Daniel Mota Arreaga

Expediente 980/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
980/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Daniel Mota Arreaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio FGR/AIC/PFM/DGMMJ/TAMPS/MAT/0542/2023, enviado por la Oficial Investigadora B de la Policía Federal Ministerial Subsede Matamoros, Tamaulipas, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento con que se conminó a dicha autoridad en proveído de diez de febrero del año en curso, informa a este Juzgado de Distrito que no obstante las indagaciones realizadas con la finalidad de dar con el paradero del directo quejoso Daniel Mota Arreaga, no obtuvo dato alguno que le permitiera ubicarlo. Atento a lo expuesto, estese a la espera de los informes del restante de los cuerpos policiacos a los que se les instruyó para que realizaran la investigación correspondiente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que hasta este momento no se ha podido localizar al directo quejoso ********************, no obstante las diversas gestiones que se han realizado para dar con su paradero. Al efecto, con el propósito de ubicar al antes mencionado y de agotar todos los medios para lograr su debida localización, se ordena girar oficio a los encargados de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Investigadora, con residencia en esta localidad y en Reynosa, Tamaulipas, para que conforme a sus facultades y atribuciones, realicen una investigación exhaustiva a fin de encontrar a ********************, haciéndoles llegar copia de la demanda de amparo. En el entendido de que se deberá informar a este órgano jurisdiccional el resultado correspondiente de la investigación ordenada en un lapso de diez días; apercibidas que de no dar cumplimiento dentro de dicho plazo, a la omisa se le aplicará una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos) moneda nacional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la promovente Ana Karen Cruz Vázquez, el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado del Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Atento a lo expuesto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto, y al efecto provee: En principio, se considera necesario precisar si al particular se le dará el trámite regular que para la substanciación de los amparos indirectos prevé la Ley de Amparo, o bien, la especial que señala el artículo 15 de dicho ordenamiento, en relación con el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. - En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. - Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas (.)". "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado (.)". Conforme al primer precepto transcrito, resulta evidente que la substanciación del juicio de amparo en los términos ahí previstos, está supeditada a que los actos señalados como reclamados se traten de aquellos que importen: a) Peligro de privación de la vida. b) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. c) Incomunicación. d) Deportación. e) Expulsión. f) Proscripción. g) Destierro. h) Extradición. i) Desaparición forzada de personas. j) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. k) Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De modo que, si del contenido de la demanda presentada se obtiene que mediante la acción de amparo se pretende impugnar alguno de estos actos, procederá conceder la suspensión de oficio y de plano en el auto admisorio, en términos del numeral 126 de la ley de la materia, que señala: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. - En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento (...)". Lo anterior, aún en caso de que no se admita la demanda y en el auto inicial se prevenga al quejoso para que subsane alguna irregularidad. Se cita la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 827 del Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que, de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido". Ello, pues como el propio criterio invocado señala, el objetivo de conceder la suspensión en esos términos, no solo es preservar la materia del juicio, sino impedir la ejecución de actos que pudieran ser lesivos al quejoso. Por lo tanto, es imprescindible que en la demanda se indique que el peticionario de amparo está siendo víctima o en su caso, que inminentemente lo será, de alguno de los actos vejatorios antes referidos. Dicho de otra manera, la tramitación especial del juicio de amparo indirecto a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, única y exclusivamente opera en caso de que el quejoso sea víctima de aquéllos; de lo contrario, el procedimiento deberá sustanciarse de forma regular, lo que evidentemente implica, que no se conceda la suspensión de oficio y de plano señalada en el segundo párrafo de dicho precepto. En el caso, cabe precisar que la suspensión de plano de los actos reclamados fue otorgada al directo quejoso Daniel Mota Arreaga, en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, misma que sigue vigente bajo cada uno de los efectos para los que fue concedida, lo que deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables. Ahora bien, por el momento, no ha lugar a fijar fecha para la audiencia constitucional, hasta en tanto, en su caso, el agraviado ratifique la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se estima necesario realizar gestiones para la localización del doliente y la ratificación de la demanda promovida en su nombre; por tanto, requiérase a la promovente Ana Karen Cruz Vázquez, a efecto de que dentro del término de tres días, informe a este Juzgado de Distrito si en la actualidad conoce el paradero de Daniel Mota Arreaga, de ser así, proporcione el domicilio, número de teléfono y/o cualquier otro medio en el que pueda ser ubicado el antes nombrado; apercibida Cruz Vázquez, que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo indicado, se dará por entendido que no cuenta con tal información y, de esa manera, este órgano de control constitucional procederá a la indagatoria correspondiente con el fin de dar con el paradero del directo quejoso. No obstante lo anterior, se comisiona a la actuaria judicial adscrita para que se constituya en las instalaciones policiales y de detención de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Reinserción Social, Hospitales Generales, Centro de Atención Psiquiátrica, Cruz Roja Mexicana, Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) y Zonas Militares y en cualquier lugar similar donde pudiera ser localizado el directo quejoso Daniel Mota Arreaga, y le notifique personalmente el presente proveído; de igual forma, lo requiera para que en el acto de la notificación, o dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación de este acuerdo, comparezca de manera personal o por escrito ante este Juzgado Federal a manifestar si ratifica la demanda de derechos humanos promovida en su favor por Ana Karen Cruz Vázquez; apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la misma y quedarán sin efectos las providencias decretadas en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Atento a lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que la actuaria adscrita lleve a cabo las notificaciones en el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.

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