Daniel Morales Rodríguez y Otros.

Expediente 1116/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1116/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Villaflores
  • Daniel Morales Rodríguez y Otros.
  • Humberto Constantino Morales y Otros.
  • Lidia Morales Rodríguez y Otros.
  • Esther Morales Rodríguez y Otros.
  • Daniel Morales Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista, la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído que declaró cumplido el fallo protector constitucional; en consecuencia, se tiene por consentido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, inciso b), del artículo 18, Capitulo Séptimo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; por lo que en su momento sólo quedarán para su conservación los documentos precisados en el penúltimo párrafo del citado numeral y, se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 18, capítulo Séptimo, 29, del capítulo Décimo y 35, del capítulo Décimo Tercero, todos del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, y toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que en esta misma fecha se ordenó el archivo del cuaderno principal del que deriva la presente incidencia; de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un incidente de suspensión en el que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, como lo indica el diverso numeral 35 del Acuerdo General citado, hágase constar en la carátula del presente expediente la leyenda depurable. Asimismo, realícese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes en proveído de doce de julio de dos mil veintidós, para que se manifestaran en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, residente en Villaflores, Chiapas. Por consiguiente, este Órgano de Control Constitucional, procede a analizar si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, atendiendo a lo que ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, en el sentido que éstas constituyen una cuestión de orden público, en la jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, cabe precisar que el siete de abril de dos mil veintidós, se dictó la resolución constitucional en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Daniel Morales Rodríguez, Maribel Morales Rodríguez, Lidia Morales Rodríguez, Esther Morales Rodríguez, Benjamín Constantino Morales, Humberto Constantino Morales, Elizabeth Morales Rodríguez, Dolfina Morales Rodríguez, Anahí Domínguez Morales, Fernando Domínguez Morales, Ciro Domínguez Morales, Josué Morales Nolasco y Rosember Ramírez Pinacho, contra los actos reclamados al Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Villaflores, con sede en Villaflores, Chiapas; para los efectos precisados en el considerando octavo del fallo protector que se analiza, el cual se transcribe a continuación: "OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se precisa que se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Daniel Morales Rodríguez, Maribel Morales Rodríguez, Lidia Morales Rodríguez, Esther Morales Rodríguez, Benjamín Constantino Morales, Humberto Constantino Morales, Elizabeth Morales Rodríguez, Dolfina Morales Rodríguez, Anahí Domínguez Morales, Fernando Domínguez Morales, Ciro Domínguez Morales, Josué Morales Nolasco y Rosember Ramírez Pinacho, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Villaflores, con sede en Villaflores, Chiapas, realice lo siguiente: Deje jurídicamente insubsistente la orden de aprehensión dictada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 140/2021 de su índice; y, Reiterando lo que no fue motivo de concesión, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Fiscal del Ministerio Público, en contra de Daniel Morales Rodríguez, Maribel Morales Rodríguez, Lidia Morales Rodríguez, Esther Morales Rodríguez, Benjamín Constantino Morales, Humberto Constantino Morales, Elizabeth Morales Rodríguez, Dolfina Morales Rodríguez, Anahí Domínguez Morales, Fernando Domínguez Morales, Ciro Domínguez Morales, Josué Morales Nolasco y Rosember Ramírez Pinacho, purgando los vicios formales que la afectaban, es decir habrá de justificar, fundada y motivadamente, la necesidad de cautela. En el entendido que su análisis deberá versar respecto de lo que en su momento argumentó la fiscalía y no podrá analizar otros diversos. De igual modo, con independencia de lo que determine, no podrá agravar la situación jurídica de los justiciables, en irrestricto respeto al principio jurídico y universal non reformatio in peius. Esto es, resuelva nuevamente de manera fundada y motivada sobre la procedencia de librar orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos, debiendo establecer si se encuentra justificada o no la necesidad de cautela, conforme a lo previsto en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y, únicamente para el caso de no estar justificada, niegue la orden de captura respectiva." En proveído de veintitrés de junio de dos mil diecinueve, se determinó que la sentencia causó ejecutoria; lo que se hizo del conocimiento de la autoridad responsable y se requirió el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Mediante oficio presentado el once de julio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Quinto de Distrito, el uez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Villaflores, con sede en Villaflores, Chiapas, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, del que se advierte que negó la orden de aprehensión solicitada por la representación social. Documentales antes mencionadas a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2° numeral, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad dentro de los límites de su competencia y en ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la la jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas, se estima que se cumplió con el fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, puesto que negó la orden de aprehensión solicitada por la Representación social, únicamente por lo que hace a los quejosos. Es importante hacer notar, que el anterior constituyó el acto reclamado en la sentencia que se analiza, y se concluyó que el mismo vulneraba notoriamente el derecho de los justiciables. De ahí que, si la responsable en cumplimiento al fallo protector, se aprecia que acató los lineamientos de la sentencia constitucional y, posteriormente dio contestación de forma congruente a lo peticionado por los quejosos; es dable concluir que el fallo protector se encuentra cumplido. Entonces, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado.

  4. Principal

    NOTIF POR LISTA AL TER INT. Y QUEJOSOTuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes en proveído de doce de julio de dos mil veintidós, para que se manifestaran en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, residente en Villaflores, Chiapas. Por consiguiente, este Órgano de Control Constitucional, procede a analizar si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, atendiendo a lo que ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, en el sentido que éstas constituyen una cuestión de orden público, en la jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, cabe precisar que el siete de abril de dos mil veintidós, se dictó la resolución constitucional en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Daniel Morales Rodríguez, Maribel Morales Rodríguez, Lidia Morales Rodríguez, Esther Morales Rodríguez, Benjamín Constantino Morales, Humberto Constantino Morales, Elizabeth Morales Rodríguez, Dolfina Morales Rodríguez, Anahí Domínguez Morales, Fernando Domínguez Morales, Ciro Domínguez Morales, Josué Morales Nolasco y Rosember Ramírez Pinacho, contra los actos reclamados al Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Villaflores, con sede en Villaflores, Chiapas; para los efectos precisados en el considerando octavo del fallo protector que se analiza, el cual se transcribe a continuación: "OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se precisa que se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Daniel Morales Rodríguez, Maribel Morales Rodríguez, Lidia Morales Rodríguez, Esther Morales Rodríguez, Benjamín Constantino Morales, Humberto Constantino Morales, Elizabeth Morales Rodríguez, Dolfina Morales Rodríguez, Anahí Domínguez Morales, Fernando Domínguez Morales, Ciro Domínguez Morales, Josué Morales Nolasco y Rosember Ramírez Pinacho, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Villaflores, con sede en Villaflores, Chiapas, realice lo siguiente: Deje jurídicamente insubsistente la orden de aprehensión dictada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 140/2021 de su índice; y, Reiterando lo que no fue motivo de concesión, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Fiscal del Ministerio Público, en contra de Daniel Morales Rodríguez, Maribel Morales Rodríguez, Lidia Morales Rodríguez, Esther Morales Rodríguez, Benjamín Constantino Morales, Humberto Constantino Morales, Elizabeth Morales Rodríguez, Dolfina Morales Rodríguez, Anahí Domínguez Morales, Fernando Domínguez Morales, Ciro Domínguez Morales, Josué Morales Nolasco y Rosember Ramírez Pinacho, purgando los vicios formales que la afectaban, es decir habrá de justificar, fundada y motivadamente, la necesidad de cautela. En el entendido que su análisis deberá versar respecto de lo que en su momento argumentó la fiscalía y no podrá analizar otros diversos. De igual modo, con independencia de lo que determine, no podrá agravar la situación jurídica de los justiciables, en irrestricto respeto al principio jurídico y universal non reformatio in peius. Esto es, resuelva nuevamente de manera fundada y motivada sobre la procedencia de librar orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos, debiendo establecer si se encuentra justificada o no la necesidad de cautela, conforme a lo previsto en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y, únicamente para el caso de no estar justificada, niegue la orden de captura respectiva." En proveído de veintitrés de junio de dos mil diecinueve, se determinó que la sentencia causó ejecutoria; lo que se hizo del conocimiento de la autoridad responsable y se requirió el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Mediante oficio presentado el once de julio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Quinto de Distrito, el uez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Villaflores, con sede en Villaflores, Chiapas, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, del que se advierte que negó la orden de aprehensión solicitada por la representación social. Documentales antes mencionadas a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2° numeral, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad dentro de los límites de su competencia y en ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la la jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas, se estima que se cumplió con el fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, puesto que negó la orden de aprehensión solicitada por la Representación social, únicamente por lo que hace a los quejosos. Es importante hacer notar, que el anterior constituyó el acto reclamado en la sentencia que se analiza, y se concluyó que el mismo vulneraba notoriamente el derecho de los justiciables. De ahí que, si la responsable en cumplimiento al fallo protector, se aprecia que acató los lineamientos de la sentencia constitucional y, posteriormente dio contestación de forma congruente a lo peticionado por los quejosos; es dable concluir que el fallo protector se encuentra cumplido. Entonces, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado.

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