Daniel Osmar Ruiz Sosa
Expediente 179/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Daniel Osmar Ruiz Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se advierte que no se interpuso el recurso de queja, en contra del proveído de veintiocho de julio del año que transcurre, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio inicio a este expediente; en consecuencia, se declara que ha causado estado el precitado proveído, para los efectos legales a que haya lugar, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que se concedió a la parte quejosa para que cumpliera con la prevención realizada en proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se procede a proveer sobre la demanda promovida por Daniel Osmar Ruiz Sosa, la cual previamente quedó registrado con el número 179/2023. Desechamiento Ahora, visto el escrito de demanda a efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito dedemanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral acabado de transcribir, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, de manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Se cita al caso, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional."1 De la lectura íntegra del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama, lo siguiente: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A. Las cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión. B. EI C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. C. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral. D. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. E. El C. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral. F. EI C. Director de personal del Instituto Nacional Electoral. G. EI C. Director de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral. H. El Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, creado por el Consejo General de Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG135/2023, por el que se da inicio formal a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto y se crea el Comité Técnico para la implementación de la reforma Electoral 2023. IV. LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. A. Del Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras de Diputados y Senadores, se reclama el proceso legislativo en forma destacada, llevado a cabo para la discusión, aprobación, expedición y orden de publicación, así como el acto legislativo mismo consistente en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023, específicamente por lo que hace a los artículos 30 numerales 2 y 4 por derogación; 31 numerales 3 y 5; 32 numeral 1 inciso c); 33 numeral 1 incisos a) y b) por derogación; 38 numeral 3; 44 numeral 1 incisos a), d), gg) y mm); 48 incisos o), p), q); 52 numerales 1 a 4; 57 numeral 1 inciso c), f) por derogación y numeral 2; 61 numeral 1 incisos a) y b), numeral 2 incisos a) y b), numerales 3, 4 incisos a), b), c) y d), y numerales 5 al 10; 62 numerales 1,3,4,5 y 6; 64 numeral 1 incisos a), e) y f) y numeral 2; 71 numeral 1 incisos a) y b), así como numeral 2; 72, numerales 1 al 5:74, numerales 1 al 4; 76, numerales 1 al 4; 80, 80 Bis a 80 Quinquies; 98, numerales 3 y 4; 99 numerales 3 y 5, 116, numeral 1; 125, numerales 1 y 4; 125 bis al 125 Septies; 201 al 206 por derogación; Transitorios Tercero, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto. B. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la participación en el proceso legislativo mediante la aprobación, promulgación y orden de publicación que derivaron en el Decreto a que se refiere el inciso A., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023 y en vigor a partir del 3 de marzo de 2023, específicamente por lo que respecta a los artículos 30 numerales 2 y 4 por derogación; 31 numerales 3 y 5; 32 numeral 1 inciso c); 33 numeral 1 incisos a) y b) por derogación; 38 numeral 3; 44 numeral 1 incisos a), d), gg) y mm); 48 incisos o), p), q); 52 numerales 1 a 4; 57 numeral 1 incisos c), f) por derogación y numeral 2; 61 numeral 1 incisos a) y b), numeral 2 incisos a) y b), numerales 3, 4 incisos a), b), c) y d), y numerales 5 al 10; 62 numerales 1, 3, 4, 5 y 6; 64 numeral 1 incisos a), e) y f) y numeral 2; 71 numeral incisos a) y b), así como numeral 2; 72, numerales 1 al 5;74, numerales 1 al 4; 76, numerales 1 al 4: 80, 80 Bis a 80 Quinquies; 98, numerales 3 y: 99 numerales 3 y 5; 116, numeral 1; 125, numerales 1 y 4; 125 bis al 125 Septies; 201 al 206 por derogación; Transitorios Tercero, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto. C. Del Consejo General y la Junta General Ejecutiva, ambos del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del C. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral, el C. Director de personal del Instituto Nacional Electoral y el C. Director de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, se reclama la ejecución de las disposiciones normativas a que se refieren los incisos A. y B. anteriores, materializada mediante el Acuerdo INE/CG135/2023, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el 3 de marzo de 2023, por el que se da Inicio formal a la Organización y Aprobación de los Trabajos de Modificación de los Instrumentos Normativos y Administrativos del Instituto y se crea el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/1 49938, y que se adjunta a esta demanda. D. Del Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, creado por el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, se reclama la inminente ejecución del Acuerdo INE/CG135/2023 a que se refiere el inciso C. anterior, en los términos del Acuerdo SEGUNDO de aquel." De lo anterior se advierte que se reclama en su integridad, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés. Esto es, el quejoso reclama dicha normatividad alegando que con su entrada en vigor se restringe el derecho fundamental al trabajo de las personas trabajadoras del Instituto Nacional Electoral, entre éstas, a gozar de un verdadero esquema de seguridad y protección social que garantice la asistencia médica y la seguridad a percibir un ingreso ante un eventual desempleo, a obtener una indemnización justa en caso de despido. En ese contexto, se estima que en el caso se actualizan las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracciones VIII y XXI de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones: Los referidos dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El arábigo transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo promovido contra normas generales que ya fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los medios de control constitucional, como es el caso de las acciones de inconstitucionalidad. Además, el artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 , establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, el numeral 71 de dicho ordenamiento jurídico3 , señala específicamente que el Alto Tribunal tiene la atribución de declarar la inconstitucionalidad de una norma general a través de una acción de inconstitucionalidad. En el caso, la parte quejosa reclama el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés. Sobre tal Decreto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumulados 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, declaró la invalidez de la totalidad del Decreto reclamado. Lo cual se toma como hecho notorio. Por tanto, si el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad aludida, en el sentido de declarar la invalidez de la totalidad del Decreto que se impugna en el juicio de amparo, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Aunado a lo anterior, resulta evidente que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación en los efectos del acto reclamado, por haberse destruido en forma total e incondicional los efectos del mismo. Se afirma lo anterior, toda vez que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos ni lo hará, por lo que, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado. Ilustra a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma tal e incondicional, de moto tal que que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."4 Asimismo, se aplica por analogía y por el criterio que informa, la Jurisprudencia 2a./J. 6/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causal de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos."5 En consecuencia, si como se señaló, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumulados 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, declarando la invalidez total de la Decreto que se impugna en este juicio de amparo, resulta evidente que el acto reclamado, fue destruido en forma total e incondicional, de tal manera que nunca surtirá sus efectos, actualizándose así la causa de improcedencia en estudio. En mérito de lo expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Daniel Osmar Ruiz Sosa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Cynthia González López, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, encargada del despacho por vacaciones de la titular, por autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, mediante oficio CCJ/ST/3975/2023, asistida de José Florentino González González, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, siete de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con el que remite los autos originales del juicio de amparo 179/2023 del índice de este juzgado, así como copia de la resolución terminada de engrosar el treinta de junio del año en curso, dentro del recurso de queja 94/2023, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el presente recurso de queja." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y acúsese recibo a la superioridad. Por consiguiente, glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes respectivo, desglosándose del mismo, las copias certificadas con que se formó, toda vez que éstas son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo 19, párrafo primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Determinación Con fundamento en el artículo 2211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese el oficio de cuenta y anexos, en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, provéase lo conducente en relación a la tramitación de la demanda de amparo. Aclaración y apercibimiento Ahora bien, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se previene al quejoso para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito aclaratorio al que deberá acompañar diez copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto y serán distribuidas de la siguiente manera: ocho para las autoridades responsables, una para el incidente de suspensión, y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, cumpla con lo que enseguida se indica: ? Señale si el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, lo reclama como norma de carácter autoaplicativa, heteroaplicativa o ambos supuestos, y de ser esto último, realice la especificación respectiva de cada uno de los artículos señalados en su demanda. Asimismo, deberá señalar si a la fecha existe algún acto concreto de aplicación del citado Decreto que ya se hubiese ejecutado, y de ser así, lo precise. Lo anterior, en virtud de que aduce que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión de tres de marzo de dos mil veintitrés, creó el Acuerdo INE/CG135/2023, por el que se da inicio formal a la Organización y Aprobación de los Trabajos de Modificación de los Instrumentos Normativos y Administrativos del Instituto y se crea el Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023, lo que reclama como acto inminente (foja 5). Apercibimiento Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a lo indicado en el término concedido para ello, con fundamento en el penúltimo párrafo del citado precepto 1142 de la ley de la materia, se admitirá la demanda en los términos en que se presentó. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Cynthia González López, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos el oficio 2284/2023, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, habiéndose registrado ante la superioridad con el número queja ********************. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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