Daniel Muñoz Díaz

Expediente 1689/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1689/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Daniel Muñoz Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, se advierte que mediante acuerdo de veinticuatro de mayo pasado, se declaró que la resolución emitida el dieciocho de enero de dos mil veintidós en el presente juicio, había causado ejecutoria, por lo que se ordenó archivar el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En ese tenor, y en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruyó destruir el expediente principal, al actualizarse la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó; sin embargo, no se hizo pronunciamiento sobre los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, en consecuencia, reiterando lo señalado en auto de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, además se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. 4. Transferir el cuaderno original del incidente de suspensión a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente asunto, de las que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el dieciocho de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que la parte quejosa, no ha sido notificada del auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, con copia del mismo, notifíquese personalmente al quejoso para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta suscrito por el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) "4", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) "4", unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual informa que en el presente asunto se actualiza una causal de improcedencia, con motivo de que han cesado los efectos del acto reclamado, remitiendo documentación en copia certificada para acreditar su actuar. Se toma conocimiento de lo informado por la autoridad de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su oficio de cuenta; mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Sentido de la determinación Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, en específico la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por ***************** por propio derecho, contra el acto reclamado consistente en: -Los requerimientos de pago de la resolución determinante **************, de doce de diciembre de dos mil diecinueve, contenidos en los oficios 400-75-00-05-03-2021-17049 y 400- 75-00-05-03-2021-1705, de diecinueve de octubre y once de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente. Atribuidos a las autoridades: i) Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) "4" y ii) Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) "4", ambas dependientes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esa tesitura, la autoridad responsable de cuenta al rendir su informe con justificación1, así como del oficio de cuenta, entre otras cosas, indicó que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, el Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) "4", dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procedió a realizar la baja por pago, de la resolución determinante *****, de doce de diciembre de dos mil diecinueve y sus accesorios, a cargo de la parte quejosa, misma que señaló fue hecha de su conocimiento mediante oficio 400-75-00- 05-03-2021-17074, vía buzón tributario, el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Lo que se acredita con las constancias que en copia certificada acompañó a su informe justificado de mérito2 y al oficio que se provee3, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los dispuesto por los artículos 197, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. De lo anterior, es claro advertir que en el caso, cobra vigencia la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61 de la misma Ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es así, dado que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que mediante oficio 400- 75-00-05-03-2021-17074, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, el Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) "4", dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinó la baja por pago de la resolución determinante y sus accesorios, que generaron la emisión de los requerimientos de pago reclamados, contenidos en los oficios 400-75-00-05-03-2021-17049 y 400-75-00-05-03- 2021-1705, de diecinueve de octubre y once de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente, baja que fue hecha del conocimiento de la parte quejosa mediante diverso oficio 400-75-00-05-03-2021-17074, vía buzón tributario, el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, si posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable dio de baja por pago el crédito fiscal que fue requerido a través de los oficios 400-75- 00-05-03-2021-17049 y 400-75-00-05-03-2021-1705, de diecinueve de octubre y once de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente, resulta evidente determinar que en el caso, cesó el acto reclamado, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues, la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Adicionalmente a lo precisado en el cuerpo de la presente determinación, es menester enunciar para este órgano jurisdiccional la jurisprudencia número 2a./J. 99/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, publicada en julio de dos mil diez, página trescientos ocho, de rubro y texto: procedimiento administrativo de ejecución, es decir, es uno de sus elementos. Así, el recurso de revocación previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 117 del Código referido, procede en contra del requerimiento de pago por el que se exige cubrir un crédito fiscal que ha quedado extinguido o su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización establecida en el artículo 21 del indicado ordenamiento, pues en ese medio de defensa se cuestiona la existencia del crédito fiscal o su cuantificación; en tanto que, el supuesto de procedencia del citado recurso, previsto en el inciso b) de la fracción II del referido artículo 117, se controvierte el procedimiento administrativo de ejecución por no ajustarse a la ley. Así, el legislador otorgó autonomía en términos de procedencia al recurso de revocación, en los supuestos señalados del requerimiento de pago, al regular su procedencia de manera independiente de la prevista en el inciso b). En este sentido, se concluye que cuando el contribuyente alegue que el requerimiento de pago se encuentra en los casos del inciso a) de la fracción II del artículo 117, podrá promover el recurso de revocación de manera independiente y cuando se requiera un crédito fiscal, sin que tenga que esperar hasta la publicación de la convocatoria de remate, en términos del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación." De ahí, cuando el contribuyente alegue que el requerimiento de pago se encuentra en los casos de la fracción II, inciso a), del multicitado artículo, podrá interponer el recurso de revocación, sin que tenga que esperar hasta la publicación de la convocatoria de remate, en términos del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Atento a lo anterior, es menester señalar que ante lo reclamado en el presente asunto, la parte quejosa se ubica en el supuesto comprendido en el inciso a), fracción II, del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación4, dado que alega que es ilegal se le exija un crédito fiscal derivado de una medida de apremio que se ha extinguido por pago, que procedía el juicio contencioso federal, dado que es optativo frente al recurso de revocación; por ende, no se agotó el principio de definitividad, sin que exista alguna excepción a dicho principio, previo a la interposición del juicio de amparo. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la impetrante de amparo, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Rafael Vargas Téllez, que autoriza y da fe.

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