Daniel Menera Sierra
Expediente 1575/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 1575/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Menera Sierra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a dos de enero de dos mil veinticuatro. Por recibido el oficio con evidencia criptográfica de la firma electrónica del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del diverso oficio 51000/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, por el cual se le remitió el juicio original e informa que acepta la competencia planteada. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega en autos tomando conocimiento de su contenido. Por otra parte, como lo solicita el homologo citado, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la vinculación del expediente electrónico, por medio de la citada plataforma, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de 05/04/24 10:14:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 FRANCISCO DE PAZ BECERRIL gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es destruible, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo en cita, toda vez que se trata de asunto concluido con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15, del Acuerdo aludido y no se determinó como de información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el párrafo primero del artículo 19, del multicitado Acuerdo, procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil veintitrés. Por recibido el escrito de Daniel Menera Sierra, por su propio derecho, por medio del cual en atención al requerimiento de veinticuatro de noviembre del presente año, manifiesta que es su interés reclamar la respuesta emitida a su petición formulada el diez de julio del presente año, la cual se contiene en el oficio ASJ-55633/2023, de veinte de octubre dos mil veintitrés, atribuyéndosela a la Subdirectora de Asuntos Penales, encargada del despacho de la Dirección de Cooperación Penal internacional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese tomando conocimiento de su contenido y téngase por desahogado el requerimiento de veinticuatro de noviembre del presente año. Ahora bien, es preciso destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.De los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, deriva que en los juicios de amparo en materia penal debe suplirse la deficiencia de la queja, la cual tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al reo privado de su libertad, pues ésta y la vida son valores fundamentales que deben ser objeto de esmerada protección, por ello, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, habrá de resolverse sobre la cuestión efectivamente planteada y la legalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado. En este contexto, en el amparo promovido por la persona requerida en la extradición internacional contra el procedimiento relativo, aun cuando no tiene la calidad de indiciado, procesado o sentenciado, opera en su favor la suplencia de la queja, pues de una interpretación extensiva de la finalidad de la citada institución, se advierte que es llevada a cabo a través de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en el que se afecta el derecho fundamental de la libertad personal, acto que eminentemente es de naturaleza penal; lo anterior independientemente de que se impugne la inconstitucionalidad de alguna ley, pues no existe disposición que haga una distinción al respecto, por lo que la suplencia de la queja en esta materia debe operar indistintamente tratándose de amparos de legalidad o contra leyes, siempre que en estos últimos se designen como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes". Similares consideraciones el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencia C.C.A.- 1/2023. Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 48, de la Ley de Amparo, 56 fracción I; y, 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los autos del juicio de amparo 1575/2023-IV al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que en caso de que exista concordancia con las consideraciones expuestas en el presente auto, provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta o no la competencia planteada. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Por recibido el escrito de Daniel Menera Sierra, por medio del cual, en atención a la vista concedida en auto de treinta de octubre del presente año, pretende ampliar su demanda; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, considerando que en dicho acuerdo se concedió al quejoso el plazo de quince días, computados legalmente, para que expresara si es su deseo ampliar su demanda en relación con la respuesta emitida a su petición mediante oficio, y señalar como responsable a la autoridad que lo suscribe. Sin embargo, en el ocurso de cuenta refiere ampliar la demanda señalando como autoridades y actos reclamados los siguientes: Señalamientos de los que se aprecia irregularidades que deben subsanarse para proveer lo conducente; por lo tanto, con apoyo en los artículos 108, fracción IV, 110, 111 y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito cumpla lo siguiente: a) Indique sí su interés es reclamar la respuesta emitida a su petición formulada el diez de julio de dos mil veintitrés, y que se contiene en el oficio; y, señalar como autoridad responsable a la Subdirectora de Asuntos Penales, encargada del despacho de la Dirección de Cooperación Penal Internacional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; o bien, señale de manera concreta el acto que reclama; así como a la autoridad a quien lo atribuye. Lo anterior, porque lo que indicó como: El haber dado inicio con la manifestación de intención de presentar formal petición de extradición, en la que los Estados Unidos de Norte América solicitante expresaron el delito o delitos por los cuales se pide su extradición del suscrito, en donde se manifestó la también existencia en contra de mi persona de una orden de aprehensión emanada de autoridad competente: si que se hubieran percatado, soslayando el hecho materia de que las firmas que calzan la solicitud no coinciden con las firmas contenidas en el protocolo o registro de firmas existente en le Secretaría de Relaciones Exteriores; y que a pesar de ello, se le dio trámite a la indicada petición de extradición (vicio de origen)., es impreciso y no refleja actuación concreta de los autoridades que señala como responsables; además, debe tener presente que en la respuesta emitida a su petición la autoridad se concreta a indicar que no procede acordar favorable su petición por que el procedimiento de extradición se encuentra en la etapa de instrucción (fase judicial) ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, y que será hasta que éste le remita el expediente relativo junto con su opinión, cuando se continuará el procedimiento en su fase administrativa para resolver lo conducente; asimismo, le sugiere que formule su petición al referido juzgado. Esto es, emite respuesta en sentido negativo a su petición, porque aún no le corresponde actuar en el procedimiento de extradición, pero no emite ningún acto que pudiera atentar contra sus derechos. Por lo tanto, deberá especificar el acto que atribuye a las autoridades que indica como responsables. Lo anterior con el apercibimiento que de no desahogar la prevención en los términos descritos SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA AMPLIACIÓN de DEMANDA, de conformidad con el artículo 114, de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad no ha dado cumplimiento al requerimiento de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se REQUIERE al Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, emita nuevamente la propuesta de pago del impuesto predial del ejercicio dos mil dieciocho, sin actualizaciones ni recargos, ello en razón de que el quejoso, promovió el presente juicio en contra de la propuesta de declaración de valor catastral y pago del impuesto predial por el ejercicio dos mil dieciocho; tampoco debe realizar el cobro del primer bimestre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, toda vez que el quejoso realizó el pago correspondiente, tal como se advierte del recibo de pago que obra en autos; asimismo, deberá considerar que el peticionario del amparo de haber estado de acuerdo con la propuesta de valor catastral expedida en su momento para que se realizara el pago del impuesto predial del ejercicio dos mil dieciocho, estuvo en posibilidad de realizar el pronto pago y hacerse beneficiario del descuento relativo. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE a la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico, del Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial, de la citada Secretaría, lo conmine a cumplir el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento de la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; lo anterior considerando que en término de lo dispuesto en el artículo 194, de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidos en caso de no hacerlo, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193, del ordenamiento legal invocado. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258, ????? EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y, 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del invocado artículo 193, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.
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