Daniel Ortiz Guzmán

Expediente 1018/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1018/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Daniel Ortiz Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El treinta de agosto de dos mil veintidós, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de Juzgado certifica: a) Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó de plano la demanda de derechos, trascurrió del diecinueve al veinticinco de agosto dos mil veintidós, con exclusión de los días veinte y veintiuno del mes y año en curso, por corresponder a sábado y domingo. b) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    once de agosto de dos mil veintidós CUENTA. El once de agosto de dos mil veintidós, el licenciado Juan García Trejo, CERTIFICA: Que el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se previno a la quejosa, fue notificado el once de agosto de dos mil veintidós, y el cumplimiento de prevención se presentó el diez del presente mes y año. Doy Fe. En la propia fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 15088.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de agosto de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito mediante el cual se tiene que a ********************, dando cumplimiento al requerimiento formulado el cinco de agosto del presente año, y del cual se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO. Conviene precisar que este Juzgado de Distrito debe analizar de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo. Entonces, el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, de la lectura de la demanda que nos ocupa, se advierte que, se actualiza de forma indudable y manifiesta, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XIV, en estricta concordancia con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; V. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. A su vez, el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, establece excepciones para presentar demanda en la temporalidad antes señalada, en las cuales no encuadra la presente demanda, dado que la parte quejosa no reclama normas generales de naturaleza autoaplicativa; un procedimiento de extradición; un proceso penal en su contra en el que se haya impuesto pena de prisión; así como tampoco el acto reclamado tiene por objeto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no está involucrada la vida o la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento; ni implica deportación o destierro o incorporación forzosa a las fuerzas armadas. En efecto, el quejoso ******************** reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, el cual aunque se trata de un ataque a su libertad, ésta se dicta dentro de un proceso penal, ya que incluso señaló como autoridad responsable ordenadora al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Teúl de González Ortega, Zacatecas; entonces, la fracción IV, del numeral 17, de la Ley de Amparo en comento, es clara al establecer que para que se actualice la excepción de los quince días para instar juicio constitucional, el ataque a la libertad personal deberá ser fuera de procedimiento, esto es, por autoridades que no están facultadas para detener y/o retener a una persona, ni que exista un proceso o causa penal en su contra, o dicho de otra forma, autoridades que no están facultadas constitucionalmente a interferir en la libertad personal del gobernado, sin un mandamiento judicial que motive ese actuar. Entonces, el acto privativo de libertad que en este juicio se pretende combatir, se atribuye a una autoridad constitucionalmente facultada para ello, es decir, una autoridad judicial, precisamente al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Teúl de González Ortega, Zacatecas. En ese sentido, queda claro que la parte quejosa no se encuentra en las excepciones previstas en el propio numeral 17 en comento, de ahí que el plazo para promover juicio de amparo es de quince días. En correlación con lo anterior, en el numeral 18 de la mencionada ley se distinguen tres hipótesis respecto de la fecha a partir de la cual comienzan a transcurrir los quince días (regla general) que cuenta el gobernado para promover juicio constitucional, a saber, a partir del día siguiente en que: (i) surta efectos la notificación del acto o resolución que se combate, (ii) tenga conocimiento del mismo o (iii) se ostente saber del acto que reclama, esto es, la confesión del quejoso relativa a la fecha en que conoció el reproche. 1) La notificación es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, de conformidad a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; y el cómputo comienza a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación. 2) Por su parte, el conocimiento del acto reclamado se refiere a los diversos procedimientos donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido parte en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido parte, no podrían ser notificadas o, bien, cuando por cualquier medio se obtiene el conocimiento pleno del acto, ya que éste no siempre proviene de una notificación, se trate o no de un procedimiento con formalidades legales. 3) La confesión acontece cuando el propio quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; bastando que así lo exponga en su demanda de amparo para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Ahora bien, del escrito aclaratorio de demanda se advierte que el peticionario del amparo precisa bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD preciso que la fecha exacta en la que acudieron los Agentes de la Policía Ministerial en busca del suscrito quejoso, no la recuerdo con exactitud; mas sin embargo, si recuerdo que acudieron en dos ocasiones, la primera vez data en el mes de marzo del año 2020 dos mil veinte, en donde abordaron a mi hermano de nombre ********************, en el Modelorama del Pueblo Trinidad García de la Cadena, Zacatecas; que se encuentra ubicado por el libramiento al costado izquierdo de la única gasolinera, preguntándole por el suscrito quejoso con lujo de violencia y exigiéndole lo que comúnmente conocemos como mordida, sustrayendo de su bolsillo la cantidad de $8,000.00 ocho mil pesos, monedad nacional; así pues, en el mes de agosto de ese mismo año 2020 dos mil veinte . De ahí que, se insiste, la quejosa conoció de los actos que reclama el mes de marzo del año dos mil veinte Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa refiere que conoció de los actos reclamados en el mes de marzo del año dos mil veinte, por lo que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo por exceso ha fenecido, pues han transcurrido más de dos años a la presente fecha. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el cuatro de agosto de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo la tesis aislada IV.3o.78 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Cabe agregar que la particular circunstancia de que se considere actualizada la causal de improcedencia examinada, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador estableció los plazos en que se debe solicitar la protección de la justicia federal; de tal suerte que cuando el juzgador o tribunal de amparo considera que dicha acción se ejerció en forma extemporánea, sí imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo; ni se deja en estado de indefensión al promovente, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Nes 25373, 25374 y 25375

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA,LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: ...Zacatecas, Zacatecas, once de agosto de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito mediante el cual se tiene que a ********************, dando cumplimiento al requerimiento formulado el cinco de agosto del presente año, y del cual se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO. Conviene precisar que este Juzgado de Distrito debe analizar de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo. Entonces, el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, de la lectura de la demanda que nos ocupa, se advierte que, se actualiza de forma indudable y manifiesta, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XIV, en estricta concordancia con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; V. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. A su vez, el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, establece excepciones para presentar demanda en la temporalidad antes señalada, en las cuales no encuadra la presente demanda, dado que la parte quejosa no reclama normas generales de naturaleza autoaplicativa; un procedimiento de extradición; un proceso penal en su contra en el que se haya impuesto pena de prisión; así como tampoco el acto reclamado tiene por objeto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no está involucrada la vida o la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento; ni implica deportación o destierro o incorporación forzosa a las fuerzas armadas. En efecto, el quejoso ******************** reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, el cual aunque se trata de un ataque a su libertad, ésta se dicta dentro de un proceso penal, ya que incluso señaló como autoridad responsable ordenadora al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Teúl de González Ortega, Zacatecas; entonces, la fracción IV, del numeral 17, de la Ley de Amparo en comento, es clara al establecer que para que se actualice la excepción de los quince días para instar juicio constitucional, el ataque a la libertad personal deberá ser fuera de procedimiento, esto es, por autoridades que no están facultadas para detener y/o retener a una persona, ni que exista un proceso o causa penal en su contra, o dicho de otra forma, autoridades que no están facultadas constitucionalmente a interferir en la libertad personal del gobernado, sin un mandamiento judicial que motive ese actuar. Entonces, el acto privativo de libertad que en este juicio se pretende combatir, se atribuye a una autoridad constitucionalmente facultada para ello, es decir, una autoridad judicial, precisamente al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Teúl de González Ortega, Zacatecas. En ese sentido, queda claro que la parte quejosa no se encuentra en las excepciones previstas en el propio numeral 17 en comento, de ahí que el plazo para promover juicio de amparo es de quince días. En correlación con lo anterior, en el numeral 18 de la mencionada ley se distinguen tres hipótesis respecto de la fecha a partir de la cual comienzan a transcurrir los quince días (regla general) que cuenta el gobernado para promover juicio constitucional, a saber, a partir del día siguiente en que: (i) surta efectos la notificación del acto o resolución que se combate, (ii) tenga conocimiento del mismo o (iii) se ostente saber del acto que reclama, esto es, la confesión del quejoso relativa a la fecha en que conoció el reproche. 1) La notificación es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, de conformidad a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; y el cómputo comienza a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación. 2) Por su parte, el conocimiento del acto reclamado se refiere a los diversos procedimientos donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido parte en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido parte, no podrían ser notificadas o, bien, cuando por cualquier medio se obtiene el conocimiento pleno del acto, ya que éste no siempre proviene de una notificación, se trate o no de un procedimiento con formalidades legales. 3) La confesión acontece cuando el propio quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; bastando que así lo exponga en su demanda de amparo para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Ahora bien, del escrito aclaratorio de demanda se advierte que el peticionario del amparo precisa bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD preciso que la fecha exacta en la que acudieron los Agentes de la Policía Ministerial en busca del suscrito quejoso, no la recuerdo con exactitud; mas sin embargo, si recuerdo que acudieron en dos ocasiones, la primera vez data en el mes de marzo del año 2020 dos mil veinte, en donde abordaron a mi hermano de nombre ********************, en el Modelorama del Pueblo Trinidad García de la Cadena, Zacatecas; que se encuentra ubicado por el libramiento al costado izquierdo de la única gasolinera, preguntándole por el suscrito quejoso con lujo de violencia y exigiéndole lo que comúnmente conocemos como mordida, sustrayendo de su bolsillo la cantidad de $8,000.00 ocho mil pesos, monedad nacional; así pues, en el mes de agosto de ese mismo año 2020 dos mil veinte . De ahí que, se insiste, la quejosa conoció de los actos que reclama el mes de marzo del año dos mil veinte Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa refiere que conoció de los actos reclamados en el mes de marzo del año dos mil veinte, por lo que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo por exceso ha fenecido, pues han transcurrido más de dos años a la presente fecha. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el cuatro de agosto de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo la tesis aislada IV.3o.78 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Cabe agregar que la particular circunstancia de que se considere actualizada la causal de improcedencia examinada, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador estableció los plazos en que se debe solicitar la protección de la justicia federal; de tal suerte que cuando el juzgador o tribunal de amparo considera que dicha acción se ejerció en forma extemporánea, sí imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo; ni se deja en estado de indefensión al promovente, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    11674 nueve de junio de dos mil veintidós 18179 tres de diciembre de dos mil veintiuno CUENTA. El cinco de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Daniel Ortiz Guzmán, registrada con el folio 14847. Que Leopoldo Carrillo González tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así J. Santos Cortes Cortes. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Daniel Ortiz Guzmán, contra actos de la Fiscalía del Ministerio Público del Distrito Judicial del Teúl de González Ortega, Zacatecas y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1018/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; (.)". Por su parte, el numeral 108, fracción V de la ley de la materia en consulta, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". De los preceptos legales que se transcriben se desprende que es facultad del juez de amparo requerir al promovente para que aclare el escrito de demanda cuando de este se adviertan irregularidades u omisiones, no se encuentren satisfechos los requisitos que la ley prevé para la demanda de amparo indirecto. Por su parte, el artículo 108 establece que entre los requisitos que debe satisfacer la demanda de amparo indirecto se encuentra la narración, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y las abstenciones que sean antecedente de los actos reclamados. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa es omisa en establecer la data exacta en que tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la orden de aprehensión, reaprehensión o arresto dictado en su contra, toda vez que únicamente refiere: ".el año próximo pasado acudieron los Agentes de la Policía Ministerial al domicilio de mis padres en el Pueblo de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas; preguntando por el suscrito.". En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Precise la fecha exacta en que tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la orden de aprehensión, reaprehensión o arresto dictado en su contra. Se precisa a la parte quejosa que este Juzgado Federal tiene la obligación legal de velar por la estricta observancia de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo que aquí interesa, dicha obligación se contrae a asumir la máxima diligencia y cuidado porque el presente juicio de amparo se tramite a la luz y en estricto apego de sus disposiciones legales, entre las cuales, es pertinente traer a cuenta el contenido del artículo 261, fracción I, de la citada ley, que es del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". (Lo resaltado es ajeno al texto legal). Además, se hace del conocimiento del quejoso que es el quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por la propia promovente del amparo, ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamo o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento al requerimiento dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de derechos, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Leopoldo Carrillo González, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a J. Santos Cortes Cortes; por no contar con dicho registro; además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. En términos del párrafo que antecede y como lo solicita la parte promovente, se acuerda que no serán publicados sus datos personales en los autos y resoluciones que se emitan dentro del presente juicio de derecho, así como en las listas de acuerdos publicadas diariamente. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso. . Así lo resolvió y firma Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión del secretario Jesús Romero Hernández, que autoriza y da fe. Nes

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