Daniel Palestina García
Expediente 562/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/05/2018
Partes del expediente
- Daniel Palestina García
- DANIEL PALESTINA GARCÍA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo los autos del juicio de amparo 562/2018, remitidos con motivo de que este Juzgado no aceptó la competencia declinada por el Órgano Jurisdiccional antes aludido, asimismo, informa que no se insiste en declinar la competencia. Por tanto, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes, y en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, se haya allegado al presente cuaderno, algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Javier Loyola Zosa, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa con el licenciado José Bernal Gómez Ramírez, Secretario que autoriza. Doy fe./aaoh
- Principal
Téngase por recibido el oficio, signado por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo 399/2018-IV, de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del Fiscal General del Estado de Querétaro y otras autoridades, por considerar que no debe conocer del asunto y ordena remitir el expediente a este Juzgado. En consecuencia, se ordena registrar en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 562/2018. De la lectura integra del auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, se advierte que la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, señaló que del análisis de dicho ocurso se desprende que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que la persona moral de la cual es apoderado legal tiene su domicilio en calle Azabache, plaza Onix, local 3, y/o calle Azabache, número 322, plaza Onix, local 3, ambos entre la calle Aguamarina y calle Agata, colonia Paseos del Pedregal, delegación Epigmenio González, Querétaro, asimismo, indicó que es ahí donde la policía de investigación lo fue a buscar, sin mostrar ningún citatorio o documento. Ahora bien, este resolutor constitucional considera que no le corresponde conocer del juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen: En efecto, en el presente asunto la impetrante de garantías combate por esta vía la orden de detención, presentación y localización, así como su ejecución. Una vez establecido lo anterior, es menester precisar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece: Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho numeral revela, en su conjunto, que la competencia de los Jueces de Distrito se surte esencialmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue a las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamado no requiera ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que en el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla que refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En el caso, del estudio de la demanda de amparo se advierte que la peticionaria del amparo señaló como autoridades ordenadoras al Fiscal General del Estado de Querétaro, Agentes del Ministerio Público de las Unidades Primera a Sexta, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Siete Especializada en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, reclamándoles la orden de detención, presentación y localización, de la misma forma, como autoridades ejecutoras señaló a los Policías de Investigación adscritos a las Unidades Primera a Sexta de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, Policías de Investigación adscritos a la Unidad Siete Especializada en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y Policías de Investigación adscritos a la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la ejecución que pretendan llevar a cabo, lo que en esa circunstancia se estima que es competente el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ya que en el caso las autoridades pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ejecutan las órdenes que les corresponden a través de la policía judicial a su cargo, haciendo que ésta pueda tener ejecución material dentro de cualquier parte de la Ciudad de México en la que se encuentre el quejoso, lo anterior en virtud de que como ya se precisó en líneas precedentes el quejoso en su escrito de demanda señaló autoridades ordenadoras y ejecutoras dentro de la jurisdicción del juez declinante, significando que en base al artículo 37 de la ley de la materia, es competente el Juez de Distrito ante quien se presenta la demanda, ya que pueden ser competentes los Jueces de Distrito de ambas jurisdicciones. Asimismo, sirve de apoyo la Tesis PC.I.P.J/39 P 10ª, del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, que textualmente dice: Por tanto, si Daniel Palestina García, presentó el escrito inicial de garantías ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a quien por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es a éste a quien por conocer en primer término de la demanda de amparo, le corresponde el conocimiento del presente asunto, y por ende este Juzgado no acepta la competencia que se le ha declinado para conocer del diverso 399/2018-IV, de su índice, por tanto se determina devolverlo al mencionado Juzgado de Distrito, previa copia certificada que se deje en autos del cuaderno en que se actúa, de la demanda que nos ocupa, a efecto de que, en términos del tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, manifieste si insiste o no en declinar la competencia del citado juicio de amparo a favor de este órgano de control constitucional. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el promovente del amparo haya manifestado bajo la protesta legal, que la persona moral de la cual es apoderado legal, tenga su domicilio en calle Azabache, plaza Onix, local 3, y/o calle Azabache, número 322, plaza Onix, local 3, ambos entre la calle Aguamarina y calle Agata, colonia Paseos del Pedregal, delegación Epigmenio González, Querétaro, y que es ahí donde la policía de investigación lo fue a buscar, sin mostrar ningún citatorio o documento, ya que no puede estimarse que las ordenes precisadas forzosamente deban ejecutarse en el lugar en donde la persona moral de la cual es apoderado legal el quejoso, tiene su domicilio, máxime que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que radica y tiene su domicilio en la Ciudad de México desde hace veinticinco años. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.). Por otro lado, tomando en consideración que el domicilio procesal señalado por la parte quejosa para oír y recibir documentos lo es el ubicado en calle Oklahoma 22, TH1, en la colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, Ciudad de México, es decir, fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa de su ordinal segundo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda notificar este proveído, debiendo recabar la constancia respectiva. Bajo la observación de que se deberán atender los lineamientos establecidos en el artículo 27, de la Ley de Amparo; esto es, se llevará a cabo en forma personal si encuentra a la parte interesada, y en caso de que no la localice, dejará citatorio con la persona que entienda la diligencia, para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional de su adscripción a notificarse, especificándose en el mismo el número y datos generales del expediente; si la persona a notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista que fije en los estrados de aquél juzgado, aunque por certeza, se instruye a que el actuario encomendado acompañe al citatorio copia autorizada del presente proveído, con independencia que si acuden a la cita de manera personal, por tal motivo se adjunta a la comunicación oficial copia del presente proveído; de todo lo anterior deberá asentar razón en el acta respectiva que al efecto se levante. Asimismo, le deberá indicar que la notificaciones subsecuentes y aún las de carácter personal, se le harán legalmente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designen domicilio para tal efecto en esta ciudad de Querétaro. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, se delegan facultades al juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de las diligencias encomendadas. Asimismo, se solicita al homologo federal, para que una vez que diligencie en sus términos la comunicación oficial, la devuelva a la brevedad. Por otro lado, ténganse como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto Gutiérrez Meneses, Juan Adrián Martínez López y Carlos Chávez García, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por lo que hace a las personas restantes en términos del artículo 24 de la ley citada, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; a la parte quejosa mediante exhorto.
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