Daniel Paz de la Paz

Expediente 1860/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1860/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
03/10/2019

Partes del expediente

  • Daniel Paz de la Paz
  • Director General de Tránsito del Estado de Nayarit, Con Sede En Tepic
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS. NOTIF. PERS.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta que suscribe Ricardo Rodríguez Nieves, en su carácter de perito oficial designado por este órgano jurisdiccional, por medio del cual, una vez aceptado el cargo de perito oficial en materia contable en el presente juicio de amparo, señala que el monto de los honorarios por la emisión del dictamen en materia de grafoscopía y documentoscopía asciende a la cantidad de $13,563.30 (trece mil quinientos sesenta y tres pesos 30/100, Moneda Nacional), más el impuesto al valor agregado (IVA). En consecuencia, mediante oficio con inserto del presente proveído, solicítese a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Patrimonio Inmobiliario y Asuntos Periciales del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional si autoriza el pago de los honorarios que señala dicho profesionista, ello a fin de que este Juzgado se encuentre en aptitud de requerirlo para que rinda el dictamen respectivo, para lo cual, remítanse copias fotostáticas certificadas de las constancias pertinentes para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vista la constancia actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal, para realizar la notificación de la sentencia terminada de engrosar el catorce de agosto de dos mil diecinueve, así como el proveído de dieciséis del mismo mes y año, a la tercera interesada, en virtud de que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio no obstante de haber sido emplazada; consecuentemente, con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la referida tercera interesada el contenido del citado proveído, así como la resolución de mérito por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para tal efecto. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA.

  4. Incidental

    Vistos los autos relativos al juicio de amparo 645/2019, promovido por Francisco Javier Mayo Flores contra un acto del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Francisco Javier Mayo Flores solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto reclamado que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en funciones de Juez, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, por auto de uno de abril de dos mil diecinueve registró la demanda bajo el expediente 645/2019 de su índice; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró el veintiocho de mayo del año en curso. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/145/2019 de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación 2 de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la referida Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, sito en Tepic. CUARTO. Envío de expediente. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 645/2019 de su estadística a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, localizada en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve se avocó al conocimiento del aludido juicio de amparo y lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 342/2019. SEXTO. Autorización de Secretaria de Juzgado en funciones de Juez de Distrito. Mediante oficio CCJ/ST/726/2019, de cinco de marzo de dos mil diecinueve, el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal informó que en sesión de esa data dicha Comisión acordó lo siguiente: Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 3 "En atención a su oficio de veinticinco de febrero pasado, con apoyo en el artículo 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, por tratarse de una licencia oficial, la Comisión de Carrera Judicial en sesión celebrada hoy, acordó otorgarla con goce de sueldo, del trece al quince del mes en curso para el fin que refirió. Asimismo, formular propuesta para que a la licenciada Gladis Lobo Inzunza se le autorizara desempeñar las funciones de juez de Distrito; por lo cual, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, autorizarla para que desempeñe esas funciones del trece citado hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a ese órgano jurisdiccional." En consecuencia, se ordena agregar copia certificada de la misiva en comento en atención a la jurisprudencia 2a./J. 67/2011 observable en la página 853 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia Común, Novena Época, de contenido: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, 4 lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 5 asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente." Establecido lo anterior, se procede a dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/145/2019 de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la referida Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Segundo de 6 Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con domicilio en Tepic, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama un acto de unas autoridades ubicadas dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los numerales 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que el acto impugnado es el siguiente: Del Gobernador Constitucional, del Secretario General de Gobierno, del Director General de Tránsito y Transporte y de la Comisión Técnica del Transporte, todos del Estado de Nayarit: ? La extinción del permiso para la explotación del servicio público de transporte en la modalidad de transporte de alquiler (taxi número económico TX-1578, tarjetón de permiso 04366). TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Gobernador Constitucional, al Secretario General de Gobierno y al Director General de Tránsito y Transporte, todos del Estado de Nayarit, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (visibles en las fojas 128, 136 y 137 del expediente en que se actúa); además, en la especie la parte quejosa no desvirtúo tales negativas; por lo que, ante la inexistencia del referido acto atribuido a las mencionadas autoridades responsables se impone sobreseer en el presente asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 7 CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Comisión Técnica del Transporte del Estado de Nayarit, al rendir su informe justificado sostuvo que era parcialmente cierto el acto reclamado consistente en la extinción del permiso para la explotación del servicio público de transporte en la modalidad de transporte de alquiler (taxi de número económico TX-1578, tarjetón de permiso 04366), por virtud del incumplimiento de las contribuciones inherentes a la explotación del permiso, lo cual encuentra apoyo en las constancias que obran en autos; documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226 visible en la página 153 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Una vez que se fijó el acto reclamado y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. Es preciso invocar la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, de rubro y texto: 8 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte justiciable previo a promover el presente juicio de derechos fundamentales debió interponer juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit como se demostrará. Sobre el particular, debe decirse que como lo aducen las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX de la Ley de la Materia, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 9 No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". De lo transcrito se coligen cuatro reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. 3) Que la ley que establezca el recurso o que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo. 4) Que el plazo no sea mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. 10 En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Esto es, el principio de definitividad que rige al juicio de protección de derechos fundamentales encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de protección de derechos fundamentales, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 3/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 11 Nación, publicada en la página ocho, Tomo XIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Enero de dos mil uno, que estatuye: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno 12 conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo.". En la especie la parte quejosa reclama de la Comisión Técnica del Transporte del Estado de Nayarit, la extinción del permiso para la explotación del servicio público de transporte en la modalidad de transporte de alquiler (taxi número económico TX-1578, tarjetón de permiso 04366). Sin embargo, tal acto tildado de ilegal puede ser modificado, revocado o nulificado, a través de un medio ordinario de defensa, ya que procede en su contra el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. En efecto, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en el artículo 109, fracciones I y II, señala lo siguiente: "ARTÍCULO 109. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I.- Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo; en este último caso, cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II.- Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades señaladas en la fracción anterior, así como sus omisiones que afecten derechos particulares; Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 13 [.]". De lo anterior, se advierte que en contra de las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades estatales, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo; en este último caso, cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; así como contra los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar tales autoridades, el particular podrá impugnarlo mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, por medio del cual se puede obtener su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior revela que el indicado juicio contencioso es un medio de defensa que debió agotarse previamente al juicio de amparo en contra de los citados actos reclamados en el escrito de demanda, ya que fueron emitidos por las autoridades administrativas estatales. Esto es, de los dispositivos antes transcritos se advierte la existencia legal del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, como órgano autónomo e independiente, dotado de plena jurisdicción para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, conforme a los preceptos 103 y 105 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; asimismo, la ley de Justicia y Procedimientos Administrativos citada, contempla la existencia del juicio contencioso administrativo, previsto en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, que procede en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades 14 señaladas en las fracciones I y II del precepto legal invocado, esto es, tales como las autoridades estatales que afecten derechos de particulares; de ahí que si en la especie, el acto reclamado descrito con antelación, se ubica en esas hipótesis contempladas en la ley, es inconcuso que procede su impugnación ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, ya que el mismo es susceptible de ser analizado mediante el juicio contencioso administrativo, a través del cual se podría obtener su modificación, revocación o nulificación. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis XII.3o.1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable en la página quinientos noventa, Tomo IV, Septiembre de 1996, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "ACTOS DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA, POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos o resoluciones administrativas o fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades dependientes del Gobierno del Estado de Sinaloa, municipales y sus organismos descentralizados, procede, cuando menos, el medio ordinario de impugnación previsto por el artículo 13, fracción I, 22 y 34 todos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto o resolución impugnado, y con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos o resoluciones, conforme a los artículos del 68 al 75 de dicha Ley, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar la suspensión definitiva; consecuentemente, es improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 15 de dichos actos o resoluciones, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Además, de la lectura de la demanda no se advierte que el acto reclamado se combata sólo por violaciones directas a la Constitución como el derecho de petición, ya que se aducen violaciones a leyes secundarias como el Reglamento de la Ley que Regula la entrega- recepción de la Administración Pública del Estado de Nayarit; por lo que no se actualiza esa excepción al principio de definitividad, estatuida en el segundo párrafo del ordinal 61, fracción XX, de la Ley de la materia. Cobra aplicación, la jurisprudencia observable en la página 119 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Tercera Parte, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le 16 impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Máxime que de estimarse procedente el juicio de amparo, por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin que se cumpla por parte de la quejosa la obligación de agotar los recursos ordinarios, ello se traduciría en que el afectado pudiese optar, a su criterio, por acudir directamente al juicio de derechos fundamentales o bien, agotar los medios de defensa que prevé la ley que estima infringida, lo cual resulta contrario a los principios que rigen al juicio constitucional. Es aplicable en lo conducente la tesis II.1o.3 A (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 17 en la página 2886, Libro 11, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre de dos mil catorce, Décima Época, que dice: "ORDEN DE CLAUSURA, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS, DECRETADA PREVENTIVAMENTE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. AUN CUANDO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ESTA CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La orden de clausura, suspensión de actividades o servicios, decretada preventiva o temporalmente en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, porque impide al particular disponer materialmente de la posesión de su local comercial y restringe su libertad de trabajo, industria o comercio que ahí desarrolla; sin embargo, esta circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se colige que el amparo en dicha vía es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo cual implica que el hecho de que la medida ordenada sea de imposible reparación, no exime automáticamente de observar el aludido principio. Sin que sea óbice a lo anterior el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), en el sentido de que la clausura provisional dictada como medida preventiva en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, y que en su contra procedía el amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que dicho precepto no 18 determina que esa imposible reparación exima al quejoso de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedente, es decir, que aquélla sea una excepción al principio de definitividad." Por otro lado, debe decirse que los arábigos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establecen la figura de la suspensión del acto impugnado, en lo que al caso interesa, que a continuación se transcriben: "Artículo 139.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que, de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado instructor, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado instructor que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 143.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión, puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 19 encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la que hubiere otorgado el actor". De lo antes transcrito se advierte, que en tratándose del juicio contencioso administrativo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establece la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, misma que exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, de la Ley de Amparo, máxime que, en tratándose del plazo que tiene la autoridad administrativa para el otorgamiento de la suspensión provisional, no se advierte que sea mayor al de la Ley de Amparo. Esto es, del examen comparativo de los citados preceptos, con los arábigos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son semejantes, pero a diferencia de la Ley de la materia, aquella ley otorga efectos restitutorios a la suspensión que se conceda, cuando: 20 a) Se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos. b) Se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa; c) Que esos actos impidan al particular el acceso a su domicilio; y d) Cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgar estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. De lo antes citado queda acreditado, que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. Es demostrativa a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/18, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página mil ciento siete, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 21 regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este 22 medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados". De tal suerte, que si antes de promover el juicio de protección de derechos fundamentales, el accionante no interpuso el medio de defensa legal -juicio contencioso administrativo-, a través del cual pudieron haber sido modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, no se satisface el principio de definitividad que hace procedente al juicio constitucional únicamente respecto de aquellos actos que no sean susceptibles de revocación, modificación o invalidación mediante algún recurso o medio de defensa legal, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia IX.1o. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página mil treinta y uno, tomo XIV, materia común, julio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional". En esas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado, es claro Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 23 que debe sobreseerse en este juicio en términos del diverso precepto 63, fracción V, de la indicada legislación. Finalmente, resta añadir que dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia visible a foja 49 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También cobra aplicación, la tesis aislada observable en la página 88 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión 24 que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 645/2019 promovido por Francisco Javier Mayo Flores contra el acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el segundo considerando de esta sentencia, por las razones expuestas en el tercer y quinto considerandos del presente fallo. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR 6/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el entonces Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 342/2019 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Gladis Lobo Inzunza, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en funciones de Juez, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43, Juicio de amparo 645/2019 Cuaderno de antecedentes 342/2019-III 25 segundo párrafo, 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistida de Paulina Cisneros Nájar, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy seis de agosto de dos mil diecinueve, por así permitirlo las labores del Juzgado. Doy fe. RAZÓN. La Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región CERTIFICA: Que la presente foja corresponde a la última parte de la sentencia emitida el seis de agosto de dos mil diecinueve en el juicio de amparo 645/2019 correspondiente al índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, sito en Tepic, el cual quedó registrado en este órgano jurisdiccional con el cuaderno de antecedentes 342/2019 cuyo punto resolutivo señala: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 645/2019 promovido por Francisco Javier Mayo Flores contra el acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el segundo considerando de esta sentencia, por las razones expuestas en el tercer y quinto considerandos del presente fallo." Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Paulina Cisneros Nájar Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región En esta misma fecha, mediante el oficio 740/2019 se devolvieron los autos al Juzgado de origen. Conste. PCN/rrs

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