Daniel Osvaldo Salgado de la Cruz
Expediente 913/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Daniel Osvaldo Salgado de la Cruz
- Fiscal General del Estado, Zona Norte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, da cuenta al licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos del juicio de amparo ********************-III-A; lo anterior a fin de que tenga a bien determinar lo conducente. Conste.CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del acuerdo que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace la precisión de que en este expediente no existen documentos originales. Por otra parte, atendiendo a que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto en los artículos 17, fracción III, inciso b, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es conservable; cumplido el plazo de conservación de tres años, en términos el numeral 9, del citado acuerdo, deberá remitirse a los depósitos documentales del Área coordinadora de archivos, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que mediante proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. . Cúmplase.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que mediante proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cúmplase.
- Principal
Visto lo de cuenta, y advirtiéndose que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito, Zona Norte, con sede en la localidad, rindió su informe respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada por este Tribunal Federal, y haciendo las manifestaciones a que hace referencia. Asimismo, se le tuvo remitiendo copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación NUC: Ahora bien, de las constancias que anexó al informe relativo a la suspensión de plano se desprende que el quejoso ********************fue detenido en flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, por su probable participación en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante posesión de narcóticos, así como el diverso ilícito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional, asimismo informa que fue puesto a disposición del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en esta Ciudad, mediante oficio ********************, de veintitrés de septiembre del presente año, con sello de recibido a las trece horas con cincuenta seis minutos del veinticuatro del citado mes y año. Ahora bien, debe puntualizarse que inicialmente solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por conducto de en contra actos del Fiscal General del Estado Zona Norte y Director de la Agencia Estatal de Investigación, a quienes reclamó la detención ilegal fuera de procedimiento, incomunicación, tortura y malos tratos. En el presente caso, debe quedar establecido que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; c). Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 Constitucionales, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista. En esa tesitura, si en el caso, el acto materia de reclamo, lo hace consistir el quejoso, en la detención ilegal fuera de procedimiento, incomunicación, tortura y malos tratos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo, por lo tanto, se hace patente, que se produce un cambio de la situación jurídica por cuanto hace a los actos de que dice fue objeto, ya que inicialmente, la afectación a su libertad era con motivo de la detención ejecutada fuera de procedimiento por parte de elementos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; sin embargo, el mismo fue puesto a disposición del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en esta Ciudad, mediante oficio ********************, a las trece horas con cincuenta seis minutos del veinticuatro del citado mes y año, por su probable participación en la comisión de un delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante posesión de narcóticos, así como el diverso ilícito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional; por consiguiente, los actos reclamados en esta vía constitucional, dejan de tener vida legal al haber sido sustituidos jurídica y procesalmente, al consumarse irreparablemente y cesar, la privación ilegal de la libertad reclamada por el quejoso, por consignársele ante la autoridad competente, lo que sin lugar a dudas conlleva a que se actualice en el caso concreto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIV, Materia(s): Penal, Quinta Época, página 892, de rubro y texto siguientes: "SITUACION JURIDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO (DETENCION REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS). Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción X del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamante, por parte de las autoridades administrativas". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la diversa tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo Segunda Parte, LVII, Sexta Época, página 10, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE. El juicio de amparo es improcedente contra los actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, de conformidad con lo dispuesto por la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo; por lo que se impone el sobreseimiento en los términos de la fracción III del artículo 74 de la citada ley." En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de la Materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Resulta aplicable a lo dicho, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que es del texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, cabe precisar que las causales de improcedencia por la que se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce, bajo el registro 2006485, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Con igual sentido se invoca la tesis 1a. CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, con registro 2002359, que rubro y contenido: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encontraba programada para su celebración a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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