas de alarma de fistula de líquido cefalorraquídeo y neuroinfección, las que fueron clasificadas como de aquellas que sí ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de quince días, sí ameritan hospitalización, sí dejan cicatriz en cara; y presentaba estado psicofísico normal a las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos del día dos de octubre de dos mil quince. De igual manera, tomó en cuenta el dictamen (psicodiagnóstico), emitido por la licenciada Mayte Rendón Vallejo, psicóloga de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, a favor de David López Vázquez, en el cual concluyó: que éste se ubicaba en sus esferas cognoscitivas de persona, tiempo y espacio, lo que le permitía establecer relaciones espacio temporales, es decir podía narrar hechos en forma congruente, dándole sentido a su discurso, sin alteraciones de pensamiento; que la agresión sufrida le significó un evento inesperado, desagradable y exhibía inseguridad, enojo, impotencia, ansiedad, tristeza, desconfianza y temor por su integridad; que requería de atención psicoterapéutica, la cual podría tener la duración de tres meses, siendo una sesión por semana; que se tenía conocimiento que a nivel particular el costo de una sesión psicoterapéutica oscilaba en $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional); se recomendaba que se incorporara a un proceso de atención psicológica, con el objetivo de facilitar la expresión de sus emociones, así como mejorar sus habilidades de afrontamiento que le permitieran superar la experiencia sufrida. Opiniones técnicas, que la responsable consideró idóneas y pertinentes, al haber sido por peritos que tenían la presunción legal de ser expertos en la materia, pues debieron acreditar su calidad ante la institución pública para la cual laboraban, considerando eficaz el psicodiagnóstico para acreditar que la víctima sí requería atención psicoterapéutica, lo cual resultaba congruente con lo expuesto en el expediente clínico a favor de dicha víctima, en el cual fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico leve, fractura frontal y, por ende, manejado con medidas de alarma de fistula de líquido cefalorraquídeo y neuroinfección. Respecto al primer dato de prueba, consistente en el certificado médico de estado psicofísico y lesiones, expedido a favor de la víctima David López Vázquez, el quejoso estima es ilegal, pues aduce fue recabado por el médico legista sin que se lo hubiese ordenado el Agente del Ministerio Público, quien en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, es el encargado de investigar los delitos. Tal motivo de disenso es infundado. A fin de exponer las razones por las cuales se arriba a la anterior afirmación, resulta necesario traer a contexto las siguientes consideraciones. En primer término, conforme a las atribuciones y facultades de las cuales goza el Ministerio Público, de acuerdo con los numerales 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste puede realizar las diligencias que estime pertinente para investigar los hechos delictuosos, la existencia o inexistencia de los mismos, y que sean conducentes hacia el perfeccionamiento de la indagatoria. En ese tenor, los artículos 135 y 267 de la legislación adjetiva penal de la Entidad abrogada, aplicable en la especie, establecen: "Funciones del ministerio público Artículo 135. El ministerio público, bajo su más estricta responsabilidad y en absoluto respeto a los derechos humanos, debe practicar u ordenar todos los actos de investigación necesarios para determinar la existencia del hecho delictivo motivo de la denuncia o querella, y en los casos en que proceda ejercerá la acción penal en la forma establecida por este código. Dirigirá la investigación bajo control jurisdiccional en los actos que así lo requieran, conforme a este código. En el cumplimiento de sus funciones, vigilará que la policía cumpla con los requisitos de legalidad de los actos de investigación que lleve a cabo.". "Peritaje Artículo 267. Durante la investigación del hecho, el ministerio público podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios. El informe escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio oral.". De los preceptos transcritos se advierte que el Ministerio Público es el encargado de dirigir la investigación, lo cual llevara a cabo en estricta observancia a los derechos humanos, para lo cual practicará u ordenara todos los actos de investigación necesarios para determinar la existencia del hecho delictuoso; entre ellos, el disponer la práctica de los peritajes que fuesen necesarios. En la especie, el dato de prueba, consistente en el certificado psicofísico y de lesiones practicado a David López Vázquez, el dos de octubre de dos mil quince, que a criterio de la juez de control responsable, sirvió de base para acreditar el hecho delictuoso de lesiones, adversamente a lo estimado por el quejoso, fue obtenido de manera legal. Lo anterior es así, pues el quince de mayo de dos mil diecisiete, al llevarse a cabo la audiencia en la prórroga del plazo constitucional (folio 65, de la carpeta administrativa; disco 1/1, con tiempo de reproducción 02:14:22 minutos, relativo a la "audiencia en la prórroga del plazo constitucional"), en la que la defensa particular pidió se realizaran precisiones en torno a los antecedentes de los hechos, precisamente respecto "al número de oficio, quién lo suscribió, en qué fecha se peticionó los certificados médicos de estado psicofísico y lesiones a favor de la víctima David López Vázquez, como del testigo José de Jesús Jiménez Reza" (minuto 01:26:59 a 01:29:30), se aprecia que el representante social informó a la Juez de Control responsable, que en la carpeta de investigación no obraba el comunicado por el cual se hubiese ordenado al perito médico legista del Instituto de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, Antolín Armando Venegas Estrada, procediera a certificar el estado psicofísico y lesiones de la víctima; empero, del referido certificado se advertía que el mismo había sido recibido por el Agente del Ministerio Público Oliver Lazcano, con número de gafete AMP 858. De lo anterior se advierte, que si bien el agente del Ministerio Público que formuló la imputación no apreció que obrara en la carpeta de investigación, el oficio por el cual el representante social investigador solicitó al médico legista practicara la certificación del estado psicofísico y lesiones de la víctima, por el contrario, sí observó que en el certificado médico se asentó que fue recibido por del Ministerio Público Oliver Lazcano, con número de gafete AMP 858. Circunstancia que pone manifiesto el hecho de que el citado representante social, como encargado de dirigir la investigación, se allegó de tal dato de prueba, a fin de integrarlo a la carpeta de investigación formada con motivo de los hechos en los resultara agraviado David López Vázquez. Actuar que llevó a cabo en observancia a los artículos 135 y 267 de la legislación adjetiva de la materia, pues necesariamente tuvo que haber ordenado al perito médico, practicara dicho certificado, como uno de los actos de investigación necesarios para determinar la existencia del hecho delictivo motivo de la denuncia, como lo es el que se efectuara el citado peritaje; ello, no obstante que en la citada indagatoria no se apreciara el oficio por el cual llevó a cabo dicho mandato, pues, en contraposición a dicha circunstancia, el agente del Ministerio Público recibió de parte del experto el dictamen correspondiente, mismo que agregó a la carpeta de investigación 130030620103815 y que, por ende, constituyó uno de los datos de prueba que refirió la representación social al momento en que tuvo verificativo la audiencia para solicitar orden de aprehensión, como en la diversa en la que se formuló imputación. De ahí que, resulte infundado el motivo de disenso que sobre el particular esgrime el quejoso. Además, la juez de control responsable consideró el diverso dato de prueba, consistente en la entrevista de la víctima David López Vázquez, quien en lo conducente señaló, que el dos de octubre de dos mil quince, aproximadamente entre las cuatro y las cinco de la tarde, circulaba a bordo del vehículo de la marca Ford, color vino, modelo mil novecientos ochenta y ocho, tipo Pick Up, propiedad de su padre Rodolfo López Guadarrama, en compañía de su amigo José de Jesús Jiménez Fuentes, esto sobre la calle Galeana, Barrio la Cruz, municipio de Villa Guerrero, Estado de México, momento en que a la altura del Arco Norte, es alcanzado por una camioneta de color rojo con negro, tipo Tornado, que lo rebasa por la izquierda y se le coloca delante, atravesándose e impidiendo que continuara su circulación, descendiendo de dicha camioneta Daniel Pedroza Nava, quien en su mano derecho portaba una llave de las conocidas como "de cruz", que sirven para cambiar llantas; así como Braulio Ulises Pedroza Nava, quien en su mano derecha portaba un bat, acercándosele Daniel, y debido a que tenía la ventanilla abierta, comenzó a decirle que era pendejo y un hijo de su puta madre y que no sabía con quién se metía, sacando la mitad de su cabeza y su brazo izquierdo por la ventanilla, diciéndole que se calmara, sin que apagara la camioneta, momento en que Daniel le suelta un golpe en la cabeza con la llave que llevaba, abriéndole la frente del lado izquierdo, comenzando a sangrar; que enseguida, Daniel abrió la portezuela de la camioneta, lo jala de los cabellos, bajándolo de la camioneta, diciéndole que era un hijo de su puta madre y que ahora sí se las iba a pagar, soltándole en ese momento otro golpe con la misma llave en su frente, terminando de lastimarlo, cayendo al piso cerca de su camioneta, y ya en el piso, Daniel y Braulio le comenzaron a dar de patadas con sus dos pies en sus costillas, en sus piernas, tratándole de pegar en la cabeza, la que trató de meter debajo de la camioneta para evitar que le pegaran más, momento en que Braulio comienza a pegarle con el bat en su espalda y Daniel le pega con la llave en sus rodillas. Dato de prueba, en relación al cual, la parte quejosa estima se contrapone con lo asentado en el certificado médico de estado psicofísico y lesiones, expedido a favor de la víctima David López Vázquez, de dos de octubre de dos mil quince, en el que, el médico legista Antolín Armando Venegas Estrada, entre otra, concluyó, que las lesiones que dicha víctima presentó, consistieron en: herida contuso cortante en región frontal izquierda, zona desprovista de pelo de cuatro centímetros, ya suturada y de bordes irregulares; pues considera que en la entrevista recabada a la víctima, éste refiere que Daniel Pedroza Nava le dio dos golpes en la cabeza y, adversamente a ello, en el citado dictamen únicamente se aprecia una herida en región frontal izquierda. Sin embargo, dicho argumento es inatendible, pues si bien de la entrevista rendida por David López Vázquez, se aprecia que refirió le fueron propinados dos golpes en la cabeza con la llave "de cruz", también se advierte que, cuando señala que le fue dado el primer golpe, le abrió la frente del lado izquierdo, comenzando a sangrar; empero, al indicar que Daniel Pedroza Nava le propinó en su frente el segundo golpe con la citada llave, precisó que derivado de ello, lo terminó de lastimar, pero en modo alguno indicó que derivado de ese posterior golpe le hubiese sido generada una segunda herida, sino, en su caso, sólo se agravó la lesión que ya presentaba. De ahí que, no asista la razón a la parte quejosa, cuando pretende sea desestimado el dato de prueba, consistente en la entrevista de David López Vázquez. Al anterior dato de prueba, la responsable sumó la diversa entrevista recabada a José de Jesús Jiménez Reza, quien en lo sustancial indicó, que el día de ayer dos de octubre de dos mil quince, aproximadamente a las diecisiete horas, iba a bordo de la camioneta de su amigo David López Vázquez, la cual es de la marca Ford, tipo Pick Up, modelo mil novecientos ochenta y ocho, color vino, propiedad del padre de su amigo, de nombre Rodolfo López Guadarrama, y circulaban sobre la calle de Galeana, a la altura de la gasolinera que se encuentra en la misma calle, momento en que los alcanzó una camioneta de la marca Chevrolet, Tornado, color roja, y se les cerró, ya no pudiendo avanzar, misma de la que descendieron dos sujetos del sexo masculino, quienes se acercaron a la camioneta donde el deponente y su amigo circulaban, y se le fueron a golpes a David, llevando uno de estos sujetos una llave de cruz en una de sus manos y el otro un bat de madera en las manos, abriéndole la puerta y lo baja de la camioneta, comenzándolo a golpear con la llave de cruz; ante ello, les dijo a tales sujetos que no le pegaran y el que traía el bat se le fue a golpes, dándole un batazo en la cabeza, del lado izquierdo. También se tomó en cuenta, que dicho ateste, en ampliación de entrevista señaló, que una vez que Braulio le soltó un batazo en su cabeza, se echó a correr, quedándose a pocos metros de distancia, observando como Daniel le seguía pegando a su amigo David. Datos de prueba que la responsable estimó idóneos y pertinentes, al provenir de quienes conocieran del hecho de manera directa, ser personas capaces, mayores de edad, no observando que tuvieran imposibilidad para formular juicios lógicos; ni que hubiesen sufrido coacción o violencia, o bien tuvieran interés o motivo alguno para perjudicar a los inculpados. Agregó, que tales entrevistas habían sido recabadas por una autoridad legalmente facultada para ello, en ejercicio de sus funciones; pues del deposado de David López Vázquez se desprendía que del vehículo que los rebasó descendió Daniel Pedroza Nava, mismo que llevaba en su mano derecha una llave de cruz, mientras que Braulio Pedroza Nava portaba un bat en su mano derecha; que después de agredirlo verbalmente Daniel Pedroza Nava le suelta un golpe en la cabeza con la llave que llevaba, abriéndole la frente del lado izquierdo, abre la portezuela de la camioneta, lo jala de los cabellos, lo baja de la camioneta, dándole otro golpe con la misma llave en la frente, cayendo al piso cerca de la camioneta, y estando en el piso Daniel y Braulio le comenzaron a dar de patadas con sus dos pies en sus costillas y piernas, tratando de meterse debajo de la camioneta para evitar que le pegaran, momento en que Braulio le comienza a pegar con el bat en su espalda y Daniel le pega con la llave en sus rodillas; en tanto que, José de Jesús Jiménez Reza les grita que lo dejaran de golpear, quien de igual manera resultara lesionado. Y, al respecto abundó, que si bien el defensor particular refirió que existe contradicción entre lo declarado por David López Vázquez y José de Jesús Jiménez Reza, dado que el primero refirió que "alcanzó a ver como su amigo José de Jesús se echa a correr", y el segundo manifestó, que el sujeto que traía el bat se le fue a golpes y le dio un batazo en la cabeza del lado izquierdo y "pierdo el conocimiento sin saber qué más pasó", y recuperó el conocimiento una vez que ya estaba en el Centro de Salud de Villa Guerrero; empero, precisa la responsable, en su ampliación de declaración tal testigo manifestó que una vez que Braulio le soltó un batazo en su cabeza "se echó a correr", quedándose a escasos metros de distancia, observando como Daniel le seguía pegando a su amigo David, es decir, que indicó que se "echó a correr", sin embargo, se quedó a escasos metros de distancia. En ese tenor, la Juez de Control estimó que los referidos datos de prueba se adminiculaban con la diversa entrevista recabada al testigo de los hechos de nombre Leandro López Fuentes, quien ante el Ministerio Público señaló, que el dos de octubre de dos mil quince, aproximadamente a las cuatro y media de la tarde, se encontraba trabajando en una carnicería con razón social "Hermanos García", la cual se ubica sobre la calle Galeana, sin número, barrio la Cruz, Villa Guerrero, México, mandándolo su patrón de nombre Rogelio García, a su domicilio, el cual se localiza cerca de dicho negocio, y aproximadamente a cuarenta o treinta metros de distancia del Arco Norte, se dio cuenta que el tránsito estaba parado, y por curiosidad se acertó a ver qué acontecía, dándose cuenta que una camioneta Tornado, color rojo, estaba atravesada y le impedía el paso a una camioneta Ford, color rojo, observando como en ese momento se baja Daniel Pedroza Nava de la camioneta Tornado, a quien conoce porque le hacen entrega de carne y vive cerca del lugar en donde trabaja el deponente, y quien llevaba en su mano derecha una llave "de cruz", con la cual se acercó al conductor de la camioneta Ford roja, y le pega en su frente, abriéndole la portezuela y bajándolo de los cabellos, dándole otro golpe con la llave, cayendo al piso; momento en el que también se baja de la camioneta Tornado otro sujeto, a quien conoce con el nombre de Braulio Pedroza Nava, quien es hermano de Daniel y llevaba un bat en su mano derecha, y con el cual, al mismo tiempo que Daniel, le pegan al sujeto que conducía la camioneta, y a quien en ese momento no conoció. Dato de prueba al que la responsable le otorgó la calidad de idóneo y pertinente, pues provenía de una persona que conoció del hecho de manera directa; era capaz, mayor de edad, no observando que tuviera imposibilidad para formular juicios lógicos; ni que hubiese sufrido coacción o violencia, o bien tuviera interés o motivo alguno para perjudicar a los inculpados. Máxime que tal entrevista había sido recabada por una autoridad legalmente facultada para ello, en ejercicio de sus funciones; pues de tal deposado se desprendía que, en la data y lugar en que acontecieron los hechos, al observar que el tránsito se encontraba parado, se acercó y advirtió que Daniel Pedroza Nava descendió de la camioneta Tornado, color rojo, con una llave de cruz en su mano derecha, con la cual se acercó al conductor de la diversa camioneta Ford roja, y le pega en su frente, abriéndole la portezuela, lo baja del cabello y le da otro golpe en la frente con la llave de cruz, cayendo al piso, momento en el que se baja también Braulio Pedroza Nava de la camioneta Tornado, quien llevaba un bat en su mano derecha y con el cual, al mismo tiempo que Daniel le pegan al sujeto que conducía la camioneta. En ese sentido, fue acertado el que la Juez de Control haya estimado idónea y pertinente la entrevista recabada a Leandro López Fuentes, pues aun cuando la misma la vertió cinco meses después de ocurridos los hechos, la responsable advirtió que al haberse percatado de manera directa y personal de los mismos, los vivió y presenció; máxime que apreció que su narración fue de forma lógica y congruente. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia I.6o.P. J/6, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2251, del Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y sinopsis siguientes: "PRUEBA TESTIMONIAL. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INMEDIATEZ PROCESAL PARA SU VALORACIÓN. Los principios que rigen la inmediatez procesal, para efectos de valoración de la prueba testimonial son la percepción, evocación y recuerdo, los cuales se ven afectados con el transcurso del tiempo, en virtud de que en cuanto a la primera, como facultad de percatarse de los sucesos a través de los sentidos, por sí misma se va desvaneciendo en cuanto a su fidelidad al pasar del tiempo; la evocación como la facultad de traer al consciente lo que permanece guardado en la memoria, además de variar en cada persona, dicha facultad también se debilita al correr el tiempo; finalmente el recuerdo como la capacidad de almacenar los acontecimientos captados por los sentidos se va olvidando paulatinamente; por ello, el derecho reconoce el principio de inmediatez como factor importante, que deberá tomar en cuenta el juzgador al valorar lo declarado por los testigos.". Así también, fue acertado el actuar de la Juez de Control, al considerar el acta pormenorizada de inspección en el lugar señalado como el de los hechos, la cual se llevó a cabo por la representación social, en compañía del denunciante, constituyéndose en el domicilio conocido, en calle Galeana, sin número, Barrio la Cruz, municipio de Villa Guerrero, México, lugar en el que tuvo a la vista la carretera de cinta con orientación de oriente a poniente y viceversa, observándose un entronque vehicular, así como una estructura en forma de arco, conocida por los lugareños como "Arco Norte"; siendo éste el lugar donde el dos de octubre de dos mil quince, se suscitaron los hechos. Dato de prueba que adecuadamente estimó idóneo y pertinente, puesto que en él se hacía referencia a una diligencia practicada por el titular del órgano investigador, quien dio fe de sus propias actuaciones, al encontrarse en desempeño de sus funciones. Asimismo, la juez responsable tuvo por actualizada la modificativa agravante prevista en el artículo 238, fracción II, del Código Penal para el Estado de México, relativa a que dejen al ofendido cicatriz notable y permanente en cara. Dicha agravante correctamente se tuvo por actualizada, al tomarse en consideración que una vez que fue examinado el ofendido David López Vázquez, por el médico legista, estableció como clasificación de las lesiones, como aquellas que por su naturaleza sí pusieron en peligro la vida, tardan en sanar más de quince días, sí ameritan hospitalización y sí dejan cicatriz en cara. De igual manera, adecuadamente la juez de origen estimó acreditada la modificativa agravante, relativa a que las lesiones fueron producidas por armas prohibidas, prevista en la fracción I del citado numeral 238. Lo anterior, al considerar la mecánica de los hechos, en el sentido de que el día dos de octubre de dos mil quince, en el lugar de los hechos, Daniel Pedroza Nava le suelta un golpe a la víctima en su cabeza, con la llave que llevaba, abriéndole la frente del lado izquierdo, abriendo la portezuela de la camioneta en que viajaba el pasivo del delito, lo jala de los cabellos, lo baja de la camioneta, dándole otro golpe en la frente con la misma llave, cayendo al piso cerca de la camioneta y estando en el piso, los activos le comienzan a dar patadas con sus dos pies, en sus costillas y piernas, tratándose de meterse debajo de la camioneta para evitar que le pegaran, y en ese momento Braulio Ulises Pedroza Nava le empieza a pegar con el bat en su espalda y Daniel le pega con la llave en sus rodillas. Luego, tomando en consideración la referencia normativa prevista en el artículo 179, fracción IV, del Código Penal vigente en la Entidad, tanto la llave conocida como "de cruz", utilizada por Daniel Pedroza Nava, como el bat utilizado por Braulio Ulises Pedroza Nava, deben considerarse como armas prohibidas, por ser aquellas que por sus características o circunstancias de portación puedan generar peligro, dado que el peligro que generaron las mismas se vio materializado en las alteraciones que produjeron en la corporeidad de la víctima. Datos de prueba, entre otros, respecto de los cuales la responsable, en lo individual y en su conjunto, estimó resultaban idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer el hecho delictuoso de lesiones con modificativas agravantes (de haber sido producidas por arma prohibida y dejado cicatriz notable y permanente en cara). De igual manera, la juez de la causa llegó a la conclusión de que era racionalmente probable la intervención de Braulio Ulises Pedroza Nava y Daniel Pedroza Nava, como coautores con codominio funcional de los referidos hechos delictivos, por el cual el Ministerio Público solicitó se les vinculara a proceso, en términos de lo que establece el artículo 11, fracción I, inciso d), del Código Penal vigente en la entidad. Lo anterior era así, pues de lo expuesto en los datos de prueba permitía establecer racionalmente la probabilidad de que Braulio Ulises Pedroza Nava y Daniel Pedroza Nava, intervinieron de forma directa el día dos de octubre de dos mil quince, al encontrarse juntos y en el lugar de los hechos, Daniel Pedroza Nava le suelta un golpe a la víctima en su cabeza, con la llave que llevaba, abriéndole la frente del lado izquierdo, abriendo la portezuela de la camioneta en que viajaba el pasivo del delito, lo jala de los cabellos, lo baja de la camioneta, dándole otro golpe en la frente con la misma llave, cayendo al piso cerca de la camioneta y estando en el piso, los activos le comienzan a dar patadas con sus dos pies, en sus costillas y piernas, tratándose de meterse debajo de la camioneta para evitar que le pegaran, y en ese momento Braulio Ulises Pedroza Nava le empieza a pegar con el bat en su espalda y Daniel le pega con la llave en sus rodillas; así como, Braulio Ulises Pedroza Nava se apodera del vehículo marca Ford, tipo Pick Up, modelo mil novecientos ochenta y ocho, número de serie 1FTDF15N1JLA08599, color rojo, con placas de circulación KT62926 del Estado de México, y se dirige con rumbo a Tenancingo, Estado de México; en tanto que, el diverso imputado se sube a la camioneta Tornado que tripulaban, para retirarse con rumbo al Centro de Villa Guerrero, en la Entidad. Situación que, como bien lo señaló la responsable, se acreditaba fundamentalmente con el señalamiento incriminatorio formulado por la víctima David López Vázquez y el testigo José de Jesús Jiménez Reza, quienes llevan a cabo una imputación firme, directa y categórica en contra de Braulio Ulises Pedroza Nava y Daniel Pedroza Nava, como las personas que bajo las citadas circunstancias de tiempo, lugar y ejecución, golpean a David López Vázquez, pues Daniel Pedroza Nava le suelta un golpe en su cabeza, con la llave que llevaba, abriéndole la frente del lado izquierdo, y ya estando abajo de la camioneta, le da otro golpe en la frente con la misma llave, y al estar en el piso los activos le comienzan a dar patadas con sus dos pies, en sus costillas y piernas, tratándose de meterse debajo de la camioneta para evitar que le pegaran, momento en el que Braulio Ulises Pedroza Nava le empieza a pegar con el bat en su espalda y Daniel con la llave en sus rodillas; así como, se apoderaron del vehículo marca Ford, tipo Pick Up, modelo mil novecientos ochenta y ocho, número de serie 1FTDF15N1JLA08599, color rojo, con placas de circulación KT62926 del Estado de México, sobre la calle Galeana, Barrio la Cruz, municipio de Villa Guerrero, Estado de México, a la altura del Arco Norte, aproximadamente entre las cuatro y las cinco de la tarde del día dos de octubre de dos mil quince. Por otra parte, la Juez responsable dio contestación a los argumentos defensistas que el imputado expuso al momento en que se le dio el uso de la voz para que se pronunciara en relación a la solicitud de vinculación a proceso por parte del Ministerio Público y, al respecto se indicó que los testimonios de J. Dolores Iturbe Galindo, de la menor de identidad reservada de iniciales D.M.I.A., de Luis Pedroza Nava y de Cindi Esmeralda Pedroza Nava, por el momento no eran de considerarse, pues tales testigos resultaban tener parentesco por afinidad y consanguinidad con los imputados, al ser el suegro, concubina y hermanos, respectivamente; ya que, aun cuando en materia penal no existe tacha de testigos, el hecho de que éstos tengan tal parentesco con aquéllos, genera incertidumbre por la parcialidad con que se conducen y, por ende, hacían desconfiar de la veracidad de sus declaraciones. Aunado a que, de sus declaraciones se advierte que el día de los hechos se produjo una riña, respecto de la cual no aportaron constancia alguna que evidenciara tal circunstancia, tales como la denuncia o querella que de tales hechos se hubiese realizado. De igual manera, adecuadamente la juez de control desestimó el diverso dato de prueba que incorporaron en la duplicidad del plazo constitucional, consistente en diversas placas fotográficas, mismas que fueron reconocidas por el testigo Luis Pedroza Nava, en las que se observó los daños que presentó el vehículo de Inés, madre de los imputados; pues, en relación a dichos documentos, no se había aportado la prueba idónea respecto al celular señalado por dicho ateste, a fin de acreditar la procedencia de las mismas, así como las fechas en que se fueron tomadas. Aunado a que, no obstante que se refirió haberse denunciado los daños a dicho vehículo, no se exhibió documento alguno que lo acreditara. En ese tenor, no obstante que en relación a la entrevista de María de los Ángeles Silva Guadarrama, la responsable no emitió pronunciamiento alguno, debe decirse que aun de haberlo hecho, en modo alguno les traería beneficio a los imputados, dado que del mismo se aprecia que no corrobora lo expuesto por éstos ni por los diversos testigos, al señalar que los hechos que ella presenció tuvieron verificativo en una diversa anualidad, siendo ésta en dos mil catorce; así como por indicar, que en ese momento no vio a familiares de Braulio y Daniel. Con relación a los certificados médicos que en copia simple se hicieron llegar, mismos que fueron practicados a los imputados, el nueve de mayo de dos mil diecisiete, en los que se establece como hora en que fueron practicados la de las catorce horas con cinco minutos y las catorce horas con cuarenta minutos, y en los que se establece que no presentaron lesiones; si bien, la responsable señaló que dadas tales circunstancias no habían sido puestos a disposición de ese órgano jurisdiccional, una vez que fueron asegurados, y que al no encontrarse en los supuestos de flagrancia o caso urgente, en los que la juez de control tuviera que calificar la detención de los gobernados, de considerar que se violaron derechos humanos de éstos, estaban en aptitud de llevar a cabo la denuncia correspondiente ante la instancia que consideraran; al respecto, es preciso señalar que al inicio de la presente determinación se efectuó el pronunciamiento respectivo, en el que se tomaron en cuenta tales constancias, así como las circunstancias en las que se llevó a cabo la detención de los imputados. En cuanto al argumento vertido por la parte quejosa, en el sentido de que no existe reporte de robo, respecto del vehículo objeto del apoderamiento, pues no se inició investigación alguna por el robo del mismo ni se dio aviso a alguna autoridad sobre su desaparición, adecuadamente la responsable indicó que tan fue comunicado a la autoridad ministerial, que dicha denuncia dio lugar a que en la causa penal de origen se estuviera resolviendo la situación jurídica de los inculpados, derivado de tales hechos delictuosos. Corolario de lo anterior, como bien lo expuso la responsable, hasta ese tiempo, los datos que respaldaban el dicho del paciente del delito generan mayor convicción y, por tanto, sería en la investigación complementaria cuando se estaría en oportunidad de incorporar mayores elementos que, en su momento, permitirán establecer la verdad histórica de los hechos. En esas circunstancias, al haber sido adecuadamente ponderados los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que de manera verbal fueron expuestos por la representación social, en lo individual y en su conjunto, como bien lo estimó la juez de control, son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar el hecho delictivo de robo con modificativa agravante (de haber recaído en un vehículo automotor), en agravio de Rodolfo López Guadarrama, contemplado en el artículo 287 y sancionado por los diversos 289, fracción I y 290 fracción V, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracción I y III, y 11 fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México; y el diverso, de lesiones con modificativas agravantes (de haber sido producidas por arma prohibida y dejado cicatriz notable y permanente en cara); así como, para establecer la probabilidad de que Braulio Ulises Pedroza Nava y Daniel Pedroza Nava, los cometieron. En términos de las consideraciones referidas, de la determinación que en esa vía se impugna, deriva que se expusieron las razones particulares por las cuales se estimaron idóneos y pertinentes para ser tomados en consideración los datos de prueba; por tanto, es inconcuso que la autoridad responsable fundó y motivó el acto reclamado; de ese modo, es de concluirse que no existe violación a la garantía contenida en el precitado párrafo primero del artículo 16 Constitucional. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 175, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Séptima Época, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Por tanto, como lo estimó la responsable y dada la etapa en que se encuentra el proceso del que deriva el acto reclamado, tales datos de prueba se consideran idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para soportar el auto de vinculación reclamado, por cuanto hace al citado hecho delictuoso. Finalmente, cabe señalar que en el dictado de la determinación reclamada se tuvo en cuenta el principio de presunción de inocencia, lo que implica que no sean considerados culpables hasta que así se declare en sentencia condenatoria y que la acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución a los sujetos; pues, como quedó de manifiesto en la presente resolución, en la emisión de la determinación reclamada, por la que se consideró procedente vincularlos a proceso, se observaron los requisitos legales exigidos conforme a la normatividad aplicable; por tanto, se estima no transgredidos la Constitución Federal ni los Tratados que reconocen dicho principio. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia II.2o.P. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1512, Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y sinopsis: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran.". Por tanto, al advertirse que no existió violación a las leyes del procedimiento, que transgreda el derecho fundamental de debido proceso legal, ni que se vulnerara el derecho de legalidad, ambos tutelados por los artículos 14 y 16 Constitucionales, resultando infundados los conceptos de violación que se hicieron valer por los quejosos, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado. Negativa de amparo que se hace extensiva por lo que hace a la autoridad responsable señalada como ejecutora, Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en razón de que los actos de ejecución que se reclaman de ésta no son por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 76, 77 y 78, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a David Pedroza Nava y Braulio Ulises Pedroza Nava, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso último de esa sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Oscar Jesús Segundo Suárez, secretario que fe; hoy tres de agosto de dos mil diecisiete, en que las labores de este órgano de control constitucional permitieron su engrose. El Juez El Secretario
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