Daniel Olvera Moreno y Otros.
Expediente 636/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Olvera Moreno y Otros.
- Daniel Olvera Moreno
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antece y toda vez que ha transcurrido el palzo a que se refiere el numeral 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de amparo... sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de siete de julio del año en curso... se delcara que el proveído que desecho la demanda de amparo ha causado estado...realícense las anotaciones en el libro respectivo... archivese el el presente expediente como asunto totalmente conluido... una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Analisisís, Archivo .... es sucpetible de destrucción... Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, siete de julio de dos mil diecisiete. ? REGISTRO DE DEMANDA. Visto el escrito de demanda de amparo, remitida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y recibida por vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por Daniel ..., y firmada de forma electrónica por Francisco ..., contra actos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número: 636/2017-I. ? DESECHAMIENTO. Ahora, previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o incompetencia de la demanda de amparo, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 19, publicada en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el libelo de amparo debe considerarse un todo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 196196), que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo, es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: La demanda de amparo fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que es evidente que no es susceptible de contener una firma autógrafa; sin embargo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma; y en el particular, la firma electrónica que la acompaña se advierte que corresponde a Francisco ., quien está señalado como autorizado del directo quejoso Daniel Olvera Moreno, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, normativo que no lo faculta para promover la demanda a nombre del quejoso, y en consecuencia la demanda deviene improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6° y 107, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Al respecto, es menester señalar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6°, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De acuerdo con los preceptos transcritos, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con la firma electrónica del directo quejoso, debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional, y por tanto, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda. Al caso es aplicable la Tesis II.1º.27 K (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la página 1877, del tomo III, mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 2014299), que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda". En tales condiciones, se reitera que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma electrónica), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo que intenta promover Daniel ., con apoyo en el ordinal 113, de la propia normatividad legal. ? NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Asimismo, toda vez que proporciona el nombre de usuario (Francisco1979), se permite la consulta en línea del expediente, así como presentar promociones en el juicio en que se actúa, de manera electrónica; de igual forma, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones que en su caso sean personales deberán practicarse por la vía electrónica, conforme a los lineamientos señalados en los artículos 81, 82 y 83 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, se instruye al personal que corresponda, actualice de manera permanente la información que se genere de este juicio para facilitar el acceso otorgado. No obstante lo anterior, se tienen como autorizados para recibir notificaciones a Francisco ., Lídice .y Cinthya ., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. ? HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, atendiendo a los principios del artículo 17, de la Constitución General de la República, y a lo dispuesto en los artículos 21, último párrafo y 28, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 282, 311 y 312, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para dar celeridad al procedimiento, en el caso que deban realizarse notificaciones personales a cualquiera de las partes que intervienen en el juicio, se habilitan los días y horas inhábiles necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para entregar los oficios correspondientes. ? PUBLICACIÓN DE DATOS. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 73, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley mencionada, dígase a las partes que las determinaciones dictadas en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, hágase de su conocimiento el derecho para manifestar su oposición a que se publique su nombre y datos personales, hasta antes que cause ejecutoria la sentencia que en su caso, se dicte en este juicio, de conformidad con el artículo 3, fracción II, de la ley en mención, a fin de que dichos datos no se incluyan en la publicación de la sentencia dictada, en su caso, pues la falta de oposición conlleva su consentimiento; asimismo, no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis señaladas en los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley especial de la materia en cita. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó el Licenciado Augusto ., Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido de la Secretaria Claudia ., quien da fe de lo actuado. Doy fe.
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