Daniel Miranda Arévalo
Expediente 719/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Miranda Arévalo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, transcurrió del dieciocho al veinticuatro de agosto del año en curso, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Daniel Miranda Arevalo, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: ... Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibieron, apercibido que de no hacerlo, se enviará junto con el expediente al Centro de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE: "Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, transcurrió del dieciocho al veinticuatro de agosto del año en curso, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Daniel Miranda Arevalo, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: ... Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibieron, apercibido que de no hacerlo, se enviará junto con el expediente al Centro de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Daniel Miranda Arevalo; contra actos del Subdirector de Calificación de Infracciones en Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 719/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en Libro de Gobierno. Acto reclamado. Daniel Miranda Arevalo, pretende que a través del presente juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre los actos siguientes: La resolución administrativa de diez de julio de dos mil veinte, bajo el número de expediente 0589/2020/PC. La ejecución de levantamiento de trece de julio de dos mil veinte, en la que se ordenó dar cumplimiento a la resolución administrativa AMH/DGGAJ/DEJ/OF-1959/2020. El acta de clausura ejecutada el catorce de julio del año en curso, derivada de la resolución administrativa 0589/2020/PC. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Daniel Miranda Arevalo, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Antecedentes relevantes. 1. El siete de abril de dos mil veinte, se realizó una visita de verificación administrativa 0589/2020/PC, en el establecimiento ubicado en avenida revolución, 305, primer y segundo piso, colonia Tacubaya, alcaldía miguel hidalgo, en la que el personal especializado en funciones de verificación exhortó al encargado a seguir las medidas preventivas de sanidad a fin de no suspender actividades. 2. El diez de julio del año en curso, el Subdirector de Calificación de Infracciones en Miguel Hidalgo, emitió una resolución administrativa en la que ordenó el levantamiento definitivo del estado de suspensión temporal de actividades, así como el retiro de sellos y de manera inmediata colocar los sellos de estado de clausura temporal al establecimiento mercantil denominado "GIM Olimpia". 3. En contra de lo anterior Daniel Miranda Arevalo promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". Inclusive, en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en materia administrativa, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: "En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley". Razones de la improcedencia. En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previamente a la promoción del juicio de amparo se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual constituye un medio ordinario de defensa a través del cual es posible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En dicho precepto se establece lo siguiente: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales". Ahora bien, como se señaló, el promovente combate el estado de clausura temporal al establecimiento mercantil denominado "GIM Olimpia", derivada de la resolución administrativa 0589/2020/PC. Por lo que es indudable que su acto es impugnable a través del juicio contencioso ante el ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, medio de defensa a través del cual puede lograr su anulación, modificación o revocación. Dicho de otra manera, el acto administrativo combatido puede ser modificado, anulado o revocado por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. Como se advierte del artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales siempre que ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: Que se suspendan los efectos del acto reclamado [con independencia de que el acto sea susceptible de serlo conforme a la Ley de Amparo]. Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México cumple con dichas condiciones, como se explica a continuación: 1) Prevé el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, tal y como se advierte de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 2) Dicha medida cautelar tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, pues mientras el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, por su parte el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que la suspensión tendrá como efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada. Lo anterior implica que la suspensión en el medio ordinario de defensa constituye una medida cautelar con efectos restitutorios, que incluso tiene por objeto detener la ejecución de algún acto a fin de que la parte interesada siga disfrutando del derecho que estima vulnerado. Además, el artículo 73 de la ley citada prevé que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva, y agrega que, cuando los actos impugnados hayan sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, podrán dictarse las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Lo anterior conlleva que la facultad para otorgar la medida cautelar con efectos provisionales restitutorios no se limita a los supuestos de que el acto ejecutado afecte a los demandantes impidiendo el acceso a su domicilio particular o el ejercicio de su única actividad, pues la primera parte del dispositivo en comento faculta de forma genérica a la autoridad jurisdiccional a conceder la suspensión con efectos restitutorios. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y por no oponerse a las disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la jurisprudencia PC.I.A. J/112 A, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y DEL ACTO RECLAMADO. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA LEY DE AMPARO PREVÉN, RESPECTIVAMENTE, LOS MISMOS ALCANCES AL CONCEDERLA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD". 3) La medida cautelar contemplada en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. No es un obstáculo que en el artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, a diferencia de la Ley de Amparo que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Al respecto resulta aplicable, por analogía y por no oponerse a las disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en vigor, la jurisprudencia 2ª./J.125/2011, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL". 4) Asimismo, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé un plazo equivalente al de la Ley de Amparo, para conseguir la suspensión provisional, ya que según su artículo 61, dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada. Situación que se homologa a lo previsto para el juicio de amparo, pues conforme al artículo 112 de la ley de la materia, el Juez de Distrito cuenta con un plazo de veinticuatro horas para que, de ser el caso, se admita la demanda de amparo y, de haber sido solicitada, se provea sobre la suspensión. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicó el siete de agosto de dos mil veinte en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO, NI ESTABLECE MENORES ALCANCES QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO". En la que estableció que en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México la suspensión del acto impugnado podrá tener los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria, además de que no exige mayores requisitos que los que consigna para la concesión de la suspensión definitiva, ni se prevé un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisiona Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Del análisis de la demanda y del acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: El acto no carece de fundamentación. De la simple lectura de la resolución administrativa 0589/2020/PC, de diez de julio de dos mil veinte se advierte que no carece absolutamente de fundamentación y motivación, sino que dicha determinación se encuentra sustentada en diversos ordenamientos y obedece a los motivos que ahí se indican. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la simple lectura de la demanda se advierte que, entre otras cuestiones, la quejosa se duele de un oficio a través del cual se le impuso una clausura temporal al establecimiento mercantil denominado "GIM Olimpia", derivada de la resolución administrativa 0589/2020/PC, cuestiones que son de mera legalidad. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. Máxime que la congruencia de la respuesta es una cuestión de legalidad y no de constitucionalidad. El juicio no está previsto en un reglamento. El medio de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. La irreparabilidad del acto no es una excepción al principio de definitividad. Finalmente, es importante destacar que aun cuando se considerara que el acto reclamado es de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe hacerse hincapié en que actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pero que este medio de defensa extraordinario es procedente, una vez que la parte quejosa ha agotado los medios ordinarios de defensa que se establecen en la ley que rige al acto reclamado; es decir, que la irreparabilidad y la definitividad son dos supuestos distintos, independientes entre sí. Así se estableció en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), que lleva por rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezcan en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales [anexos de la demanda que contienen el acto reclamado] que demuestran su naturaleza jurídica; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado (lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos); (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que analizar si se cumplió con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo requiere un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial, pues verificar la procedencia de un medio ordinario de defensa y si se está en alguno de los supuestos de excepción no depende de prueba alguna, pues las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios. Por esa razón, no resulta aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA". Como se advierte esa tesis alude a "la posibilidad de la existencia de un recurso"; sin embargo, en el caso que nos ocupa, la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada, esto es, no hay duda sobre la existencia del juicio contencioso administrativo como un medio ordinario de defensa contra actos de autoridades dependientes de la administración pública de la Ciudad de México. Aunado a ello, como ya se ha demostrado, ese medio ordinario de defensa no solo es posible, sino que es idóneo y eficaz para lograr la anulación, revocación o modificación del acto aquí reclamado. Finalmente, es importante hacer énfasis en que la presente determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Aunado a ello, el hecho de que desde este momento procesal se determine que la parte quejosa debe promover, previamente al juicio de amparo, los medios ordinarios de defensa idóneos para combatir el acuerdo de suspensión que combate, en atención al principio de definitividad, constituye una circunstancia que le permite promoverlos dentro de los plazos y conforme a las formalidades previstas para ello. De lo contrario, esto es, de admitir a trámite una demanda de amparo en la que se reclaman actos que previamente se deben combatir mediante medios ordinarios de defensa, se dejaría en estado de indefensión a la promovente, pues en el supuesto de que en sentencia se sobresea el juicio por inobservancia al principio de definitividad, la quejosa ya no tendría a su alcance medios para combatir los actos que le agravien, por encontrarse fuera de plazo. Por esas razones, no resulta conveniente iniciar la tramitación del juicio de amparo, si desde el primer auto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues de esta manera la quejosa, si lo estima conveniente, aún se encuentra en posibilidad de presentar los medios ordinarios de defensa susceptibles de modificar, anular o revocar el acto reclamado. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizado en términos amplios a Mauricio Aguirre Meneses, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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