Daniel Nava Ruiz

Expediente 52/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
52/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
13/01/2021

Partes del expediente

  • Daniel Nava Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    ..."Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que en términos de los puntos 1, 2 y 3 de las circulares SECNO/29/2020 y SECNO/1/2021, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, durante el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que respecto de las demandas presentadas físicamente, sólo se dará trámite a los asuntos considerados como urgentes, así como a aquellos bajo la modalidad de juicio en línea; y fuera de los mencionados supuestos, no correrán plazos ni términos procesales. Asimismo, de conformidad con la segunda certificación secretarial, son considerados como urgentes los asuntos que se relacionen con medidas cautelares. En ese orden, acorde con la tercera certificación de cuenta, este asunto es considerado como urgente, dado que se reclama la orden de bloqueo de la cuenta bancaria 6479814430, con clabe 021308064798144306, de la institución HSBC, México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, así como la falta de notificación a las providencias precautorias 2803/2019. Atento a lo anterior, se acuerda: Término para interponer recurso de revisión. Vistas la cuarta y quinta certificaciones de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia firmada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que se hubiere hecho valer. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Glósese el expedientillo formado con el oficio 1816/2020 proveniente del Juzgado Décimo Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México. Devolución de constancias. Devuélvanse al Juez Décimo Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitarle el acuse de recibo, en virtud de que el sello de recepción en ese órgano jurisdiccional hace las veces de éste. En ese sentido, toda vez que de conformidad con el acuerdo 03-01/21, el Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México, que determinó procedente la ampliación en la suspensión de labores y de plazos procesales del siete al quince de enero de la presente anualidad, la referida devolución de constancias deberá realizarse una vez que la responsable reanude sus actividades. Agréguese copia autorizada de este acuerdo al cuaderno original del incidente de suspensión. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Facultad al actuario: Se autoriza al actuario adscrito a firmar los oficios que genere el presente asunto. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y a las responsables por oficio, para lo cual la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  2. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, grupo financiero Banorte, por conducto de quien legalmente le represente, el contenido de la sentencia de 26 de octubre de 2020.

  3. Principal

    ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, el suscrito analiza la causal de improcedencia que se actualiza en el presente. ."El suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." La lectura del precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, esta fracción se surte cuando se generan las hipótesis siguientes: Cuando la autoridad emite una nueva determinación que viene a substituir a la que constituye el acto reclamado, en la que se destruyen sus consecuencias, equiparable a la concesión de la protección constitucional. La segunda hipótesis por la que se considera que un acto reclamado ha cesado en sus efectos se actualiza cuando, acorde con la ley que rige el acto reclamado se impugna una determinada actuación y se interpone el medio de defensa que esa legislación prevé, por lo que atento a su resultado esa segunda determinación viene, procesalmente a substituir a la que generó el recurso respectivo. Son aplicables a la anterior disertación los criterios siguientes: La tesis de registro 346757, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2188, tomo XCIII, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor: "APELACION, AMPARO CONTRA EL AUTO QUE LA DESECHA (ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS). Si el acto reclamado consiste en el auto que desechó la apelación interpuesta por el quejoso, consta que éste promovió contra ese auto, el recurso de esto se advierte que el acto reclamado no es definitivo, pues tal carácter corresponde a la resolución que desechó la denegada apelación y que hizo que cesaran los efectos de aquél; por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, conforme a la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de la resolución reclamada." La diversa tesis I.2o.P.4 K (10a.), de registro 2013461, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la foja 2546, libro 38, enero de 2017, tomo IV, materia común de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Finalmente, la tesis de registro 216804, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 198, tomo XI-marzo de 1993, octava época de la fuente citada que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Para establecer que cesaron los efectos del acto Juicio de Amparo 52/2020-III 9 recibido el trece de octubre de dos mil veinte, en este órgano jurisdiccional, informó: "Por medio del presente y en relación al amparo número 52/2020 promovido por Daniel Nava Ruiz codemandado en el expediente número 2803/2019 juicio PROVIDENCIAS PRECUATORIAS promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE a TRANSMETAL S.A. DE CV. NAVA RUIZ DANIEL, FLORES JUAREZ ENRIQUE EDUARDO Y FLORES HORCASITAS ENRIQUE hago de su conocimiento que en el expediente principal se dictó auto con fecha once de marzo de dos mil veinte en el que se desecharon la providencias precautorias debido a que la promovente de las mismas, no cumplió con la presentación de la demanda en el término que la ley le concede para ello, consecuentemente se ordenó librar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de valores a efecto de que dejara sin efectos el oficio número 3430 de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, le envío copia certificada de las constancias." Al efecto, acompañó el oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el cual le ordenó que se levantara, entre otros, el aseguramiento de la cuenta bancaria 6479814430, con clabe 021308064798144306, de la Institución HSBC, México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a nombre del quejoso, documental a la que se confiere valor probatorio en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo reseñado, se aprecia que si el acto reclamado consistió en el aseguramiento de la cuenta bancaria del quejoso, y si la responsable, en uso de sus facultades lo dejó insubsistente, es inconcuso que quedaron destruidos los efectos del aseguramiento de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es el quejoso puede disponer de los recursos que tiene en la cuenta bancaría cuyo aseguramiento se levantó. Como puede advertirse, la determinación generadora del acto reclamado, dejó de tener efectos legales propios; de ahí que el auto impugnado sí quedó insubsistente por la determinación que levantó el aseguramiento de la cuenta del quejoso, procede decretar el sobreseimiento del acto reclamado a la juez responsable, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es de citarse la tesis de registro 288607, sustentada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 46, tomo VI, materia común, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. El juicio de amparo es improcedente, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. No es obstáculo al análisis de la causal de improcedencia que se hubiere allegado la documental en la que el suscrito basa esta decisión. En efecto, es de reiterarse que acorde con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. Sin embargo, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano de control constitucional tiene la facultad para sobreseer en el juicio, al valor esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), de registro 2000902, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1279, libro VIII-mayo de 2012, tomo 2, materia común, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." IX. DECISIÓN Al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer el presente juicio, conforme a lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por ende, no es posible analizar los conceptos de violación. Así lo determina la jurisprudencia 1028, de registro 214593, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 335, tomo VI-materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo anteriormente fundado y motivado; además, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 124, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo seguido por Daniel Nava Ruiz, contra los actos que reclamó del Juez Décimo Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    ." agréguese el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Décimo Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, mediante el cual informa que la promovente de las providencias, aquí tercera interesada, no cumplió con la prestación de demanda, por lo que ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que deje sin efectos el oficio 3430 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 2803/2019 de su índice, con el que se aseguró la cuenta del quejosa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista en el el portal del Poder Judicial de la Federación.

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