Daniel Paul Mitchell
Expediente 173/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Paul Mitchell
Actuaciones
- Principal
PRIMERO. Es procedente y fundado el incidente innominado dentro del procedimiento de ejecución de sentencia correspondiente al juicio de amparo 1267/2018-VII. SEGUNDO. Se requiere a la Directora de Prestaciones y Servicios al Derechohabiente y al Subdirector Jurídico, ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México, para que en el término de diez días contado a partir de que cause estado la presente resolución y hayan quedado notificados, acrediten que se ajustó la cuota pensionaria mensual del quejoso por la cantidad de ***** que es la cantidad que le corresponde al quejoso por concepto de diferencias en el ajuste de su pensión por jubilación. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Por recibido el escrito signado por el representante legal, mediante el cual desahoga la prevención de veinticuatro de febrero, y al efecto, exhibe las constancias que le otorgan la facultad de representar a la parte quejosa. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 899 del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". La tesis en cuestión sostiene que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo anterior de acuerdo los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. En el caso, para mejor entendimiento conviene transcribir los antecedentes narrados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. 1. El día 29 de junio de 2018, el ahora quejoso solicitó ante el IMPI el registro de la marca *** para amparar productos de la clase 27 internacional. A dicha solicitud le fue asignado el número de expediente 2068774. 2. Con fecha 13 de noviembre de dos mil dieciocho, el IMPI citó como impedimentos legales al registro de la solicitud detallada en el numeral que precede, la existencia de diversos registros marcarios, propiedad de ****, por considerar que la marca propuesta a registro resultaba semejante en grado de confusión a éstos, y pretendía amparar productos similares, o bien, estrechamente relacionados. 3. Posteriormente, a efecto de que dichos registros dejarán de constituir impedimentos legales para el registro de la solicitud registrada por el quejoso, el ahora promovente inició los procedimientos de declaración administrativa de nulidad substanciados bajo los expedientes P.C. 3081/2018 (N-817) 31670 y P.C. 3082/2018 (N-818) 31672 en contra de tales registros y, posteriormente con fecha 30 de noviembre de 2018, solicitó que su trámite de registro de marca se dejara en suspenso hasta en tanto dichos procedimientos contenciosos no fuesen resueltos. 4. Posteriormente, el IMPI emitió dos resoluciones dentro de los procedimientos contenciosos, por medio de las cuales declaró administrativamente la caducidad de los registros marcarios propiedad del señor ****. 5. Inconforme con lo anterior, el señor señor ****interpuso recursos de revisión en contra de las resoluciones referidas. 6. Ahora bien, toda vez que las resoluciones antes referidas declararon la caducidad de los referidos registros marcarios, ****, solicitó al IMPI: (a) levantara el suspenso del trámite de registro de la solicitud de marca número 2068774 KOLAY, y posteriormente, (b) otorgara el registro de dicha solicitud, toda vez que los impedimentos legales que constituian un impedimento para su registro fueron declarados caducos. En respuesta a la solicitud de levantamiento de suspenso del ahora quejoso, el IMPI emitió el oficio de fecha 23 de noviembre de 2020, con folio de salida número 20201109802, por medio del cual, resolvió mantener el suspenso del trámite de la solicitud de marca en comento, toda vez que las resoluciones de caducidad no se encontraban firmes, por tanto, a fin de no dictar resoluciones contradictorias ni dejar en estado de indefensión al señor ****, determinó que no era procedente levantar la suspensión del trámite, hasta en tanto contara con los elementos necesarios para su resolución. En el caso, es menester tener presente el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primero de los artículos transcritos hace referencia a la improcedencia del juicio de amparo cuando se esté en presencia de algún dispositivo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, que impidan al juez de Distrito, entrar al estudio de fondo de la demanda por razones que el legislador estimó convenientes para una mejor impartición de justicia; o bien, para preservar el carácter del juicio de amparo como un medio de control extraordinario de la legalidad de las actuaciones de las autoridades. Por su parte, la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en el inciso b), requiere, para la procedencia el juicio, que los actos, omisiones o resoluciones, provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sean de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Por otra parte, es menester señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en esta clase de supuestos, en donde determinó que para ser calificados como irreparables, los actos necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, lo que significa que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En síntesis, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación, para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador debe, en primer lugar, discernir si el acto afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos que materialmente perjudiquen los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y los tratados internacionales; luego, en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afecten dichos derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Además, no pueden ser considerados como actos que tienen una ejecución de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente procesales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable, o si le es adversa podrá reclamarla a través del medio de impugnación correspondiente, en el que podrá alegar las violaciones procesales cometidas en el mismo. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado consiste en el oficio de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, a través del cual, la autoridad responsable resolvió mantener la suspensión del trámite de solicitud de registro de marca promovido por el quejoso, toda vez que las resoluciones de caducidad que promovió en contra de diversos registros marcarios aún no se encuentran firmes y, por tanto, a fin de no dictar resoluciones contradictorias ni dejar en estado de indefensión al señor Luis Barroso de la Fuente, determinó que no era procedente levantar la referida suspensión, hasta en tanto contara con los elementos necesarios para su resolución. En ese sentido, es inconcuso que dicha determinación no ocasiona a la parte quejosa una afectación de imposible reparación, toda vez que no genera un perjuicio directo e inmediato a sus derechos sustantivos al grado que no puedan ser destruibles a través de una resolución definitiva favorable a sus intereses; ello, en virtud de que a través del acto reclamado la autoridad responsable no negó al promovente el registro marcario que solicitó, sino que únicamente determinó mantener la suspensión del trámite correspondiente, hasta en tanto las resoluciones por las que se declaró al caducidad de los registros marcarios propiedad de Luis Barroso de la Fuente quedaran firmes y, por ende, sea el el momento oportuno para dictar la resolución correspondiente. En ese sentido, se advierte que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que las afectaciones que éste pudiera causar, son reparables a través de una sentencia favorable, o bien, en caso de obtener una resolución desfavorable a sus intereses, podrá reclamar todas las todas las violaciones procesales a través del medio de impugnación correspondiente. Con base en lo anterior, se concluye que es aplicable la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que el acto reclamado no es de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos; consecuentemente, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, conforme a los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Jefa de la Unidad Departamental de Juicios de Amparo "B" en ausencia del Director General de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que otorgo el visto bueno. De lo que se toma conocimiento, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que por acuerdo de diecinueve del mes y año en curso se acordó lo conducente. Notifíquese.
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