Daniel Morales Lara y Otros.

Expediente 1353/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1353/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Daniel Morales Lara y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1353/2022 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, el veintitrés de noviembre de este año, y turnada a este Juzgado en la misma fecha, promovida por 1) ******************** e 2) ********************, contra un acto del Juzgado Cuarto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número ********************. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. En el entendido que, conforme al artículo 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado a través del diverso artículo 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el expediente físico que se forme únicamente se incorporarán los documentos que se reciban físicamente, con excepción de la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. 3. Precisión sobre la integración del expediente. Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Destacando lo siguiente: a) la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso y b) los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente. En el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4. Se desecha la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; es decir, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - -- - (.)" Del análisis de los numerales en cita se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos que emanen de un juicio siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo únicamente será procedente respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la correspondiente demanda que al efecto se presente, todas las violaciones que hubiesen ocurrido en dicho procedimiento. Al respecto, se estima necesario señalar que en la Ley de Amparo abrogada, aunque con mínimas diferencias, lo relativo a la ejecución de imposible reparación, estaba previsto en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ese concepto implicaba la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, y que podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto al tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable en la foja 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE", estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente en ese momento debía interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral, dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. De lo anterior se obtiene que la regla general para que proceda el reclamo en la vía de amparo indirecto contra actos intraprocesales, ya sea dentro de juicio o después de concluido, reside en que éstos deben tener sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, que ocasionen una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y,********************. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Ahora, a fin de dar mayor claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)4, en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Expuesto lo anterior, en el caso, se advierte que 1) ******************** e 2) ******************** acuden a esta instancia constitucional a reclamar del Juzgado Cuarto Familiar del distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el exhorto número ********************, notificado el día ocho de noviembre de este año; auto en el que dicha autoridad determinó no acordar favorablemente la petición de los quejosos, en el sentido de girar oficio a la Oficialía Sexta del Registro Civil en el Estado de Oaxaca (lugar en que contrajeron matrimonio), a fin de que se realice la anotación de disolución del vínculo matrimonial. En tanto que de los antecedentes narrados se advierte que: Los quejosos 1) ******************** e 2) ******************** contrajeron matrimonio civil ante la Sexta Oficialía del Registro Civil del Centro, Oaxaca, quedando registrado bajo el número de acta ******************** del libro******************** de matrimonios. En sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio de divorcio incausado ********************, el Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto distrito judicial del Estado de Nuevo León decretó la disolución del vínculo matrimonial y, a efecto de dar cumplimiento a la ejecución de dicha sentencia, ordenó girar exhorto al juez de lo Familiar en el Estado de Oaxaca para levantar el acta de divorcio y realizar las anotaciones correspondientes. El veintiocho de junio de este año, el Juzgado Cuarto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, radicó el exhorto con el número ******************** y ordenó realizar la entrega del oficio respectivo al Oficial Primero del Registro Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en los términos ordenados por la autoridad exhortante. Con fecha veintiocho de septiembre de esta anualidad, la parte quejosa presentó un escrito ante el Juzgado Cuarto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en el que solicitó que el oficio se girara a la Oficialía Sexta del Registro Civil en el Estado de Oaxaca, lugar en que contrajeron matrimonio; ya que dicha autoridad ordenó girar el oficio al Oficial Primero del Registro Civil de Oaxaca de Juárez, basándose en la parte final de la sentencia dictada por el Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto distrito judicial del Estado de Nuevo León, la cual contiene un error de redacción. En respuesta a esa solicitud, mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el exhorto ********************, el Juzgado Cuarto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, determino que ".No es dable proveer de conformidad, ya que la aclaración que solicita deberá realizarla ante el juzgado de origen que conoce el juicio en cuestión, toda vez que esta autoridad desconoce el contexto de asunto ahí tramitado. Máxime, que la autoridad exhortante no faculto (sic) a esta autoridad para acordar promociones, aplicar medidas de apremio pertinentes o realizar las gestiones tendentes a cumplir lo ordenado". Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Así, se estima que la etapa de ejecución de la sentencia en el juicio de divorcio incausado ********************, en relación con la determinación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque, en el caso, no se actualiza el concepto de irreparabilidad, necesario para la procedencia del amparo, ya que de lo expuesto en la demanda se advierte que el acuerdo reclamado no es la última actuación de la etapa de ejecución; máxime que la autoridad responsable únicamente funge como auxiliar en la diligenciación de una comunicación oficial girada en el expediente de origen, de la estadística del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto distrito judicial del Estado de Nuevo León; además, adujo que, dado el estado procesal de la comunicación oficial, en ese momento no estaba facultada legalmente para actuar en los términos solicitados por la ahora parte quejosa. De ahí que el acto reclamado no contiene una ejecución de imposible reparación, pues la responsable negó a los promoventes su solicitud, sólo, por no estar facultada para proveer respecto de lo solicitado, por ello, sus consecuencias no afectan algún derecho sustantivo como la vida, la integridad personal, la propiedad o la posesión; razón por la cual, los vicios que pudiera llegar a tener el acuerdo reclamado, de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, puede no trascender a la esfera jurídica de los quejosos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Ilustra lo anterior la jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Así como la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1070, Libro 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Registro 2009478, con rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." 5. Acceso expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 36, 39 y 55 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se autoriza a dicha parte quejosa para que a) tenga el acceso al expediente electrónico ******************** y b) se le practiquen las notificaciones vía electrónica, a través del usuario ********************. Se invocan las razones sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.1o.P.34 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". 6. Domicilio. Pese a que la parte quejosa señala un domicilio físico para recibir notificaciones, se estima que, en el caso, sus diversas peticiones actualizan el trámite de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea", lo que impide la práctica de notificaciones en un domicilio, pues la solicitud expresa de notificaciones electrónicas sustituye a las diversas (personales, por oficio, por lista). Por las razones sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mismas que se comparten, se invoca la tesis I.1o.P.34 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". En consecuencia, las notificaciones se harán vía electrónica a través del usuario referido y, únicamente en caso de que exista imposibilidad a través de ese medio, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo se podrán practicar en el domicilio físico proporcionado. 7. Autorizada. Se tiene como autorizada en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por haberse localizado el registro de su cédula profesional número ******************** en el Registro Nacional de Profesionistas. 8. Canal de comunicación alterno. No es dable tener a la parte quejosa señalando el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que proporciona para oír y recibir notificaciones, en razón que la Ley de Amparo no faculta ese medio de comunicación como una forma de realizar notificaciones en los juicios de amparo. Pese a lo anterior, se tiene el referido correo electrónico como medio de comunicación para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 11. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de resoluciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de esta determinación haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 12. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a las partes que a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; y, 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso; que será aplicable a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo. 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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