Daniel Morales Torres

Expediente 701/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 31 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
701/2023
Año
2023
Actuaciones
31
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Daniel Morales Torres
  • Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por Daniel Morales Torres, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo que nos ocupa. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que, se ordena distribuir las copias de los escritos de expresión de agravios entre las partes y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el escrito de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito y tercero interesado, corriéndoles traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente la presente determinación al tercero interesado y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a trece de noviembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite el testimonio de la ejecutoria dictada el trece de octubre del año en curso, en el incidente en revisión 701/2023, en cuyos puntos resolutivos determinó: "[..] PRIMERO. Se confirma la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Daniel Morales Torres, por los motivos y fundamentos dados en la suspensión definitiva. [.] Lo anterior, comuníquese a las partes, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Acúsese de recibo correspondiente, por así haberlo solicitado el Tribunal oficiante. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Benito González Moreno apoderado Legal de la persona moral Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter de tercero interesado, mediante el cual solicita que este Juzgado de Distrito notifique de forma inmediata la sentencia dictada en autos a las partes. Al respecto, se advierte que no obra constancia de notificación a la parte quejosa de la sentencia dictada en el presente asunto, pese haberse ordenado en el referido fallo; en consecuencia, con el fin de evitar dilaciones innecesarias, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para que a la brevedad notifique la resolución en comento a dicha parte procesal, hecho lo anterior, vincule al expediente electrónico dicha actuación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la ley de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 701/2023, promovido por Daniel Morales Torres, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial y recibido el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Daniel Morales Torres, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, por el acto siguiente: ".Los actos de Autoridad consistentes en oficios, exhortos, acuerdos, notificaciones, requisitorias o cualquier otro a través de los cuales se haya ordenado, acordado, tramitado o ejecutado cualquier solicitud o requerimiento para llevar a cabo un emplazamiento a Juicio Especial Hipotecario con número de expediente 420/2021-III, seguido en contra del hoy quejoso y de todo lo actuado sin audiencia previa del de la voz, sin ser llamado a éste de manera legal.". ".El incumplimiento por parte de la autoridades que hoy se señalan como responsables, de cumplir con la obligación de notificar de manera puntual, fundada y motivada, cualquier acto tendiente al juicio hipotecario que hoy he sido enterado que se ha seguido en mi contra y en el cual se ha dictado sentencia sin ser sido oído o vencido dentro del juicio y con el cual se invalidó mi derecho de defensa.". SEGUNDO. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 701/2023, en el cual realizó una prevención a su demanda y con fecha siete de junio de dos mil veintitrés, una vez subsanada dicha prevención admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio hipotecario 420/2021, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en ese expediente. No pasa desapercibido para quien aquí resuelve, que la parte quejosa también señala como actos destacados todo lo actuado en el referido juicio de origen; sin embargo, como se señaló, la esencia de lo que reclama la parte quejosa, radica en no haber sido llamado al juicio especial hipotecario de origen, pues dice se le dejó inaudita y sin la posibilidad de hacer valer derechos y defensas, al no haber sido llamada al juicio que se encuentra en ejecución de sentencia. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, tesis: P./J. 40/2000, registro 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que debe tenerse en cuenta que en asuntos como el que nos ocupa, no se combaten cada uno de los actos habidos en el juicio natural, ya que en dichos asuntos no se examina, en particular, la legalidad de cada uno de los actos procesales, sino en especificó, si al gobernado se le respetó o no el derecho de audiencia consagrado por el artículo 14 constitucional, pues lo que reclama es la falta de llamamiento y versa su inconformidad en no haber sido oído y vencido en juicio. Esta consideración deriva del criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis: 195, Apéndice 2000, Octava Época, registro 917729, Pleno, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 158, Jurisprudencia (Común), que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equipararse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, consistente en la emisión de la orden de emplazamiento y su diligenciación, dentro del Juicio Especial Hipotecario 420/2021-III. Lo anterior, porque al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia del acto que se les atribuye y la Juez responsable remitió copia certificada del Juicio Especial Hipotecario 420/2021-III, de donde deriva la controversia que nos ocupa, en un tomo. La certeza del acto combatido se encuentra corroborada con el anexo de las actuaciones contenidas en el juicio antes mencionado, que remitió la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tiene ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionario públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este órgano de control constitucional advierte de manera oficiosa la actualización de algún motivo que torne improcedente la acción de amparo, por ende, procede el estudio del fondo del asunto respecto de los actos reclamados. QUINTO. Previo al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, importa realizar una reseña de los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados. 1. Mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda promovida en la vía especial hipotecaria por Jaime Castera Toscano, en su carácter de apoderado legal de Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra del aquí quejoso Daniel Morales Torres, y formó el expediente 420/2021, en donde la parte actora demandó del ahora quejoso el pago de la cantidad de $4, 021,773.90 (Cuatro millones veintiún mil setecientos setenta y tres pesos, 90/100 M. N.), por concepto de total de adeudo, que derivo del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria y convenio relativo, y demás prestaciones. 2. El ocho de febrero de dos mil veintidós, la actuaria adscrita al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Paseo de Atzingo Número Ciento Cinco, de la Colonia Lomas de Atzingo, de Cuernavaca Morelos, donde procedió a tocar el timbre de la casa 105, en donde escuchó una voz masculina que le grito "quien", por lo que preguntó por el buscado y le contestó "aquí no es", por lo que le pidió que si podía abrir la puerta para que la atendiera y que después de mucho tiempo la atendió y una vez que se identificó y le preguntó por el buscado le manifestó que ahí no vive que solo vive él, que no lo conoce, persona de la cual realizó una descripción filial, lo anterior, no obstante de que dicho domicilio es el del inmueble motivo del crédito hipotecario otorgado al demandado. 3. A través del proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable, a petición del apoderado legal de la parte actora y en vista de la imposibilidad del aludido emplazamiento, giró oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, a Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable e Instituto Nacional Electoral, para el efecto de que dentro del plazo de tres días informaran si cuentan con registro alguno de domicilio actual del demandado Daniel Morales Torres. 4. A solicitud de la parte actora y del resultado de la investigación realizada, mediante auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó turnar los autos a la Actuaria adscrita para que realizará el emplazamiento del demandado en el domicilio ubicado en la calle Retorno a Chalma número Ext. 7, de la Colonia Lomas de Tetela, C. P. 62156, de Cuernavaca, Morelos. 5. En diligencia de veinticuatro de abril de dos mil veintidós, la actuaria adscrita se constituyó en el referido domicilio ubicado en calle Retorno a Chalma número Ext. 7, de la Colonia Lomas de Tetela, C. P. 62156, de Cuernavaca, Morelos, en donde al tocar a la puerta le manifestaron que ahí no vive, por lo que le solicitó que abriera la puerta para que la atendiera y le dijo que no lo haría por seguridad que se llamaba.Juan.que él es el que vive ahí desde hace siete meses aproximadamente que él renta y que los pagos los hace por transferencia y que ahí no vive nadie que se llame Daniel Morales Torres; lo anterior, no obstante de que dicho domicilio fue informado por la Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Morelos del Instituto Nacional Electoral, precisando que dicho registro coincide con la clave curp y fecha de nacimiento que se le proporcionó del demandado. 6. Por lo que la juez responsable en auto de dos de mayo de dos mil veintidós, y, toda vez que no fue posible emplazar al demandado no obstante de los requerimientos hechos, ordenó en términos del artículo 134 fracción II, del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de Morelos, el emplazamiento del citado demandado mediante edictos que se publicaran por tres veces, de tres en tres días en el Boletín Judicial que se edita en dicho Tribunal y en el periódico de mayor circulación para que en un plazo de treinta días contados a partir de la última publicación, contestara la demanda entablada en su contra. 7. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la juez responsable tuvo por recibidas la documentales con las cuales se publicaron lo edictos ordenados en autos, y, por acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, al no contestar la demanda se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió el demandado, teniendo presuntamente admitidos los hechos de la demanda, ordenado las subsecuentes notificaciones por medio de boletín judicial, señalando fecha para la audiencia de conciliación y depuración, misma que se llevó a cabo el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, y, una vez llevado el procedimiento el diez de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia y el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la declaró ejecutoriada. Precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación planteados por el inconforme. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, ya que la Ley de Amparo no contiene precepto legal que obligue a transcribirlos en la sentencia. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la página 830, tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En su único concepto de violación, el quejoso esencialmente sostiene que no fue emplazado de manera correcta a juicio para estar en condiciones de defender sus derechos en el Juicio Especial Hipotecario, seguido en su contra, vulnerando con ello los artículos 14 y 16 de la Carta Magna y las garantías derivadas como son el debido proceso, seguridad jurídica, legalidad fundamentación, motivación y el derecho de audiencia. Mismo que a consideración de este juzgador es infundado, por las siguientes consideraciones: En principio es necesario señalar lo que establece el derecho de audiencia, contemplado en el artículo 14 de la Constitución Federal: ".Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". El citado dispositivo consagra los derechos que deben prevalecer en todo acto privativo y hace una relación enunciativa y genérica de éstos, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que éste sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el ser llamado a juicio, oído y vencido y el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos sustanciales. Las anteriores consideraciones están contenidas en la tesis de jurisprudencia P./J.47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en Diciembre de 1995, Tomo II, página 133, Novena Época, que expresa: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Asimismo, tenemos que el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo exige el respeto al derecho de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución. De igual forma, entre las reglas del procedimiento protegidas por el referido precepto 14 de la Carta Magna, se encuentran todas las etapas y reglas procesales que deben cumplirse por el juzgador dentro de un proceso, lo que consagra el derecho de audiencia para el gobernado. Luego, el motivo por el cual se considera infundados los argumentos esgrimidos por el inconforme, es porque a juicio de este juzgador, el derecho de audiencia no fue vulnerado por la autoridad responsable en el presente juicio de amparo, toda vez que de las constancias que acompañó a su informe justificado la juez responsable, se aprecia que el emplazamiento realizado en los autos del juicio especial hipotecario fue conforme a derecho. En dicho juicio el inconforme es parte demandada, sin embargo, de las constancias enviadas, se puede apreciar claramente que en diligencia de ocho de febrero de dos mil veintidós, la actuaria adscrita al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Paseo de Atzingo Número Ciento Cinco, de la Colonia Lomas de Atzingo, de Cuernavaca Morelos, donde procedió a tocar el timbre de la casa 105, en donde escuchó una voz masculina que le grito "quien", por lo que preguntó por el buscado y le contestó "aquí no es", por lo que le pidió que si podía abrir la puerta para que la atendiera y que después de mucho tiempo la atendió y una vez que se identificó y le preguntó por el buscado le manifestó que ahí no vive que solo vive él, que no lo conoce, persona de la cual realizó una descripción filial, lo anterior, no obstante de que dicho domicilio es el del inmueble motivo del crédito hipotecario otorgado al demandado. Asimismo, en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable, a petición del apoderado legal de la parte actora y en vista de la imposibilidad del aludido emplazamiento, giró oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, a Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable e Instituto Nacional Electoral, para el efecto de que dentro del plazo de tres días informaran si contaban con registro alguno de domicilio actual del demandado Daniel Morales Torres, por lo que a solicitud de la parte actora y del resultado de la investigación realizada, mediante auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó turnar los autos a la Actuaria adscrita para que realizara el emplazamiento del demandado en el domicilio ubicado en la calle Retorno a Chalma número Ext. 7, de la Colonia Lomas de Tetela, C. P. 62156, de Cuernavaca, Morelos, y, en diligencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, la actuaria adscrita se constituyó en el referido domicilio ubicado en calle Retorno a Chalma número Ext. 7, de la Colonia Lomas de Tetela, C. P. 62156, de Cuernavaca, Morelos, en donde al tocar a la puerta le manifestaron que ahí no vive, por lo que le solicitó que abriera la puerta para que la atendiera y le dijo que no lo haría por seguridad que se llamaba.Juan.que él es el que vive ahí desde hace siete meses aproximadamente que él renta y que los pagos los hace por transferencia y que ahí no vive nadie que se llame Daniel Morales Torres; lo anterior, no obstante de que dicho domicilio fue informado por la Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Morelos del Instituto Nacional Electoral, precisando que dicho registro coincide con la clave curp y fecha de nacimiento que se le proporcionó del demandado. Por lo que la juez responsable en auto de dos de mayo de dos mil veintidós, y, toda vez que no fue posible emplazar al demandado no obstante de los requerimientos hechos, ordenó en términos del artículo 134 fracción II, del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de Morelos, el emplazamiento del citado demandado mediante edictos que se publicaran por tres veces, de tres en tres días en el Boletín Judicial que se edita en dicho Tribunal y en el periódico de mayor circulación para que en un plazo de treinta días contados a partir de la última publicación, contestara la demanda entablada en su contra, cumpliendo con lo que establece el artículo 134, fracción II del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. "Artículo 134. Notificación por edictos. Procede la notificación por edictos en los siguientes casos: II. En caso de persona cuyo domicilio se desconoce; (.).". De ahí que se considera que la juzgadora cumplió con la obligación de investigar el domicilio de la parte demandada, haciendo uso de su prudente arbitrio, dado que ordenó la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, las cuales son todas aquéllas que, dadas sus funciones, contaran con padrones de registros electrónicos o magnéticos locales y a nivel nacional, que incluyeran nombres y domicilios de personas. A las cuales les solicitó en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretendía comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia que nos ocupa. Sirve de orientación a la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J 6/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 304 del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Jalisco, procede la notificación por edictos, cuando el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ignora el domicilio de su contraria, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado; el caso es, que aunque de ello no se desprende en forma expresa la obligación del juzgador de investigar de alguna otra forma el domicilio de dicho demandado, cuando éste se desconoce, sí podrá, haciendo uso de su prudente arbitrio, y para mejor proveer ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquéllas que dadas sus funciones, se estime, que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. Dicha búsqueda sería con independencia de la obligación que la propia disposición establece de recabar un informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado, pues los tiempos actuales, así como el incremento de la población imponen precisamente, la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz, acorde con la realidad social. En esas condiciones, cabe precisar, que la actuación de búsqueda del juzgado se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo. Así es, la gran importancia que tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento de las partes", es, que se realice de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso." Por lo anterior, no se puede decretar la ilegalidad del emplazamiento reclamado, pues al no existir medio de prueba con el que se demuestre que los medios utilizados por la juez de origen no fueron los idóneos o suficientes, para localizar el domicilio en que se debía emplazar al quejoso, o bien que las razones de imposibilidad de emplazamiento levantadas por la Actuaria, adolecen de algún vicio, se reitera, ante la inexistencia de medios de convicción que desvirtúen lo anterior, debe prevalecer la imposibilidad de la fedataria de esa adscripción y como consecuencia de ello, el emplazamiento practicado por medio de edictos. Concluyendo que la parte quejosa, sí fue oída y vencida en el juicio donde deriva el acto que reclama, ya que según consta fue debidamente emplazada por medio de edictos, por lo que tuvo la oportunidad de defenderse, oponer las excepciones que estimara conducentes, y, por tanto, no se conculcó en su perjuicio los derechos de audiencia y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Resulta aplicable, la jurisprudencia 786, publicada en la página 532, tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto indican: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciario en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario". De igual manera, es aplicable la Tesis IV.2º. J/4, visible en la página 265 del tomo I, correspondiente al mes de Mayo de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Por otra parte, por cuanto al segundo concepto de violación que refiere consistente en su petición de que se supla la deficiencia de la queja a su favor; es inoperante, toda vez que este juzgado no advierte que haya habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa para que opere la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia 149/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 22, registro 190656, del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón". En las relatadas condiciones, al resultar infundados los argumentos propuestos en sus conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Daniel Morales Torres, en contra del emplazamiento ordenado por la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en los autos del Juicio Especial Hipotecario 420/2021, y su diligenciación. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Daniel Morales Torres, en contra del emplazamiento ordenado por la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en los autos del Juicio Especial Hipotecario 420/2021, y su diligenciación, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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