Daniel Patiño Olvera
Expediente 555/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Patiño Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que se anexa una copia del testimonio de la resolución dictada en el toca R.I. 165/2016, y el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 555/2016, del índice de este Juzgado; al respecto, se toma razón del contenido de la determinación de mérito, acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes que la citada Superioridad mediante resolución de veintitrés de junio del año en curso, determinó lo siguiente: "ÚNICO.- Se declara sin materia este recurso de revisión incidental." (...) archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; glósense los cuadernos del incidente de suspensión. (...) NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la cual en su único punto resolutivo se sobreseyó el presente juicio, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado estado. Se reserva el archivo del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Agréguese el oficio del Actuario Judicial del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa a este órgano jurisdiccional que el citado Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión, el cual quedó registrado con el toca número R.A.(I)165/2016, de su índice; de lo que se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, estando en audiencia pública Germán Cruz Silva, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del secretario Edhén Antonio Dionisio Martínez, con quien actúa y da fe, como está ordenado en auto de nueve de los corrientes (fojas 67 y 68), con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 555/2016, sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias que obran en autos. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, se declara abierto el período de pruebas, en el que el Secretario da cuenta con las documentales que obran en autos, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano. A lo que el Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las antes citadas, las que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al emitirse el fallo correspondiente; se cierra el período de pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló en forma verbal o por escrito, dada su inasistencia; y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento. Al respecto, el Juez acuerda: se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos, dándose así por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los presentes autos relativos al juicio de amparo 555/2016, promovido por Daniel Patiño Olvera, por propio derecho, contra actos de la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y otra autoridad, por violación a los artículos 1°, 14, 16 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 2 a 40), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y turnado el día once siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en la materia y jurisdicción mencionadas, Daniel Patiño Olvera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos que a continuación se transcriben: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: La Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. El Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. IV. LEY O ACTO IMPUGNADO La expedición y aplicación del acuerdo por el que se dan a conocer las medidas temporales para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, provenientes de fuentes móviles, el cual fue publicado el día 4 de abril del 2016, en la gaceta oficial del Distrito Federal con el número 42 Bis, en el cual se establecen modificaciones al programa hoy no circula, mismo que estará vigente a partir del día 5 de abril de 2016 hasta el 30 de junio del año en curso. . V. LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: a) La C. . Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.- La publicación, expedición y aplicación Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas temporales para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, provenientes de fuentes móviles, el cual fue publicado el día 4 de abril del 2016, en la gaceta oficial del Distrito Federal con el número 42 Bis, en el cual se establecen modificaciones al programa hoy no circula, mismo que estará vigente a partir del día 5 de abril de 2016 hasta el 30 de junio del año en curso. b) Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal La aplicación del Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas temporales para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, provenientes de fuentes móviles, el cual fue publicado el día 4 de abril del 2016, en la gaceta oficial del Distrito Federal con el número 42 Bis, en el cual se establecen modificaciones al programa hoy no circula, mismo que estará vigente a partir del día 5 de abril de 2016 hasta el 30 de junio del año en curso." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En su escrito de demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de doce de abril de la presente anualidad (fojas 47 a 49) se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, una vez integrado el presente asunto, se celebró la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción lV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo; y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclama una norma general local, con motivo de su mera entrada en vigor. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar que la parte quejosa reclama: La emisión del Acuerdo por el que se dan a Conocer las Medidas Temporales para Prevenir, Controlar y Minimizar las Contingencias Ambientales o Emergencias Ecológicas, Provenientes de Fuentes Móviles, publicado el cuatro de abril de dos mil dieciséis, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 42 Bis; atribuida a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y; La aplicación del aludido Acuerdo; imputada al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Precisión que se formula con apoyo en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, página 32, que textualmente señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. No es cierto el acto atribuido al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, consistente en la aplicación del Acuerdo por el que se dan a Conocer las Medidas Temporales para Prevenir, Controlar y Minimizar las Contingencias Ambientales o Emergencias Ecológicas, Provenientes de Fuentes Móviles, publicado el cuatro de abril de dos mil dieciséis, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 42 Bis; ello porque así lo manifestó al rendir su informe con justificación (fojas 63 a 67), sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara tal negativa, máxime que expresamente manifestó que combatía el aludido Acuerdo, en su carácter de autoaplicativa, esto es por su mera entrada en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2°.J/20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo IV, segunda parte-2, página seiscientos veintisiete, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto del acto atribuido a dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, consistente en la emisión del Acuerdo por el que se dan a Conocer las Medidas Temporales para Prevenir, Controlar y Minimizar las Contingencias Ambientales o Emergencias Ecológicas, Provenientes de Fuentes Móviles, publicado el cuatro de abril de dos mil dieciséis, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 42 Bis. Además, la certeza de tal acto legislativo, se encuentra acreditada con el propio decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en virtud de que la autoridad señalada como responsable concurrió al proceso y formación de aquel ordenamiento, lo que se acredita plenamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, y en la tesis VII.3o.C.16 K, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, página 1343, de rubro "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA"; y en la diversa 56, publicada en el Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, común, página 73, de rubro "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Enseguida, se procede a analizar las causas de improcedencia, ya sea que las aleguen las partes o que de oficio se adviertan, en términos de lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, VII, mayo de 1991, página 95, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En este contexto, este Juzgado Federal advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la parte quejosa no acredita que el Acuerdo reclamado afecte sus interés jurídico o legítimo. La causa de improcedencia invocada es fundada, por los motivos expuestos a continuación. En principio, resulta conveniente citar la porción normativa mencionada, del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La porción normativa reproducida establece el tipo de interés que debe tener la parte afectada en el juicio de amparo, para que éste proceda, el cual se da en dos supuestos, a saber: a) Cuando se aduzca ser titular de un derecho (interés jurídico); o b) Se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo. En el primer caso, el gobernado alega que el acto reclamado viola derechos reconocidos en la Constitución Federal y, con ello, se afecta su esfera jurídica, lo cual se traduce en que el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que asegura es vulnerado por la autoridad responsable, esto es, debe demostrar su "interés jurídico". En cambio, en el segundo supuesto el administrado aduce contar con un interés legítimo, individual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar que a través de esta acción, el particular pretende defender, principalmente, derechos difusos o colectivos (materia ambiental, protección al consumidor, entre otros). El objeto de esta distinción, es permitir el acceso a la justicia, vía juicio de amparo, a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos de autoridad (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento constitucional en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es importante significar que al acudir al juicio de amparo la parte quejosa debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que ésta requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la que cuenta con ese interés está en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Asimismo, estableció que para que exista un interés legítimo, se requiere de la acreditación de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. También señaló que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Las anteriores consideraciones son congruentes con la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Por consiguiente, el órgano de control constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación que la parte quejosa aduzca que se genere en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible el acreditamiento del "interés jurídico" o simplemente demostrar un "interés legítimo". En la especie, la parte quejosa reclamó el Acuerdo por el que se dan a Conocer las Medidas Temporales para Prevenir, Controlar y Minimizar las Contingencias Ambientales o Emergencias Ecológicas, Provenientes de Fuentes Móviles, publicado el cuatro de abril de dos mil dieciséis, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 42 Bis, cuyos puntos 1, 2, 3 y 6, son del tenor literal siguiente: ". 1. OBJETIVO Establecer medidas eventuales y transitorias para prevenir, controlar y minimizar las contingencia ambientales o emergencias ecológicas, con base en el monitoreo de la contaminación ambiental proveniente de fuentes móviles, mediante la limitación de su circulación. 2. APLICACIÓN Las presentes medidas aplican a todos los vehículos automotores matriculados y/o que circulen en el territorio de la Ciudad de México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo. La aplicación de las presentes medidas corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México con la participación que corresponda a las demás autoridades competentes. En todo lo no previsto en el presente Acuerdo, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con la materia, así como en los Programas Ambientales vigentes, por lo que deberán seguir cumpliendo con la verificación vehicular obligatoria correspondiente. Los vehículos que para efectos de realizar la verificación vehicular, porten pago vigente de la multa por verificación extemporánea u oficio vigente para la ampliación al período de verificación emitido por la Secretaría del Medio Ambiente, deberán limitar su circulación conforme a las medidas a que se refiere el numeral 3 del presente Acuerdo. 3. MEDIDAS APLICABLES Se limita la circulación de los vehículos automotores, incluyendo a los vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico, con matrícula de demostración y/o de traslado; y los que tengan placas federales, sin considerar el holograma que porten (00, 0, 1 y 2), en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, así como un sábado al mes, de acuerdo al último dígito numérico de las placas de circulación o color del engomado, como se detalla a continuación: TABLA 1 Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Color de engomado o terminación de placa Amarillo (5 y 6) Rosa (7 y 8) Rojo (3 y 4) Verde (1 y 2) Azul (9 y 10) Permisos y matrícula sin números TABLA 2 Sábado del mes Primer Segundo Tercero Cuarto Quinto (en los casos que aplique) Color de engomado o terminación de placa Amarillo (5 y 6) Rosa (7 y 8) Rojo (3 y 4) Verde (1 y 2) Azul (9 y 10) Permisos y matrícula sin números Para el caso de los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas a la Ciudad de México y al Estado de México, así como los que porten "Pase Turístico" vigente les aplicarán las medidas referidas en el presente numeral. . 6. VIGENCIA El presente Acuerdo entra en vigor a partir del 5 de abril y dejará de surtir sus efectos jurídicos el día 01 de julio de 2016. ." De lo transcrito, cabe destacar que a partir del cinco de abril y hasta el primero de julio del año en curso, los conductores de vehículos automotores matriculados y/o que circulen en el territorio de la Ciudad de México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, quedaron obligados a cumplir las medidas temporales ahí previstas, tendentes a prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, consistentes esencialmente en dejar de circular los días ahí señalados. No obstante, el justiciable no demostró ubicarse en ese supuesto, esto es que dicho acuerdo afectara su esfera jurídica, en la medida en que no exhibió documento idóneo, con el que acreditara ser propietario o poseedor de vehículo alguno, matriculado y/o que circule en el territorio de la Ciudad de México, es decir destinatario de dicha norma. De modo que si el acuerdo combatido está dirigido a un sector determinado de sujetos, esto es a los conductores de vehículos automotores matriculados y/o que circulen en el territorio de la Ciudad de México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo; serán estos quienes tendrán legitimación para combatir tal acuerdo, a través del juicio de amparo, y en la especie, la parte quejosa no demostró ser parte de ese sector, razón por la que se considera que no acreditó tener interés jurídico, ni legítimo para combatir ese acto. Atento a lo anterior, se hace evidente que el acuerdo citado en el párrafo anterior no genera una afectación directa o indirecta a la esfera jurídica del justiciable, ya que no crea, modifica o extingue derecho alguno, tampoco le impone obligaciones, ni modifica cualquier situación jurídica creada con anterioridad; por tanto, no puede considerarse como invasiva de su esfera jurídica, en tanto que dicho acto, en todo caso, pudiera atentar contra los propietarios o poseedores de los vehículos automotores que circulen en la Ciudad de México, pero de ninguna manera contra la parte quejosa, pues no acredita la propiedad o posesión de automóvil alguno. No pasa inadvertido para este Juzgado Federal, que en su escrito inicial de demanda, el justiciable manifestó ser propietario del vehículo marca Volkswagen, submarca Jetta MK VI, con número de serie 3VWLW2162BM359888, placa de circulación número 197XNU, del Distrito Federal, y exhibió copias simples de la factura, tarjeta de circulación y certificado de aprobación de verificación (fojas 41 a 46), relativos al aludido vehículo, pues de tales documentales no se desprende que el justiciable sea propietario o poseedor de ese automóvil. Lo anterior es así, habida cuenta de que los documentos con los cuales la parte quejosa pretende acreditar su interés jurídico o legítimo, fueron exhibidos en copia simple, motivo por el cual, debido a su modo de reproducción no se les puede otorgar valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 213, cuyo contenido es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Desde esta perspectiva, la parte demandante del amparo no acreditó resentir afectación directa alguna en su esfera de derechos, pues el acto que reclama no le impone obligaciones de hacer o no hacer, ni afecta algún derecho subjetivo del que sea titular, ni tampoco puede considerarse la existencia de una afectación indirecta a su esfera jurídica, porque no demostró tener una situación jurídica especial, frente a la norma. En conclusión, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, en los términos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Germán Cruz Silva, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del Secretario Edhén Antonio Dionisio Martínez, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. nvo
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