Daniel Molina Lara
Expediente 508/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daniel Molina Lara
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en consideración que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente Daniel Molina Lara, hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de doce de junio del año en curso, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Por consiguiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías; por lo que se establece como fecha probable el veintiocho de junio de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda con huellas dactilares estampadas, al parecer por Daniel Molina Lara; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 508/2023-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La resolución de cinco de abril de dos mil veintitrés dictada por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro social dentro del expediente CC.VRN. 088/2023 en el que declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por Daniel Molina Lara -aquí quejoso- contra del Dictamen de invalidez ST-4 No. Folio 43108120222414001 de ocho de diciembre de dos mil veintidós, así como la resolución negativa de pensión de invalidez No 23/204394 de trece de enero de dos mil veintitrés. Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta a su naturaleza de orden público. El que suscribe estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, atento a que dicho acto no proviene de una autoridad para efectos del juicio de derechos fundamentales.... La primera de las normas transcritas dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos que establezcan la Constitución Federal o las disposiciones de la propia ley, mientras que la segunda establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los órganos judiciales y jurisdiccionales que al efecto prevé. De la interpretación de ambas disposiciones se desprende que la improcedencia del juicio puede derivar del contenido de algún criterio jurisprudencial emitido por el Alto Tribunal. Así, debe destacarse que la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, estableció que el Instituto Mexicano del Seguro Social no es autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto cuando resuelve el recurso de inconformidad en que se reclaman prestaciones de seguridad social. Ello, porque si bien al resolver ese recurso el instituto puede determinar la procedencia de las prestaciones solicitadas, lo cierto es que no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades ya que la relación entre asegurador y asegurado es de igualdad y al resolver la vía recursiva, sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación, aunado a que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 295 de la Ley del Seguro Social, ese tipo de controversias deben ser resueltas por el Tribunal Federal en Materia Laboral, juicio en que el instituto no acude como autoridad. De ahí que la aludida Sala concluyera que en ese supuesto no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo... Siguiendo esa misma línea de pensamiento, debe precisarse que en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispuso que, cuando al Instituto Mexicano del Seguro Social se le reclama en el juicio de amparo indirecto la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada por virtud del derecho de petición, contenido en el artículo 8° constitucional, que debe atender en su carácter de ente asegurador, dicho juicio es procedente, a fin de garantizar la protección efectiva de ese derecho y con la única finalidad de que el servidor público que corresponda emita la respuesta pertinente; esto es, se reconoce al citado instituto la calidad de autoridad para efectos del juicio constitucional. .. .. .. Y es que del artículo 899-A de Ley Federal del Trabajo conjuntamente con el diverso 295 de Ley del Seguro Social, se desprende que las controversias entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre las prestaciones que la ley otorga, deberán tramitarse ante el Tribunal Federal en Material Laboral, quien conocerá de los conflictos individuales de seguridad social cuyo objeto sea reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero. Luego, si la parte impetrante de la protección federal reclama el dictado de la resolución que declaró infundado el recurso de inconformidad contra el dictamen que se negó la pensión por invalidez, resulta patente que el juicio de amparo deviene improcedente, al no ser el medio para reclamar aquella determinación, en términos de los citados artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo; bastando ese motivo para la improcedencia de la acción constitucional; por lo que, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo...
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